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Parte 1 / 3
Este ensayo constituye el
capítulo 10 del libro,
ENTRE EL PERDÓN Y EL PAREDÓN. Preguntas y dilemas de la justicia
Transicional,
editado por Angelika Rettberg y publicado por UNIANDES/IDRC
Resumen
 Los
debates en torno al tema de la justicia transicional se centran, a menudo,
en la importancia de procesar los delitos cometidos por motivos políticos,
relegando así el procesamiento de delitos comunes a manos de expertos
técnicos como la policía y los criminólogos. Sin embargo, este enfoque no
reconoce la importancia del tema de la seguridad para la mayoría de los
ciudadanos que viven bajo un régimen de justicia transicional y, de paso,
cede un importante terreno político a quienes proponen una política de
mano dura y defienden una reducción en la defensa de derechos democráticos
fundamentales bajo el argumento de estar brindando seguridad. De manera
inadvertida, al ignorar el delito común podríamos estar fortaleciendo
justamente a aquellas fuerzas comprometidas con la violencia del pasado,
cuyos records de represión se traducen en aceptación política durante la
post-guerra, en aras de la lucha contra el delito común.
Al mismo tiempo, si hacer
justicia "por lo alto" mientras se ignora la violencia en las calles
constituye un enfoque miope, no es menos desacertado intentar detener la
criminalidad sin enfrentar el contexto en el que esta se desarrolla. En
los regímenes post-transicionales, los defensores de los derechos humanos
no sólo deben tomar en serio el clamor por la seguridad ciudadana; también
deben comprender que las raíces de la inseguridad se encuentran en la
exclusión social y en lo inadecuado de una aproximación puramente
jurisprudencial para enderezar patrones tradicionales. La estabilidad a
largo plazo solamente se logrará mediante una aproximación comprehensiva a
la justicia y la seguridad, en la cual la justicia social sea reconocida
como fundamento de una sociedad democrática.
Introducción
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"A fin de cuentas, ¿dónde
comienzan los derechos humanos? En los pequeños lugares, cerca de
casa y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Sin
embargo, constituyen el universo de cada persona, el vecindario en
el que vive, el colegio o la escuela a la que asiste, la fábrica,
granja u oficina en la que trabaja. Estos son los lugares en los que
cada hombre, cada mujer y cada niño busca una justicia equitativa,
igualdad de oportunidades, una dignidad igual sin discriminación
alguna. A menos que los derechos encuentren su valor en esos
escenarios, es poco el sentido que pueden tener en cualquier otro
lugar.
Si no existe una acción concertada de los ciudadanos para protegerlos
cerca del hogar, nuestra búsqueda por el progreso en un mundo más
amplio será en vano."
Eleanor Roosevelt, declaraciones ante la Organización de las
Naciones Unidas, 27 de marzo de 1953. |
Gran parte de la literatura sobre justicia transicional
discute las formas de manejar los asesinatos políticos y otras atrocidades
del pasado: ¿en qué momentos—si los hay—es prudente avanzar en el proyecto
de reconciliación nacional por medio de una amnistía? ¿Cuáles son los
foros más idóneos para decir la verdad y en qué momento los procesos
judiciales contribuyen de la forma más efectiva a la consolidación del
Estado de derecho? El estudio de estos interrogantes es, sin duda, de gran
importancia en el contexto colombiano actual y, sin embargo, se trata de
temas en los que mis investigaciones pueden aportar poco. Aunque siento un
profundo interés en la dinámica de las sociedades en transición, los
fenómenos que más me intrigan surgen de los interrogantes sobre los abusos
cotidianos—especialmente los delitos comunes—que a menudo son dejados de
lado en la literatura sobre justicia transicional.
