En el capítulo 2, también se describían los tres pilares indispensables para que el empresariado y el sector privado puedan florecer: un campo de juego nivelado, el acceso a las finanzas, y los conocimientos y la capacitación.

La creación y la preservación de un campo de juego nivelado para las empresas requiere de un sistema de reglas y mecanismos para su cumplimiento que inspiren confianza y limiten razonablemente el costo y las obligaciones que les supongan a las empresas. En los últimos años esta área ha acaparado más interés por parte de los actores del desarrollo, tanto públicos como privados. Por una parte, la atención se ha centrado en mejorar la legislación y la reglamentación. En Viet Nam una nueva ley de sociedades generó un millón de nuevos puestos de trabajo. Un campo de juego nivelado necesita también del fortalecimiento de instituciones que pongan en práctica la reglamentación y velen por su cumplimento. La receta parece no dejar lugar a dudas: extirpar el enquistado comportamiento que daba lugar a una reglamentación deficiente. Siempre hay quien se beneficia de una regla, y encontrar la forma de vencer su resistencia es el primer paso hacia una reforma eficaz.

• Los kioscos y las ventanillas únicas para simplificar el registro de actividades y de escrituras contribuyen a mejorar la eficacia del registro, y la mayor transparencia reduce al mínimo la corrupción a todos los niveles. En Tanzania, el organismo encargado de la tramitación del registro de empresas y la obtención de licencias redujo el plazo de registro de una empresa de 90 a 3 días aproximadamente. En la India el registro electrónico de escrituras en el estado de Andhra Pradesh recortó el proceso de entre 7 y 15 días a unas pocas horas.

• Los permisos únicos para empresas les facilitan a los gobiernos el registro de empresas, de modo que los empresarios necesitan obtener sólo un permiso para ser propietarios de una empresa y poder ejercer su actividad, en lugar de varios en cada instancia gubernamental. En Kenia el permiso único para empresas les permite reducir los costos a las pequeñas empresas y aumentar un 30–40% la recaudación al gobierno.
• La responsabilidad de la recaudación de impuestos (incluidos los aranceles aduaneros) y las inspecciones de todos los niveles del gobierno recae en autoridades fiscales unificadas. En Zambia un sistema de estas características eliminó la duplicación de inspecciones e investigaciones, a la vez que mejoró en su conjunto el servicio de atención al cliente y el grado de cumplimiento de la normativa vigente.

Muchos de estos cambios podrían reducir en gran medida la informalidad en la mayoría de las economías, sobre todo si van acompañados de esfuerzos específicos en cada país para entender en su totalidad las características de las empresas informales. Pero la informalidad es tan difícil de erradicar que es preciso adoptar un enfoque especial.

Encontrar métodos para aumentar los beneficios de la formalización es una de las estrategias posibles. Puede conseguirse en parte abriendo las licitaciones a la participación de actores informales que, a buen seguro, cumplirían los trámites de formalización si las ganaran, o mejorando el acceso al mercado mediante la celebración de ferias de muestras y el establecimiento de contactos con compradores internacionales. Ofrecer servicios de desarrollo empresarial a un precio razonable para potenciar la capacitación para la gestión, la productividad y la calidad es un método de eficacia probada para apoyar a la pequeña y mediana empresa formal.

Buena parte del éxito de estas iniciativas reside en una toma de conciencia progresiva de los costos de la informalidad y, a la postre, en un cambio de mentalidad. Puede fomentarse el diálogo público mediante campañas de concienciación pública, y pueden fortalecerse los grupos de presión que representan a las pequeñas empresas.

La competencia trae consigo ganadores y perdedores, lo que supone una fuente de tensión enorme entre los mercados y la democracia. Quienes trabajan para empresas no eficientes podrían en ocasiones acabar sufriendo las desventajas del cambio, sobre todo cuando no existen redes de salvaguarda social eficaces. Así pues, lo ideal es que la apertura de los mercados a la competencia se produzca escalonadamente, de manera que la apertura completa tenga lugar una vez que se cuente con un conjunto sólido de instituciones que velen por el correcto funcionamiento del mercado. Es preciso contar con una red de seguridad destinada a los individuos, y no a las empresas, para prestar apoyo socio-económico para aquellos que se queden rezagados.

Para que este proceso continúe a pesar de las tensiones, los costos de los mercados no competitivos deben ser transparentes. El público debe ser capaz de entender cuándo se beneficia de las reglas que mantienen en jaque a políticos y empresas ya establecidas. Un modo sencillo de lograrlo consistiría en evidenciar las diferencias en calidad y precio entre los bienes de economías protegidas y los de economías abiertas que puedan ser comparables a grandes rasgos; otro, en sacar a la luz el importe de los subsidios que van a parar a manos de empresas protegidas.

