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Este texto
es un fragmento del documento titulado
"Colombia – Cuerpos marcados, crímenes silenciados.
Violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado"
(Índice AI: AMR 23/040/2004), publicado por Amnistía Internacional en
octubre de 2004.
Si desean más información o emprender acciones sobre este asunto,
consulten el documento principal.
Pueden encontrar una amplia selección de materiales sobre éste y otros
temas
en http://www.amnistiainternacional.org/,
y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo electrónico:
http://web.amnesty.org/news/eslindex.
Para los documentos traducidos al español consulten:
http://web.amnesty.org/library/eslindex
Futuros recomienda a sus lectores
la lectura de este estremecedor informe.
Versión completa (pdf)
Violencia sexual contra las mujeres en el marco
del conflicto armado
 Durante los últimos 20 años el conflicto armado interno en
Colombia se ha cobrado la vida de al menos 70.000 personas, la gran
mayoría de ellas civiles muertos fuera de combate. Decenas de miles han
sido secuestrados, "desaparecidos" y torturados, y más de tres millones se
han visto obligados a abandonar sus hogares. En el curso de los 40 años
del conflicto se han enfrentado las fuerzas de seguridad y los
paramilitares, apoyados por el ejército, con los grupos guerrilleros en
una lucha por el control del territorio y los recursos económicos. La
población civil ha sido la más afectada por esta violencia. No sólo por
haber quedado "atrapada entre dos fuegos", sino porque a menudo se la ha
colocado en el punto de mira de forma directa y deliberada, por ejemplo
para eliminar a quienes se considera que apoyan al "enemigo" o para
sembrar el terror con el fin de "limpiar" territorios de interés económico
o estratégico para los grupos armados o para aquellos que los respaldan.
La violencia contra las mujeres, en particular la
violencia y la explotación sexuales – llegando hasta la violación y la
mutilación genital–, forma parte integral del conflicto armado y continúa
siendo una práctica extendida que utilizan todos los bandos del conflicto.
Las mujeres son objetivo de los grupos armados por diversas razones: por
transgredir roles de género o desafiar prohibiciones impuestas por los
grupos armados, o por ser consideradas un blanco útil a través del cual
humillar al enemigo.
La violación y otros delitos sexuales, como la mutilación
genital, son prácticas frecuentes de las fuerzas de seguridad y sus
aliados paramilitares como parte del repertorio de tácticas de terror que
emplean contra las comunidades situadas en zonas de conflicto a las que
acusan de colaborar con la guerrilla. Estas tácticas están concebidas para
provocar desplazamientos en masa o romper los vínculos, presuntos o
reales, entre dichas comunidades y las fuerzas guerrilleras. En este
marco, la impunidad de que gozan los autores de estos delitos no es
accidental, sino que forma parte de la estrategia de contrainsurgencia. Al
sembrar el terror y explotar a las mujeres para conseguir objetivos
militares, han convertido sus cuerpos en campos de batalla.
El abuso y la mutilación de índole sexual de mujeres y
niñas es una característica común de las masacres perpetradas por los
grupos paramilitares frecuentemente actuando en connivencia con las
fuerzas de seguridad. Muchas mujeres también han sufrido abusos tras ser
secuestradas por grupos armados ilegales, mientras estaban bajo la
custodia de las fuerzas de seguridad o durante registros domiciliarios.
Los grupos paramilitares y guerrilleros también han secuestrado a mujeres
para que prestaran servicios sexuales a sus mandos y han reclutado a
mujeres y niñas de las que posteriormente sus compañeros han abusado
sexualmente. Asimismo, los grupos guerrilleros han obligado a las
combatientes a abortar y utilizar métodos anticonceptivos. La violencia
sexual contra mujeres en zonas que los grupos armados se disputan
militarmente ha sido especialmente numerosa. Entre los sectores que corren
más peligro están las afrodescendientes y las indígenas, las desplazadas,
las campesinas y las pobladoras de barrios de la periferia de las
ciudades, muchas de ellas ya desplazadas.
Los grupos guerrilleros y los paramilitares apoyados por
el ejército han intentado controlar los aspectos más íntimos de la vida de
las mujeres imponiendo normas invasivas, interviniendo en conflictos
familiares y comunitarios e infligiendo castigos como la violación, la
mutilación sexual y la flagelación a quienes osan transgredirlas. Estas
normas se basan en estereotipos de género muy arraigados culturalmente, y
por tanto también las lesbianas, los gays y los presuntos portadores del
VIH o enfermos de sida son objeto de la violencia de paramilitares y
guerrillas.
