|
Parte 3 / 3
La creación de la justicia y la seguridad por
medio de reformas sociales
18
 Aunque
quienes defienden la política de mano dura han sido exitosos en obtener
votos al apelar a las preocupaciones reales de las personas, no son los
únicos para los cuales la criminalidad es un motivo de preocupación. En
los últimos años, un gran grupo de académicos y actores
políticos—respaldados por un coro de agencias internacionales de
financiación—ha clamado por una reforma judicial en América Latina. Con
ello buscan afianzar el estado de derecho mediante la profesionalización
de las fuerzas de seguridad, la modernización de los sistemas judiciales,
el mejoramiento de la capacitación técnica y otras áreas de asistencia.
Estas iniciativas aíslan el crimen como un problema técnico y sostienen
que este puede ser resuelto, entre otros, por medio de una mejor
capacitación y experticia, una modernización institucional y un aumento de
la eficiencia en el sector judicial.
En parte, estas iniciativas se ofrecen justamente como
alternativas al populismo de mano dura y el surgimiento de los fenómenos
descritos arriba sirven para prestar más urgencia a estas propuestas. Como
escribe William Prillaman, "el vacío creado por las cortes débiles,
ineficientes e inaccesibles ha sido llenado por una combinación de
acciones populistas, justicia privada y políticos defensores de la ley y
el orden que tocan el nervio de la frustración pública y exponen algunos
de los impulsos básicos de la sociedad" (Prillaman, 2000: 172). Este
argumento ha encontrado eco entre las instituciones donantes como la
Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID), el Banco Mundial
y el Banco Interamericano de Desarrollo, que han dedicado millones de
dólares a apoyar las iniciativas de reforma judicial y el estado de
derecho en la región (Jarquín y Carrillo, 1998; Santos, 2000).
Y aunque el interés por los sistemas judiciales en América
Latina está creciendo, gran parte del enfoque del estado de derecho
despolitiza el crimen, al que interpreta como algo que ocurre en forma
natural. Dado que la mayoría de quienes tratan este tema son abogados,
juristas o litigantes que buscan soluciones tangibles a problemas
urgentes, la mayoría de la literatura tiende a representar el crimen como
algo exógeno al sistema político, centrándose en formas concretas de
reformar las estructuras del estado para combatirlo mejor (Jarquín y
Carrillo, 1998). Las causas sociales y políticas (y las ramificaciones) de
la crisis que se percibe reciben poca atención y es reducido el esfuerzo
que se hace por comprender las percepciones de quienes han sido
históricamente ignorados por el sistema. 19
Los linchamientos
Cuando se mencionan los linchamientos y otros métodos
usados por la justicia privada, ello se hace con el único propósito de
subrayar la urgencia de las reformas al sistema judicial como aquellas que
se encuentran en proceso actualmente. 20 En
otras palabras, se asume que dichas erupciones expresan el descontento con
las deficiencias identificadas por los programas internacionales de
asistencia. Sin embargo, estudios etnográficos sobre la manera en que
quienes participan en los linchamientos entienden la ley sugieren lo
contrario. En las investigaciones que adelanté entre las poblaciones en
las que había linchamientos en las zonas rurales de Guatemala, encontré
que más allá de una cuestión meramente técnica de una mala administración
de justicia, estas tendencias son una amarga manifestación de la
abandonada intersección de la ley y la política, tal como esta se
manifiesta en situaciones de polarización extrema.
Como se mencionara anteriormente, la ONU documentó en
Guatemala unos 482 linchamientos ocurridos entre 1996 y fines de 2002. Una
de las encuestas halló que un 75 por ciento de la población expresaba
algún tipo de apoyo a dichas acciones (Ferrigno 1998). Aunque durante las
campañas de terror patrocinadas por el Estado a finales de la década de
los setenta y comienzos de los ochenta se utilizaran las
ejecuciones/torturas, el uso de estas tácticas por parte de los miembros
de la comunidad contra delincuentes comunes en lugar de usarlas contra
opositores políticos marca un alejamiento dramático de las prácticas del
pasado. Los linchamientos ocurren en comunidades tanto rurales como
urbanas, indígenas como mestizas. Las víctimas no son personas externas o
miembros de grupos étnicos o culturales minoritarios u opositores
políticos, sino miembros de comunidades extremadamente marginales en las
que se desarrollan los hechos y a quienes han acusado de delitos menores
contra el patrimonio. Una característica común—la que en mi opinión es la
más importante—es la marginalidad extrema de estas comunidades, su sentido
de debilitamiento colectivo.
