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 La
prostitución infantil consiste en el uso de niños y niñas en actividades
sexuales con remuneración económica u otro tipo de compensación.
La explotación sexual de la infancia mediante la
prostitución es un viejo y extendido problema. En muchos países ha
existido durante siglos como parte de tradiciones históricas y culturales.
Circunstancias internacionales recientes, como la crisis
económica asiática de 1997 y la transición a la economía capitalista de
libre mercado en Europa del Este, han agravado el problema.
La demanda local de prostitución infantil ha sido siempre,
y continúa siendo en nuestros días, un factor significativamente
importante en la permanencia del problema. En cambio, la demanda externa,
y si nos atenemos tan solo a las cifras de casos, es menor. Sin embargo,
la mayoría de los esfuerzos para combatir la prostitución infantil en los
países donde se produce se concentra en los abusos cometidos por
explotadores extranjeros.
Abuso e impunidad
Existen dos razones principales para esta orientación en
el abordaje del problema. La primera es que el poder económico y social
del explotador extranjero es mucho mayor que el del niño/a y de este modo
el abuso de poder se acentúa. La segunda razón es que el abusador foráneo
puede abandonar fácilmente el país en el que ha cometido su crimen y así
escapar de la justicia. Por este último motivo, en numerosos países se
está promoviendo el uso de legislaciones de ámbito extraterritorial.
La legislación extraterritorial permite a un país procesar
a sus ciudadanos por crímenes contra la infancia cometidos en cualquier
lugar fuera del país de origen. Muchos Estados no requieren que el acto
por el que se acusa a un ciudadano sea considerado también delito en el
país en el que se ha cometido (doble criminalización). Hasta la fecha al
menos 32 países (entre ellos España) han adoptado legislaciones
extraterritoriales para combatir los delitos contra a la infancia.
Todavía, las autoridades nacionales se encuentran con
numerosos obstáculos cuando investigan delitos de este tipo en otros
países. Es fundamental la cooperación de la policía local para reunir
pruebas y testimonios que puedan servir eficazmente en el proceso. Las
diferencias idiomáticas, culturales, y en la actitud contra la ESCI pueden
dificultar posteriormente la intervención.
La demanda extranjera ha sido estimulada a menudo por
políticas de desarrollo económico que promueven la inversión foránea,
atrayendo tanto turistas como ciudadanos de otros países que abandonan su
país de origen. La presencia de personal militar, fuerzas de pacificación,
y trabajadores ha representado también en algunos casos un factor
estimulador de la explotación de niños y niñas en la prostitución.
La prostitución infantil en Filipinas floreció durante los
años 1970-1980 con la presencia de la armada estadounidense en la bahía de
Olongapo. La base militar fue cerrada durante un tiempo, pero se reabrió
poco después como lugar de ejercicios militares y de ocio. Además, se
firmó un acuerdo con las autoridades locales para garantizar la inmunidad
legal frente a cualquier comisión de delito a todo el personal militar
mientras permaneciese en Filipinas. La Fundación PREDA, una importante ONG
filipina, vio en este acuerdo una forma de incitación a abusar de mujeres
y niños, e inició una campaña de denuncia de este acuerdo.
El anterior no es un caso aislado. La llegada de los
destacamentos militares de la Autoridad de Transición de las Naciones
Unidas para Camboya (UNTAC) a principios de los años 90 coincidió con un
incremento importante de la prostitución infantil en ese país. En 1992, en
Mozambique, soldados de la UNOMOZ (fuerzas de pacificación de la ONU)
reclutaron niñas de entre 12 y 18 años para utilizarlas en la
prostitución.
Más recientemente, la presencia de tropas de la OTAN en
Kosovo ha causado el incremento en el número de bares y clubes nocturnos
en toda la provincia. Muchas jóvenes, muchas menores de 16 años, han sido
capturadas y forzadas a ofrecer servicios sexuales a soldados y hombres de
negocios.
Según un informe de la ONU respecto a la explotación
sexual de la infancia en situaciones de conflicto armado, el
desplegamiento de fuerzas de pacificación en un territorio ha sido
asociada con un rápido aumento de la prostitución infantil en seis de los
doce países analizados.
Prostitución infantil y turismo
 Los
turistas que practican sexo con niños/as pueden provenir de todos los
estratos sociales: pueden estar casados o solteros, ser hombres o mujeres,
poseer un buen estatus económico o ser simples viajeros con pocos
recursos. Pueden ser pedófilos que se desplazan específicamente para
explotar niños/as o turistas que no planean en principio su destino con
intención de cometer abusos.
El anonimato, la gran disponibilidad de niños y niñas, y
la circunstancia de estar lejos de sus países de origen, lejos de las
convenciones sociales y morales que normalmente regulan sus conductas,
puede hacer que un simple turista se convierta en un abusador en un país
extranjero. Muchos turistas justifican su conducta arguyendo que el abuso
es culturalmente aceptable en el país de destino, o que en realidad están
ayudando al niño/a a conseguir algo de dinero.
