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  Desigualdad y emergencia indígena en Bolivia

Derechos Humanos y democracia

Oscar del Álamo

Tomado del Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña

Durante los últimos meses ha sido frecuente el uso de expresiones como "emergencia indígena" en los medios periodísticos y académicos para hacer referencia a los sucesos que han tenido lugar en Bolivia. En efecto, algo sucede y ha sucedido en Bolivia aunque no es un fenómeno tan reciente a pesar de ser relativamente nuevo. Aunque la victoria de Evo Morales en las elecciones del 18 de diciembre ha provocado que la atención internacional se centre en los procesos político-organizativos centrados en la identidad indígena 1, lo cierto es que dichos procesos son el resultado de un proceso que abarca las tres últimas décadas. Un proceso sobre el que reflexionar si se tiene en cuenta que prácticamente desde hacía 200 años - quizás el último referente significativo al respecto sea el cerco de La Paz en 1781 - no se producían en Bolivia (ni en el resto de la región centro-andina) procesos organizativos basados en la reivindicación de las identidades originarias.

Asimismo, el proceso al que aludimos gana interés si tenemos en cuenta que muchos de los expertos y estudiosos en la materia habían pronosticado que las identidades originarias acabarían desapareciendo y cederían el paso a otras más modernas con el devenir de los años. Lo que ha ocurrido en Bolivia (sin olvidar lo que paralelamente ha tenido lugar en Ecuador durante las dos últimas décadas) evidencian que dichos pronósticos andaban errados; el país no sólo ha contemplado la creación de movimientos que tienen en su base la reivindicación de las identidades étnicas - junto a sus expresiones más directas: marchas, manifestaciones, bloqueos, etc. - sino la progresiva constitución de partidos políticos que han recogido, dentro de sus programas y proclamas, parte del ideario, las demandas y la cosmovisión indígena.

La elección de Evo Morales como nuevo presidente de la República, más que ser un hecho sorprendente, puede interpretarse como el resultado de un proceso que va más allá del último lustro como muchos interpretan. Así, tal y cómo ya formuló Xavier Albó en una de sus obras en 1991, se ha producido el "retorno del indio"; y no sólo eso ya que como el propio Albó anunciaba en 1994, "parece que los indios han entrado dentro del juego y cálculo político". O sea, las identidades no han desaparecido sino que siempre estuvieron (aunque relegadas) y ahora se han politizado.

Lo que tampoco ha dejado se sorprender a muchos es que los protagonistas de esta irrupción en el terreno político y formal hayan sido los propios indígenas. Hasta hace pocos años simplemente eran considerados, desde una perspectiva muy folklórica y paternalista, como una parte simbólica de Bolivia: como los guardianes de la tradición, como sujetos anclados en el pasado y cómo una simple rémora ante los procesos de modernidad que progresivamente han ido alterando el escenario nacional. Eso se debe en buena parte a la imagen que se ha proyectado del país, tanto a nivel nacional como internacional. A menudo se ha dicho (aunque no es algo exclusivo de Bolivia sino que podría extenderse también a Ecuador y Perú) que Bolivia combina tanto tradición como modernidad; que en Bolivia pueden encontrarse dos Bolivias: la "indígena" y aquella "no-indígena". Incluso se ha hecho alarde de la existencia de un "sistema híbrido" que es capaz de aglutinar armónicamente concepciones del mundo, hasta cierto punto, tan dispares. Es cierto, pero hasta hace pocos años nadie parecía haberse dado mucha cuenta de que dicha convivencia escondía un choque profundo de identidades que paulatinamente ha ido derivando en los conflictos de los últimos años.

Pueden darse muchas explicaciones, razones y motivos para explicar por qué se han producido estos conflictos. Entre ellas, que la combinación entre tendencias modernizantes y tradicionales no ha logrado solventar los graves problemas que el país arrastra desde la época de la colonia y la posterior formación de la República, en 1825, y que, generalmente, han acabado afectando siempre a los mismos sectores y estratos. De hecho, los considerados hitos de la modernidad en Bolivia (la Revolución Nacional de 1952, la llegada de la democracia treinta años después o incluso, para algunos, la aparición del Decreto 21060 y el Nuevo Programa Económico en 1985), en general, no han logrado incorporar en pie de igualdad (dentro de la diferencia) a los sectores tradicionalmente excluidos. De este modo, la brecha que separa a las mencionadas dos Bolivias sigue abierta y los logros cosechados hasta el momento no parecen ser muy amplios.