La forma convencional de aproximarse al tema de la
justicia transicional depende de una presunción implícita de que la
legitimidad se extiende de los casos emblemáticos de alto perfil, bien
manejados, hacia las experiencias cotidianas de la gente, que esta cree en
el sistema si ve que puede manejar de manera efectiva los crímenes
cometidos por hombres como el ex-dictador chileno Augusto Pinochet o el
guatemalteco Efraín Ríos Montt. Sin duda, hay algo de verdad en ello y los
responsables de ordenar, orquestar u ocultar los peores delitos contra los
derechos humanos deben ser responsabilizados. Al mismo tiempo, son muchas
las personas que viven de manera cotidiana las experiencias de la
violencia común—experiencias que en conflictos como el colombiano o el
guatemalteco, 1 tienden a volverse más
frecuentes y graves a medida que se aplaca el conflicto armado. Sin
embargo, los académicos y quienes ejecutan las políticas a menudo hacen
caso omiso de estas experiencias y presumen que resulta preferible que los
delitos comunes, vistos como un tema puramente técnico, sean manejados por
criminólogos o expertos policivos, lo que constituye un manejo
diametralmente opuesto a la manera como se enfrentan las atrocidades de la
guerra. Hacen esto corriendo el riesgo de que las expectativas
generalizadas e incumplidas de una justicia cotidiana—de una paz
real—puedan amenazar con debilitar la transición misma. Y mientras los
diversos incidentes de delitos comunes puedan no tener una motivación
política, sus implicaciones sí se tornan políticas cuando alcanzan cierto
nivel, dado que las exigencias de los ciudadanos de tener mayor seguridad,
impregnan de manera inevitable el proceso político de la post-guerra.
En este ensayo, argumento la necesidad imperativa de mirar
la violencia en forma invertida; de considerar las percepciones y las
expectativas de los ciudadanos del común en la búsqueda de una sociedad
más justa. 2 A menudo, nuestra noción de qué
es importante para alcanzar una justicia transicional proviene de la
lectura que hagamos de la filosofía política o la jurisprudencia y en muy
pocas oportunidades tales ideas son sometidas a la evidencia empírica
basada en las experiencias vital de personas reales. Aunque el estudio del
derecho es importante, no es menos relevante el estudio del terreno sobre
el cual este ha de aplicarse (y del cual surge). Los debates en torno a la
justicia transicional casi siempre confunden la adopción formal de ciertas
leyes con el goce real de los principios en los que estos se inspiran. Y
aunque en la práctica lo sepamos, la vivencia misma de la ley es muy
diferente de la forma como esta puede haber sido consignada en los libros.
Percepción de la justicia desde abajo
Por lo tanto, en este ensayo pretendo comprender la forma
como la justicia es percibida desde abajo: no cómo está o deba ser
escrita, sino cómo se siente, especialmente por las masas marginadas, que
por lo general no son consultadas acerca de estos temas. Las reflexiones
que pretendo compartir en este escrito se nutren de las experiencias del
trabajo etnográfico de campo en la Guatemala de la post-guerra, donde
entre 1996 y 2001 llevé a cabo más de cien entrevistas a profundidad sobre
el crimen, la violencia y la ley, como parte de un proyecto más amplio,
cuyos hallazgos han sido plasmados en otro escrito (Godoy, en imprenta).
La adopción de una epistemología "invertida" ofrece no
tanto una posición política sino sugerencias importantes. En las páginas
que siguen, exploro tres de ellas.
En primer lugar, un análisis cimentado en los
testimonios de la violencia vivida sugiere que los delitos comunes y los
delitos políticos siempre han estado entrelazados, aunque los modelos
que utilizamos para tener en cuenta los hechos a menudo lo ignoran. Este
ha sido el caso tanto en Colombia como en Guatemala y, con frecuencia,
constituye el más notorio de los escenarios de postguerra. En tales
contextos, concentrar los esfuerzos de la justicia transicional en los
delitos "políticos" mientras que los delitos "comunes" son dejados en
manos de expertos técnicos implica una jerarquía que no da cuenta de las
experiencias vividas por muchos ciudadanos.
En segundo lugar, el desajuste entre los modelos
analíticos y las percepciones de la gente tiene consecuencias
importantes. Muchos ciudadanos, al verse forzados a escoger entre la
seguridad y la justicia, optarán por la primera porque esta ofrece
beneficios que pueden percibir como más tangibles e inmediatos o más
palpables. Los defensores de la justicia transicional que no reconocen
la importancia de estos temas ceden terreno a los defensores de la "mano
dura" 3 quienes, cobijados por la
bandera de la seguridad ciudadana, han erosionado de manera sistemática
los avances logrados en materia de derechos humanos, claves en los
escenarios de post-guerra.
