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Parte 1/ 2
 El
auge económico de Pekín deslumbra a los inversores y cautiva al mundo.
Pero más allá de los nuevos rascacielos y las fábricas hay una corrupción
galopante, un desperdicio enorme y una elite poco interesada en que la
situación mejore. Olvidemos las reformas políticas. El futuro de China no
es la democracia, sino la descomposición.
Lo único que crece a más velocidad que China es la
expectación a propósito de China. En enero, el PIB de la República Popular
superó al de Reino Unido y Francia, con lo que el gigante asiático se
colocó en cuarto lugar entre las economías del mundo. En diciembre, Pekín
había sustituido a Estados Unidos como mayor exportador mundial de
productos tecnológicos. Numerosos expertos predicen que para 2020 la
economía china sólo estará por detrás de la estadounidense y para 2050,
seguramente, la habrá sobrepasado.
Los inversores occidentales elogian las sólidas bases de
la economía china –sobre todo, una elevada tasa de ahorro, una enorme
reserva de mano de obra y una sólida ética de trabajo– y están dispuestos
a pasar por alto sus imperfecciones. Los hombres de negocios consideran
que Pekín es, al mismo tiempo, el mayor fabricante y el mayor mercado
mundial. Las compañías de inversiones privadas exploran el Imperio del
Centro en busca de adquisiciones. Las empresas chinas de Internet están
alcanzando en el índice Nasdaq precios propios de la burbuja tecnológica.
Algunas de las principales instituciones financieras del mundo, como el
Bank of America, Citibank y HSBC, han apostado por el futuro económico del
país y han dedicado miles de millones a la compra de participaciones
minoritarias en los bancos estatales chinos, a pesar de que muchos son
técnicamente insolventes. Para no quedarse atrás, todas las grandes
empresas mundiales de automóviles han construido o piensan construir
nuevas instalaciones en China, pese a que el mercado está saturado y los
márgenes de beneficios están cayendo rápidamente.
¿Y por qué no vamos a creer todo lo que se dice? El
crecimiento del país en las dos últimas décadas ha demostrado que los
pesimistas se equivocaban y los optimistas se quedaban cortos. Ahora bien,
antes de empezar a aprender mandarín y de maravillarnos por los logros del
Partido Comunista, quizá deberíamos hacer una pausa. Visto de cerca, el
historial no es tan reluciente. Por ejemplo, su comportamiento económico
desde 1979 es menos impresionante que el de Japón, Corea del Sur o Taiwan,
durante unos periodos de crecimiento comparables. Su sistema bancario, que
le cuesta al gigante alrededor del 30% del PIB anual en operaciones de
rescate, está plagado de préstamos no devueltos y es seguramente el más
frágil de Asia. Resulta muy llamativa la comparación con India. En seis
grandes sectores industriales (desde el automóvil hasta las
telecomunicaciones), entre 1999 y 2003, sus empresas presentaron unos
índices de rentabilidad de las inversiones entre un 80% y un 200%
superiores a los de sus homólogas chinas.
Tras los titulares llenos de alabanzas, existen
debilidades fundamentales muy arraigadas en el Estado neoleninista chino.
A diferencia del maoísmo, el neoleninismo funde el gobierno monopartidista
y el control estatal de sectores clave de la economía con unas reformas
parciales del mercado y el fin del aislamiento de la economía mundial. El
Estado maoísta predicaba el igualitarismo y se apoyaba en la lealtad de
trabajadores y campesinos. El neoleninista practica el elitismo, se apoya
en los tecnócratas, el Ejército y la policía, e intenta atraer a las
nuevas élites sociales (profesionales y empresarios privados) y el capital
extranjero, dos elementos vilipendiados bajo el maoísmo. El neoleninismo
ha hecho más resistente al Partido Comunista, pero también crea fuerzas
autodestructivas.
El éxito económico de China hace que a la mayoría de los
observadores occidentales le resulte difícil ver las características
depredadoras de su Estado. Sin embargo, la política autoritaria de Pekín
está engendrando una peligrosa mezcla de capitalismo amiguista, corrupción
galopante y desigualdades cada vez mayores. Los sueños de que la
liberalización económica del país desemboque algún día en reformas
políticas parecen lejanos. Es más: de seguir la tendencia actual, el
sistema tiene más probabilidades de desmoronarse que de democratizarse. Es
cierto que los recientes logros económicos han dado nuevo aliento al
partido. Pero las políticas emprendidas para generar un crecimiento
económico elevado están agravando los males políticos y sociales, que
ponen en peligro su supervivencia a largo plazo.