La violencia sexual contra las mujeres ha sido ignorada
durante mucho tiempo, no sólo por las autoridades colombianas, sino por la
población en general, que siempre la ha considerado como algo que
pertenece al ámbito privado. Es una forma característica de agresión que,
contra toda lógica, avergüenza a la superviviente, no al perpetrador. Las
supervivientes suelen ser aisladas y estigmatizadas por sus propias
comunidades, y el Estado no se ha mostrado dispuesto a poner a los
responsables en manos de la justicia. Cuando se investiga judicialmente un
caso de violencia sexual, el trato que reciben las supervivientes suele
ser degradante, algunas supervivientes incluso se encuentran bajo
investigación y los perpetradores son raras veces identificados y más
raramente aún castigados por sus delitos. El tratamiento médico para las
supervivientes de abusos sexuales es prácticamente inexistente para
quienes no pueden pagarlo. Así, la violencia sexual contra las mujeres en
el marco del conflicto armado ha seguido permaneciendo oculta tras un muro
de silencio fomentado por la discriminación y la impunidad. Las mujeres
que la padecen se han convertido en las víctimas invisibles del conflicto.
El objetivo de este informe es ofrecer una plataforma a
las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual, cuyas voces rara
vez se escuchan debido a la vergüenza y el temor que han experimentado
durante tanto tiempo, y así contribuir a que se conozca más la magnitud y
la gravedad de la violencia contra las mujeres en el conflicto armado
colombiano. Muchas de las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional
no se habían sentido hasta ahora con fuerzas para contar su historia, a
pesar de que en algunos casos habían pasado años desde lo sucedido. La
organización agradece a estas mujeres y niñas su valor para denunciar los
hechos. A ellas está dedicado este informe.
Introducción
A una chica de 18 años con embarazo le metieron un palo
por las partes y se asomó por arriba. La descuartizaron. [...] A las
mujeres las desnudaron y las pusieron a bailar delante de sus maridos.
Varias fueron violadas. Desde un rancho próximo a El Salado [departamento
de Bolívar] se escuchaban los gritos [...]. 1
Las muchachas viven acosadas y amenazadas por milicianos
[guerrilleros urbanos] y paramilitares. Las acusan de relacionarse con los
del bando contrario. Entre febrero y marzo [de 2004] han aparecido en la
zona tres cuerpos de niñas violadas. Marcan su territorio marcando los
cuerpos de las mujeres. Es un terror sin ruido. Por un lado, castigan a
aquellas que usan descaderados, y otras veces, las obligan a vestirse con
escotados y minifaldas para llevárselas a sus fiestas
2
En el curso de los 40 años del conflicto colombiano, todos
los grupos armados –fuerzas de seguridad, paramilitares y guerrilla– han
abusado o explotado sexualmente a las mujeres, tanto a las civiles como a
sus propias combatientes, y han tratado de controlar las esferas más
íntimas de sus vidas. Sembrando el terror entre la población, explotando e
instrumentalizando a las mujeres para conseguir objetivos militares, han
convertido los cuerpos en terreno de batalla. Los graves abusos cometidos
por todos los bandos del conflicto armado siguen ocultos tras un muro de
silencio alimentado por la discriminación y la impunidad, lo que a su vez
atiza la violencia, característica del conflicto armado interno
colombiano. Las mujeres y las niñas son las víctimas ocultas de esa
guerra.
Los hombres también han sido víctimas de violencia sexual
en el marco del conflicto armado. Pero el abuso y la explotación sexual
que sufren las mujeres y las niñas ha sido ignorado durante largo tiempo,
no sólo porque la violencia contra ellas se ha considerado algo
perteneciente a la esfera privada, sino porque el temor y la vergüenza que
despierta el abuso sexual han impedido que muchas mujeres lo denuncien.
Las mujeres y las niñas en Colombia son víctimas de la violencia doméstica
y de la violencia basada en la comunidad. Pero el conflicto exacerba estas
formas de violencia y el estereotipo de género que las sustenta.
Considerados y tratados sus cuerpos como territorio a
conquistar por los contendientes, los motivos por los que las mujeres
están en el punto de mira son diversos: sembrar el terror en las
comunidades, facilitando imponer el control militar; obligar a la gente a
huir de sus hogares y así ayudar a conseguir territorio; vengarse de los
adversarios; acumular "trofeos de guerra" y explotarlas como esclavas
sexuales. La violencia sexual, por tanto, ha marcado de forma indeleble la
vida de las mujeres en Colombia. Hombres y mujeres también han sido
atacados por su orientación sexual o su identidad de género.