La desigualdad que caracteriza a Bolivia, y que afecta en mayor grado a las poblaciones indígenas, puede analizarse a través de diversos tipos de desigualdad. Para simplificar las cosas aquí, simplemente expondremos tres de esos tipos: la económica (a través de niveles de ingreso / consumo y condiciones de empleo), la social (a través de las diferencias en cuanto al acceso a servicios educativos y de salud, por ejemplo) y la política (referentes a los desequilibrios en cuanto a los derechos de acceso al poder político o a las instituciones legales). Asimismo, no debe olvidarse que cada uno de estos tipos está influenciado por dimensiones diversas: de localización (ámbito urbano / rural), geográfica (disparidad entre regiones), o grupal (por género, etc.). Estas dimensiones y tipos de desigualdad se interrelacionan y es difícil separar una de otra aunque puede ser útil establecer este tipo de separación para obtener una visión más clara de este complejo fenómeno.

Así, en cuanto al primer tipo señalado, Bolivia se caracteriza aún por tener que hacer frente a elevados índices de pobreza que si bien afectan a una amplia mayoría de la población, tienen una severidad más grave para las poblaciones indígenas del país. Así, casi dos tercios de la población indígena se encuentran entre el 50% más pobre del país y en las áreas rurales la extrema pobreza ha aumentado para las poblaciones indígenas (65 a 72%) y se ha reducido ligeramente para las poblaciones no indígenas (de 53 a 52%). Asimismo, sigue existiendo una diferencia de casi veinte puntos porcentuales entre la pobreza que afecta a los castellano parlantes en relación a la que afecta a aquellos sectores que hablan algún tipo de lengua originaria.

En gran parte, esta diferencia en cuento a niveles de pobreza se explica por las disparidades en cuanto a los niveles de ingreso. Así, la población no indígena gana 1.127 bolivianos al mes mientras que la población indígena empleada gana menos de la mitad de esta cantidad (513 bolivianos al mes). Si a ello añadimos que casi una tercera parte de la población indígena no recibe remuneración por su trabajo (en comparación al 13% de la población no indígena) y que, en el caso de las ganancias estuvieran perfectamente distribuidas, la población indígena boliviana requeriría el doble de ingresos por persona que la población no indígena para escapar de la pobreza, pueden obtenerse más claves explicativas de por qué la población indígena se encuentra en el peor lado de la balanza cuando las situaciones de desigualdad se observan desde un punto de vista económico.

Las diferencias en el plano económico también se detectan cuando se analizan las desigualdades sociales. En el sector educativo, la población indígena presenta 3,7 años menos de escolarización (5,9 años) que la población no indígena y apenas hace tres años, en 2002, mientras el 18% de la población no indígena de 15 años o mayor estaba en la escuela en comparación al 8% de la población indígena. Es cierto que las diferencias se han ido reduciendo con el paso de los años, pero aún hoy - de acuerdo al Censo de 2001 - casi un 20% de la población indígena no tiene ningún año de estudio (frente al 5,6% de la población no indígena) y la tasa de analfabetismo supera el listón del 19% (mientras que para los sectores contabilizados como no indígenas es del 4,5%).

En referencia al acceso a los servicios sanitarios, las diferencias tal vez no sean tan notables pero siguen siendo igual de significativas. Así, la población indígena tiene menos acceso a sanidad pública que la población no indígena (10% frente a 14%) y un menor acceso a la privada (2 frente a 5%). Por su parte, casi el 30% de mujeres indígenas pueden llevar sus hijos al hospital; la cifra se eleva al 55% para las mujeres no indígenas. Por eso, no son extrañas las distancias en cuanto a las tasas de mortalidad infantil - de acuerdo al Censo de 2001 - que siguen separando a unos colectivos de otros: para la población indígena, la tasa de mortalidad infantil es de 75 por mil mientras que para el resto de la población es de 52 por mil; una cifra que se estrecha en el entorno urbano pero que se amplia cuando se entra en el entorno rural. A todo ello, cabe añadir, entre otros problemas, tasas extremadamente altas de desnutrición en la población infantil.

Con estos parámetros, las diferencias en cuanto a puntuaciones referentes a los niveles de Desarrollo Humano son considerables. Básicamente, de acuerdo a datos de 2001, el Índice de Desarrollo Humano para las poblaciones no indígenas bolivianas estaría 58 posiciones más adelante (con un ranking de 76) que el de las poblaciones indígenas (134; la posición para el total de la población sería la 114). Esta cifra puede ser un buen parámetro para mostrar de un modo sintético y claro la fractura que separa a las "dos Bolivias". Una distancia que se acentúa si se tienen en cuenta: a) los perjuicios ocasionados en cuanto a recursos naturales y medio ambiente por parte de los proyectos de desarrollo (especialmente en las zonas del Chaco y la Amazonía) que, al margen de afectar a los intereses generales de todo el país, afectan especialmente a la población indígena dada su particular cosmovisión y relación con la tierra; b) los efectos de los procesos de reforma agraria y distribución de la tierra (especialmente en los valles y la zona altiplánica) que no han logrado solventar la polarización en cuanto a la propiedad de la tierra.