El turismo no es la causa de la explotación sexual de la
infancia; sin embargo los explotadores pueden aprovecharse de las
facilidades ofrecidas por la industria turística (hoteles, bares, clubes
nocturnos, etc.). A su vez, la industria turística puede ayudar a crear
demanda promoviendo determinadas imágenes de localización exótica. En
general, los viajes turísticos sexuales con niños/as son organizados
informalmente entre amigos y colegas, sin embargo se han dado casos de
agencias de viaje que han sido procesadas por ofrecer este tipo de
servicios ilícitos.
Todos los Grupos que forman la Red Internacional de ECPAT
han trabajado en cooperación con la industria turística y sus Gobiernos
nacionales aunando esfuerzos con el objetivo de detener el flujo de
turistas sexuales que utilizan niños y niñas.
La industria turística ha jugado un papel fundamental en
la lucha contra la explotación sexual comercial de la infancia. Algunas de
sus acciones incluyen creación de grupos de trabajo específicos,
seguimiento y autocontrol de sus actividades, implementación de códigos de
conducta, utilización de vídeos de difusión como parte de amplias campañas
educativas, y formación en escuelas de turismo y entre el personal de las
empresas.
Los Gobiernos, tanto de los países emisores como de los
receptores, también están respondiendo al problema de la ESCI. El
Ministerio de Asuntos Exteriores de Australia (en colaboración con ECPAT
Australia) distribuye folletos informativos entre los empleados de los
aeropuertos, de los centros de vacunación, de las oficinas de tramitación
de pasaportes, y de las embajadas australianas en todo el mundo. El
Ministerio de Turismo de Brasil (EMBRATUR) ha puesto en marcha una línea
telefónica específica (hotline) para denunciar casos de abuso sexual
infantil, y promueve su utilización tanto entre sus ciudadanos como entre
turistas extranjeros. También ha confeccionado pósteres, folletos y
tickets de viaje con el eslogan "Cuidado, Brasil te está mirando".
Los destinos de los turistas que explotan sexualmente a
niños/as están cambiando actualmente. Conforme se realizan avances en
prevención y protección en un determinado país, los explotadores escogen
otro territorio vecino como destino preferente. Este movimiento puede
apreciarse claramente en el caso de Tailandia, destino tradicional de
turismo sexual con niños/as, que en los últimos años comienza a ser
sustituido por la vecina Camboya. Los destinos también pueden cambiar
hacia una nueva región del mundo, como resultado de una búsqueda de lo
"exótico" o por mera conveniencia. Costa Rica es presentada como "la
Tailandia del patio trasero" de Estados Unidos y encabeza el ranking de
países en los que a través de Internet pueden encontrarse fácilmente
lugares con niños/as que se prostituyen a precios extremadamente
reducidos.
Se estima que en el año 1999 Costa Rica recibió cerca de
5000 turistas con la intención específica de explotar sexualmente a
niños/as. El 80 % de los turistas arrestados por abuso sexual correspondió
a ciudadanos norteamericanos. El Gobierno está siendo acusado de
reaccionar muy lentamente ante el problema de la ESCI y de destinar
escasos recursos humanos y económicos a combatirla. No obstante,
recientemente el Gobierno mediante una comisión específica ha iniciado
acciones de formación a la policía, ha reformado el Código Penal, y ha
iniciado un campaña de prevención.
Combatir la explotación sexual comercial infantil
 A
pesar de los grandes esfuerzos de las organizaciones y personas que luchan
contra la explotación sexual infantil, ésta parece ser un fenómeno
creciente, que se extiende tanto en número como en ámbito de incidencia.
La indiferencia y la ignorancia, la perpetuación de
actitudes y valores sociales que reducen a los niños/as a una simple
mercancía, la ausencia de legislaciones adecuadas, la corrupción, y una
limitada concienciación de la importancia de una correcta aplicación de la
protección, son los factores principales que facilitan, directa o
indirectamente, la explotación sexual de la infancia.
Obviamente, es necesario contar con leyes que protejan a
los niños/as, pero la legislación por si sola no es eficaz ni se acompaña
de medios que aseguren su aplicación correcta.
La corrupción policial y entre otros agentes encargados de
la aplicación de la legislación es considerada frecuentemente como el
mayor obstáculo para combatir la ESCI. Como en en la mayoría de
actividades ilegales, es difícil conocer exactamente el grado real de
corrupción existente entorno a este problema. Aunque es cierto que los
traficantes pueden cruzar a menudo las fronteras gracias a la colaboración
de agentes de policía y oficiales (a cambio de servicios gratuitos en los
burdeles), es muy importante remarcar que la inmensa mayoría de los
policías y de los representantes de las autoridades no son en absoluto
corruptos.
