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 Comunidades negras: el derecho a ser diferentes

Entrevista

Libia Grueso Castelblanco

Parte 1 / 2

Libia Grueso Castelblanco es una afro descendiente colombiana, trabajadora social y politóloga, que ha venido acompañando al proceso organizativo de las comunidades negras en la lucha por sus derechos por más de veinte años.

Nacer en Buenaventura, un puerto sobre el Océano Pacífico, contribuyó a definir un compromiso personal con los afrodesdendientes por encima de su carrera profesional. Libia fue ganadora en el año 2004 del Premio Ambiental Goldman, considerado el Premio Nobel Ambiental.

A propósito del premio, Enrique Leff Zimmerman, coordinador de la Red de Entrenamiento Ambiental para América Latina y el Caribe dijo: "Grueso y el Proceso de Comunidades Negras (PCN) han sido los más efectivos a la hora de poner en práctica una visión innovadora y una estrategia para el desarrollo sostenible basado en el alianza entre la ecología y la cultura".

"El hecho de que las comunidades negras tengan todavía los bosques no es un azar del destino, es porque hay una visión cultural profunda que respeta a la naturaleza."

"No se puede perder la esperanza, porque de verdad creo que hemos avanzado mucho, hace 20 años que no se hablaba de comunidades negras en América Latina. […]Un sueño por el que luchamos es obtener derechos, mucho más allá, de lo que la conferencia contra el racismo ha establecido"


Usted ha sido una de las cofundadoras del Proceso de Comunidades Negras (PCN) ¿Qué es esta organización y que ha logrado hasta hoy?

El PCN surge como red de organizaciones a finales de la década de los 80’s. Es anterior al proceso de la Asamblea Nacional Constituyente que hubo en 1991. PCN es una red de organizaciones que se pone de acuerdo para plantear a la Constitución Nacional una propuesta de reconocimiento desde las comunidades negras. Se alcanzaron a unir casi 800 organizaciones en todo el país: urbanas, rurales, campesinas, de jóvenes y mujeres. Las había grandes y pequeñas pero todas tenían un punto en común: eran organizaciones que se identificaban con los principios o propuestas de las comunidades negras como razón de ser.

En el proceso de la Asamblea Constituyente se planteó la necesidad de una constitución que reconociese los derechos de la comunidad negra y por primera vez se exigió un derecho desde la diferencia, no de la igualdad, sino desde la diferencia.

¿Desde la diferencia?

Es decir, siempre se había planteado "igualdad para las comunidades", que es lo que hoy se llama la discriminación positiva, pero lo que las organizaciones plantearon fue que teníamos derechos a ser comunidades negras con derechos especiales, por ejemplo, el derecho a los territorios, más que a la tierra a los territorios, y el derecho de Ser con una visión propia como comunidad negra y como cultura.

El derecho de Ser culturalmente distintos fue el primer principio que se definió. Esto luego se convirtió en estrategias organizativas, pero lo primero que identificó a la gente fue el derecho de ser culturalmente distintos, porque se tenía otra manera de pensar y una manera diferente de ver las cosas. Se planteó que no éramos típicos campesinos por lo que requeríamos derechos especiales. Bajo ese primer principio fue que se logró articular a todas esas organizaciones alrededor de la lucha por el reconocimiento en la Asamblea Nacional Constituyente en el 91.

Del año 92 para acá empieza el proceso del conflicto violento en las comunidades. Surgen fuerzas contrarias a los derechos de las comunidades negras y empiezan las persecuciones. Varias redes resultaron afectadas, muchos líderes fueron perseguidos y algunos fueron asesinados. Estas represiones empezaron después que esos derechos fueron reconocidos en la Constitución. Se había logrado que se incluyera un artículo que reconociera a las comunidades negras, el derecho al territorio y a la identidad cultural. Fue el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991. Esto fue un gran logro en el trabajo de esas organizaciones. En ese artículo se aclaraba que a los dos años siguientes de proclamada la Constitución se debía conformar un equipo para que trabajara con el gobierno en una propuesta de reglamentación del artículo. Ese proceso culminó con la formulación de la Ley 70 de 1993. Como resultado de esta ley esas organizaciones se fortalecieron, pero ese mismo fortalecimiento provocó que otros sectores que estaban en contra del derecho al territorio empezaran a perseguir a los líderes.

Hizo una diferenciación entre el derecho al territorio y el derecho a la tierra ¿por qué esa distinción?

Resulta que las comunidades negras tradicionalmente no se han regido por las normas jurídicas del país, no por una decisión de ellas sino por la misma ausencia del Estado. Digamos que en nuestras comunidades muchos no tenían cédulas, pero se había producido un proceso de ocupación de tierras desde la época de la colonia y de la esclavitud. Nuestra gente nunca antes tuvo ni tomo la opción de legalizar las tierras, en parte por su concepción cultural. Estas comunidades no miran la tierra como propiedad particular, sino que simplemente la gente usa la tierra, pero con una visión cultural de que la tierra no es algo que los hombres tengan que dominar sino de que la tierra es para usarla y no para poseerla o sobre-explotarla. Es una visión cultural diferente.