A primera vista, estos actos pueden parecer la encarnación
última de la mano dura. Y en cierto grado lo son. Los linchamientos
constituyen, sin duda, manifestaciones de ira punitiva con los que las
comunidades buscan purgarse de los presuntos criminales sin contemplar las
delicias del debido proceso. Al igual que otras manifestaciones de mano
dura, en muchos casos los linchamientos son instigados por antiguos
paramilitares que ven en el delito de la post-guerra una oportunidad para
prolongar su poder por medio de la violencia y el miedo, prácticas que
perfeccionaron durante el conflicto armado. Estos linchamientos
constituyen un remanente del autoritarismo, en el que a menudo los tiranos
locales con vínculos con la violencia del pasado obligan a los miembros de
la comunidad a participar. Un informe de Naciones Unidas del 2000 sobre
este tema, así como varios informes de los grupos de derechos humanos,
resalta esta perspectiva. Mis propias investigaciones han mostrado pruebas
considerables para sustentar las denuncias de la participación de los
grupos de ex - paramilitares en estos linchamientos y, además, que estos
actos están a menudo dirigidos contra enemigos personales o políticos de
estos grupos y no contra los presuntos criminales.
Sin embargo, existe un segundo tipo de linchamiento,
quizás menos predecible, que es el que, en mi opinión, constituye el
verdadero reto para los académicos. 21 En el
amplio trabajo etnográfico realizado en las comunidades en las que existen
linchamientos, hallé que muchas poblaciones sin duda, los apoyan (Godoy,
2002). En este sentido, al menos algunos de los linchamientos son
emprendidos en representación de la "voluntad del pueblo" en los que la
participación es voluntaria y, en algunos casos, entusiasta.
La desesperación de los ciudadanos
Las explicaciones de estos actos populares de (in)justicia
podrían parecer también obvias. Se asume que se trata de la desesperación
de los ciudadanos ante una situación abrumadora: enfrentados a una
criminalidad generalizada y a un sistema judicial dolorosamente
ineficiente en regímenes debilitados por los legados del autoritarismo,
algunas personas deciden tomar la ley en sus propias manos. Pareciera
incorrecto, pero es, en últimas, comprensible. Si uno acepta esta
explicación "obvia", la respuesta "obvia" será la de mejorar—y ampliar—el
alcance de la ley. Es por ello que surgen propuestas para contrarrestar
los linchamientos mediante la construcción de nuevas cortes en zonas
rurales, introduciendo nuevas formas de resolución de conflictos dentro
del sistema legal formal o mejorando la entrega de servicios a la
población que no es de habla hispana mediante el uso de intérpretes. En
cierto nivel, tales cambios serían bienvenidos. Aumentarían la eficiencia
del sistema judicial del Estado y ello es importante. Si los sistemas
judiciales fuesen realmente efectivos, los grupos de linchadores quedarían
desprovistos de la motivación de movilizarse. Claramente, estos estallidos
punitivos recalcan la necesidad de hacer una reforma real a las
estructuras del Estado.
Sin embargo, las investigaciones que adelanté en estas
comunidades sugieren que los linchamientos ofrecen una crítica más
penetrante que la que permiten tales razonamientos. De hecho, los
linchamientos no tienen lugar en las zonas con la más alta tasa de
criminalidad, ni se concentran en aquellas comunidades en las que la
presencia del Estado es menos efectiva. Los linchamientos ocurren en las
zonas en las que el sentido de marginalización de las leyes del Estado es
más elevada, en las que la conciencia de las injusticias sociales es más
aguda. De hecho, a menudo los linchamientos están acompañados de protestas
públicas contra las autoridades, incluyendo la destrucción de bienes
municipales, la ocupación de edificaciones y carreteras y, en algunas
oportunidades, la toma de rehenes de autoridades locales que se oponen a
los grupos. En Guatemala, inclusive los jueces y policías han sido
linchados.