Y, en tercer lugar, si la seguridad ciudadana
constituye una meta importante y prestar atención a los delitos comunes
es una parte necesaria de cualquier transición, no es menos importante
comprender el contexto social en el cual surge el delito, como una
amenaza al bienestar de los ciudadanos y como una amenaza simbólica a su
sentido de justicia y su valor como comunidad. En la última parte de
este ensayo utilizo las investigaciones que adelanté en comunidades que
tomaron la ley en sus propias manos en la Guatemala de la postguerra,
para argumentar que dichos incidentes no constituyen (como se cree a
menudo) un clamor por más leyes, sino más bien reflejan una controversia
sobre el fundamento mismo de las leyes del Estado.
En resumen, la perspectiva "invertida" de la ley
permite ver la necesidad de luchar no sólo por principios abstractos o
quizás elevados de justicia ante los más altos tribunales, sino también
por una justicia cotidiana, palpable en los espacios cotidianos de los
habitantes. Esta justicia cotidiana, sin embargo, va más allá de la mera
seguridad. Reducir la justicia a la seguridad no es otra cosa que
venderla por menos de lo que realmente vale. Sólo una justicia social
amplia, incluyendo reformas a las estructuras excluyentes que provocan
las guerras civiles, podrá reordenar las sociedades para hacer de ellas
sociedades estables, seguras y pacíficas a largo plazo.
Los límites de la justicia sin seguridad
El caso de Guatemala
En la Guatemala del siglo XX, se produjo un genocidio
dentro de un contexto de conflicto armado prolongado (1960-1996) entre el
Estado y los rebeldes de Izquierda. La Comisión de la Verdad patrocinada
por las Naciones Unidas concluyó en 1999 que aproximadamente 93 por ciento
de las doscientas mil muertes ocurrieron a manos de las fuerzas de
seguridad del Estado o de sus aliados paramilitares (CEH, 1999)—fuerzas
que no sólo fueron controladas por el Ejército durante la guerra, sino en
las cuales se obligaba a participar a los civiles, so pena de muerte. (Es
importante mencionar el grado de control del Ejército sobre el
paramilitarismo en Guatemala durante la guerra, puesto que constituye una
diferencia notoria con el caso colombiano. 4)
Por consiguiente, es perfectamente claro que el Estado guatemalteco es el
principal responsable de los asesinatos; cualquier esfuerzo por aplacar la
fuerza de esta conclusión sería una irresponsabilidad intelectual. En este
contexto, la justicia transicional debe incluir la responsabilidad de
quienes organizaron estas campañas genocidas.
No obstante, la situación de Guatemala en la post-guerra
deja un escenario mucho más complicado, y es en este punto que se
quebranta el enfoque de los derechos humanos centrado en el Estado. Aunque
el gobierno y la guerrilla suscribieron el último de una serie
comprehensiva de acuerdos de paz en 1996 y las masacres de indígenas son
un tema del pasado, los guatemaltecos aún esperan la paz. El país continúa
padeciendo las mismas desigualdades endémicas que provocaron el conflicto:
racismo, pobreza, desigualdad, hambre, falta de acceso a la tierra, al
agua, a la educación, y a las oportunidades. Ninguno de estos problemas ha
sido resuelto y, según algunos estudios, la situación ha empeorado en las
últimas décadas. 5 La guerra
terminó, no así los asesinatos. En los últimos años, el país se ha visto
sacudido por olas sucesivas de delitos comunes, a un punto tal que, según
algunos cálculos, Ciudad de Guatemala se ha convertido en la capital
homicida de la región (Gaviria y Pages, 1999; Londoño y Guerrero, 1999).