Los desequilibrios no pueden medirse simplemente con cifras. Hay que tener en cuenta varios factores y, entre ellos, un proceso histórico que se ha encargado de perpetuar diferencias a través de diferentes diseños y arreglos legales e institucionales que, a pesar de sus particularidades, han tenido un mismo efecto. Básicamente y en líneas generales, durante buena parte de los últimos cuatrocientos años y como consecuencia de dichas formulaciones, las poblaciones indígenas han visto como les era negado su derecho a mantener los rasgos propios de su identidad: lengua, cultura, costumbres, etc. Durante toda la etapa colonial, las poblaciones indígenas (no sólo en lo que actualmente es territorio boliviano sino en todos los territorios de expansión por los que concurrió la conquista) fueron relegadas al último tramo de la pirámide socio-económica y su papel fue simplemente instrumental, el de herramienta laboral para el progreso económico de las metrópolis coloniales (quizás el mejor exponente, aunque no el único, de este proceso fue el del trabajo en las minas para la extracción de minerales). La nueva República (1825), más que la ruptura de este esquema, supuso su continuidad y el asentamiento de los procesos de asimilación indígena a la población mestiza, una dinámica que se extendería incluso con el ideario de la Revolución Nacional de 1952 y la voluntad de cimentar un Estado-Nación a través de identidades campesinas (el proceso de sindicalización y los programas de extensión de la educación en el entorno rural fueron dos de los pilares fundamentales para este propósito) relegando las propiamente indígenas a un segundo plano.

Es cierto que la llegada de la democracia a Bolivia en 1982 supone un punto de inflexión en lo que a estos modelos se refiere aunque deben esperarse algunos años para que se den cambios destinados al reconocimiento de la pluralidad diversa que alberga el país. Así, en 1991 se ratifica el Convenio 169 de la OIT y, a través de la reforma constitucional de 1994 se emprende un giro en relación a la situación histórica descrita y que se inicia con artículos tan relevantes como el 1º (que reconoce que el país es multicultural y pluriétnico) o el 171º (en el que se reconocen derechos específicos para la población indígena) que constituyen un buen punto de partida para revertir esta situación. Asimismo, progresivamente se introducen transformaciones institucionales como la creación de la Subsecretaría de Asuntos Étnicos, el Viceministerio de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, el Comité de Pueblos Indígenas y Comunidades Originarias (en la Cámara de Diputados) o el Comité de Comunidades Indígenas y Campesinas (en el Senado).

Sin embargo, a pesar de los avances, el país sigue achacando la asincronía entre el reconocimiento formal de derechos para la población indígena y el pleno ejercicio de los mismos. La euforia por la elección de Evo Morales no debe hacer olvidar este aspecto, lo que no implica ignorar como la democracia boliviana ha sabido ganar en inclusividad en cuanto a la participación política de las poblaciones indígenas. Asimismo, la apertura democrática ha ofrecido un espacio caracterizado por el reconocimiento de derechos civiles y libertades políticas que ha sido aprovechado por parte de organizaciones y movimientos basados en la identidad étnica para hacer oír sus reclamos y reivindicaciones que, obviamente, abordan toda la serie de aspectos que se han detallado y no únicamente aquellos de carácter socio-económico que, quizás, por ser los más visibles acostumbran a ser los únicos que se tienen en cuenta en muchos análisis.

Ya los kataristas, en 1973, a través del Manifiesto de Tiwanaku exclamaban que la desigualdad que afectaba a las poblaciones indígenas no era sólo socio-económica sino también histórica, cultural e identitaria. De este modo, empezaban a oponerse a lo que había sido el estandarte de la Revolución Nacional de 1952: el modelo "mestizo homogéneo, es decir la creación de ciudadanos iguales ante la ley pero jurídicamente uniformes. De este modo, se hacía patente que luchar contra la desigualdad no era simplemente vencer los obstáculos que la falta de ingresos, por ejemplo, generaba sino también combatir los agravios históricos que se habían ido cimentando desde la época de la colonia sobre las poblaciones indígenas y originarias.

En este sentido, sería interesante preguntarse por qué este fenómeno de organización / movilización de base étnica se produce a partir de la década de los setenta / ochenta y no antes si se tiene en cuenta que la situación de desigualdad es un fenómeno que ha afectado durante tantos siglos y de manera más exacerbada a un segmento (mayoritario) de población. La respuesta a este interrogante es difícil y son muchos los factores que intervienen y que deben ser considerados. Obviamente la movilización / organización se produce cuando hay oportunidad (la democracia boliviana, aunque inestable, ha ofrecido el espacio necesario para ello), cuando existen medios / recursos (liderazgos, apoyos de otros actores - ONGs, Iglesias, etc.) y un motivo.