Las medidas para combatir la corrupción deben centrarse en
la correcta selección del personal, el establecimiento de salarios y
condiciones laborales adecuados, así como en diseñar mecanismos adecuados
de supervisión y para los procedimientos disciplinarios. Lo ideal sería
que los propios encargados de la aplicación de la ley fueran los que se
opusieran enérgicamente a la corrupción entre sus miembros y establecieran
mecanismos adecuados de control. Adicionalmente, sería necesario también
crear organismos nacionales independientes que pudieran investigar los
fenómenos de corrupción.
La formación es otra vía para concienciar a los organismos
policiales y encargados de la aplicación de la ley. Desde 1996, en
Turquía, se han iniciado numerosos programas de formación destinados a
mejorar la eficacia de los servicios de protección de la infancia. Estos
se han desarrollado con la colaboración de diferentes organizaciones
turcas, así como con el asesoramiento de organismos internacionales como
INTERPOL, OIT y UNICEF.
La policía de Costa Rica ha implementado recientemente
programas de formación sobre la ESCI a sus miembros. El FBI trabaja
conjuntamente con investigadores para identificar sitios de Internet que
promuevan el turismo sexual infantil hacia aquel país.
La creación de unidades especializadas en protección
infantil es otro método eficaz para combatir la prevalencia de la
explotación sexual. En Sri Lanka existe ya una oficina específica para
mujeres y niños/as en cada comisaría de policía.
Este tipo de unidades también se han creado en Etiopía con
la ayuda del Grupo ECPAT presente en aquel país (Forum on Street Children
Ethiopia, FSCE). El proyecto se está extendiendo satisfactoriamente, y
actualmente cuenta con una oficina en cada una de las 28 comisarías
existentes en la capital. Constituye un ejemplo excelente de los buenos
resultados que puede proporcionar el trabajo conjunto entre fuerzas
policiales y ONG. En cada unidad se realizan seminarios de formación sobre
derechos de la infancia y abuso sexual. Las intervenciones con los menores
en cada comisaría se realizan en equipos de tres personas: dos policías no
uniformados (un hombre y una mujer) y un trabajador social.
Los legisladores, los fiscales y los jueces de cada país
pueden ayudar a desarrollar leyes y políticas que protejan el superior
interés del niño/a, así como implementar procedimientos judiciales que
sean respetuosos con su especial condición.
Los educadores y profesionales de la enseñanza pueden
introducir elementos de concienciación y de prevención en los currículums
escolares y en los planes de estudio universitarios.
Los periodistas y editores pueden rechazar la publicación
de artículos sensacionalistas o el uso de fotografías que muestren
claramente a niños/as siendo explotados o que no protejan suficientemente
su intimidad e identidad. Así mismo también pueden utilizar los medios de
que disponen para contribuir a sensibilizar a la población general sobre
la ESCI.
Los líderes comunitarios, económicos y religiosos pueden
apoyar la creación y mantenimiento de centros cívicos y refugios para
menores de la calle, así como proporcionar oportunidades para su formación
y reinserción social. Pueden promocionar los derechos de la infancia y
adoptar políticas específicas para la protección.
Los agentes de viajes y operadores turísticos pueden
mostrar en sus establecimientos signos de que apoyan las campañas contra
la ESCI y/o la legislación de protección, y pueden ayudar a establecer
códigos de conducta a escala nacional o regional. Los turistas pueden
rechazar claramente el apoyo a cualquier aspecto de la industria turística
que esté involucrado en la explotación sexual.
Los profesionales que trabajan en la industria de
Internet, como los proveedores de servicios (PSI), pueden adoptar códigos
de conducta, rechazar el alojamiento de sitios que incluyan pornografía
infantil, y colaborar estrechamente con las líneas telefónicas de denuncia
(hotlines) y las agencias encargadas de aplicación de la ley.
Los propios niños/as y jóvenes pueden participar
activamente para asegurar que sus opiniones son tenidas en cuenta
socialmente. Pueden formar parte de redes de centros juveniles; promover
en sus escuelas la implementación de actividades de difusión y
concienciación sobre la ESCI; presionar a sus gobiernos para que adopten
medidas efectivas de prevención y protección. Pueden incluso ser formados
para actuar como consejeros de ellos mismos.
Todos los ciudadanos pueden realizar acciones de difusión
y sensibilización conversando con sus colegas, grupos comunitarios,
estudiantes, grupos religiosos y políticos, sobre el fenómeno de la
explotación sexual. Pueden denunciar cualquier actividad relacionada con
la ESCI a la policía o en líneas telefónicas de tipo hotline. La
ciudadanía puede presionar a sus gobiernos para que adopten, refuercen o
adecuen sus leyes nacionales para combatir la ESCI.
Finalmente, tú puedes también ayudarnos a combatir la ESCI
apoyando a alguno de los Grupos ECPAT u otras organizaciones de defensa de
los derechos de la infancia.
Más información
ACIM / ECPAT España
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