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Parte 1 / 2
- Ingobernabilidad y Violencia en Michoacán, México
- Principios y Propósitos de la Gobernabilidad
- Autonomía Indígena y Gobernabilidad Comunal
- Una Ofensiva de Paz
- Bibliografía
 Vivimos
en un mundo inhumano, plagado de conflictos, nuevas amenazas y zonas de
desastre que irrumpen en la escena día tras día. Principalmente en el
hemisferio sur del globo terráqueo, pequeñas y grandes catástrofes
naturales y crisis locales y regionales se multiplican por intereses
geopolíticos y económicos; por acciones injustificadas de genocidio y
"limpieza étnica"; por cacicazgos y el control de territorios y las
fuentes estratégicas de recursos naturales, así como por las desigualdades
sociales y económicas existentes. 1 Cuando las
imágenes televisivas de algún cataclismo, que ocurre en cualquier lugar de
la Tierra, apenas desaparecen, una nueva tragedia toma su lugar.
I. Ingobernabilidad y
violencia en Michoacán, México
Estas situaciones que ocurren en otras latitudes, se
presentan también en México, e incluso en Michoacán, con ejemplos
vergonzosos de matanzas de campesinos, obreros, e indígenas, expulsión
forzada de familias y despojo de sus tierras, conflictos derivados de la
explotación ilegal del bosque por terratenientes, y "focos rojos"
ancestrales de linderos de propiedades y de tenencia comunal.
Vulnerabilidad y expulsión medioambiental
En este contexto, tengamos en cuenta que muchas de las
familias rurales pobres del mundo están en esta condición, para empezar,
como resultado de los mencionados despojos y expulsiones de las mejores
tierras; y subsisten ahora en zonas marginadas, terrenos erosionados de
semidesierto o ladera empinada, y, por lo tanto, poco aptas para la
actividad agrícola (IFAD, 2001a).
De esto se deriva –en conjunto con una descapitalización
acumulada por muchos años en sus activos productivos–, una vulnerabilidad
incrementada (social, económica, medioambiental) que padecen estas mismas
familias del campo (muchas conducidas por mujeres), tanto a los fenómenos
económicos como a las catástrofes naturales. De aquí la proliferación de
los refugiados medioambientales (Conisbee y Simms, 2003), que pueden ser
migrantes de México, Haití o cualquier otro país, a los cuales no les
queda sino abandonar sus parcelas, tierras tan pequeñas o erosionadas y
desnudas de toda vegetación. Esto ocurre cotidianamente y sin remedio
aparente, "cuando el suelo se muere y la noria se seca" (Brown, 2004).
Ajustes y levantamientos
Los recurrentes eventos de violencia, secuestros y
ejecuciones, y no solamente conflictos agrarios al seno de comunidades
rurales vecinas, con lamentables pérdidas de vidas humanas, nos obligan a
reflexionar sobre las condiciones de vida y seguridad, tanto en las
ciudades y centros económicos principales de Michoacán (Apatzingan, La
Piedad, Morelia, Uruapan), como en las zonas rurales e indígenas más
empobrecidas de nuestro estado. Estos hechos violentos, invariablemente
con despliegue de armas largas, son clara demostración de una severa falta
de gobernabilidad y no solamente de control efectivo del orden.
Las aumentadas estadísticas de individuos ejecutados en lo
que va del presente año, que son ya casi el doble en comparación con las
del año pasado para el mismo periodo, tanto a nivel estatal como nacional,
y las nuevas formas de "ajuste" y agresión, ya sea que hayan ocurrido en
lugares remotos o a la vuelta de la esquina de nuestros vecindarios, son
ya motivo de seria preocupación. 2,
3 Pero además del origen del problema
4, es aún más alarmante el control que las
bandas organizadas ejercen de zonas geográficas y sobre los cuerpos
policiacos 5. Alarmante es, igualmente, que el
ritmo de captación de nuevos reclutas por la delincuencia organizada
resulte ser mayor que el de los numerosos ejecutados. También en Michoacán
tenemos a nuestros niños y jóvenes de la guerra. 6
Es conveniente dejar claramente asentado que los
conflictos de Michoacán no están únicamente relacionados con el
narcotráfico o con los múltiples asuntos agrarios pendientes. Los
conflictos tampoco son privativos de la Meseta P’urépecha, ni resultado de
la intransigencia o falta de civilidad de los habitantes de las
comunidades indígenas.
