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Tomado del
Instituto Internacional de Gobernabilidad de Cataluña
 Durante
los últimos meses ha sido frecuente el uso de expresiones como "emergencia
indígena" en los medios periodísticos y académicos para hacer referencia a
los sucesos que han tenido lugar en Bolivia. En efecto, algo sucede y ha
sucedido en Bolivia aunque no es un fenómeno tan reciente a pesar de ser
relativamente nuevo. Aunque la victoria de Evo Morales en las elecciones
del 18 de diciembre ha provocado que la atención internacional se centre
en los procesos político-organizativos centrados en la identidad indígena
1, lo cierto es que dichos procesos son el
resultado de un proceso que abarca las tres últimas décadas. Un proceso
sobre el que reflexionar si se tiene en cuenta que prácticamente desde
hacía 200 años - quizás el último referente significativo al respecto sea
el cerco de La Paz en 1781 - no se producían en Bolivia (ni en el resto de
la región centro-andina) procesos organizativos basados en la
reivindicación de las identidades originarias.
Asimismo, el proceso al que aludimos gana interés si
tenemos en cuenta que muchos de los expertos y estudiosos en la materia
habían pronosticado que las identidades originarias acabarían
desapareciendo y cederían el paso a otras más modernas con el devenir de
los años. Lo que ha ocurrido en Bolivia (sin olvidar lo que paralelamente
ha tenido lugar en Ecuador durante las dos últimas décadas) evidencian que
dichos pronósticos andaban errados; el país no sólo ha contemplado la
creación de movimientos que tienen en su base la reivindicación de las
identidades étnicas - junto a sus expresiones más directas: marchas,
manifestaciones, bloqueos, etc. - sino la progresiva constitución de
partidos políticos que han recogido, dentro de sus programas y proclamas,
parte del ideario, las demandas y la cosmovisión indígena.
La elección de Evo Morales como nuevo presidente de la
República, más que ser un hecho sorprendente, puede interpretarse como el
resultado de un proceso que va más allá del último lustro como muchos
interpretan. Así, tal y cómo ya formuló Xavier Albó en una de sus obras en
1991, se ha producido el "retorno del indio"; y no sólo eso ya que como el
propio Albó anunciaba en 1994, "parece que los indios han entrado dentro
del juego y cálculo político". O sea, las identidades no han desaparecido
sino que siempre estuvieron (aunque relegadas) y ahora se han politizado.
Lo que tampoco ha dejado se sorprender a muchos es que los
protagonistas de esta irrupción en el terreno político y formal hayan sido
los propios indígenas. Hasta hace pocos años simplemente eran
considerados, desde una perspectiva muy folklórica y paternalista, como
una parte simbólica de Bolivia: como los guardianes de la tradición, como
sujetos anclados en el pasado y cómo una simple rémora ante los procesos
de modernidad que progresivamente han ido alterando el escenario nacional.
Eso se debe en buena parte a la imagen que se ha proyectado del país,
tanto a nivel nacional como internacional. A menudo se ha dicho (aunque no
es algo exclusivo de Bolivia sino que podría extenderse también a Ecuador
y Perú) que Bolivia combina tanto tradición como modernidad; que en
Bolivia pueden encontrarse dos Bolivias: la "indígena" y aquella
"no-indígena". Incluso se ha hecho alarde de la existencia de un "sistema
híbrido" que es capaz de aglutinar armónicamente concepciones del mundo,
hasta cierto punto, tan dispares. Es cierto, pero hasta hace pocos años
nadie parecía haberse dado mucha cuenta de que dicha convivencia escondía
un choque profundo de identidades que paulatinamente ha ido derivando en
los conflictos de los últimos años.