Mando y control
Después de un cuarto de siglo de reformas económicas
graduales, ¿ha conseguido Pekín transformar su antigua economía dirigida
en un auténtico sistema de mercado? No tanto como se piensa. Aunque China
fue uno de los primeros Estados socialistas que emprendió reformas
importantes, en un estudio sobre la libertad económica de 127 naciones,
los últimos datos sobre regulación, comercio internacional, política
fiscal y estructura legal la sitúan en el último tercio, por debajo de
casi todos los países de Europa del Este, India y México, y todos sus
vecinos del sureste asiático, salvo Myanmar (antigua Birmania) y Vietnam.
El Estado sigue interviniendo intensamente en la economía.
Según datos oficiales de 2003, fue responsable directo del 38% del PIB
nacional y dio trabajo a 85 millones de personas (casi un tercio de la
población activa urbana), mientras que el sector privado formal en las
zonas urbanas sólo empleó a 67 millones. Un informe elaborado por la
financiera UBS asegura que el sector privado no representa más del 30% de
la economía. En la mayoría de los países asiáticos, las empresas de
propiedad estatal aportan un 5% del PIB. En India, sobre la que pesa la
tradición socialista, las empresas estatales generan menos del 7% del PIB.
Pero los tentáculos chinos atrapan a la economía mucho más
de lo que indican las cifras. En primer lugar, Pekín posee todavía la
mayor parte del capital. En 2003, el Estado controlaba 1,2 billones de
dólares en participaciones empresariales, es decir, el 56% de los activos
industriales fijos del país. Segundo, el Estado –como corresponde a un
régimen que es, en definitiva, leninista– mantiene un firme control del
alto mando de la economía: es un actor monopolístico o dominante en
sectores como los servicios financieros, la banca, las telecomunicaciones,
la energía, el acero, el automóvil, los recursos naturales y el
transporte. Protege sus beneficios monopolísticos mediante la prohibición
de que entren en el mercado empresas privadas y extranjeras (aunque, en
algunos sectores, existe competencia entre empresas estatales). En tercer
lugar, el Gobierno controla la mayoría de los proyectos de inversión
gracias a su potestad de conceder créditos bancarios a largo plazo y
derechos de utilización de terrenos.
Es decir, el ciclo empresarial lo maneja Pekín. Las
empresas privadas tienen un acceso muy limitado a los recursos financieros
o a los nuevos mercados. El Estado domina incluso muchos sectores
teóricamente liberalizados, como la fabricación de cerveza, el sector
minorista y el textil. De las 66 empresas de venta al por menor que
cotizan en Bolsa, sólo una es privada. Entre las 1.520 compañías chinas
que aparecen en las bolsas nacionales y extranjeras sólo 40 no son
públicas.
Muchos observadores opinan que el estricto control de las
autoridades sobre la economía sólo significa que el proceso de reforma no
está terminado. Predicen que, a medida que el país siga abriéndose, dicho
control se relajará y las fuerzas del mercado se encargarán de eliminar
las industrias ineficaces y limpiar las instituciones oficiales. Esta
firme confianza en una liberalización económica gradual, pero inexorable,
suele tener un corolario político: que el mercado acabará por generar
libertades y pluralismo político. Es un consuelo. Pero este optimismo
tiende a ignorar la desesperada necesidad del régimen neoleninista de
tener un acceso ilimitado al botín económico. Pocos sistemas autoritarios
son capaces de sobrevivir sólo mediante la coacción. En general, mezclan
ésta con los favores, para garantizar el apoyo de sectores clave como el
funcionariado, el Ejército y los intereses empresariales. En otras
palabras, un régimen autoritario que adopte la plena liberalización
económica pone en peligro su capacidad de control político. Casi todos los
sistemas autoritarios lo saben, y ninguno mejor que Pekín, que supervisa
un vasto sistema de favores para garantizarse la lealtad de sus
partidarios y otorga privilegios a grupos escogidos.
