Derecho a la información ambiental
Durante el proceso preparatorio de la CMSI las "partes
interesadas" (gobiernos, empresas, organismos internacionales e
intergubernamentales, sociedad civil) han hecho oír su voz. En este contexto
ha surgido un embrión de un movimiento que pugna porque el derecho a la
comunicación sea incluido en la agenda de la CMSI. En este movimiento
participan organizaciones que trabajan en distintas áreas de la comunicación
y la información (Internet, radiodifusión, comunicación de género, agencias
de noticias, investigadores y activistas) que han lanzado la Campaña por el
Derecho de la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS, por sus
siglas en inglés) La campaña está abierta a las distintas expresiones
ciudadanas. 11
Básicamente cuestionan al sistema mercantilizado,
concentrador y monopólico de información que está uniformizando los
contenidos, acabando con el pluralismo y la diversidad cultural y
lingüística. Al mismo tiempo plantean que la comunicación debe ser entendida
como un proceso participativo e interactivo esencial para la coexistencia
humana, la formación humana y la construcción de ciudadanía y comunidad.
El derecho a la comunicación tiene sus antecedentes en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y en numerosas convenciones y
tratados internacionales. Desde la perspectiva democrática este derecho
tiene que ver con la participación informada en los procesos democráticos y
en todos los aspectos de la vida social, cultural, ambiental y política de
la sociedad. Plantean que las personas no deben ser consideradas como
consumidoras pasivas de una información emitida verticalmente por un emisor
que no toma en cuenta sus intereses sino como ciudadanos con deberes y
derechos, que participan activamente en un proceso de comunicación
horizontal y democrático.
El planteamiento del derecho a la comunicación está
estrechamente relacionado con la propuesta del derecho a la información
ambiental formulado por el movimiento ecologista. Veamos porqué. Actualmente
la crisis ambiental se manifiesta no-solo en la destrucción del medio físico
y biológico, sino sobre todo en la degradación de la calidad de vida, tanto
en el ámbito rural como urbano. Para resolver los problemas ambientales y
sociales en general una de las claves es la participación ciudadana, lo que,
a su vez, fortalece los regímenes democráticos. Pero esta participación solo
es posible si hay ciudadanos y ciudadanas bien informados / as. Por ello es
necesario garantizar el derecho a la comunicación en el área ambiental, es
decir que los/as ciudadanos/as tengan el derecho tanto de acceder a la
información pública como de emitir opiniones e ideas libremente utilizando
los medios tradicionales o las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Una breve revisión de los principales contenidos de la
Declaración de Río con relación a la información ambiental ayuda a
comprender los contenidos que se pueden incorporar a la CMSI. El principio
10 de esta Declaración (5 de junio de 1992) garantiza la participación
ciudadana y el acceso público a la información ambiental: "El mejor modo de
tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los
ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional,
toda persona debe tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de
adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos. Debe proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de
daños y los recursos pertinentes".
Los temas referidos a la información ambiental así mismo
"impregnaron la mayoría de los capítulos del Programa 21 adoptado en este
evento con más de 50 sugerencias que apuntan a la producción y utilización
de datos (información y estadísticas) sobre el desarrollo sustentable,
mejoramiento y divulgación de métodos para evaluarlos y analizarlos,
preservación, promoción e integración de la información tradicional y una
gran insistencia en la creación de capacidad en estos ámbitos" escribe el
investigador uruguayo Roberto Bissio. 12
En la introducción del capítulo 40 del Programa 21
"Información para la adopción de decisiones" se sostiene que en el
"desarrollo sostenible" cada persona es a la vez usuaria y portadora de
información, considerada en un sentido amplio, que incluye datos,
información, experiencia adecuadamente procesada y conocimiento".
"El reconocimiento de que "cada persona" es simultáneamente
usuaria y portadora de información es coherente con el nuevo paradigma de
Internet y se aparta del análisis tradicional de las "corrientes de
información" que van en una sola dirección: del emisor al receptor. En el
análisis convencional la discusión giraba en torno a los derechos y
obligaciones del emisor (libertad de expresión y sus límites) y al receptor
(derecho a estar informado) En la práctica el emisor es casi siempre una
gran organización (un medio de difusión, una editorial, un centro de
educación) y el receptor un individuo. Sus papeles no son intercambiables",
acota Bissio.
El capítulo 19 del Programa 21 referido a la Gestión
Ecológicamente Racional de los Productos Químicos Tóxicos así mismo
recomienda que "los gobiernos y agencias internacionales,
en colaboración con la industria, mejoren sus bases de datos y
sistemas de información de sustancias tóxicas, así como sus inventarios de
emisiones de contaminantes". Además sugiere que "los gobiernos consideren la
implementación del derecho de la comunidad a ser informada y otros programas
de difusión pública de información ambiental, como posibles instrumentos
para la reducción de riesgos."
