Año 2005 Vol.  III

 Ciudadanía democrática y desarrollo sustentable

Democracia y derechos humanos

 Jorge Osorio Vargas

En América Latina hay evidencias de que la política está en una transición incierta. Sin embargo, un acontecimiento destaca de manera nítida: la emergencia de movimientos sociales y ciudadanos sujetos de nuevas formas de asociatividad y de acción política, que están develando el agotamiento de la noción liberal de ciudadanía para interpretar las nuevas aspiraciones de diversidad y autonomía que expresan estos movimientos ciudadanos.

Se está gestando una ciudadanía plural, que pone de relieve los valores comunitarios, el sentido de responsabilidad pública, la mutualidad y reciprocidad en las relaciones humanas, la justicia ecológica y de género, la lucha contra las discriminaciones y la valoración de la multi e interculturalidad. Esta nueva ciudadanía está enfatizando:

1. La ampliación de los derechos civiles y sociales de hombres y mujeres.

2. La práctica de acciones democráticas directas, una intervención más contundente a nivel de las agendas de la opinión pública, a través del control ciudadano de las políticas gubernamentales.

3. Una reinvención de las instituciones del poder local, como espacios de reconstrucción de las relaciones sociales, culturales y económicas de la sociedad civil popular.

4. Una demanda por un desarrollo humano económica y ambientalmente sustentable.

Este sentimiento colectivo acerca de la fatiga de la política dominante es expresión de un proceso más profundo que marca una tendencia clave para entender la actualidad de nuestra región: estamos viviendo cambios radicales en el modo mismo de entender y practicar el sentido de la política. Por esta razón, es condición de la acción ciudadana transformadora construir una nueva cartografía de la política latinoamericana con sus respectivos códigos interpretativos.

Existen, a lo menos, tres grandes miradas para entender lo que está pasando en este cambio de época que vivimos.

1. Una es la mirada neoconservadora, cuyo pensamiento es muy seductor por lo simple: desde su perspectiva estamos viviendo una crisis moral fruto de una libertad sin límites, de un mercadismo extremo, de un neoliberalismo salvaje, de una liberación y experimentación sin límites, que se expresa en las vanguardias culturales y en el hedonismo como forma de vida.

   Sin embargo, para el neoconservantismo éste es un momento histórico donde se ha agotado el experimentalismo, donde ya no hay lugar para "romper", donde la estética radical alcanzó su propia impotencia y el capitalismo extremista se ve minado por su crisis de fundamentos valóricos y su incapacidad de crear un orden cultural que exprese jerarquías, tradiciones y comunidad.

2. Una segunda mirada es la del escepticismo post-moderno que explícitamente propone una desmoralización relativa de la política, por miedo a ciertas pretensiones absolutistas del pensamiento crítico y que podrían derivar en nuevas formas de integrismo. La democracia debería autolegitimarse por la actuación de los propios ciudadanos sin necesidad de apelar a referencias éticas externas, dado que la política es siempre un campo relativo de interpretaciones y de decisiones. Este enfoque no aspira a la constitución de actores colectivos y desconfía de los "sentidos comunes" propios de la modernidad post-revolución francesa.

3. La tercera mirada podemos llamarla "crítica": comparte el diagnóstico de la desorientación valórica y del debilitamiento de los ideales comunitarios. Sin embargo, la causa no está -como para los neoconservadores- en la cultura sino en los sistemas tecno-económicos y en la administración del Estado post-industrial; en el predominio de una racionalidad instrumental que ha provocado una anemia ética en la sociedad y en la política. La razón instrumental ha invadido los espacios que antes pertenecieron a la razón ético-política y sus consecuencias se manifiestan en una especie de sequía en las relaciones intersubjetivas, que son la matriz de la creación de los valores. La política cae bajo la dirección de los estrategas y los técnicos, se diluye en la macroeconomía, que de ser un instrumento de gestión se convierte en una normativa esterilizante de toda perspectiva de cambio. El predominio del saber del tecnócrata reduce los espacios de la política ciudadana, empequeñece los ámbitos de la participación pública y despolitiza las decisiones que tienen que ver con el bienestar de la sociedad.

Podemos señalar, que la nueva ciudadanía, cuyo mapa empieza a configurarse en América Latina, se nutre bastante de este último diagnóstico, manifestándose como:

1. Capacidades y competencias para controlar la autoridad.

2. Como un rechazo al retraimiento privatizador de la sociedad que quieren los tecnócratas.

3. Como un proceso asociativo, protagonizado por redes, movimientos, opiniones públicas locales y regionales, que entienden su política como construcción de poder, de derechos y de responsabilidades.

Estos nuevos movimientos ciudadanos replantean la política desde la práctica de actores sociales locales, que pugnan por el mejoramiento de su calidad de vida y se involucran en polémicas y disputan con actores gubernamentales que poseen instituciones y mecanismos mucho más poderosos.