Pueden darse muchas explicaciones, razones y motivos para
explicar por qué se han producido estos conflictos. Entre ellas, que la
combinación entre tendencias modernizantes y tradicionales no ha logrado
solventar los graves problemas que el país arrastra desde la época de la
colonia y la posterior formación de la República, en 1825, y que,
generalmente, han acabado afectando siempre a los mismos sectores y
estratos. De hecho, los considerados hitos de la modernidad en Bolivia (la
Revolución Nacional de 1952, la llegada de la democracia treinta años
después o incluso, para algunos, la aparición del Decreto 21060 y el Nuevo
Programa Económico en 1985), en general, no han logrado incorporar en pie
de igualdad (dentro de la diferencia) a los sectores tradicionalmente
excluidos. De este modo, la brecha que separa a las mencionadas dos
Bolivias sigue abierta y los logros cosechados hasta el momento no parecen
ser muy amplios.
La desigualdad que caracteriza a Bolivia, y que afecta en
mayor grado a las poblaciones indígenas, puede analizarse a través de
diversos tipos de desigualdad. Para simplificar las cosas aquí,
simplemente expondremos tres de esos tipos: la económica (a través de
niveles de ingreso / consumo y condiciones de empleo), la social (a través
de las diferencias en cuanto al acceso a servicios educativos y de salud,
por ejemplo) y la política (referentes a los desequilibrios en cuanto a
los derechos de acceso al poder político o a las instituciones legales).
Asimismo, no debe olvidarse que cada uno de estos tipos está influenciado
por dimensiones diversas: de localización (ámbito urbano / rural),
geográfica (disparidad entre regiones), o grupal (por género, etc.). Estas
dimensiones y tipos de desigualdad se interrelacionan y es difícil separar
una de otra aunque puede ser útil establecer este tipo de separación para
obtener una visión más clara de este complejo fenómeno.
Así, en cuanto al primer tipo señalado, Bolivia se
caracteriza aún por tener que hacer frente a elevados índices de pobreza
que si bien afectan a una amplia mayoría de la población, tienen una
severidad más grave para las poblaciones indígenas del país. Así, casi dos
tercios de la población indígena se encuentran entre el 50% más pobre del
país y en las áreas rurales la extrema pobreza ha aumentado para las
poblaciones indígenas (65 a 72%) y se ha reducido ligeramente para las
poblaciones no indígenas (de 53 a 52%). Asimismo, sigue existiendo una
diferencia de casi veinte puntos porcentuales entre la pobreza que afecta
a los castellano parlantes en relación a la que afecta a aquellos sectores
que hablan algún tipo de lengua originaria.
En gran parte, esta diferencia en cuento a niveles de
pobreza se explica por las disparidades en cuanto a los niveles de
ingreso. Así, la población no indígena gana 1.127 bolivianos al mes
mientras que la población indígena empleada gana menos de la mitad de esta
cantidad (513 bolivianos al mes). Si a ello añadimos que casi una tercera
parte de la población indígena no recibe remuneración por su trabajo (en
comparación al 13% de la población no indígena) y que, en el caso de las
ganancias estuvieran perfectamente distribuidas, la población indígena
boliviana requeriría el doble de ingresos por persona que la población no
indígena para escapar de la pobreza, pueden obtenerse más claves
explicativas de por qué la población indígena se encuentra en el peor lado
de la balanza cuando las situaciones de desigualdad se observan desde un
punto de vista económico.
Las diferencias en el plano económico también se detectan
cuando se analizan las desigualdades sociales. En el sector educativo, la
población indígena presenta 3,7 años menos de escolarización (5,9 años)
que la población no indígena y apenas hace tres años, en 2002, mientras el
18% de la población no indígena de 15 años o mayor estaba en la escuela en
comparación al 8% de la población indígena. Es cierto que las diferencias
se han ido reduciendo con el paso de los años, pero aún hoy - de acuerdo
al Censo de 2001 - casi un 20% de la población indígena no tiene ningún
año de estudio (frente al 5,6% de la población no indígena) y la tasa de
analfabetismo supera el listón del 19% (mientras que para los sectores
contabilizados como no indígenas es del 4,5%).