La michoacanización de la violencia, comprende, además,
enfrentamientos entre grupos antagónicos de choferes de unidades del
transporte urbano en la capital del estado, protestas públicas y toma de
edificios universitarios por los movimientos estudiantiles de jóvenes
rechazados, ante el limitado acceso a la universidad y otras instituciones
de educación superior, a la vez que protestas sindicales de maestros,
empleados de gobierno y otros trabajadores.
El asunto de los mineros sindicalizados de la siderúrgica
Lázaro Cárdenas Las Truchas (la productora de alambre más importante de
América Latina) –y el intento de su desalojo, el jueves 20 de abril de
2006 por las fuerzas armadas estatales y federales, con la pérdida de dos
vidas humanas además de innumerable heridos –, es una evidente
demostración de lo extenso, así como de los incontables orígenes y
manifestaciones de la violencia regional. Este conflicto, derivado de un
paro laboral, iniciado el 2 de abril del año en curso, y que se mantuvo
por 141 días, alcanzó una parcial y endeble solución.
Talamontes contra Comuneros
En este sentido, es importante comprender que las riquezas
forestales de Michoacán no se encuentran amenazadas por las hachas y
machetes de lo campesinos y comuneros que derriban árboles, de uno en uno,
para cubrir sus propias necesidades. La amenaza constante esta dada por
las sierras eléctricas de las bandas organizadas que sistemáticamente
saquean el bosque en complicidad con algunas autoridades municipales,
estatales y federales, las cuales operan equipadas con vehículos
todo-terreno, teléfonos celulares y armas de alto poder. Esto ocurre en
todas las zonas forestales, ya sea en el refugio de la mariposa monarca,
como en la Cañada de los Once Pueblos. 7 Esta
es una situación de gestión de los recursos naturales crecientemente fuera
de control 8, que habla ya de "una comunidad
llena de fantasmas –no de gente–, sino de la naturaleza. Un paraíso
perdido."9
Los tristes hechos de Cherán Átsikurhin, a mediados de
agosto, con un niño de Ahuiran asesinado a campo abierto frente a su
padre; y los de marzo pasado, con enfrentamiento a balazos entre
talamontes y miembros de los cuerpos policiacos (resultando en la muerte
de uno de estos últimos), nos obligan a replantear asuntos que
consideramos son clave para el bienestar de nuestras comunidades rurales e
indígenas. Se tienen que considerar, para empezar, las acciones necesarias
para que terminen los conflictos por las disputas de tierras comunales
–utilizando la negociación y el derecho– y aplicando más la buena práctica
que las académicas teorías sobre el desarrollo que manejan asesores
gubernamentales que desconocen el estado en que se encuentra la entidad.
Todo planteamiento en este sentido, debe poner en correcta
perspectiva la realidad de Michoacán, con respecto del lento y errático
ritmo de su desarrollo (uno de los más bajos del país, en función de los
índices sociales, económicos, educativos y de salud) (Dimas Huacuz, 2005).10
Destaca, entre ellos, la extensa ubicuidad del fenómeno migrante, el
cual inicialmente era rural, indígena y campesino, mas ahora es ya también
urbano e incluye asimismo a personas con estudios superiores.
El Campo Michoacano
Las capacidades de "aguantar" del campo michoacano son
extremadamente limitadas, principalmente cuando se examinan las
condiciones de la agricultura tradicional, temporalera y de autoconsumo;
se analizan las debilidades de los programas actuales de desarrollo rural;
y se toman en cuenta las cargas de trabajo y responsabilidades extremas de
las mujeres campesinas e indígenas.
Esta capacidad del campo de sostener por sí mismo los
requerimientos mínimos de subsistencia de los habitantes de los miles de
rancherías y comunidades indígenas de Michoacán, ha sido rebasada décadas
atrás. Así lo demuestran los paisajes de vulnerabilidad y pobreza, lo
reducido e irrelevante de la infraestructura social y productiva
existente, y la débil educación y organización al nivel de base (Dimas
Huacuz y Rico Mora, 2003b).