En Colombia, como en otros lugares, las cifras oficiales
no reflejan la magnitud que ha alcanzado el problema de la violencia
sexual. Hay razones para creer que los casos de violación son muchos más
de los que se notifican. Por ejemplo, pese a las huellas a menudo
manifiestas sobre los cuerpos, esta violencia rara vez consta en los
informes de las autopsias. Pocos perpetradores comparecen alguna vez ante
los tribunales por violar los derechos humanos, y menos aún si se trata de
delitos de violencia sexual. Así, esta doble invisibilidad agrava la
terrible suerte que corren las personas afectadas. Como muestra este
informe, la violencia contra las mujeres en el marco del conflicto armado
es una práctica extendida.
El año pasado, más de 220 mujeres perdieron la vida por
motivos sociopolíticos fuera de los lugares de combate –en las calles, en
sus hogares o en el lugar de trabajo– y 20 "desaparecieron". Según los
informes, las fuerzas de seguridad fueron responsables directas de
aproximadamente el 5 por ciento de estas muertes, los paramilitares
respaldados por el ejército, del 26 por ciento, y la guerrilla, del 16 por
ciento. En el resto de los casos no se identificó a los responsables.
Según cifras del Informe sobre Desarrollo Humano para Colombia del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) correspondiente
a 2003, titulado El Conflicto, Callejón con Salida, el número de mujeres
muertas por motivos relacionados con el conflicto pero no en combate
aumentó un 20 por ciento entre 2000-2001 y 2001-2002. Durante este
periodo, un 6 por ciento de todos los muertos en combate y fuera de
combate y de las "desapariciones" fueron mujeres, así como un 10 por
ciento de las víctimas de torturas, un 11 por ciento de los muertos por
minas antipersonales y un 18 por ciento de los secuestrados. Además, el 17
por ciento de los defensores de los derechos humanos muertos eran mujeres,
al igual que el 16 por ciento de los sindicalistas y el 16 por ciento de
los integrantes de comunidades indígenas.
Tan intolerables como los crímenes perpetrados pueden ser
las respuestas de las autoridades y las instituciones del Estado, que
deben actuar para poner fin a tales abusos. En Colombia, quienes
sobreviven pueden encontrar muy difícil conseguir asistencia médica,
tratamiento de urgencia y medidas de apoyo, y también encuentran muchos
obstáculos para conseguir que se haga justicia. Cuando un Estado no cumple
con su responsabilidad de ejercer la debida diligencia para prevenir,
castigar y erradicar la violencia sexual y de género, el mensaje que está
lanzando es de tolerancia o incluso de aprobación de esta práctica. Con su
silencio e inacción ante los abusos, el gobierno colombiano los está
tolerando y está fomentando la comisión de nuevos delitos.
Las supervivientes de la violencia sexual se enfrentan a
otra extenuante batalla más, esta vez en el seno de sus familias y
comunidades, que a menudo las culpabilizan y aíslan. Las supervivientes
pueden verse sometidas a severas normas, sociales y culturales, que las
responsabilizan del ataque. Para muchas, sobrevivir a la violencia sexual,
significa vivir para no contarlo. Excluidas por sus amigos y familias, y
ante las amenazas de sus agresores, con frecuencia se ven forzadas irse de
sus comunidades, sin que logren apartar de sus vidas el temor a sufrir
nuevos abusos. "Ana María", superviviente de violación en grupo que vive
en Medellín, refleja la experiencia de estas mujeres que quedan libradas a
sus propias fuerzas para continuar:
Hace dos años saliendo de Neiva [departamento de Huila] el
ejército nos bajó [del autobús]. Al muchacho que estaba conmigo lo
mataron. A mi me violaron entre ocho y nueve soldados. Me dejaron en el
camino, hasta que cogí un carro. Cuando llegué a Dabeiba [departamento de
Antioquia] estaban los paramilitares. Dijeron que yo era de la guerrilla.
El comandante de los paramilitares me violó. [...] A una le toca quedarse
callada… Si hablas la gente dice que una se lo buscó…Me vine para Medellín
[...]. Cuando entra el ejército me vuelven los pensamientos que me va a
pasar lo mismo. Como una pesadilla que no acaba […]. 3
Por lo general, las autoridades ignoran y desatienden las
lesiones y las secuelas médicas y psicológicas que genera esta violencia,
como por ejemplo el contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS)
como el VIH/sida, o el embarazo producto de una violación. Las
organizaciones de la sociedad civil, entre ellas de manera destacada los
grupos de mujeres, han intentado llenar este vacío, pero con frecuencia
ellas también son objeto de ataques por su labor en defensa de los
derechos humanos o de alternativas sociales y económicas, así como por
intentar sacar a la luz la violencia sexual y ofrecer tratamiento a
quienes sobreviven a ella.