En referencia al acceso a los servicios sanitarios, las
diferencias tal vez no sean tan notables pero siguen siendo igual de
significativas. Así, la población indígena tiene menos acceso a sanidad
pública que la población no indígena (10% frente a 14%) y un menor acceso
a la privada (2 frente a 5%). Por su parte, casi el 30% de mujeres
indígenas pueden llevar sus hijos al hospital; la cifra se eleva al 55%
para las mujeres no indígenas. Por eso, no son extrañas las distancias en
cuanto a las tasas de mortalidad infantil - de acuerdo al Censo de 2001 -
que siguen separando a unos colectivos de otros: para la población
indígena, la tasa de mortalidad infantil es de 75 por mil mientras que
para el resto de la población es de 52 por mil; una cifra que se estrecha
en el entorno urbano pero que se amplia cuando se entra en el entorno
rural. A todo ello, cabe añadir, entre otros problemas, tasas
extremadamente altas de desnutrición en la población infantil.
Con estos parámetros, las diferencias en cuanto a
puntuaciones referentes a los niveles de Desarrollo Humano son
considerables. Básicamente, de acuerdo a datos de 2001, el Índice de
Desarrollo Humano para las poblaciones no indígenas bolivianas estaría 58
posiciones más adelante (con un ranking de 76) que el de las poblaciones
indígenas (134; la posición para el total de la población sería la 114).
Esta cifra puede ser un buen parámetro para mostrar de un modo sintético y
claro la fractura que separa a las "dos Bolivias". Una distancia que se
acentúa si se tienen en cuenta: a) los perjuicios ocasionados en cuanto a
recursos naturales y medio ambiente por parte de los proyectos de
desarrollo (especialmente en las zonas del Chaco y la Amazonía) que, al
margen de afectar a los intereses generales de todo el país, afectan
especialmente a la población indígena dada su particular cosmovisión y
relación con la tierra; b) los efectos de los procesos de reforma agraria
y distribución de la tierra (especialmente en los valles y la zona
altiplánica) que no han logrado solventar la polarización en cuanto a la
propiedad de la tierra.
Los desequilibrios no pueden medirse simplemente con
cifras. Hay que tener en cuenta varios factores y, entre ellos, un proceso
histórico que se ha encargado de perpetuar diferencias a través de
diferentes diseños y arreglos legales e institucionales que, a pesar de
sus particularidades, han tenido un mismo efecto. Básicamente y en líneas
generales, durante buena parte de los últimos cuatrocientos años y como
consecuencia de dichas formulaciones, las poblaciones indígenas han visto
como les era negado su derecho a mantener los rasgos propios de su
identidad: lengua, cultura, costumbres, etc. Durante toda la etapa
colonial, las poblaciones indígenas (no sólo en lo que actualmente es
territorio boliviano sino en todos los territorios de expansión por los
que concurrió la conquista) fueron relegadas al último tramo de la
pirámide socio-económica y su papel fue simplemente instrumental, el de
herramienta laboral para el progreso económico de las metrópolis
coloniales (quizás el mejor exponente, aunque no el único, de este proceso
fue el del trabajo en las minas para la extracción de minerales). La nueva
República (1825), más que la ruptura de este esquema, supuso su
continuidad y el asentamiento de los procesos de asimilación indígena a la
población mestiza, una dinámica que se extendería incluso con el ideario
de la Revolución Nacional de 1952 y la voluntad de cimentar un
Estado-Nación a través de identidades campesinas (el proceso de
sindicalización y los programas de extensión de la educación en el entorno
rural fueron dos de los pilares fundamentales para este propósito)
relegando las propiamente indígenas a un segundo plano.
Es cierto que la llegada de la democracia a Bolivia en
1982 supone un punto de inflexión en lo que a estos modelos se refiere
aunque deben esperarse algunos años para que se den cambios destinados al
reconocimiento de la pluralidad diversa que alberga el país. Así, en 1991
se ratifica el Convenio 169 de la OIT y, a través de la reforma
constitucional de 1994 se emprende un giro en relación a la situación
histórica descrita y que se inicia con artículos tan relevantes como el 1º
(que reconoce que el país es multicultural y pluriétnico) o el 171º (en el
que se reconocen derechos específicos para la población indígena) que
constituyen un buen punto de partida para revertir esta situación.