Pero además, en este mismo capítulo, hay otros temas
relevantes ya que se llama la atención sobre las grandes diferencias entre
países desarrollados y en vías de desarrollo en cuanto a la disponibilidad,
calidad y acceso a los datos. Se reconoce que hay una deficiencia
generalizada en la capacidad de los países en desarrollo, y en muchas
esferas en el plano internacional, para la reunión y evaluación de datos, su
transformación útil y su divulgación. También se enfatiza en la necesidad de
fortalecer la aplicación del conocimiento tradicional e indígena y elaborar
indicadores del desarrollo sostenible. Así mismo se subraya sobre la
necesidad de transformar la información existente en formas más útiles para
la adopción de decisiones, para desarrollar mecanismos tendentes a un
intercambio de información más eficiente y armonizado, documentar y
compartir las fuentes de información disponibles y desarrollar y fortalecer
la capacidad de formación de redes electrónicas.
Luego de Río varios países han introducido en sus
constitucionales nacionales artículos referidos a los derechos de petición o
acceso de información ambiental. No obstante en muchos de ellos las
autoridades no cumplen con estas disposiciones o ponen obstáculos al público
para acceder a la información medioambiental. Algunas autoridades conciben
erróneamente que compartir la información equivale a pérdida de poder.
"De alguna manera, podemos afirmar que un régimen de libre
acceso a la información ambiental contribuye a la desconcentración del
poder, produciendo un "pasaje de poder" desde las autoridades hacia la
comunidad, a una igualdad de oportunidades, a la reducción de la
discrecionalidad administrativa y política, a un gobierno honesto y a una
administración pública confiable" escribe el profesor argentino Aldo Guzmán.
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¿Retrocesos en Johannesburgo?
Desde Río a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible de
Johannesburgo (2002) mucha agua ha corrido bajo el puente. En la última
década de liberalización, las fuerzas del mercado han impuesto su supremacía
sobre las políticas y las legislaciones de casi todos los países, la riqueza
y el poder se ha concentrado en una minoría empresarial en detrimento de la
sustentabilidad y los derechos humanos. El deterioro del ambiente mundial ya
nadie lo puede negar. Así lo reconoce la propia Declaración de Johannesburgo
sobre el Desarrollo Sustentable: "(...) Continúa la pérdida de
biodiversidad; siguen agotándose las poblaciones de peces; la
desertificación avanza cobrándose cada vez más tierras fértiles; ya se hacen
evidentes los efectos adversos del clima; los desastres naturales son más
frecuentes y más devastadores, y los países en desarrollo se han vuelto más
vulnerables, en tanto que la contaminación del aire, el agua y los mares
sigue privando a millones de seres humanos de una vida decente" (Párrafo
13).
Así mismo, la desigualdad Norte-Sur en el acceso a la
información y al conocimiento se ha agigantado con las normativas de
propiedad intelectual puestas en vigencia por la Organización Mundial de
Comercio en 1995, particularmente con el Acuerdo sobre Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (TRIPS, por
sus siglas en inglés). Los TRIPS jerarquizan el conocimiento: dan especial
importancia al conocimiento técnico que es esencial para las sociedades
industrializadas y menosprecian otras formas de conocimiento tradicionales
asociados a la biodiversidad. Más del 95% de la investigación científica y
tecnológica se realiza en los países del Norte. Individuos o empresas del
Norte son propietarios de más del 95% de las patentes y pretenden apropiarse
de los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
En la Cumbre de Johannesburgo advertimos insignificantes
avances, por no decir ninguno, con relación a la Agenda 21. El "derecho de
la comunidad a ser informada" no aparece ni en la Declaración ni en el Plan
de Implementación. El criterio de acceso parece haber reemplazado al
criterio de participación ciudadana. Esto se evidencia en el párrafo 106 del
Plan de Implementación que dice: "Utilizar las tecnologías de la información
y las comunicaciones, de ser apropiado, como instrumentos para aumentar la
frecuencia de comunicación e intercambio de experiencias y conocimientos, y
mejorar la calidad de la tecnología de la información y las comunicaciones,
así como el acceso a ella, en todos los países sobre la base de la labor
realizada por el Grupo de Tareas de las Naciones Unidas sobre Tecnología de
Información y Comunicaciones así como los esfuerzos realizados en otros
importantes foros internacionales".
Quizá se deba rescatar el contenido del párrafo 117 que
habla de integrar las TICs a la elaboración de planes de estudio, prestar
asistencia a los países en desarrollo y "crear las condiciones propicias"
que requiere el desarrollo de estas tecnologías.
Uno de los temas más controvertidos en Johannesburgo fue el
apoyo a las iniciativas para desarrollar las capacidades de los países en
vías en desarrollo para adquirir conocimientos. Se elaboraron once versiones
sobre el párrafo 119 que se refiere a este tema. Entre otros puntos, se
discutió sobre la necesidad de "desarrollar sistemas de información que
permitan el intercambio de datos valiosos, en particular el intercambio
activo de datos de observación de la Tierra". También se debatió sobre la
importancia de acceder a la información geográfica, de analizarla y
utilizarla mediante las tecnologías de teleobservación por satélite, el
sistema de determinación de la posición mediante satélite, la cartografía y
los sistemas de información geográfica. Hasta que no se conozca la versión
final del Plan de Implementación no se puede emitir un juicio definitivo, no
obstante preocupa que la Cumbre no haya incluido compromisos concretos y
medibles, lo que hace temer que sus resoluciones no sean efectivas y solo
queden en el nivel de las buenas intenciones.
Notas
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