Sin embargo, es evidente que la política convencional ha disminuido su credibilidad y es inhábil para detener a este "reencantamiento" de la política ciudadana, que está siendo fuente de un nuevo imaginario social y educativo, que moviliza a los jóvenes, a las mujeres, a los movimientos indígenas, a las asociaciones de consumidores, a los ambientalistas y a los grupos de defensa de los derechos humanos. De ahí, la destacada preeminencia que van teniendo, en estas redes sociales, temáticas como la interculturalidad, el control ciudadano global (social watch), la sustentabilidad planetaria, una ética de responsabilidad solidaria integradora de lo social y lo ecológico, las luchas contra las discriminaciones étnicas y las injusticias de género y la solidaridad intergeneracional.

La política "vieja" tiene su contra cara en esta ciudadanía plural y diversa, que va asentando una ética de la transformación social, que implica sustancialmente una manera integral de leer los derechos humanos de hombres y mujeres, de niños, jóvenes y personas adultas como basamento de la democracia participativa, en el marco de una cultura organizativa y social que pone de relieve principios de ética asociativa, tales como la mutualidad, la comunicabilidad y la reciprocidad, entre los seres humanos

y de estos con la naturaleza. De esta manera, la ciudadanía es el aprendizaje de una estimativa ética integradora de lo social-local y de lo ecológico-planetario, tema sobre el cual volveremos más adelante.

La hebra argumental más promisoria para plantear una ética de la sustentabilidad es la crítica al modelo cartesiano de mundo, en que la razón y la técnica ordenan y dominan el mundo natural de la vida. Una fuente fundamental de este debate, como es H. Jonas, ha hecho notar cómo la técnica moderna irrumpe en la sociedad con una dimensión inédita, planteando problemas éticos antes desconocidos para la cultura occidental.

La razón "conforme a resultados", propia de la modernidad y su predominio en el mundo de la vida social, cultural, estética y política, está en el origen del problema ecológico contemporáneo.

La acción humana se desvincula de una racionalidad conforme a valores y la naturaleza no es concebida como un valor a preservar, sino como ámbito de dominio.

El "mundo de la vida natural" queda reconvertido en vida artificiosa, lo que constituye la matriz interpretativa de la actual crisis ecológica y el punto-base que ha servido para abrir el debate sobre las posibilidades de un nuevo paradigma de la reflexión ética.

El "medio ambiente" es, desde las últimas décadas del siglo XX, un campo de disputa, y una vía de ingreso a una nueva manera de plantearse la responsabilidad social y la complejidad del presente y futuro planetario.

Por ello, una ética sustentable es primordialmente una ética de responsabilidad con la vida en su complejidad. Tanto es así, que en el impulso de hacer cooperar la cultura y la naturaleza emerge el paradigma de la "complejidad" como la estrategia pensante que permite colocarnos, heurística y éticamente, a la altura de los dilemas que plantea la sustentabilidad del desarrollo, uniendo ciencia y conciencia de la naturaleza.

Desde este enfoque, la naturaleza, es pensada éticamente como una oikeiosis (como "familiaridad con la casa"), vinculada a valores de afectividad y generosidad, que van más allá de una ética ambiental, y la sitúan en lo que algunos llaman una "ética del cuidado".

Para los efectos de la reflexión que perseguimos en esta ponencia, el desafío es plantearse, reconociendo la existencia de una crisis ecológica global, que pone en evidencia las limitaciones del "desarrollo" moderno, las condiciones de posibilidad de una ciudadanía que, entendida como un "encuentro con los otros(as) en la proximidad", practica también un nuevo comunitarismo con la naturaleza. Para estos efectos, la naturaleza ya no debe ser asumida como un objeto artificioso, sino un "sujeto" de alteridad con el cual coopero y vivo mutuamente.

No se trata de reemplazar la "justicia ecológica" por el cuidado, sino de practicarla como una ética afectiva que integre tres dimensiones: comunidad ecológica, responsabilidad con el futuro planetario y democracia participativa. De esta manera, la base de una "acción sustentable" estará en una racionalidad práctica y valorativa que se desempeña como pensamiento crítico en la sociedad y que asocia la afectación por el sufrimiento humano (la violencia, la pobreza, etc.) con la justicia social.

Los derechos se conquistan y practican en tramas sociales. El derecho a ser constructor(a) de sociedades sustentables -es decir, sociedades compasivas, justas y solidarias- es un poder a construir por los movimientos ciudadanos de la región, en medio de dinámicas de alta conflictividad y de un rezago ético y civilizatorio muy fuerte, como es el que tienen las políticas del desarrollo y del medio ambiente de cuño neoliberal.