La investigación en el ámbito de la violencia contra las
mujeres presenta considerables dificultades, especialmente a la hora de
establecer contacto directo con las supervivientes de los abusos, muchas
de las cuales temen sufrir represalias o que su familia y su comunidad se
avergüence de ellas. Además, muchas zonas de Colombia son inaccesibles
para los activistas de derechos humanos, y en otras éstos no pueden ayudar
a las víctimas por haber sido amenazados, intimidados, ejecutados o
expulsados de sus comunidades. Aunque los casos que aparecen en este
informe no han podido verificarse de forma independiente debido a la falta
de investigaciones judiciales, el hecho de que Amnistía Internacional haya
recibido tantos informes similares y coincidentes de violencia sexual
procedentes de todo el país lleva a la organización a considerar que estos
testimonios son exactos y fiables.
Con este informe, Amnistía Internacional espera contribuir
a que se conozca más el alcance y la gravedad de la violencia contra las
mujeres en Colombia. Sin embargo, sin una fuerte presencia de activistas
de derechos humanos que notifiquen y canalicen los casos, no es probable
que la opinión pública colombiana ni la internacional lleguen a conocer
nunca la verdadera magnitud de estos abusos.
Durante la investigación llevada a cabo para este informe,
Amnistía Internacional mantuvo contacto con organizaciones de mujeres,
grupos de derechos humanos, organizaciones sociales, grupos de lesbianas,
gays, bisexuales y transexuales y representantes de pueblos indígenas y
comunidades afrocolombianas. La organización también se reunió con
autoridades colombianas e instituciones del Estado responsables de temas
relacionados con la violencia contra las mujeres y las niñas. De todos
ellos recibió información. Amnistía Internacional visitó Colombia en 2003
y 2004 para investigar la violencia sexual en diferentes zonas del país, y
fruto de estas visitas es este informe, que forma parte de la Campaña para
Combatir la Violencia contra las Mujeres, una campaña internacional
iniciada en marzo de 2004. Durante las visitas, la organización se
entrevistó con autoridades del gobierno, supervivientes, testigos,
activistas y organizaciones que investigan y prestan asistencia a las
víctimas. Este informe se basa en los testimonios de primera mano de las
supervivientes.
El temor de testigos y supervivientes que accedieron a
hablar con Amnistía Internacional es palpable. Y el trauma que afecta a
estas mujeres y niñas es absolutamente real. Hasta ahora muchas no se
habían sentido con fuerzas para contar su historia, a pesar de que en
ocasiones habían transcurrido años desde lo sucedido. La organización
agradece a estas mujeres y niñas el valor de denunciar los hechos. Los
nombres de algunas de ellas se han modificado para mantenerlas en el
anonimato.
El continuo de la violencia contra las mujeres
 Las cifras sobre abusos sexuales son alarmantes, pero
probablemente subestiman mucho el problema. El PNUD, en su Informe sobre
Desarrollo Humano del año 2000, 4 cuyas estadísticas son las más recientes
disponibles, estimaba que aproximadamente entre el 60 y el 70 por ciento
de las mujeres en Colombia había sufrido en carne propia alguna modalidad
de violencia (maltrato físico, psíquico o sexual). No obstante, menos de
la mitad busca ayuda y apenas el 9 por ciento denuncia la agresión. El
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses –responsable de
llevar a cabo informes forenses sobre las lesiones y la muerte cuando se
sospecha que se trata de un delito– informó a Amnistía Internacional de
que en el período transcurrido entre los años 2000 al 2002 se realizaron
40.489 dictámenes medicolegales por posibles delitos sexuales. Sin
embargo, los datos no se encuentran desglosados y por consiguiente no es
posible analizar qué hechos son consecuencia directa del conflicto armado.
En Colombia, las mujeres y las niñas no sólo padecen el
peligro, las penalidades y el sufrimiento inherente a cualquier conflicto
armado, sino que tienen que soportar la discriminación por motivos de
género, habitual en Colombia al igual que en muchas sociedades de todo el
mundo. Es este continuo de violencia contra las mujeres, que va de la
violencia doméstica a la relacionada con el conflicto, lo que resulta
particularmente corrosivo. La ocurrencia diaria de la discriminación por
motivos de género y el abuso sexual, combinada con otras formas de
discriminación relacionada con el conflicto ha puesto a las mujeres en una
situación de especial riesgo. "Isabel" residía en una localidad de Norte
de Santander cuando a los 12 años se unió a las FARC:
Mi padre abusaba [sexualmente] de mí desde los cinco años.
