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  Una ofensiva de paz: de la autonomía indígena a la gobernabilidad en Michoacán

Prevención y resolución de conflictos

Bertha Dimas Huacuz

Parte 1 / 2

  1. Ingobernabilidad y Violencia en Michoacán, México
  2. Principios y Propósitos de la Gobernabilidad
  3. Autonomía Indígena y Gobernabilidad Comunal
  4. Una Ofensiva de Paz
  5. Bibliografía

Pintor michoacano Rodrigo PimentelVivimos en un mundo inhumano, plagado de conflictos, nuevas amenazas y zonas de desastre que irrumpen en la escena día tras día. Principalmente en el hemisferio sur del globo terráqueo, pequeñas y grandes catástrofes naturales y crisis locales y regionales se multiplican por intereses geopolíticos y económicos; por acciones injustificadas de genocidio y "limpieza étnica"; por cacicazgos y el control de territorios y las fuentes estratégicas de recursos naturales, así como por las desigualdades sociales y económicas existentes. 1 Cuando las imágenes televisivas de algún cataclismo, que ocurre en cualquier lugar de la Tierra, apenas desaparecen, una nueva tragedia toma su lugar.

  I. Ingobernabilidad y violencia en Michoacán, México

Estas situaciones que ocurren en otras latitudes, se presentan también en México, e incluso en Michoacán, con ejemplos vergonzosos de matanzas de campesinos, obreros, e indígenas, expulsión forzada de familias y despojo de sus tierras, conflictos derivados de la explotación ilegal del bosque por terratenientes, y "focos rojos" ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal.

Vulnerabilidad y expulsión medioambiental

En este contexto, tengamos en cuenta que muchas de las familias rurales pobres del mundo están en esta condición, para empezar, como resultado de los mencionados despojos y expulsiones de las mejores tierras; y subsisten ahora en zonas marginadas, terrenos erosionados de semidesierto o ladera empinada, y, por lo tanto, poco aptas para la actividad agrícola (IFAD, 2001a).

De esto se deriva –en conjunto con una descapitalización acumulada por muchos años en sus activos productivos–, una vulnerabilidad incrementada (social, económica, medioambiental) que padecen estas mismas familias del campo (muchas conducidas por mujeres), tanto a los fenómenos económicos como a las catástrofes naturales. De aquí la proliferación de los refugiados medioambientales (Conisbee y Simms, 2003), que pueden ser migrantes de México, Haití o cualquier otro país, a los cuales no les queda sino abandonar sus parcelas, tierras tan pequeñas o erosionadas y desnudas de toda vegetación. Esto ocurre cotidianamente y sin remedio aparente, "cuando el suelo se muere y la noria se seca" (Brown, 2004).

Ajustes y levantamientos

Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad, tanto en las ciudades y centros económicos principales de Michoacán (Apatzingan, La Piedad, Morelia, Uruapan), como en las zonas rurales e indígenas más empobrecidas de nuestro estado. Estos hechos violentos, invariablemente con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa falta de gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden.

Las aumentadas estadísticas de individuos ejecutados en lo que va del presente año, que son ya casi el doble en comparación con las del año pasado para el mismo periodo, tanto a nivel estatal como nacional, y las nuevas formas de "ajuste" y agresión, ya sea que hayan ocurrido en lugares remotos o a la vuelta de la esquina de nuestros vecindarios, son ya motivo de seria preocupación. 2, 3 Pero además del origen del problema 4, es aún más alarmante el control que las bandas organizadas ejercen de zonas geográficas y sobre los cuerpos policiacos 5. Alarmante es, igualmente, que el ritmo de captación de nuevos reclutas por la delincuencia organizada resulte ser mayor que el de los numerosos ejecutados. También en Michoacán tenemos a nuestros niños y jóvenes de la guerra. 6

Es conveniente dejar claramente asentado que los conflictos de Michoacán no están únicamente relacionados con el narcotráfico o con los múltiples asuntos agrarios pendientes. Los conflictos tampoco son privativos de la Meseta P’urépecha, ni resultado de la intransigencia o falta de civilidad de los habitantes de las comunidades indígenas.

La michoacanización de la violencia, comprende, además, enfrentamientos entre grupos antagónicos de choferes de unidades del transporte urbano en la capital del estado, protestas públicas y toma de edificios universitarios por los movimientos estudiantiles de jóvenes rechazados, ante el limitado acceso a la universidad y otras instituciones de educación superior, a la vez que protestas sindicales de maestros, empleados de gobierno y otros trabajadores.

El asunto de los mineros sindicalizados de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas (la productora de alambre más importante de América Latina) –y el intento de su desalojo, el jueves 20 de abril de 2006 por las fuerzas armadas estatales y federales, con la pérdida de dos vidas humanas además de innumerable heridos –, es una evidente demostración de lo extenso, así como de los incontables orígenes y manifestaciones de la violencia regional. Este conflicto, derivado de un paro laboral, iniciado el 2 de abril del año en curso, y que se mantuvo por 141 días, alcanzó una parcial y endeble solución.