Podemos señalar grandes líneas sobre las cuales construir una noción de "gobernabilidad ecológica", o dicho de otro modo, de gobierno ciudadano para el desarrollo sustentable.

Es preciso reconocer que el poder se expande como redes. El poder no radica sólo en el Estado. Los cambios también pueden provenir de la cultura, de la sociedad civil, de la capacidad y de las competencias que son posibles construir desde prácticas ciudadanas concretas, locales, nacionales y globales.

En este sentido, nuestra idea de gobernabilidad se refiere en primer lugar, a la capacidad política y social de un colectivo para habilitar la democracia participativa y sus instituciones. Siguiendo a este argumento "Política Sustentable" implica:

1. Crear instituciones ciudadanas.

2. Desarrollar opinión pública y actores sociales deliberantes.

3. Organizar grupos que ejerciten el control social de las políticas de las instituciones gubernamentales y organismos multilaterales.

4. Promover la interlocución pro activa entre las redes de información y producción de conocimientos de los ciudadanos(as) organizados(as).

5. Generar esferas públicas de negociación de las agendas de gobierno.

6. Conseguir la construcción de políticas públicas que expresen la deliberación de la sociedad civil y los gobiernos, a la vez que la objetivación de los mecanismos para resolver conflictos.

Sin embargo, lo que sucede en la realidad, está aún distante a este modelo: por ejemplo, en el campo ambiental, generalmente no existen, en nuestra región, políticas públicas legitimadas por la negociación ciudadana, ni reconocimiento de las agendas de las redes ambientalistas de la sociedad civil. Las instituciones que validan las mediaciones, cuando existen, son precarias, y la participación ciudadana generalmente es frágil por la asimetría de las informaciones y del poder que confrontan normalmente las comunidades de base y las empresas. La cultura jurídica predominante es aún refractaria al entendimiento de medidas precautorias de carácter ambiental, vía tutelas o amparos, aunque, es preciso reconocer que en varios países se han realizado avances muy importantes al respecto.

Teniendo en cuenta este contexto, una estrategia de fortalecimiento de la ciudadanía en este ámbito debería defender la primacía de la soberanía popular, como sostén de toda la democracia institucionalizada, haciendo uso de los mecanismos de protección y expresión de derechos que ésta contempla. Así lo vienen haciendo, por lo demás, muchos movimientos ciudadanos del continente.

Seguidamente es preciso valorar el aprendizaje permanente de jóvenes y adultos y la educación ciudadana, como componentes claves para crear capacidades y poder ciudadano, a partir de acciones colectivas que formen sujetos, habilitados para tener un pensamiento crítico, para tomar decisiones, actuar responsablemente en todos los niveles y para deliberar y mantener controversias con los decisores de las políticas oficiales y con las empresas.

A la vez, resulta clave crear y animar redes de información, de intercambio, de solidaridad e inspiración ética, que actúen además como sistematizadoras de los conocimientos necesarios para la sustentabilidad y eficiencia de las acciones ciudadanas emprendidas.

Los movimientos ciudadanos necesitan plataformas discursivas, que puedan ser mostradas públicamente por líderes legítimos y representativos, que expresen principios éticos, haciendo valer la lógica ciudadana sobre el tecnocentrismo, aunque cada vez es más insoslayable tener capacidad técnica para mantener debates que requieren, por lo general, conocimientos sofisticados.

A pesar de que existe por delante una tarea de construcción ciudadana y una hipótesis de transformación social hábil, éstas están aún limitadas, entre otras razones, por cierta anemia social que la gente común sufre, y que le impide asumir tareas que impliquen un pensamiento global y un compromiso de afectación con causas y programas, amén de las dinámicas estructurales que van privatizando lo público y reduciendo la ciudadanía a una "ciudadanía" sólo referida al consumo.

No obstante, la estrategia ciudadana está significando, en la práctica de variados grupos y redes de la región, la identificación del espacio público como un espacio clave de intervención y de reconstrucción social de las identidades culturales fragmentadas por el mercadismo extremo.

Podemos afirmar que el imaginario de la sustentabilidad emergente en estos contextos:

1. Es un índice de afirmación de derechos.

2. Actualiza la idea de una "ciudad" justa, que reconoce la diversidad y la diferencia.

3. Convierte la pluralidad en un aprendizaje ecológico (es decir un aprendizaje práctico de familiaridad, de cercanía, de aproximación y de cuidado mutuo en la "casa común").

En la última década, las experiencias de control social de las políticas gubernamentales, en diversos campos, han sido factores de gran movilización y educación ciudadana. A partir de las Cumbres convocadas por la ONU y las actividades del Foro Social Mundial se han estructurado redes y grupos de seguimiento de las políticas públicas, dando lugar a metodologías de análisis, procesamiento de información y construcción de políticas públicas desde la sociedad civil.