De igual manera, las capacidades actuales de generación de
empleo y riqueza en las varias regiones económicas no son suficientes,
como se ejemplifica por la baja capitalización y elevada fragmentación de
las parcelas; por lo inadecuado y extremadamente modesto de la vivienda
rural; y por la muy alta intensidad migratoria de nuestro estado (idem).
11,12
Las "Crisis de Agosto" en la Entidad
La entidad ha caído en una trampa difícil y profunda. Una
trampa de escaramuzas políticas en las calles y las escuelas; de indígenas
asesinados a mansalva en el monte; de ejecutados a luz plena en el núcleo
comercial de la capital, así como de mensajes de advertencia transmitidos
con los cadáveres o las cabezas de individuos apenas victimados y
desmembrados. Son estas crisis separadas –"nunca graves, entre
particulares, y todas bajo control", pero desgraciadamente múltiples y
cotidianas–, las que con mucha probabilidad pueden un día coincidir en una
sola reacción en cadena, mostrando abiertamente la cara de la represión, y
amenazando la estabilidad de la entidad y del país. Se trata de una trampa
de la cual, hasta hoy, parece no haber salida.
13
II. Principios y
propósitos de la gobernabilidad
La falta de gobernabilidad en nuestro estado es de origen
por la limitada comprensión de la función misma del buen gobernar en su
sentido más amplio. La ingobernabilidad va más allá de las funciones
específicas de administración que no son ejecutadas con la transparencia,
previsión, efectividad y probidad como debería ser, ya sean éstas
relativas a la formulación de planes y programas de desarrollo o a la
asignación de presupuestos y su ejecución. Pero incluso en estas
funciones, y por lo que corresponde a las comunidades indígenas, es
generalizado el reclamo por la ausencia de respuesta y solución, como se
demuestra por los múltiples pendientes bajo el modelo dominante de
"atención a la demanda".
Una Definición Indispensable
14
La gobernabilidad, por definición, comprende las
tradiciones, instituciones y procesos que determinan la manera en que el
poder es ejercitado, la forma en que los ciudadanos pueden expresar sus
voces, y el modo en que las decisiones son tomadas y ejecutadas, en la
práctica, acerca de los asuntos de interés público en cualquiera de los
niveles, local, municipal, estatal, nacional e internacional. Es, también,
el proceso por medio del cual las sociedades o las organizaciones
determinan a quien involucran en las decisiones importantes, y de que
manera los elegidos a los cargos entregan cuentas. Fundamentalmente, por
lo tanto, la gobernabilidad es acerca del poder, las relaciones y las
responsabilidades asumidas, i.e., sobre las cuales se pueden pedir cuentas
y se deben dar respuestas.
Gobernabilidad no es un sinónimo de gobierno (aunque
algunos lo ven únicamente de esta manera); ni los problemas de política
pública (que son intrínsecos a esta condición) son sólo de preocupación o
responsabilidad gubernamental, sino de todos los actores sociales, entre
los cuales el gobierno es uno de los tantos participantes. Y, servir es la
obligación del gobernante.
Por lo tanto, uno de los principios clave de la buena
gobernabilidad consiste en la libre determinación, expresada de manera
material en la autonomía; y ésta en la territorialidad
político-administrativa. Aquí, sencillamente, se aplica el principio
básico de la administración pública de que lo local es y debe ser
manejable por los que ahí habitan. Esto es relevante tanto para ciudades
grandes y municipios importantes, como para la más pequeña unidad
administrativa, como sería el caso de una jefatura de tenencia (Dimas
Huacuz, 2006a). En este tenor, la gobernabilidad es condición para el
desarrollo socio-económico, al facultar y fomentar la construcción de
capacidades y sujetos autonómicos.