El partido nombra al 81% de los presidentes de las
empresas estatales y al 56% de todos sus altos cargos. Las reformas
empresariales realizadas desde finales de los 90 –pensadas para convertir
firmas de propiedad estatal en compañías de capital social– no han
afectado al sistema de favores. Casi en la mitad de las grandes y medianas
sociedades públicas (en teoría convertidas en compañías de capital social
que, en algunos casos, incluso cotizan en bolsas extranjeras), el
secretario del Partido Comunista y el presidente del Consejo de
Administración son la misma persona. En 2001, los miembros del comité del
PCCh eran miembros del Consejo de Administración, más o menos, en el 70%
de las 6.275 firmas grandes y medianas clasificadas como
"comercializadas". En conjunto, 5,3 millones de funcionarios comunistas
–alrededor del 8% del total y el 16 % en zonas urbanas– tenían cargos
directivos en empresas públicas en 2003, último año en el que hay cifras
disponibles. Una relación incestuosa entre el Estado y las grandes
industrias puede condenar al fracaso a los países en vías de desarrollo, y
el gigante asiático es uno de los más susceptibles. La combinación de
gobierno autoritario con el dominio económico del Estado ha engendrado una
forma virulenta de capitalismo, en la que las clases dirigentes convierten
su poder político en riqueza y privilegios a expensas de la igualdad y la
eficacia. Esta situación mantiene la ineficacia económica porque los
escasos recursos van a parar a las élites locales y las bases
burocráticas. El Banco Mundial calcula que, entre 1991 y 2000, casi un
tercio de las decisiones inversoras en China fueron equivocadas. Los
estudios del Banco Central chino muestran que la concesión de préstamos
por motivos políticos fue responsable del 60% de los créditos bancarios
incobrables en 2001-2002. El problema persiste todavía. Los estrategas
económicos chinos revelaron a principios de este año que 11 grandes
industrias manufactureras de gran cantidad de capital fijo tenían exceso
de producción. Por ejemplo, el sector del acero, el mayor del mundo, tiene
un excedente de capacidad de 116 millones de toneladas (alrededor del
30%).
Además, las empresas estatales no son rentables. En 2003,
un año de gran expansión, el índice medio de rendimiento de sus activos no
fue más que de un miserable 1,5%. Más del 35% pierden dinero y una de cada
seis tiene más deudas que activos. El Imperio del Centro es el único país
en la historia que ha logrado tener, al mismo tiempo, un crecimiento
económico sin precedentes y un número, también sin precedentes, de
préstamos bancarios no devueltos.
La pertenencia al partido y el cerebro para los negocios
no suelen ir de la mano. La obsesión por un crecimiento elevado hace que
se recompense a los funcionarios gubernamentales por cumplir dicho
objetivo o dar la impresión de que se cumple. Este sistema de incentivos
fomenta la asignación generalizada –y equivocada– del capital a "proyectos
de imagen" (nuevas fábricas, centros comerciales de lujo, instalaciones de
ocio, infraestructuras innecesarias…) que dan brillo al historial de los
burócratas locales y refuerzan sus posibilidades de promoción. Los
resultados de esos errores –relucientes complejos de oficinas, parques
industriales, autopistas ajardinadas y plazas públicas– suelen impresionar
a los visitantes occidentales, que los consideran prueba de la habilidad
del país.
La economía china no sólo es ineficaz. Además, ha sido
víctima de un capitalismo amiguista con peculiaridades propias como el
maridaje entre el poder ilimitado y la riqueza ilícita. La corrupción es
peor en los lugares en los que el Estado tiene más fuerza. Los sectores
más turbios, como la energía, el tabaco, la banca, los servicios
financieros y las infraestructuras, son monopolios estatales. No es nada
nuevo. Pero los magnates con conexiones políticas se han aprovechado del
auge inmobiliario chino; en 2004, casi la mitad de los 100 individuos más
ricos, según la lista de Forbes, eran promotores inmobiliarios.
Diversos indicadores sugieren que hay una corrupción
endémica. El número de "casos de grandes sumas" (con cantidades en
efectivo superiores a 5.500 euros) prácticamente se duplicó entre 1992 y
2002. Y el fenómeno parece extenderse a las jerarquías superiores, ya que
aumentan los altos cargos descubiertos. El número de funcionarios de
distrito o instancias superiores acusados pasó de 1.386 en 1992 a 2.925 en
2002.