Él no quería que estudiara ni que hablara con nadie. Sólo trabajar
ordeñando las vacas. Mi mamá no sabía nada. Él era el que mandaba. Mi
padre fue a buscarme pero no volví. Las FARC me dieron una K-47 con tres
proveedores, ropa y botas. Ya no podría [mi padre] hacerme daño. [...]
Ahora que ya no estoy en las armas, quisiera irme fuera para estudiar y
trabajar. Porque yo valgo. [...] Nunca he contado a nadie de los abusos.
Nadie antes me lo había preguntado. Además, esas cosas se callan. Sólo
sabía que yo tenía que irme.5
"Sofía" se desempeñaba como empleada doméstica desde los
12 años. A los 15 años fue violada por su empleador, un paramilitar, y
quedó embarazada. Fue obligada a servir de guía en el marco de acciones de
patrullaje en el territorio de Montes de María en el departamento de
Bolívar, su lugar de origen. En dicha zona los grupos paramilitares
llevaron a cabo sucesivas masacres y homicidios selectivos:
[...], cuando estaba embarazada de mi hija, estando
embarazada de siete meses, me escapé, pero como nunca tenía un peso ni
nada, él me encontró en la carretera y me llevó a la finca a un lugar
donde no había nadie y allá con un palo de hierro me golpeó por todos
lados estando embarazada de siete meses, después estaba toda hinchada y
allá en la casa me preguntaba: "¿Usted habló con alguien?, ¿Quién la
estaba ayudando para escaparse?" Como a mí nadie me ayudaba yo le dije que
nadie, él me empezó a dar patadas en el piso y empecé a dar vueltas,
después mi barriga se fue para un lado y empecé a botar un agua verde.
Después de doce horas de estar así, él mando a buscar al médico del
pueblo, y el médico dijo que la niña se había hecho "popo" dentro de la
barriga y me llevaron a la clínica, allá tuve a mi niña que nació muy
enferma.6
"Rosa", del departamento de Caquetá, tenía 7 años cuando,
según los informes, fue violada por primera vez por su padre. Cuando su
madre tuvo conocimiento de tales abusos decidió enfrentarse al padre. Ante
el escándalo en todo el pueblo, el padre violador se fue en 1999 con el
Frente 3 de las FARC que controlaba la zona. Poco después, la niña fue
secuestrada por integrantes de dicho frente. La madre denunció a las
autoridades las actividades del padre e hizo todo lo que pudo para
recuperar a su hija. La niña intentó huir en varias ocasiones, siendo
objeto de otros abusos por tal causa. "La sometieron a una práctica de
ellos que se denomina autocrítica: ‘soy una colombiana cobarde’, tenía que
repetir, mientras era golpeada por todos. La obligaron a hacer guardia de
día y de noche. Le amenazaron que si abría la boca o intentaba huir se
pagaban con sus hermanas. La niña quedó muy mal. Fueron 18 meses que
permaneció ahí. Tuvo un intento de suicidio".7
La persecución persistió contra "Rosa", quien hoy tiene 17
años, contra su madre y contra el resto de la familia. En febrero de 2000
las FARC secuestraron a la madre. "El que tiene el arma tiene el poder",
le dijeron, y la internaron en la montaña. Allí la desnudaron, la
torturaron y después la dejaron, enterrada en un hueco que le habían
obligado a hacer. Sobrevivió al ser auxiliada por un campesino. Miembros
de las FARC habían matado al nuevo compañero de la madre durante los meses
que la menor estuvo en manos de la guerrilla.
La sexualidad y el cuerpo
[...] la sexualidad es una característica que
comparten todos los seres humanos. Es un aspecto fundamental de la
dignidad del individuo y ayuda a definir a la persona. El Relator
Especial toma nota de los principios rectores que han inspirado la
normativa internacional de los derechos humanos desde 1945, como la
privacidad, la igualdad y la integridad,autonomía,
dignidad y bienestar del individuo... En estas circunstancias, al
Relator Especial no le cabe duda de que una comprensión correcta de
los principios fundamentales de los derechos humanos, así como de las
normas existentes en esta materia, conduce inevitablemente al
reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos [...}8
En su informe Está en nuestras manos: no más violencia
contra las mujeres, publicado en marzo de 2004,16 Amnistía
Internacional describía cómo el control de la sexualidad por la familia,
la comunidad y el Estado conduce a la violencia y la discriminación contra
las mujeres en todo el mundo. En Colombia persisten ideas que niegan
autonomía a las mujeres sobre las esferas de la sexualidad y la
reproducción, y siguen arraigadas una serie de pautas sociales, culturales
y religiosas que vinculan el honor con la sexualidad de las mujeres. En
este informe se muestra cómo las diversas formas de la violencia de género
contra las mujeres que han utilizado todos los bandos del conflicto violan
los derechos de las mujeres a la autonomía sexual y al control sobre su
sexualidad y su capacidad reproductiva. Las mujeres están en peligro no
sólo a título individual, sino como miembros de grupos sociales. En
ocasiones su sexualidad o su capacidad reproductiva es atacada por ser
mujeres indígenas o afrodescendientes, o pertenecer a otras comunidades
igualmente marginadas. Otras veces son controladas por "su propio" bando.