Talamontes contra Comuneros

En este sentido, es importante comprender que las riquezas forestales de Michoacán no se encuentran amenazadas por las hachas y machetes de lo campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno, para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante esta dada por las sierras eléctricas de las bandas organizadas que sistemáticamente saquean el bosque en complicidad con algunas autoridades municipales, estatales y federales, las cuales operan equipadas con vehículos todo-terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder. Esto ocurre en todas las zonas forestales, ya sea en el refugio de la mariposa monarca, como en la Cañada de los Once Pueblos. 7 Esta es una situación de gestión de los recursos naturales crecientemente fuera de control 8, que habla ya de "una comunidad llena de fantasmas –no de gente–, sino de la naturaleza. Un paraíso perdido."9

Los tristes hechos de Cherán Átsikurhin, a mediados de agosto, con un niño de Ahuiran asesinado a campo abierto frente a su padre; y los de marzo pasado, con enfrentamiento a balazos entre talamontes y miembros de los cuerpos policiacos (resultando en la muerte de uno de estos últimos), nos obligan a replantear asuntos que consideramos son clave para el bienestar de nuestras comunidades rurales e indígenas. Se tienen que considerar, para empezar, las acciones necesarias para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales –utilizando la negociación y el derecho– y aplicando más la buena práctica que las académicas teorías sobre el desarrollo que manejan asesores gubernamentales que desconocen el estado en que se encuentra la entidad.

Todo planteamiento en este sentido, debe poner en correcta perspectiva la realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los índices sociales, económicos, educativos y de salud) (Dimas Huacuz, 2005).10 Destaca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, el cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas ahora es ya también urbano e incluye asimismo a personas con estudios superiores.

El Campo Michoacano

Las capacidades de "aguantar" del campo michoacano son extremadamente limitadas, principalmente cuando se examinan las condiciones de la agricultura tradicional, temporalera y de autoconsumo; se analizan las debilidades de los programas actuales de desarrollo rural; y se toman en cuenta las cargas de trabajo y responsabilidades extremas de las mujeres campesinas e indígenas.

Esta capacidad del campo de sostener por sí mismo los requerimientos mínimos de subsistencia de los habitantes de los miles de rancherías y comunidades indígenas de Michoacán, ha sido rebasada décadas atrás. Así lo demuestran los paisajes de vulnerabilidad y pobreza, lo reducido e irrelevante de la infraestructura social y productiva existente, y la débil educación y organización al nivel de base (Dimas Huacuz y Rico Mora, 2003b).

De igual manera, las capacidades actuales de generación de empleo y riqueza en las varias regiones económicas no son suficientes, como se ejemplifica por la baja capitalización y elevada fragmentación de las parcelas; por lo inadecuado y extremadamente modesto de la vivienda rural; y por la muy alta intensidad migratoria de nuestro estado (idem). 11,12

Las "Crisis de Agosto" en la Entidad

La entidad ha caído en una trampa difícil y profunda. Una trampa de escaramuzas políticas en las calles y las escuelas; de indígenas asesinados a mansalva en el monte; de ejecutados a luz plena en el núcleo comercial de la capital, así como de mensajes de advertencia transmitidos con los cadáveres o las cabezas de individuos apenas victimados y desmembrados. Son estas crisis separadas –"nunca graves, entre particulares, y todas bajo control", pero desgraciadamente múltiples y cotidianas–, las que con mucha probabilidad pueden un día coincidir en una sola reacción en cadena, mostrando abiertamente la cara de la represión, y amenazando la estabilidad de la entidad y del país. Se trata de una trampa de la cual, hasta hoy, parece no haber salida. 13

  II. Principios y propósitos de la gobernabilidad

La falta de gobernabilidad en nuestro estado es de origen por la limitada comprensión de la función misma del buen gobernar en su sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las funciones específicas de administración que no son ejecutadas con la transparencia, previsión, efectividad y probidad como debería ser, ya sean éstas relativas a la formulación de planes y programas de desarrollo o a la asignación de presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas funciones, y por lo que corresponde a las comunidades indígenas, es generalizado el reclamo por la ausencia de respuesta y solución, como se demuestra por los múltiples pendientes bajo el modelo dominante de "atención a la demanda".

Una Definición Indispensable 14

La gobernabilidad, por definición, comprende las tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que el poder es ejercitado, la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus voces, y el modo en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, en la práctica, acerca de los asuntos de interés público en cualquiera de los niveles, local, municipal, estatal, nacional e internacional. Es, también, el proceso por medio del cual las sociedades o las organizaciones determinan a quien involucran en las decisiones importantes, y de que manera los elegidos a los cargos entregan cuentas. Fundamentalmente, por lo tanto, la gobernabilidad es acerca del poder, las relaciones y las responsabilidades asumidas, i.e., sobre las cuales se pueden pedir cuentas y se deben dar respuestas.

Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno (aunque algunos lo ven únicamente de esta manera); ni los problemas de política pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo de preocupación o responsabilidad gubernamental, sino de todos los actores sociales, entre los cuales el gobierno es uno de los tantos participantes. Y, servir es la obligación del gobernante.

Por lo tanto, uno de los principios clave de la buena gobernabilidad consiste en la libre determinación, expresada de manera material en la autonomía; y ésta en la territorialidad político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el principio básico de la administración pública de que lo local es y debe ser manejable por los que ahí habitan. Esto es relevante tanto para ciudades grandes y municipios importantes, como para la más pequeña unidad administrativa, como sería el caso de una jefatura de tenencia (Dimas Huacuz, 2006a). En este tenor, la gobernabilidad es condición para el desarrollo socio-económico, al facultar y fomentar la construcción de capacidades y sujetos autonómicos.

Gobernabilidad medioambiental

En la misma dirección, el concepto específico de gobernabilidad medioambiental y económica, fundamentado en los procesos e instituciones que se requieren para tomar decisiones acerca del medio ambiente, y la gestión y aprovechamiento de tierras y territorios, es central en este contexto. 15

Normalmente se reconoce que las listas de especies en riesgo de extinción y los múltiples hábitats que resultan degradados, año con año, son señales de fracasos medioambientales, pero muy raramente se aceptan como resultado de fallas de gobernabilidad (UNDP, et al, 2003); y menos, aún, de exclusión en los procesos de decisión de los propietarios originales y permanentes de estos recursos naturales. En el mismo sentido, el atraso y marginación del campo mexicano y el "problema indio", difícilmente se reconocen como problemas de ingobernabilidad, cuando en la realidad las políticas públicas, el "estado de derecho" y las acciones gubernamentales (legislativas, presupuestales, de implementación, etcétera), crecientemente favorecen el acecho externo, público y privado, sobre las tierras, territorios y los recursos naturales y culturales de las comunidades rurales e indígenas.

Modelo de desarrollo

Pero en Michoacán se continúa fomentando la explotación sistemática e irracional de nuestros patrimonios territoriales, materiales y culturales. Esto en base a un modelo inadecuado y sin visión de desarrollo regional estatal, fundado en la comercialización turística y privada de nuestras tradiciones, y el despojo y la conversión forzada de tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.

Por lo que un entendimiento separado y análisis completo, merecen los asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos naturales, principalmente por lo que se refiere a las regiones y comunidades pobres y marginadas con bosques bajo tenencia comunal. Cabe aquí hacer referencia explícita a la gran extensión de las áreas forestales del país y la entidad, y a la estimación oficial de que más de doce millones de habitantes de comunidades rurales e indígenas viven en regiones forestales bajo condiciones de marginación y muy alta marginación; esto a pesar de ser propietarios de más del sesenta por ciento de los bosques y selvas de la nación. Igualmente, existe una conexión que se tiene que estudiar con detalle, entre el incremento de la delincuencia en la regiones de Uruapan, Apatzingán, y Tierra Caliente en general, la falta de empleos y la debilitada agro-economía regional.

Planeación Regional Relegada

Se debe a la par mencionar la falta de sensibilidad y la precaria planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que se ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por parte del Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia de la creación de nuevos municipios que se requieren en regiones específicas para, así, activar las economías regionales y la consolidación de la gobernabilidad local.

Pero mientras la prosperidad de cientos de comunidades rurales se encuentra restringida por razones históricas, territoriales, de dotación de recursos naturales, y por la dominación que ejercen las cabeceras municipales, el gobierno estatal aborda el tema de la "remunicipalización", más en la línea de un ente tributario, recaudador de rentas fiscales, que de entidad responsable del bienestar general y promotora del desarrollo. Esta actitud se mantiene sin considerar el gran valor que los así llamados servicios ambientales (e.g., agua y aire) de los bosques de la Meseta P’urépecha y otras regiones, prestan a la sociedad en general. Estos servicios, más bien, deberían justificar transferencias mayores de recursos –y la gestión autónoma de estos– para salir del rezago en el que se ha mantenido a estas comunidades hasta la fecha.

Cambio de Paradigma

Por otra parte, estamos además convencidos de que para evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente inocente, hace falta un cambio radical del paradigma de actuación gubernamental y ciudadana, pasando de la omisión o la reacción tardía, hacia la prevención. 16 En la base de los preceptos básicos de la salud pública, este nuevo paradigma establece que el vivir en paz y en armonía es mucho más que solo conseguir la ausencia de la guerra o de las plagas y las enfermedades. Por eso, la prevención de conflictos es una solución anticipada y superior que cualquier respuesta a las emergencias y a la reconstrucción después de las catástrofes.

Para esto se deben tomar en cuenta, también, y sin menosprecio, las convivencialidades inherentes y naturales de las poblaciones rurales e indígenas, y sus elementos comunitarios intrínsecos de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca jamás las intervenciones policiacas y militares. 17

. Notas y referencias

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