El motivo, la desigualdad, siempre ha estado allí pero ha podido contemplarse de modos y dimensiones diferentes. En la etapa contemporánea, el efecto de factores como por ejemplo las políticas económicas emprendidas 2, a pesar de los progresivos avances democráticos, han hecho que la insatisfacción y la desilusión sean los motivos por los que transcurre el proceso de organización. Puede pensarse que la situación de las poblaciones indígenas, en la actualidad, es mejor (en varios sentidos: económico, social, político) que la de hace 200 años. Seguramente será cierto, más si tenemos en cuenta que aportes recientes como los del Banco Mundial afirman que se ha producido una importante mejora en materia de desarrollo humano (sobre todo en educación y con un aumento de la representación política en los últimos decenios). Pero lo que se mantiene igual es la sensación de carecer de una igualdad efectiva de oportunidades.

Los cambios implementados no han logrado reducir la pobreza de los indígenas o las limitadas oportunidades para insertarse en el mercado de trabajo, entre otros aspectos. De este modo, parece lógico que en la medida que se conjugan motivos de arraigo histórico con oportunidades y disponibilidad de medios, en una etapa contemporánea y ausentes en periodos anteriores, se produzca la organización / movilización. Y con ello, constatar que la situación de desigualdad no es simplemente algo empírico, sino también simbólico, cultural, ideológico y por qué no, psicológico. Tener mejores condiciones de vida y mayor reconocimiento de derechos puede servir de poco si amplios colectivos de población siguen sintiendo que no gozan de las mismas posibilidades que el resto o incluso que las que disponían se han reducido.

Así, a pesar de las especificidades respectivas, los movimientos y organizaciones indígenas han ido recogiendo progresivamente el testigo y el legado que los kataristas dejaron en la zona andina durante la década de los setenta y principios de la de los ochenta. Es así como los movimientos indígenas y sus acciones en la amazonía durante la década de los noventa o la siguiente aparición de partidos políticos de base étnica (ASP, MIP, MAS) han incidido en la necesidad de salvar la brecha que sigue dividiendo a Bolivia en dos. A pesar de ciertas excepciones, esta demanda se ha hecho desde la senda de la moderación, de la convivencia y los parámetros del Estado Nación. Parece que progresivamente se han ido olvidando aquellos discursos más radicales que expresaban el retorno al Kollasuyo y la erosión de los pilares republicanos (el fracaso de Felipe Quispe y el MIP en las pasadas elecciones puede ser un buen indicador al respecto).

Lo que parece inevitable ahora es replantearse los principios que rigen el proceso de democratización y la construcción del Estado-Nación. Si seguramente ya se habían cuestionado desde hace décadas, la fuerza que han adquirido las organizaciones indígenas en el país ha hecho que este cuestionamiento planee sobre el futuro inmediato de Bolivia. Hoy más que nunca es incuestionable que las poblaciones indígenas se han convertido en actores estratégicos tanto a nivel informal (lo demuestran hechos recientes como la "guerra del agua" o la "guerra del gas" y los efectos que conllevaron) como formal (los resultados obtenidos por el MAS en las dos últimas elecciones son prueba de este punto de inflexión al que nos referimos) y que tienen la capacidad para llevar su agenda política e identitaria hasta límites impensables hace tan sólo unos años.

Así, hace apenas veinte años, la "acción indígena" (no sólo en Bolivia sino también en el resto de países de la región) transcurría por caminos alejados de la institucionalidad formal y con vistas a un corto plazo. El que un candidato indígena pudiera ocupar un lugar ubicado más allá del protagonismo en ciertos actos parecía imposible. La vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas, en 1993, constituía sólo la antesala de lo que empezaría a ocurrir diez años después. El hecho de que Bolivia tenga ahora, por primera vez, un presidente que se considera indígena y que el partido que lidera haya obtenido una ventaja tan abultada (la mayor en la historia de las elecciones democráticas en el país) son síntomas de que algo ha cambiado.

Por ahora, a pesar de los vaivenes, la democracia boliviana (con los arreglos formales e institucionales que se han dado) ha sido capaz de ir recortando el discurso y el andamiaje colonial que sustentaba las situaciones de desigualdad por motivos étnicos. Sin embargo, las demandas de los sectores indígenas (más aún cuando son amplias mayorías) van a requerir una etapa de reflexión e implementación sobre los procesos ya emprendidos. Es así como el respeto por los valores, por las culturas, por las cosmovisiones y por la autonomía que se reclama desde las poblaciones indígenas y originarias puede suponer tanto un punto de equilibrio como de nuevas inestabilidades. Vencer la desigualdad no es tarea fácil, todo lo contrario. Que Evo Morales sea presidente tampoco equivale a menores obstáculos y complejidades para hacerlo. Pero sí es sinónimo de nuevas oportunidades, nuevos enfoques y, quién sabe, tal vez mejores resultados.

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