En ambos casos el motivo es el mismo: controlarlas como reproductoras de
la nación, la comunidad o el grupo social.
Radhika Coomaraswamy, relatora especial de Naciones
Unidas sobre violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y
consecuencias, precisó en su informe de 1998:
Quizás más que el honor de la víctima, el blanco de la
violencia sexual contra las mujeres es lo que se percibe como el honor del
enemigo. La agresión sexual a menudo se considera y practica como
medio para humillar al adversario. La violencia sexual contra la mujer
tiene por objeto enrostrar la victoria a los hombres del otro bando, que
no han sabido proteger a sus mujeres. Es un mensaje de castración y
mutilación al mismo tiempo. Es una batalla entre hombres que se libra en
los cuerpos de las mujeres.9
La perpetuación de normas sociales que privan a las
mujeres de autonomía propicia la idea de que es posible apropiarse de sus
cuerpos y controlar su conducta. En conflictos armados, esta idea de
apropiación y control puede cobrar formas extremas, como la esclavitud
sexual, las agresiones sexuales, la anticoncepción forzada y los abortos
forzados. La imposición de reglas de conducta sobre la población civil
–como códigos indumentarios y toques de queda– hasta invadir las esferas
más íntimas de la vida es una estrategia adoptada por la guerrilla y los
grupos paramilitares para controlar a las personas, y está fomentada por
ideologías sexistas y homofóbicas.10 Así, los grupos armados compiten por
demostrar quién puede eliminar más eficazmente a los considerados
"indeseables" o "raros". El hecho que tanto las guerrillas como los
paramilitares hayan puesto en el punto de mira a los mismos sectores, como
las trabajadoras sexuales o los homosexuales, en su intento de ganar
"legitimidad" ante la población, es señal de que la discriminación contra
estos sectores está muy arraigada en Colombia.11
Conclusiones y recomendaciones
Todos los bandos del conflicto armado colombiano explotan
estereotipos de género y cometen delitos sexuales. Aunque es imposible
afirmar categóricamente que estos actos forman parte de sus estrategias de
guerra, se trata de delitos claramente generalizados y por consiguiente
constituyen crímenes de guerra. Dicha violencia, dirigida con frecuencia
contra mujeres y niñas, adopta muchas formas, incluida la persecución y
los abusos graves contra las personas en razón de su orientación sexual e
identidad de género. El conflicto se caracteriza también por la aplicación
de estrategias orientadas a inspirar terror, demostrar supremacía y minar
lazos sociales. Tales crímenes permanecen silenciados e impunes pese al
inmenso número de casos y a la gravedad que revisten.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad de prevenir
y castigar el abuso sexual de las mujeres. A pesar de las expresas
preocupaciones y recomendaciones de las instancias internacionales de
protección de los derechos humanos, como las formuladas por la relatora
especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, el
Comité que vigila la aplicación de la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la
Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hay pocas señales de que las
autoridades colombianas hayan tomado suficientes medidas para poner fin a
tales abusos, poner a sus autores en manos de la justicia o atacar sus
causas. En la medida en que la discriminación por motivos de género no se
combata y que no se hagan cumplir las normas internacionales sobre
violencia contra las mujeres, seguirán incólumes las bases para que la
violencia sexual y de género cobren formas extremas bajo el conflicto y
continúen difundiéndose en todos los ámbitos de la sociedad. Los grupos
armados ilegales también tienen la responsabilidad de garantizar que sus
miembros cumplen el derecho internacional humanitario y de impedirles que
cometan actos de violencia sexual contra civiles y combatientes.