El hecho de que muchas de nuestras comunidades no tuvieran título de la tierra planteó el derecho a una titulación colectiva. La gente establecía colonias de parentescos amplios en las cuencas de los ríos y el uso de la tierra era indistinto. Cada familia tenía derecho a usar la tierra dentro de una línea de parentescos heredadas generación a generación y respetada por el conjunto de la comunidad. Ellos le llaman colinos, no propiedades, ni fincas. Una familia cercana a un río podía tener varios colinos, dependiendo de la cosecha, de la época, o de los cambios del clima, es decir, no había propiedades particulares sino espacios de uso por las familias, distribuidas a lo largo del río. Esta forma de propiedad era imposible de entender por la legislación colombiana, por eso nunca le hacían préstamos u otorgaban créditos, porque no tenían títulos de propiedad sino que simplemente hacían uso de la tierra. En estas comunidades se respeta los espacios de los otros, eso fue lo que dio origen a que se solicitaran un título colectivo sobre el territorio, el gobierno lo llama título de tierra pero para la comunidad es el territorio.

Con la Ley 70 se reconoció ante la sociedad colombiana el derecho al título colectivo. Al interior de las comunidades, el título colectivo se rige por los derechos consuetudinarios. La proclamación de la Ley 70 es el reconocimiento a las comunidades negras que han estado ocupando un territorio por varias generaciones y una muestra de respeto cultural. Fue la reglamentación de la Ley 70 la que estableció la existencia del consejo comunitario como forma de gobierno propio al interior del territorio colectivo.

El territorio es el espacio apropiado por un grupo humano para su producción física, social y cultural. Es el espacio físico, las plantas y los animales; es el espacio nombrado, utilizado, caminado y recorrido. Es la forma de disposición de caseríos y viviendas, la economía las formas de trabajo, los calendarios de fiestas culturales y religiosas, las relaciones sociales, la autoridad y la cosmovisión. Todas estas acciones que realiza el ser humano sobre el espacio son territorialidad, que en su desarrollo, construyen territorio.

Para las comunidades negras, el territorio está constituido por el área donde obtienen los alimentos: los ríos, las ciénagas, las quebradas, el monte, las fincas o trabajaderos. El territorio contempla, también, los lugares donde viven, los caminos que recorren, los cementerios, los ritos tradicionales, las costumbres y creencias.

A partir de la ley 70 se evoluciona hacia una mayor autonomía ¿En qué ha beneficiado a esas comunidades la aprobación de la Ley 70?

La ley 70 fue aprobada en el 1993. Creo que cuando la Asamblea Nacional Constituyente reconoció los títulos nunca se imaginaban cuantos negros éramos, ni cuantos ríos había en el Pacifico, ni en cuantas zonas similares como los valles interandinos estábamos. Fue después de aprobada la Ley cuando fueron a percatarse de la dimensión del problema. En el caso del Pacifico se están solicitando alrededor de 9 millones de Has entre territorios indígenas y territorios colectivos de comunidades negras, en una zona estratégica de cerca de 11 millones de hectáreas como es el Pacífico y resulta que en esa zona hay intereses de grupos de poder económicos externos a la región que querían hacer nuevos proyectos apropiándose de esos territorios, por lo que hubo una evidente contradicción de intereses. La ley 70 se convirtió en un obstáculo para esas fuerzas económicas y ahí fue donde apareció el conflicto en los territorios de comunidades negras.

Fue justo donde había megaproyectos programados, donde se crearon focos de conflictos para obligar a un desplazamiento de las comunidades. Hoy en día, la comunidad más desplazada del país es la comunidad negra y precisamente es en las zonas donde coincidían los títulos colectivos con los megaproyectos donde mayor desplazamiento ha ocurrido. Creo que este conflicto fue construido intencionalmente, por un mero interés económico, para desplazar a la comunidad y apropiarse de los territorios.

¿Y qué estrategia tienen en relación a este conflicto? ¿Cómo van a resolverlo?

Un ejemplo de este conflicto, tal vez el más grave de todos está en la zona del Nariño y el Uraba Chocoano, que son los dos extremos del Pacífico. En estas áreas se viene impulsando la plantación de cultivos de palmas aceiteras, que son mal llamadas palmas africanas. Es una estrategia de ocupación, por un lado trataron de enamorar a la gente con falsas promesas con los cultivos de la palma para sustituir el bosque. Ese proyecto de palma es promovido por agroindustriales poderosos del país, y cuenta con la bendición del gobierno nacional que tiene también intereses en ese tipo de cultivo. Una de las estrategias que han utilizado estos industriales es la apropiación por la vía de la coerción, obligando a la gente a vender, y él que no vende pues lo sacan a amenazas y agresiones. A lo largo de este proceso de expropiación se han dado varios casos de asesinatos a aquellas personas que se opusieron abiertamente. Por ejemplo, el primer presidente del consejo comunitario que hubo en Nariño, Francisco Hurtado se llamaba, fue la primera persona que asesinaron en 1992; porque él fue uno de los que denunció que el avance en la palma estaba en contra de los derechos colectivos. En esa época todavía no habían titulado esa zona, y él denunció de que no se podían entregar concesiones a los palmeros hasta que no se titularan las tierras a las comunidades negras, porque ya la ley estaba vigente. Eso provocó su asesinato y de ahí para acá han muerto muchísimos. Se calcula que solamente en Nariño, después de la ley 70, hay más de 135 personas asesinadas por problemas de la titulación de la tierra.

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