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 Somos participantes de un mundo cada vez más integrado y
mejor interconectado, provocador de modificaciones del sistema
internacional que obligan a un reacomodo de las partes que conforman su
estructura. En este contexto los estados nacionales enfrentan el desafío
de la adaptación al cambio invirtiendo en educación y cultura como
condición inaplazable para su reinserción competitiva en el nuevo sistema
internacional.
Como se conoce, ese proceso globalizador transcurre de
modo asimétrico entre los países altamente desarrollados, los de un
desarrollo económico intermedio y los de un subdesarrollo depauperante. En
consecuencia, el reposicionamiento dentro del proceso globalizador, las
ventajas, desventajas, retos y oportunidades, dependerá de la posición de
cada país en la escala antes referida, pero los que hayan invertido más en
educación, aquellos que fomentan el capital humano, poseerán mayores
ventajas competitivas.
En América Latina este "golpe de modernidad" exige
adaptarse al cambio, buscar el nuevo queso de la praxis democrática, como
obligación previa para la competitividad en todos los órdenes del quehacer
humano; requiere superar los viejos esquemas de gestión política
desmontando el falso axioma protodemocrático de que los partidos
políticos, subsidiados por el erario público, constituyen el principio y
el fin de la democracia. Impulsa a abrirle camino al precepto de que la
Ley es el único y verdadero elemento central y ordenador de la vida en
democracia. Esta convicción excluye cualquier otra construcción teórica
que desplace o menoscabe el rol protagónico del imperio de la Ley dentro
de la convivencia democrática moderna.
Experiencias de nuestra contemporaneidad, como los
procesos de descolonización y las conquistas de los derechos civiles en
los Estados Unidos y en Sudáfrica, así como de los movimientos ecologistas
del siglo XX, invitan a reflexionar que una mayor o menor calidad del
desempeño democrático es resultado de la mentalidad, de la actitud y de la
conducta de los ciudadanos, por eso se desarrolla, se tuerce y se auto
reproduce permanentemente en la dialéctica del contenido y de la forma con
que los hombres la recrean, generalmente a conveniencia de intereses
sectarios. Pero el derrotero democrático actual busca la consolidación de
espacios de multi participación política que tienen su punto de partida,
de equilibrio y de ordenamiento en la Ley, pues las citadas conquistas de
los derechos civiles fueron posibles porque existía y funcionaba como
valor inamovible, en la conciencia social, el referente conceptual del
imperio de la Ley.
Y para que la Ley sea la columna central de la democracia
moderna es imprescindible comprender la importancia de la cultura,
incluida en ella la conciencia ética, en la construcción de ambas: de la
ley y de la democracia. De modo que abogar hoy, en la alborada de un nuevo
siglo, por la democracia mediante la cultura, debiera ser la más legítima
de las convocatorias para dejar atrás todo el salvajismo y la mediocridad
que aún nos vician.
El "golpe de modernidad" obliga a la inversión social como
única vía de superar el subdesarrollo económico; a cultivar el pensamiento
cívico, legalista, cooperativo y solidario dentro de la comunidad, a
fomentar la idea de que democracia es algo más que la existencia
vegetativa y simbólica del pluripartidismo; algo más que la letra amañada
o que el espíritu preterido de una Constitución y que cualquier
procedimiento electoral. Obliga a educar en la idea renacida de que el
imperio de la transparencia y de la institucionalidad son factores que
encauzan la auto reproducción del sistema socioeconómico en la ruta del
desarrollo. Obliga, en suma, a ocuparse de los demás, a invertir en
infraestructura, erradicar la insalubridad, el analfabetismo, el desempleo
y, sobre todo, la mediocridad política que bloquea el progreso hacia una
sociedad competitiva dentro de un mundo interconectado y cambiante.
La funcionalidad real de las instituciones fomentadoras de
la democracia moderna no requiere la inmigración de suecos. Depende de la
cultura de los hombres y de la voluntad política altruista con que hayan
sido concebidas. Si son estructuradas con genuino humanismo podemos estar
seguros de que tales instituciones van hacia la democracia y de que ésta
viene hacia nosotros.
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