La participación es siempre un ejercicio en relación con el poder constituído, sea porque se proponga apuntalarlo, modificarlo o destruirlo. Sin una relación con el poder, la participación deviene un acto litúrgico sin importancia o una manifestación absolutamente privada. Si descartamos aquellos actos participativos de apoyos simbólicos o de involucramientos por la subsistencia como los mencionados anteriormente, la participación se define en un primer plano por la capacidad del acto en si y de las personas u organizaciones envueltas en él para acceder efectivamente a los procesos de toma de decisiones públicas en relación con la distribución, gestión y disfrute de los espacios, los recursos y los valores.

Es una cuestión muy compleja que ha atenazado a teóricos y practicantes. Ciertamente es muy importante potenciar la participación local como un primer escenario de realización de las vidas cotidianas y de una relación amistosa con el medio ambiente. Incluso puede aceptarse como válida y estimulante aquella invitación del ambientalismo de actuar localmente y pensar globalmente. Pero es también cierto que una participación limitada a este ámbito y carente de mecanismos eficientes de comunicación política se expone al parroquialismo, y deviene insuficiente para afectar las decisiones de la "alta política", regularmente remitidas a las técnicas de la representación. Y, que al menos en un primer plano, conviene pensar en aquellos mecanismos que pueden vincular representación y participación (elecciones, rendiciones de cuenta, derecho de revocación, etc) y hacer de la primera una variable dependiente de la segunda. Esta fue, por ejemplo, la mayor limitante de la experiencia consejista, iniciada en Rusia y expandida por la semi-insurgente Europa Central de la entreguerras. Pero también de una buena parte de las experiencias comunitaristas y cooperativas de los dos últimos siglos.

Es, por lo demás, un asunto que parece agudizarse en el actual contexto de la globalización capitalista, al menos por dos razones.

En primera instancia, la globalización que conocemos no es un proceso económico espontáneo, sino una construcción política dirigida desde los centros mundiales de poder y que ha producido un virtual desmantelamiento de los aparatos estatales nacionales en función del libre juego del mercado. El Estado que emerge de este proceso es débil e irresponsable frente a los derechos sociales y económicos de sus ciudadanos y ciudadanas, un ejemplo de lo cual es la dilución de su compromiso universal con el bienestar en planes parciales de lucha contra la pobreza. Es por consiguiente un Estado que se hace más inaccesible a las demandas y exigencias democratizadoras provenientes de la participación.

Al mismo tiempo, la llamada desregularización ha sido en realidad una privatización de funciones públicas y de las capacidades normativas, de manera que se produce una definición contractual de "lo público" entre partes cada vez más desiguales. La manifestación más visible de estos procesos ha sido la emergencia de nichos tecnocráticos cuyas capacidades decisorias provienen tanto de sus relaciones con los núcleos más concentrados del capital local como de sus vínculos con las grandes agencias internacionales.

Este mismo fenómeno se reproduce a escala global. El debilitamiento de los estados nacionales ha marchado de la mano de la transferencia de funciones a organismos supranacionales –Organización Mundial del Comercio, Banco Mundial, Consejo de Seguridad- que funcionan como cuerpos de élites y resultan inaccesibles para la gente común. Esto es evidente en varias esferas de la acción pública, como las políticas macroeconómicas y comienza a observarse en los diseños de políticas sociales, que siguen un patrón monocorde afín a las orientaciones de estas grandes agencias internacionales. Y que no sólo determina la manera de accionar de los estados y sus políticas públicas, sino también de muchas ONGs y asociaciones, cuya aceptación como sujetos de créditos por parte de los organismos internacionales depende de su adscripción a metodologías previamente establecidas.

Evidentemente esto genera un panorama complejo en que la reducción al espacio local puede tener efectivamente un impacto positivo en la calidad de la vida de muchas personas, pero difícilmente podrá alterar las redes de poder dadas a ls niveles nacional e internacional. En las condiciones presentes, si la participación pretende ser un factor de cambio y de socialización del poder, está obligada a ir asumiendo una vocación de cambio mundial.