Consejo de Seguridad
S/2004/616
3 de agosto de 2004-10-06

Resumen

Durante los últimos años las Naciones Unidas han venido prestando cada vez más atención a las cuestiones relativas a la justicia de transición y el Estado de derecho en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos, lo que ha permitido extraer importantes conclusiones sobre nuestras actividades futuros. El éxito dependerá de diversos factores de importancia crítica, entre los que se encuentra la necesidad de llegar a un fundamento común para las normas y reglas internacionales y de movilizar los recursos necesarios para invertir de modo duradero en la justicia. También debemos aprender a no recurrir a fórmulas únicas, iguales para todos, y a no importar modelos extranjeros para fundarnos, en cambio, en la evaluación, la participación y las necesidades y aspiraciones de los propios países. Mediante estrategias eficaces se tratará de impulsar tanto a la capacidad técnica para la reforma como la voluntad política de ponerlas en marcha. En consecuencia, las Naciones Unidas deben dar su apoyo a los grupos interesados en la reforma, colaborar en el fomento de la capacidad de las instituciones judiciales de los países, facilitar las consultas nacionales sobre reforma judicial y justicia de transición y colaborar para colmar la laguna en el Estados de derecho que es tan evidente en tantas sociedades que han sufrido conflictos.

Justicia, paz y democracia no son objetivos mutuamente excluyentes sino más bien imperativos que se refuerzan uno al otro. Para avanzar hacia la consecución de los tres objetivos en las frágiles situaciones posteriores a los conflictos se requieren una planificación estratégica, una integración cuidadosa y una secuencia sensata de las actividades. De nada servirá centrarse exclusivamente en una determinada institución o desestimar a la sociedad civil o a las víctimas. En nuestro planteamiento del sector de la justicia hay que prestar absoluta atención a todas sus instituciones interdependientes, tener en cuenta las necesidades de los grupos fundamentales y no olvidar la necesidad de que los mecanismos de la justicia en transición sean complementarios. Nuestra principal función no es crear mecanismos internacionales que sustituyan a las estructuras nacionales, sino ayudar a formar capacidad nacional en el ámbito de la justicia.

En algunos casos se han establecido tribunales internacionales o mixtos para hace frente a los crímenes perpetrados en sociedades desvastadas por la guerra. Esos tribunales han ayudado a ofrecer a las víctimas justicia y esperanza, así como a combatir la impunidad de los culpables y enriquecer la jurisprudencia penal internacional. No obstante, su funcionamiento ha sido costoso y escasas sus contribuciones a formar una capacidad nacional duradera para la administración de justicia. La Corte Penal Internacional ofrece nuevas esperanzas de limitar de modo permanente el fenómeno de la impunidad y hay que alentar a un mayor número de países a ratificar su estatuto.

Al margen de la importancia de los tribunales, en nuestra experiencia las comisiones de la verdad también pueden llegar a ser un instrumento valioso de carácter complementario para restaurar la justicia y la reconciliación, ya que se centran en las víctimas, ayudan a establece anales para la historia y recomienda medidas correctivas. De forma análoga, nuestro apoyo a los procesos de investigación de antecedentes ha puesto de manifiesto su condición de componente esencial de la justicia de transición y, cuando en ellos se respetan los derechos de víctimas y acusados, son elementos clave para restablecer la confianza de la población en las instituciones públicas de gobierno. Las víctimas también se benefician de programas de reparación bien concebidos, que por su parte ayudan a que la justicia no preste atención únicamente a los culpables, sino también a quienes hayan sufrido las consecuencias de sus actos. Para incrementar el apoyo de las Naciones Unidas en todos estos ámbitos habrá que estrechar la coordinación entre todos los interesados, mejorar nuestras listas de expertos e instrumentos técnicos y consignar, analizar y aplicar de un modo más sistemático estas conclusiones en los mandatos del Consejo de Seguridad, los procesos de paz y las operaciones de las misiones de paz de las Naciones Unidas.