Descargar imagen ampliada Buscando el partido
perfecto
Un optimista podría pensar que estas cifras demuestran una
aplicación más firme de la ley, más que una metástasis de la corrupción,
pero las pruebas no indican eso. Los burócratas deshonestos corren poco
peligro de sufrir un castigo serio. Durante los años 90, los escándalos
por corruptelas afectaron a una media de 140.000 funcionarios del partido
cada año, y de ellos se procesó al 5,6%. En 2004 se descubrió a 170.850
involucrados en casos de corrupción, pero sólo se procesó a 4.915 (el
2,9%). La cultura de la impunidad oficial goza de buena salud.
Peor aún, la corrupción hoy empieza a adoptar formas que
suelen ir asociadas al desmoronamiento de un régimen. Los datos regionales
sugieren que las mafias a gran escala son responsables de entre el 30% y
el 60% de todos los casos de soborno desvelados. En los peores, se ha
descubierto que el fenómeno alcanzaba a gobiernos enteros de una
provincia, una ciudad o un distrito.
Tan siniestro como la propia corrupción es lo que estos
escándalos revelan sobre la legitimidad del sistema. En sus confesiones,
los funcionarios corruptos, muchas veces, justifican sus delitos por la
pérdida de fe en el comunismo. Temerosos ante el futuro, algunos no
quieren esperar siquiera unos años para convertir su poder en riqueza. En
2002, casi el 20% de los procesados por cohecho y casi el 30% de los
condenados por abuso de poder tenían menos de 35 años. En 2003, en la
provincia de Henan, el 43% de los responsables locales comunistas
atrapados en este tipo de delitos tenía entre 40 y 50 años (el 32%, más de
50 años).
Mientras las clases dirigentes se apresuran a sacar
provecho, la gente común se queda atrás. Según diversas fuentes, incluidos
el Banco Mundial y el Gobierno chino, la desigualdad de renta ha aumentado
al menos un 50% desde finales de los 70, y el país es ahora una de las
sociedades con más diferencias de Asia. Un estudio reciente muestra que
menos del 1% de los hogares controla más del 60% de la riqueza del país.
El aumento de las diferencias es frecuente en los países que están
cambiando a una economía de mercado, pero, en China, el sistema
neoleninista, los incentivos distorsionados y las políticas elitistas han
reforzado la tendencia.
Hace una generación, los hijos de la clase dirigente
ocupaban cargos en el Gobierno o en el Ejército; hoy se dedican a los
negocios. Las ramificaciones sociales del uso de información privilegiada
se ven, sobre todo, en el sector inmobiliario: los campesinos obtienen
menos del 5% del valor de su tierra y los promotores se embolsan el 60%,
mientras que el resto va a parar a las arcas de las autoridades locales.
Las privatizaciones también ofrecen a las personas con información
privilegiada la oportunidad de enriquecerse comprando bienes públicos a
bajo precio. Un estudio reciente demostraba que el 60% de las empresas
estatales privatizadas se han vendido a sus directivos. Como consecuencia,
el 30% de los dueños de compañías privadas, en la actualidad, son miembros
del partido.
Mientras tanto, los servicios básicos se quedan obsoletos.
China invierte menos de lo necesario en educación y sanidad pública.
Durante los 90, la proporción de gasto oficial en la inversión total en
enseñanza descendió casi un 20%. En las zonas rurales, donde viven los
ciudadanos más pobres, el 78% del presupuesto educativo procede de los
propios campesinos, a través de impuestos y tasas locales, mientras que
Pekín sólo proporciona el 1% del dinero. En sanidad, las consecuencias son
más graves. El dinero del Gobierno, que en los años 80 representaba el 36%
del gasto total en sanidad, cayó a menos del 15% en 2000. China posee
hospitales y equipamientos, y su gasto per cápita es superior al de otros
países en vías de desarrollo. Pero la distribución de estos recursos es de
las más desiguales del mundo. La OMS considera que la equidad del sistema
chino de salud es inferior a todos los demás países, salvo Brasil y
Myanmar. Según el propio Ministerio de Sanidad, dos terceras partes de la
población carecen de seguro médico, y casi la mitad de los enfermos no
acude en busca de tratamiento médico profesional.
Notas
Publicado originalmente por FRIDE
Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior
En FP – Foreign Policy, Edición Española,
Abril – Mayo 2006
http://www.fp-es.org/index.asp
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