Amnistía Internacional considera que el Estado colombiano
no respeta ni protege los derechos de las personas frente a la violencia
sexual y de género, incumple su obligación de garantizar el derecho de
mujeres y niñas a una vida libre de violencia y discriminación y no
considera como derechos humanos los derechos sexuales, incluida la
obligación de proteger la salud sexual y reproductiva y el derecho a no
ser objeto de persecución por motivos de orientación sexual o identidad de
género. Las mujeres que pertenecen a grupos marginales, como las mujeres
rurales, indígenas y afrodescendientes, las integrantes de organizaciones
de mujeres, las activistas, las sindicalistas y las defensoras de los
derechos humanos, siguen corriendo un especial peligro. Es más, las
políticas y medidas del gobierno, concretamente las aplicadas en virtud de
su estrategia de "seguridad democrática", han mermado aún más la poca
protección de que gozaban estas mujeres en Colombia.
El deber del Estado colombiano de respetar los derechos de
las personas a no ser objeto de violencia sexual y de género, y de
observar el derecho internacional humanitario
Las fuerzas de seguridad del Estado y sus aliados
paramilitares son señalados con frecuencia como responsables de abusos de
índole sexual: violación y mutilaciones de índole sexual en ataques
masivos a comunidades civiles, particularmente en zonas de conflicto;
homicidios selectivos de civiles e integrantes de grupos guerrilleros
fuera de combate; violación y abusos sexuales durante detenciones y
registros; agresiones sexuales contra mujeres y niñas; abusos sexuales en
retenes y registros; prácticas abusivas por parte de grupos paramilitares
para obligar a mujeres y niñas a incorporarse o convertirse en esclavas
sexuales y prostituirse; imposición por parte de esos grupos de normas
sobre las esferas más íntimas y de castigos corporales para hacerlas
cumplir, a menudo aplicados con la participación y aquiescencia de las
autoridades; así como diversas prácticas de "limpieza social" –como la
persecución, la "desaparición" forzada y el homicidio– dirigidas contra
civiles por su orientación sexual o identidad de género, y contra personas
portadoras de VIH y trabajadoras sexuales, entre otros.
El deber de los grupos guerrilleros de observar el derecho
internacional humanitario y de respetar los derechos de las personas a no
ser objeto de violencia sexual y violencia de género
Aunque los órganos y mecanismos internacionales de
derechos humanos han instado constantemente a los grupos guerrilleros a
respetar el derecho internacional humanitario y abandonar las prácticas
que lo vulneran, estos grupos han seguido cometiendo graves abusos contra
los civiles y contra sus propios combatientes, como violar y abusar
sexualmente de mujeres y niñas reclutadas o secuestradas por ellos,
convertirlas en esclavas sexuales u obligarlas a prostituirse, a utilizar
métodos anticonceptivos y a abortar. Las mujeres y las niñas han sido
perseguidas y sometidas a agresiones como la violación y el abuso sexual
por confraternizar con miembros de las fuerzas de seguridad o
paramilitares. Las FARC también han perseguido y matado por la orientación
sexual o la identidad de género, han obligado a someterse a las pruebas de
VIH y han perseguido y matado a seropositivos y a trabajadoras sexuales,
entre otros.
El deber del Estado colombiano de proteger los derechos de
las personas frente a la violencia sexual y de género
Prevenir, castigar y erradicar la violencia sexual y de
género, sean sus autores agentes estatales o no estatales, es un deber del
Estado colombiano. El código penal colombiano dispone de provisiones
específicas que prohíben la discriminación y determinados delitos, como,
en el contexto del conflicto armado, contra personas protegidas por el
derecho internacional humanitario.
El deber de prevenir: El Estado no ha combatido el
paramilitarismo ni ha tomado medidas dirigidas a erradicar la aceptación
de la violencia sexual y la violencia de género en el interior de las
fuerzas de seguridad. Lejos de ello, Amnistía Internacional cree que el
hecho de que los casos de violencia sexual cometidos por miembros de las
fuerzas de seguridad se sigan investigando dentro del sistema de justicia
militar puede facilitar el encubrimiento de casos de abuso sexual. El
Estado tiene también el deber de hacer responder a la guerrilla de la
violencia sexual y de género perpetrada por sus combatientes. La actual
política de "seguridad democrática" del gobierno ha aumentado el peligro
de que se produzcan casos de violencia sexual y que queden impunes. Las
autoridades no han aplicado políticas globales para combatir la
discriminación, que es la base de la violencia sexual y de género, ni han
tomado medidas para combatir los estereotipos de género discriminatorios.
Mediante sus políticas y acciones, el gobierno colombiano envía un mensaje
ambiguo respecto a la tolerabilidad de la violencia sexual. Los derechos
humanos de las mujeres no son parte de su agenda ni a nivel interno ni en
sus relaciones internacionales.