La reforma fiscal: sencillez, claridad y estabilidad. La habilitación de un ambiente empresarial propicio y positivo para las empresas pequeñas y medianas requiere una política fiscal que responda a las necesidades de las empresas, incentive la puesta en marcha de nuevas actividades y ayude a la expansión de las empresas que ya existen. Los gobiernos necesitan desarrollar políticas fiscales en colaboración con las empresas pequeñas y medianas, simplificando las reglas que se les aplican, reduciendo sus cargas y fomentando la transparencia y la estabilidad.

Los gobiernos necesitan asimismo mecanismos formales para organizar de manera regular reuniones y consultas para garantizar que los órganos representativos de las empresas pequeñas se mantienen al día en lo que atañe a las modificaciones de la reglamentación fiscal y tienen ocasión de dar su opinión sobre tales propuestas. Para ayudar a la pequeña y mediana empresa a cumplir las reglas y garantizar interpretaciones comunes en todo el país, los funcionarios fiscales deben contar con una formación básica en materia de reglamentación y procedimientos fiscales.

La creación de mercados financieros nacionales eficientes y la ampliación del acceso de las empresas nacionales a los créditos, se han contado entre los principales objetivos de los bancos de desarrollo multilaterales y de los organismos bilaterales que trabajan por el desarrollo. Sus actividades públicas están encaminadas principalmente a concretar el ambiente empresarial y a fortalecer las instituciones financieras.

Uno de los grandes problemas de las intervenciones que actualmente se realizan, cuando se trabaja a través de muchos intermediarios de eficacia desigual, es que éstas no siempre vienen motivadas por la demanda. Los modelos aplicados con éxito optaron por una estrategia de socios múltiples para desarrollar mercados eficientes. Pongamos por caso los esfuerzos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para desarrollar empresas de arrendamiento en numerosos países, un modelo que también es aplicable a la microfinanciación y la financiación de viviendas. Este modelo se basa en una coalición de actores del mercado integrada por los gobiernos y los reguladores, compañías internacionales de arrendamiento, instituciones financieras locales y expertos en los aspectos jurídicos, fiscales y de reglamentación de los préstamos.

Los gobiernos deben desempeñar un papel clave en la creación y el establecimiento a largo plazo de instituciones e infraestructuras financieras sostenibles para fortalecer el sistema bancario y hacerlo más competitivo. En ese proceso, los gobiernos deben garantizar que los programas públicos de ayuda financiera se complementan —en lugar de competir— con la financiación privada que pudiera estar disponible en condiciones comerciales.

Los responsables de la formulación de políticas deben concentrarse en reducir las barreras de acceso a las finanzas, lo cual pasa por reconocer que el acceso suele ser más importante que los costos de la financiación. Deben admitir que los programas de créditos subvencionados no son ni sostenibles ni necesarios, y que es más importante reducir los costos de las transacciones y aumentar la innovación y la productividad entre los proveedores de servicios financieros. Tienen que reformar asimismo la reglamentación de los mercados financieros y desarrollar la capacidad para garantizar su cumplimiento, introduciendo nuevas estructuras jurídicas y eliminando cualquier tipo de obstrucción o límite restrictivo. Es preciso contar con condiciones legales y sistemas de aplicación eficaces para abordar asuntos como la bancarrota, los sistemas de registro y garantía, y la reglamentación de los préstamos. Tales medidas pueden suponer beneficios mucho más importantes que los programas de crédito específicos.

Para atender mejor las necesidades de las empresas más pequeñas, es preciso reforzar el alcance y la capacidad operativa de las instituciones financieras. Siempre que estén sujetas a la reglamentación apropiada, las instituciones financieras no bancarias deben desempeñar un papel más relevante. Pueden ajustarse mejor a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles productos financieros nuevos e instrumentos que fomenten la liquidez, y poniendo a su disposición una gama de productos personalizados para el aseguramiento, el préstamo y el ahorro.

En ciertos casos, la financiación pública puede salvar vacíos en materia de financiación. Pero los gobiernos deben garantizar que los programas públicos se complementan —en lugar de competir— con la financiación privada que pudiera estar disponible en condiciones comerciales. Los esfuerzos deben concentrarse en utilizar el sistema bancario y financiero que ya existe para distribuir los recursos y no en la creación de organismos estatales específicos, que durante mucho tiempo han dado muestras de su incapacidad para canalizar fondos. En Estados Unidos, se ha adoptado el concepto de la Administración de la Pequeña Empresa, que podría resultar útil como modelo. El objetivo consiste en lograr un sistema financiero capaz de catalizar el crecimiento de la pequeña y mediana empresa, y aliviar aquellos riesgos no intrínsecos al negocio de los que los empresarios pueden prescindir.