Más que hacer llamados a ampliar el sistema legal del
Estado hacia los territorios por fuera de su alcance, considero que los
linchamientos son denuncias al sistema en sí. A menudo siguen ciertos
pasos y procesos que asemejan con crudeza los procesos legales formales:
los sospechosos son detenidos y retenidos mientras se adelanta la
investigación, se presentan las pruebas ante el cuerpo encargado de tomar
la decisión, a los sospechosos se les interroga en busca de confesiones (a
menudo bajo tortura), se decide la sentencia y, en muchas oportunidades,
se graban los procesos para referencia futura. Existe un esfuerzo
deliberado por imitar el funcionamiento del sistema judicial oficial, para
construir un sistema alterno sujeto a los controles de la comunidad. Ello
sugiere que los linchamientos revelan un conflicto no sólo entre los
miembros de la comunidad y los criminales, sino entre las comunidades y el
Estado—un conflicto en torno a quién tiene la autoridad en asuntos de vida
y muerte. 22 De este modo, las comunidades
que linchan luchan por recuperar no sólo el control sobre el crimen, sino
también la autoridad para tomar decisiones sobre temas vitales en sus
vidas diarias. En este sentido, los linchamientos son una manifestación
desafiante de la autonomía local.
Sugerir que la solución a la exclusión generalizada de
poblaciones marginales consiste en permitirles el acceso a las
instituciones estatales—aquellas que justamente atacan en los
linchamientos (literalmente con puños, pies y antorchas)—a la vez que se
reduce el gasto social y se limitan las oportunidades de movilización
social, no es otra cosa que adoptar una visión legalista del cambio social
y político, mientras se ignoran los temas sociales que se encuentran en la
raíz misma no sólo de la criminalidad, sino de la insatisfacción que estos
ciudadanos manifiestan ante la ley.
La pobreza y la exclusión social
Visto en detalle, se trata de una visión que coincide con
la visión neoliberal de la gobernabilidad, promovida por las mismas
instituciones acreedores que financian las reformas al "estado de
derecho". Se trata de una visión en la cual los problemas como la pobreza
y la exclusión social se solucionan por medio de mecanismos de mercado en
lugar de remediarse mediante una política estatal de redistribución. Por
supuesto, el sistema legal formal está disponible para solucionar males
flagrantes, pero no está diseñado ni muchos menos facultado para promover
una visión activista del cambio social. Quienes reclaman a nivel
individual pueden y de hecho presentan sus reclamos, pero en sí y en
ausencia de otras formas de movilización política el litigio está mal
equipado para lograr cambios sociales de gran envergadura (Scheingold,
1974; Epp, 1996). De tal modo, mientras algunos juristas latinoamericanos
aplauden el protagonismo creciente de las cortes en sus países (Jorge
Correa Sutil, por ejemplo, denomina esta tendencia como el primer síntoma
de la "modernización" (Correa Sutil, 1998), otros sugieren que esta visión
legalista de la justicia social, a menudo denominada "la judicialización
de la política", apenas alcanza a esconder el fracaso o la rendición de
otras instituciones encargadas de importantes funciones democráticas.
Por ejemplo, Boaventura de Souza Santos argumenta que la
legitimidad de los dirigentes políticos como representantes confiables de
la voluntad popular se ha erosionado a raíz de la creciente conciencia de
la influencia de las grandes empresas, de los escándalos de corrupción y
hechos semejantes. Con el Estado benefactor en ruinas, son cada vez menos
los ciudadanos del común que ven en las ramas legislativa o ejecutiva del
gobierno verdaderas respuestas a sus necesidades. Escribe Santos que "la
reducción del sector administrativo de seguridad social [conlleva a] la
ampliación del sistema judicial, [pero] al ser más activas en el derecho
administrativo y la protección de los derechos, las cortes contribuyen a
propagar el conflicto que puede surgir al desmantelar el estado
benefactor. De esta forma, el sistema judicial inyecta legitimidad al
pacto social democrático de un estado debilitado por la erosión de las
condiciones con las cuales se ha sostenido. Esta judicialización de la
política no está libre de problemas: atrapada en el dilema de tener la
independencia de actuar pero sin poderes para hacer cumplir sus
decisiones, muy pronto la promesa del activismo de las cortes superará su
capacidad de respuesta. Cuando ello ocurra—si ocurre—las cortes dejarán de
ser parte de la solución para convertirse en parte del problema" (Santos,
2000: 268-69).
Aumentar la eficiencia de las cortes a la vez que se
reduce el alcance de la participación del Estado en otros aspectos de la
justicia social promueve entonces una visión de la ley que es poco
probable que confiera beneficios más significativos a las comunidades
marginadas. Quienes linchan no claman por el respeto a sus derechos
individuales. Lo que buscan es una transformación más amplia de su mundo,
un sistema más justo en el que quienes están marginados adquieran voz. No
es un clamor por que haya más leyes, sino más justicia. Al caricaturizar
las leyes del Estado, quienes llevan a cabo los linchamientos las
denuncian. Piden orden, pero desafían intencionalmente ese mismo orden que
no es otro que el sustento de su exclusión. Es con su desafío que muestran
la creciente distancia entre las promesas y la realidad democrática en
sociedades profundamente divididas, lo mismo que la incapacidad de la
ley—cualquier ley—de superar una brecha de esta magnitud.