Asimismo, progresivamente se introducen transformaciones institucionales
como la creación de la Subsecretaría de Asuntos Étnicos, el Viceministerio
de Asuntos Indígenas y de Pueblos Originarios, el Comité de Pueblos
Indígenas y Comunidades Originarias (en la Cámara de Diputados) o el
Comité de Comunidades Indígenas y Campesinas (en el Senado).
Sin embargo, a pesar de los avances, el país sigue
achacando la asincronía entre el reconocimiento formal de derechos para la
población indígena y el pleno ejercicio de los mismos. La euforia por la
elección de Evo Morales no debe hacer olvidar este aspecto, lo que no
implica ignorar como la democracia boliviana ha sabido ganar en
inclusividad en cuanto a la participación política de las poblaciones
indígenas. Asimismo, la apertura democrática ha ofrecido un espacio
caracterizado por el reconocimiento de derechos civiles y libertades
políticas que ha sido aprovechado por parte de organizaciones y
movimientos basados en la identidad étnica para hacer oír sus reclamos y
reivindicaciones que, obviamente, abordan toda la serie de aspectos que se
han detallado y no únicamente aquellos de carácter socio-económico que,
quizás, por ser los más visibles acostumbran a ser los únicos que se
tienen en cuenta en muchos análisis.
Ya los kataristas, en 1973, a través del Manifiesto de
Tiwanaku exclamaban que la desigualdad que afectaba a las poblaciones
indígenas no era sólo socio-económica sino también histórica, cultural e
identitaria. De este modo, empezaban a oponerse a lo que había sido el
estandarte de la Revolución Nacional de 1952: el modelo "mestizo
homogéneo, es decir la creación de ciudadanos iguales ante la ley pero
jurídicamente uniformes. De este modo, se hacía patente que luchar contra
la desigualdad no era simplemente vencer los obstáculos que la falta de
ingresos, por ejemplo, generaba sino también combatir los agravios
históricos que se habían ido cimentando desde la época de la colonia sobre
las poblaciones indígenas y originarias.
En este sentido, sería interesante preguntarse por qué
este fenómeno de organización / movilización de base étnica se produce a
partir de la década de los setenta / ochenta y no antes si se tiene en
cuenta que la situación de desigualdad es un fenómeno que ha afectado
durante tantos siglos y de manera más exacerbada a un segmento
(mayoritario) de población. La respuesta a este interrogante es difícil y
son muchos los factores que intervienen y que deben ser considerados.
Obviamente la movilización / organización se produce cuando hay
oportunidad (la democracia boliviana, aunque inestable, ha ofrecido el
espacio necesario para ello), cuando existen medios / recursos
(liderazgos, apoyos de otros actores - ONGs, Iglesias, etc.) y un motivo.
El motivo, la desigualdad, siempre ha estado allí pero ha
podido contemplarse de modos y dimensiones diferentes. En la etapa
contemporánea, el efecto de factores como por ejemplo las políticas
económicas emprendidas 2, a pesar de los
progresivos avances democráticos, han hecho que la insatisfacción y la
desilusión sean los motivos por los que transcurre el proceso de
organización. Puede pensarse que la situación de las poblaciones
indígenas, en la actualidad, es mejor (en varios sentidos: económico,
social, político) que la de hace 200 años. Seguramente será cierto, más si
tenemos en cuenta que aportes recientes como los del Banco Mundial afirman
que se ha producido una importante mejora en materia de desarrollo humano
(sobre todo en educación y con un aumento de la representación política en
los últimos decenios). Pero lo que se mantiene igual es la sensación de
carecer de una igualdad efectiva de oportunidades.