6 Aunque las violaciones graves y
sistemáticas a los derechos humanos son menos comunes que durante la
guerra, aún continúan. Los objetivos incluyen jueces, abogados, testigos,
periodistas y todo aquel que pretenda denunciar a los responsables de la
violencia durante la guerra. Ya no se cree que los actos selectivos de
intimidación sean organizados al más alto nivel de la autoridad del
Estado. Se trata, más bien, de la labor de siniestros escuadrones privados
de la muerte cuyos vínculos con las estructuras del Estado les permite
gozar de casi total impunidad (Peacock y Beltrán 2003; Amnistía
Internacional 2002). En Guatemala, estas entidades de la post-guerra son
denominadas a menudo los "poderes paralelos" o "cuerpos clandestinos".
Los escuadrones de la muerte
Aunque la actividad de los escuadrones de la muerte tiene
una larga trayectoria histórica en Guatemala, durante la guerra dichos
grupos actuaron en forma aliada con el Estado. En el período de la
post-guerra, estos grupos, al igual que muchas otras industrias,
sencillamente fueron privatizados. Actualmente, la participación activa de
muchos antiguos militares y paramilitares en el crimen organizado en el
país, incluyendo el narcotráfico, el hurto de vehículos, los atracos
bancarios y los secuestros, es un secreto a voces.
7 De hecho, el extenso proceso de paz y la
agenda reformista que surgió de los acuerdos de paz alienó a muchos al
interior del Ejército que eran de línea dura y obligó a otros al retiro
forzoso. Como lo explica Ana Arana: "Este grupo de militares retirados de
línea dura se transformó en un cartel del delito altamente poderoso, que
actualmente combina una variedad de empresas criminales enormemente
lucrativas con una campaña sistemática de violencia política. Para
organizar estas operaciones, los oficiales rasos han logrado nuevos
aliados entre los narcotraficantes y han fortalecido sus nexos con el
gobierno actual, forjando vínculos fuertes con las aduanas, la
inmigración, el sistema judicial, la policía y los oficiales del ejército
(Arana 2001: 89 – 90).
En los últimos años, la comunidad de derechos humanos
sugirió una comisión internacional bajo el nombre Comisión para la
Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS)
como un mecanismo para investigar tanto estos grupos como sus vínculos con
el crimen organizado (incluyendo el narcotráfico) y los ataques por
motivaciones políticas que se originan en la turbia frontera entre las
fuerzas del Estado y las no estatales.
El hecho de que el nombre oficial de la Comisión reconozca
estas entidades como "aparatos clandestinos de seguridad" es
significativo. Más que simples pandillas criminales, estas fuerzas forman
parte de una estructura paralela de poder que existe al tiempo (y está
entrelazada) con las fuerzas de seguridad del Estado y que ejecuta actos
de violencia con el fin de proteger los intereses económicos y políticos
de quienes participan en ellas. No es sorprendente entonces, que quienes
han estado asociados a la constitución de esta Comisión, hayan sido
víctimas de actos de violencia (Amnistía Internacional, 2003a).
Hay quienes han denominado este fenómeno la "colombianización"
de Guatemala, con lo cual hacen alusión al poderío de las mafias del
narcotráfico en el conflicto armado. De hecho, el papel cada vez más
activo de Guatemala como punto de trasbordo y almacenamiento dentro del
narcotráfico mundial ha alimentado, sin duda, las operaciones de los
grupos clandestinos, a la vez que algunas de las figuras más importantes,
tanto del gobierno como de las organizaciones criminales, han sido
vinculadas con el Cartel de Cali. 8
El tema de las drogas constituye, de hecho, una parte importante del
problema. Al mismo tiempo, la proliferación de redes criminales
organizadas y bien financiadas, que mantienen vínculos oscuros con Estados
débiles, la capacidad de penetrar las fronteras nacionales y el potencial
para ejecutar actos de violencia por motivos políticos, diseñados para
sembrar miedo y perturbar las políticas, es propio de la nueva realidad
global, tan dolorosamente clara después del 9/11 (y el 3/11 en España). No
hay nada "colombiano" en esto. Somos testigos de la globalización (y la
privatización) de la violencia política. De hecho no se trata de un avance
anómalo o particular provocado por el papel creciente del narcotráfico en
el istmo centroamericano, sino de una realidad propia de Estados débiles
en muchos escenarios, en especial de los Estados post-autoritarios.
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Notas
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