Los empresarios deben disponer de las mismas herramientas de análisis de riesgos que las grandes compañías privadas, entre las que se cuentan un buen número de productos de aseguramiento y ahorro, además de otros más sofisticados que permiten minimizar, por ejemplo, los riesgos aparejados al cambio de divisa o a la inflación. Sin embargo, las redes y las asociaciones pueden llegar a ser incluso más importantes. Los fondos pueden provenir de los emigrantes, de nuevos empresarios capitalistas, de participaciones en sociedades, o de otros tipos de empresas o grupos de particulares, más conocidos como ángeles’, personas que han prosperado dentro del sistema y desean prestar su ayuda a los demás. El acceso a estos fondos puede introducir al empresario en redes profesionales que comparten un conjunto de estándares para la valoración de nuevas empresas. En la medida en que el acceso a dichas redes esté formalizado a través de instituciones, hasta los empresarios pobres podrán disfrutar de financiación y de servicios de gestión de riesgos.

A largo plazo, se debe aspirar a contar con instituciones financieras privadas de apoyo a la pequeña y mediana empresa, a la par que a fomentar mercados de capital eficaces. Ello pasará por poner en marcha y desarrollar agencias de crédito y otros mecanismos que proporcionen referencias crediticias, un método eficaz para reforzar los sistemas financieros.

Es preciso destinar más inversión a la formación en materias relacionadas con la gestión empresarial a escala local, incluidos los idiomas extranjeros y la tecnología de la información, así como nociones de finanzas, economía y gestión de proyectos. Las asociaciones público-privadas que combinan contenidos más prácticos de formación en el empleo con una educación básica podrían ser el punto de partida de modelos de aprendizaje viables. También son eficaces los recientes esfuerzos dedicados a la organización, a cargo de preeminentes instituciones educativas y especializadas en liderazgo, de más programas de formación en liderazgo para responsables de la toma de decisiones procedentes de países en desarrollo. Resulta de especial importancia desarrollar la capacidad local para la formación, "enseñando a quienes enseñan", el único modo de hacer frente a la enorme demanda de formación local, y entre países en desarrollo.

También existen oportunidades para acelerar el desarrollo de la capacitación y fomentar la iniciativa empresarial aprovechando los vínculos sociales con el sector privado del país en desarrollo. Los emigrantes que residen en economías avanzadas están en una excelente posición para tutelar a empresarios locales, o incluso para convertirse en inversores o en empresarios. Los expatriados de países en desarrollo también pueden contar con una capacitación que puede aprovecharse para entrenar y motivar a los empresarios locales.

Adicionalmente, los gobiernos deben hacer lo posible por:

• Tejer redes empresariales y crear asociaciones para el aprendizaje entre pares. Las redes pueden generar un clima empresarial para entrenar, tutelar y aprender, así como para reforzar las conexiones entre compañías. En ellas se apoyan sistemas de formación privados e indígenas de forma que los empresarios se sienten estimulados a aprender de sus pares.
• Aprovechar el potencial del sector privado para ofrecer formación en el empleo y aprendizaje como una parte vital del desarrollo del capital humano.
• Establecer un sistema nacional eficaz para la formación y el desarrollo de la capacitación en el que se dé cabida a organizaciones sindicales y patronales como partes interesadas.
• Desarrollar instituciones de formación en gestión empresarial, incluidas las escuelas de negocios, para crear una cantera de talento empresarial local.
• Investigar más sobre la iniciativa empresarial en los países desarrollados para entender mejor la interacción entre el perfil de los empresarios y el ambiente empresarial.
• Diseñar políticas gubernamentales para animar a los emigrantes capacitados a volver a casa.

La participación real de los socios implicados en el proceso de cambio es útil sólo si viene acompañada del compromiso desde las altas esferas y de la confirmación de la confianza en que el cambio se está produciendo. Especialmente al principio de un proceso como este, los indicios madrugadores de la consecución de hitos y de un cambio auténtico son vitales para ahuyentar el fantasma del escepticismo y la falta de confianza que a menudo acompaña a los anuncios de cambio por parte de los gobiernos. Y, sobre todo cuando los cambios abarcan la reglamentación administrativa, las autoridades ya suelen contar con autoridad para poner en práctica propuestas más novedosas y para hacerlo con prontitud.

Edificar el cambio basándose explícitamente en modelos que han triunfado en otros países en desarrollo o en países vecinos probablemente será de gran utilidad para garantizar el apoyo porque es más fácil que se aprecie la aplicabilidad a las condiciones locales. Por lo tanto, aprovechar la capacidad intelectual y de aplicación del sector privado nacional será muy importante cuando esté disponible para completarla con formación internacional o entre países en desarrollo.

Dado que los pobres han venido demostrando en repetidas ocasiones su capacidad para usar la tecnología, ésta debería ser un elemento fundamental en cualquier programa de cambio en la medida en que permite dar pasos de gigante esenciales si se pretende que el progreso sea rápido. Además, trabajando en colaboración con organizaciones de la sociedad civil para medir y controlar el impacto así como para extraer conclusiones, se avanzará en el proceso de creación de coaliciones y se sentarán las bases para ulteriores etapas de la reforma.