Los cambios implementados no han logrado reducir la
pobreza de los indígenas o las limitadas oportunidades para insertarse en
el mercado de trabajo, entre otros aspectos. De este modo, parece lógico
que en la medida que se conjugan motivos de arraigo histórico con
oportunidades y disponibilidad de medios, en una etapa contemporánea y
ausentes en periodos anteriores, se produzca la organización /
movilización. Y con ello, constatar que la situación de desigualdad no es
simplemente algo empírico, sino también simbólico, cultural, ideológico y
por qué no, psicológico. Tener mejores condiciones de vida y mayor
reconocimiento de derechos puede servir de poco si amplios colectivos de
población siguen sintiendo que no gozan de las mismas posibilidades que el
resto o incluso que las que disponían se han reducido.
Así, a pesar de las especificidades respectivas, los
movimientos y organizaciones indígenas han ido recogiendo progresivamente
el testigo y el legado que los kataristas dejaron en la zona andina
durante la década de los setenta y principios de la de los ochenta. Es así
como los movimientos indígenas y sus acciones en la amazonía durante la
década de los noventa o la siguiente aparición de partidos políticos de
base étnica (ASP, MIP, MAS) han incidido en la necesidad de salvar la
brecha que sigue dividiendo a Bolivia en dos. A pesar de ciertas
excepciones, esta demanda se ha hecho desde la senda de la moderación, de
la convivencia y los parámetros del Estado Nación. Parece que
progresivamente se han ido olvidando aquellos discursos más radicales que
expresaban el retorno al Kollasuyo y la erosión de los pilares
republicanos (el fracaso de Felipe Quispe y el MIP en las pasadas
elecciones puede ser un buen indicador al respecto).
Lo que parece inevitable ahora es replantearse los
principios que rigen el proceso de democratización y la construcción del
Estado-Nación. Si seguramente ya se habían cuestionado desde hace décadas,
la fuerza que han adquirido las organizaciones indígenas en el país ha
hecho que este cuestionamiento planee sobre el futuro inmediato de
Bolivia. Hoy más que nunca es incuestionable que las poblaciones indígenas
se han convertido en actores estratégicos tanto a nivel informal (lo
demuestran hechos recientes como la "guerra del agua" o la "guerra del
gas" y los efectos que conllevaron) como formal (los resultados obtenidos
por el MAS en las dos últimas elecciones son prueba de este punto de
inflexión al que nos referimos) y que tienen la capacidad para llevar su
agenda política e identitaria hasta límites impensables hace tan sólo unos
años.
Así, hace apenas veinte años, la "acción indígena" (no
sólo en Bolivia sino también en el resto de países de la región)
transcurría por caminos alejados de la institucionalidad formal y con
vistas a un corto plazo. El que un candidato indígena pudiera ocupar un
lugar ubicado más allá del protagonismo en ciertos actos parecía
imposible. La vicepresidencia de Víctor Hugo Cárdenas, en 1993, constituía
sólo la antesala de lo que empezaría a ocurrir diez años después. El hecho
de que Bolivia tenga ahora, por primera vez, un presidente que se
considera indígena y que el partido que lidera haya obtenido una ventaja
tan abultada (la mayor en la historia de las elecciones democráticas en el
país) son síntomas de que algo ha cambiado.
Por ahora, a pesar de los vaivenes, la democracia
boliviana (con los arreglos formales e institucionales que se han dado) ha
sido capaz de ir recortando el discurso y el andamiaje colonial que
sustentaba las situaciones de desigualdad por motivos étnicos. Sin
embargo, las demandas de los sectores indígenas (más aún cuando son
amplias mayorías) van a requerir una etapa de reflexión e implementación
sobre los procesos ya emprendidos. Es así como el respeto por los valores,
por las culturas, por las cosmovisiones y por la autonomía que se reclama
desde las poblaciones indígenas y originarias puede suponer tanto un punto
de equilibrio como de nuevas inestabilidades. Vencer la desigualdad no es
tarea fácil, todo lo contrario. Que Evo Morales sea presidente tampoco
equivale a menores obstáculos y complejidades para hacerlo. Pero sí es
sinónimo de nuevas oportunidades, nuevos enfoques y, quién sabe, tal vez
mejores resultados.
Notas
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