El deber de brindar ayuda a las supervivientes de
violencia sexual: El Estado ha hecho muy pocos esfuerzos por poner
servicios básicos y procedimientos de urgencia al alcance de quienes
sobreviven a la violencia sexual y la violencia de género. La posibilidad
de acceder a estos servicios sólo existe a través de organizaciones no
gubernamentales y privadas. Los servicios que el Estado sí presta, como la
anticoncepción de emergencia, no son gratuitos. El tratamiento
profiláctico por posible contagio de VIH u otras enfermedades de
transmisión sexual es prácticamente inexistente. En el caso de mujeres y
niñas desplazadas, así como de aquellas que habitan en escenarios de
conflicto, la ayuda es todavía más escasa. El aborto, incluso en caso de
violación, es delito bajo la legislación colombiana y puede acarrear penas
de prisión. Por tanto, las mujeres y niñas deben llevar a término un
embarazo no deseado o intentar interrumpirlo de forma ilegal, por lo
general en condiciones poco seguras y tal vez con consecuencias fatales.
No existen servicios especializados estatales adecuados
para ayudar a la rehabilitación y la integración social de las
supervivientes de abusos sexuales perpetrados en el marco del conflicto
armado. Aunque algunas instancias gubernamentales vienen impulsando
ciertas iniciativas en torno a la violencia sexual y la violencia de
género, tales esfuerzos no forman parte de una política integral del
Estado, ni se encuentran orientados a dar respuesta a las necesidades de
las víctimas de abusos de índole sexual en el marco del conflicto armado.
Amnistía Internacional ve con satisfacción algunas iniciativas oficiales,
como las experiencias del proyecto sobre Modelos de Atención Integral a
Víctimas de Violencia Sexual y Centros Integrales de Atención a Víctimas
de Violencia Sexual que se han iniciado en algunas jurisdicciones, y
considera muy alentadores los esfuerzos específicos de ciertas instancias
oficiales, como el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin
embargo, estas iniciativas no parecen ser prioritarias para el gobierno,
que tampoco incentiva la labor interinstitucional, concretamente sobre
sectores de mujeres consideradas de especial riesgo a consecuencia del
conflicto armado (afrodescendientes, indígenas y desplazadas). Aunque
Amnistía Internacional aprecia la labor llevada a cabo por instancias como
el ICBF para reintegrar a niñas desmovilizadas de grupos armados ilegales
de una forma efectiva, la organización cree que no cuentan con los medios
suficientes para llevar adelante su tarea. Un aspecto crítico que se ha
descuidado ha sido la salud sexual y reproductiva.
El deber de garantizar la verdad, la justicia y la
reparación a las víctimas de la violencia sexual
Las autoridades no han cumplido con su deber de ejercer la
diligencia debida a la hora de perseguir e investigar estos delitos, que,
cuando concurren con otros como el asesinato, ni siquiera se registran
independientemente. Además, han seguido justificando su inacción alegando
la falta de denuncias de las supervivientes, aunque precisamente el hecho
de que no hayan tomado las medidas adecuadas para ayudarlas a denunciar ha
influido decisivamente en la determinación de muchas víctimas de no seguir
adelante con las denuncias. A pesar de las amenazas contra víctimas y
denunciantes no se ha tomado ninguna medida eficaz para protegerlas. La
indefensión en que se encuentran las denunciantes durante las actuaciones
penales y la falta de medidas procedimentales que tengan en cuenta la
situación de las supervivientes son factores que hacen que muchas mujeres
retiren sus denuncias. Mientras las autoridades responsables de perseguir
el delito no cumplan con su obligación de investigar, será fácil para los
responsables evadirse la acción de la justicia. En los pocos procesos que
se han abierto, las actuaciones han sido extremadamente largas y sin
garantías. Los miembros de las fuerzas de seguridad acusados de violación
siguen siendo juzgados bajo la jurisdicción militar. Son raros los casos
de víctimas de abusos sexuales que reciben una indemnización. Esto sólo se
ha logrado por la vía contencioso-administrativa, aplicable en casos en
los que están implicados miembros de las fuerzas de seguridad y cuyos
procedimientos pueden durar 10 años o más. El gobierno ha introducido
amnistías de hecho para delitos atroces, entre ellos delitos con violencia
sexual o de género. En aras de la política de fomentar la desmovilización
de grupos armados, los combatientes que se reintegran en la sociedad no
son procesados por los abusos que puedan haber cometido y se les garantiza
que no pagarán por ellos.
Notas
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