Gobernabilidad medioambiental
En la misma dirección, el concepto específico de
gobernabilidad medioambiental y económica, fundamentado en los procesos e
instituciones que se requieren para tomar decisiones acerca del medio
ambiente, y la gestión y aprovechamiento de tierras y territorios, es
central en este contexto. 15
Normalmente se reconoce que las listas de especies en
riesgo de extinción y los múltiples hábitats que resultan degradados, año
con año, son señales de fracasos medioambientales, pero muy raramente se
aceptan como resultado de fallas de gobernabilidad (UNDP, et al, 2003); y
menos, aún, de exclusión en los procesos de decisión de los propietarios
originales y permanentes de estos recursos naturales. En el mismo sentido,
el atraso y marginación del campo mexicano y el "problema indio",
difícilmente se reconocen como problemas de ingobernabilidad, cuando en la
realidad las políticas públicas, el "estado de derecho" y las acciones
gubernamentales (legislativas, presupuestales, de implementación,
etcétera), crecientemente favorecen el acecho externo, público y privado,
sobre las tierras, territorios y los recursos naturales y culturales de
las comunidades rurales e indígenas.
Modelo de desarrollo
Pero en Michoacán se continúa fomentando la explotación
sistemática e irracional de nuestros patrimonios territoriales, materiales
y culturales. Esto en base a un modelo inadecuado y sin visión de
desarrollo regional estatal, fundado en la comercialización turística y
privada de nuestras tradiciones, y el despojo y la conversión forzada de
tierras forestales para el monocultivo agrícola de exportación.
Por lo que un entendimiento separado y análisis completo,
merecen los asuntos de la gestión de los territorios y de los recursos
naturales, principalmente por lo que se refiere a las regiones y
comunidades pobres y marginadas con bosques bajo tenencia comunal. Cabe
aquí hacer referencia explícita a la gran extensión de las áreas
forestales del país y la entidad, y a la estimación oficial de que más de
doce millones de habitantes de comunidades rurales e indígenas viven en
regiones forestales bajo condiciones de marginación y muy alta
marginación; esto a pesar de ser propietarios de más del sesenta por
ciento de los bosques y selvas de la nación. Igualmente, existe una
conexión que se tiene que estudiar con detalle, entre el incremento de la
delincuencia en la regiones de Uruapan, Apatzingán, y Tierra Caliente en
general, la falta de empleos y la debilitada agro-economía regional.
Planeación Regional Relegada
Se debe a la par mencionar la falta de sensibilidad y la
precaria planeación regional que se ejerce en Michoacán, en tanto que se
ha negado sistemáticamente cualquier discusión seria por parte del
Legislativo y del Ejecutivo sobre la importancia de la creación de nuevos
municipios que se requieren en regiones específicas para, así, activar las
economías regionales y la consolidación de la gobernabilidad local.
Pero mientras la prosperidad de cientos de comunidades
rurales se encuentra restringida por razones históricas, territoriales, de
dotación de recursos naturales, y por la dominación que ejercen las
cabeceras municipales, el gobierno estatal aborda el tema de la "remunicipalización",
más en la línea de un ente tributario, recaudador de rentas fiscales, que
de entidad responsable del bienestar general y promotora del desarrollo.
Esta actitud se mantiene sin considerar el gran valor que los así llamados
servicios ambientales (e.g., agua y aire) de los bosques de la Meseta
P’urépecha y otras regiones, prestan a la sociedad en general. Estos
servicios, más bien, deberían justificar transferencias mayores de
recursos –y la gestión autónoma de estos– para salir del rezago en el que
se ha mantenido a estas comunidades hasta la fecha.
Cambio de Paradigma
Por otra parte, estamos además convencidos de que para
evitar la violencia, las muertes y los encarcelamientos de jóvenes y gente
inocente, hace falta un cambio radical del paradigma de actuación
gubernamental y ciudadana, pasando de la omisión o la reacción tardía,
hacia la prevención. 16 En la base de los
preceptos básicos de la salud pública, este nuevo paradigma establece que
el vivir en paz y en armonía es mucho más que solo conseguir la ausencia
de la guerra o de las plagas y las enfermedades. Por eso, la prevención de
conflictos es una solución anticipada y superior que cualquier respuesta a
las emergencias y a la reconstrucción después de las catástrofes.
Para esto se deben tomar en cuenta, también, y sin
menosprecio, las convivencialidades inherentes y naturales de las
poblaciones rurales e indígenas, y sus elementos comunitarios intrínsecos
de unidad, riesgo compartido y resolución colectiva de problemas, y nunca
jamás las intervenciones policiacas y militares.
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. Notas y referencias
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