A nivel de las políticas ambientales, con ocasión de la Cumbre de Johannesburgo, se ha evidenciado una significativa capacidad, de parte de algunos movimientos, para realizar el control ciudadano de los acuerdos que los gobiernos suscribieron en tal cita mundial. En muchos países se han elaborado documentos de crítica de las políticas ambientales oficiales y se establecido nuevas plataformas de acción ciudadana (ver: WorldWatch Institute (2004): La Situación del Mundo 2004, Icaria Editorial, Barcelona) Estos procesos nos ilustran cómo se ha ido gestando y organizando un poder de sistematización, de seguimiento y de control de las políticas gubernamentales de parte de sectores importantes de la ciudadanía. En muchos casos, la acción de estos grupos de control ciudadano, ha puesto en evidencia las limitaciones de la institucionalidad democrática, su escasa capacidad de proyectar una gestión de la administración pública que contemple el diálogo e interlocución critica con los actores sociales y, en el caso chileno en particular, una pálida adhesión gubernamental a un modelo de democracia participativa. A la vez, es preciso reconocer que, a través de las acciones de los movimientos ciudadanos, se han colocado en las agendas públicas temas que, hasta hace muy poco tiempo, tenían escasa sintonía en los sectores dirigentes.

En síntesis, a partir de experiencias reconocidas de nuestra región, las principales demandas del control ciudadano en el ámbito de las políticas gubernamentales de desarrollo sustentable son:

1. Existencia de una Autoridad ambiental legítima, institucionalizada en el marco de la organización del Estado, sujeta a la fiscalización parlamentaria y ciudadana, con facultades para generar políticas y orientar programas coherentes y participativos de gestión ambiental global, que impliquen la puesta en práctica de los principios de trans-sectorialidad en la gestión de gobierno y la interlocución permanente con las organizaciones de la sociedad civil.

2. Creación, reconocimiento y reglamentación legal de sistemas obligatorios de evaluación de impacto ambiental para proyectos de inversión industrial, inmobiliarios, turísticos, de infraestructura y otros; identificación de los convenios internacionales suscritos por los gobiernos y su consonancia con las leyes internas; exigencia de indicadores públicos en materias como diversidad biológica, cambio climático, aguas marítimas y continentales, contaminación atmosférica y desechos tóxicos, manejo sustentable de recursos naturales, participación y educación ciudadana ambiental, entre otras. Participación ciudadana en la gestión de los recursos naturales en cuando bienes públicos universales.

3. Control y fiscalización institucionalizada de la transparencia de la gestión pública y de las actividades del gobierno en áreas como regímenes de inversión externa, políticas de recursos naturales, políticas de energía, acuerdos gobierno-empresas, tratados comerciales y sus repercusiones ambientales e instrumentos económicos de gestión ambiental.

4. Existencia de consejos y esferas públicas de interlocución del gobierno con la sociedad civil, discusión de agendas temáticas y globales con los movimientos ciudadanos, distribución de información confiable y establecimiento de mecanismos institucionales de consulta y participación directa.

5. Movilización del poder judicial en pro de cambios en la legislación ambiental, aplicación de los recursos de tutela a los conflictos ambientales, normalización jurídica e innovaciones en el derecho procesal y penal ambiental.

6. Responsabilidad gubernamental en la incorporación de la educación ambiental en el sistema escolar y en la enseñanza superior y fomento de instituciones de investigación que apoyen la toma de decisiones técnicas y la distribución social del conocimiento ambiental.

7. Fomento de instituciones independientes, destinadas a monitorear las políticas ambientales y sociales, producir conocimientos y ejecutar programas de formación, a través de fondos e instrumentos públicos que fomenten donaciones y subsidios destinados a financiar a estos grupos independientes.

8. Fortalecimiento de la gestión ambiental local, coordinada por los municipios y gobiernos regionales, promoviéndose la profesionalización funcionaria y la formación de cuadros directivos en materias de planificación económica, social y territorial, acorde a los principios del Desarrollo Sustentable que los gobiernos han suscrito en Conferencias Internacionales y Cumbres Presidenciales.

9. Elaboración y difusión pública de mapas de problemas y conflictos ambientales, con participación de diversos actores, incluyendo empresas y movimientos ciudadanos, que generen sistemas de información científica y técnica, a disposición pública. Y que permitan el conocimiento de los factores determinantes de la sustentabilidad ambiental de las políticas de desarrollo de cada territorio.

10. Fortalecimiento de la participación ciudadana en los sistemas de evaluación de impacto ambiental, reconociéndose legalmente las facultades de la ciudadanía para investigar, pedir audiencias públicas, recibir información fidedigna en los plazos correspondientes y financiar, con fondos públicos, informes alternativos a los de las empresas o el gobierno, si estimasen conveniente realizarlos.