Como dicen Richard Sparks y otros "al hablar de la
criminalidad, las personas registran en forma rutinaria su relación con
otros aspectos de la vida económica, social y moral, señalan
responsabilidades y culpas, exigen responsables y justicia y trazan líneas
de afinidad y alejamiento entre 'nosotros' y muchas categorías de 'ellos'
(Sparks y otros, 2001: 896). Con los linchamientos, las comunidades
denuncian tanto la distancia entre sí mismos y los criminales como entre
sí mismos y el Estado. Recién desmantelado el militarismo, la violencia
deja de ser una facultad exclusiva de los poderosos: puede usarse no sólo
de arriba hacia abajo, sino entre iguales e inclusive de abajo hacia
arriba. Los linchamientos que tienen lugar en muchos países
latinoamericanos muestran que en la mayoría de los regímenes post-transicionales
los patrones de interacción social dominados por el estado son
descartados, pero la violencia continúa siendo el lenguaje universal.
Es por ello que los linchamientos no solamente hablan de
la muerte en los márgenes de la sociedad, sino que proporcionan una
ventana hacia las posibilidades de justicia y orden en una región que
lucha por manejar cambios sociales dramáticos mientras conserva, en la
mayoría de los casos, un sistema económico y político controlado por unos
pocos.
Conclusión
Mis investigaciones no indican cuál es la mejor forma de
negociar con los grupos armados, los dilemas de las propuestas de
amnistías o la forma más exitosa de procesar a los criminales de guerra,
temas que, sin duda, son importantes de explorar en Colombia. No obstante,
mis investigaciones sí tienen relación con una situación que a mi modo de
ver, se aplica a Colombia como se aplica a Guatemala: la amplia mayoría de
los ciudadanos se sienten traicionados por sus dirigentes políticos (tanto
estatales como no estatales, incluyendo los grupos de oposición). Aunque
las épocas de transición generan una oportunidad para enfrentar y
rectificar esta pérdida profunda de legitimidad, debemos comprender el
origen del malestar para, a su turno, saber cómo enfrentarlo. En efecto,
en demasiadas ocasiones las propuestas de procesos de justicia
transicional se fundamentan más en filosofía y jurisprudencia política que
en la búsqueda empírica de las vivencias que los ciudadanos tuvieron de la
violencia y su idea de justicia.
Es tal vez por ello que uno de los aspectos importantes
que los modelos de justicia transicional a menudo dejan de tener en cuenta
es la visibilidad del crimen en la experiencia diaria del ciudadano común.
Cuando los defensores de los derechos humanos y de la justicia ignoran
esta violación cotidiana de los derechos más básicos de los ciudadanos,
cedemos terreno político importante a quienes proponen la política de mano
dura y aceptamos la lógica implícita de que hay un abismo entre la
política para lograr justicia y el proceso técnico para alcanzar
seguridad. A menudo esto produce un resultado perverso, consistente en dar
poder a las fuerzas vinculadas con la violencia del pasado, las cuales
alegan que su historial de represión las hace aptas para lidiar con una
criminalidad generalizada.
Al mismo tiempo, si pretender lograr la justicia desde
arriba ignorando la seguridad de las calles es miope, también lo es
intentar detener la criminalidad sin enfrentar los contextos sociales en
los que se desarrolla. Esta no es la visión de un académico. Se trata, más
bien, de la expresión de quienes han sido excluidos del sistema legal
durante siglos y quienes perciben sus leyes no como una promesa de
seguridad, sino como su misma antítesis. Hasta tanto enfrentemos estos
espacios de exclusión y las crecientes brechas que caracterizan nuestras
sociedades, los castigos violentos de la justicia penal no lograrán
detener la ola criminal ni aplacar la sed de justicia manifiesta de formas
cada vez más violentas, llenas de ira y temibles a lo largo del continente
americano.
Notas
Referencias
Para ver las referencias de este ensayo, así como una
vasta bibliografía de la temática de justicia transicional ir a
ENTRE EL PERDÓN Y EL PAREDÓN. Preguntas y dilemas de la justicia
Transicional.
|
| |
