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Este ensayo analiza la
política de la memoria histórica en Guatemala,
como país que ha salido de una situación de guerra civil y represión
dictatorial.
Fue publicado originalmente por el
Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos
http://www.realinstitutoelcano.org/
Resumen
Los países que salen de
guerras civiles y dictaduras represivas han probado una gama de
mecanismos de justicia transicional, a menudo en combinación entre
ellos. La mayoría ha optado por crear Comisiones de la Verdad; unos
pocos han establecido tribunales especiales a nivel nacional o
internacional; otros han hecho limpiezas y reformas en instituciones
clave (fuerzas de seguridad, aparatos de inteligencia y el poder
judicial); varios han seguido el camino del resarcimiento o de las
reparaciones y, ocasionalmente, algún país –como España– ha tratado
simplemente de olvidar. Este ensayo analiza la política de la memoria
histórica en Guatemala, que ha sido más experimental que la de muchos
otros países en situación similar. Los guatemaltecos han buscado la
verdad, han tenido pugnas en torno a la justicia, han asumido los
desafíos del resarcimiento y han intentado la reforma institucional.
 La
elite y los militares guatemaltecos ofrecen su solución para enfrentarse
con el pasado violento de su país. Desde sus despachos en Ciudad de
Guatemala instan a perdonar, a olvidar y a enfocarse en los urgentes
desafíos de la democracia y el desarrollo. "Yo creo que si seguimos
mirando para atrás, no hay futuro. Lo que hay que hacer aquí es borrón y
cuenta nueva y sentarnos como guatemaltecos y ver cómo salimos adelante,
pero con resultados", explica un terrateniente. Un ex ministro de Defensa
insiste: "tenemos que perdonar para que juntos alcancemos metas. Si eso no
se da, no va a haber reconciliación. Si en el fondo usted guarda rencor,
no hay reconciliación. Si usted quiere tener paz, esa paz debe nacer de su
corazón y para tener paz en el corazón tiene que haber perdón. Si no, no
hay paz."
Los supervivientes de las comunidades arrasadas por la
guerra, repartidos por toda Guatemala, no se sienten capaces de olvidar y
perdonar. Como dice una viuda: "es como una espina y nadie se lo puede
quitar. Uno dice no saber que hacer con las personas que hicieron esa
matanza. A veces uno lo piensa y a veces uno dice ¿por qué ha pasado?; esa
lástima no se le quita a uno; esa misma espina a uno le recuerda todo. Se
la quita solo muriéndose uno". Otra viuda lo expresa de manera diferente:
"no puedo, lo tengo en los ojos, en la mente, lo tengo en los oídos, los
recuerdos, es imposible borrármelo, pero tenerlo siempre presente también
muchas veces tiene valor, porque anima siempre recordarle." Y una tercera,
señalando el sitio del corazón, agrega: "aquí no hay perdón. Nosotros no
podemos perdonar a un ejército que nos asesinaron. Un Estado que asesinó,
masacró y arrasó a nuestras comunidades. Nosotros decimos que ellos
tendrían que penar."
La mayoría de los profesionales y académicos dedicados al
tema de la justicia transicional están de acuerdo en que no es ni factible
ni deseable que se cumplan los deseos de aquéllos que estuvieron más
implicados en los crímenes y abusos en tiempos de guerra, o los de
aquéllos que estuvieron más alejados del conflicto. No se puede hacer
tabula rasa, así como tampoco se puede exigir perdón [por mucho que se
desee –o que convenga–]. Al mismo tiempo, la mayoría de los expertos piden
precaución ante el exceso de memoria o de responsabilidad, factores que
podrían impedir la reconciliación necesaria para sostener la paz y
fortalecer la democracia.
Los países que salen de guerras civiles y dictaduras
represivas han probado una gama de mecanismos de justicia transicional, a
menudo en combinación entre ellos. La mayoría ha optado por crear
Comisiones de la Verdad; unos pocos han establecido tribunales especiales
a nivel nacional o internacional; otros han hecho limpiezas y reformas en
instituciones clave (fuerzas de seguridad, aparatos de inteligencia y el
poder judicial); varios han seguido el camino del resarcimiento o de las
reparaciones y, ocasionalmente, algún país –como España– ha tratado
simplemente de olvidar. Este ensayo analiza la política de la memoria
histórica en Guatemala, que ha sido más experimental que la de muchos
otros países en situación similar. Los guatemaltecos han buscado la
verdad, han tenido pugnas en torno a la justicia, han asumido los desafíos
del resarcimiento y han intentado la reforma institucional.
La búsqueda de la justicia transicional en
Guatemala
El conflicto armado guatemalteco fue objeto de
indagaciones por parte de dos comisiones investigadoras, el REMHI
eclesiástico y una comisión (CEH) establecida por los acuerdos de paz. Los
dos informes, emitidos en 1998 y 1999, respectivamente, y basados en
documentación primaria y en testimonios de supervivientes, llegan a
conclusiones esencialmente similares. Culpan al Estado y a sus fuerzas de
seguridad del 90% al 93% de las 200.000 muertes y desapariciones ocurridas
durante el conflicto armado interno que duró 36 años (1960-1996). El
informe de la CEH fue más allá, culpando al ejército de genocidio contra
la población maya de Guatemala, basándose para ello en un análisis de los
datos recopilados en cuatro de las regiones más golpeadas del país.
La esperanza de que la verdad fuera a fomentar la
reconciliación se desvaneció con las reacciones políticas que surgieron
tras la publicación de los informes. Por una parte, varios miles de
víctimas de la represión, junto con miembros de grupos indígenas y de
derechos humanos salieron a la calle y llenaron un estadio para celebrar
la publicación de un informe que había desvirtuado con creces los temores
de un intento oficial por ocultar la verdad. Alentados por las
revelaciones y las recomendaciones –que incluyeron un llamamiento a
someter a juicio a quienes instigaron y fomentaron el genocidio, la
tortura y la desaparición forzada–, la comunidad de ONG redobló su
búsqueda de justicia. Se iniciaron procedimientos legales –con timidez en
Guatemala y con más fuerza en el extranjero–, recurriendo a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos basada en San José y al sistema
judicial español, que había demostrado una voluntad de someter a juicio
tanto a Augusto Pinochet como a miembros de la dictadura argentina.
Las reacciones del ejército, la elite y el Estado, fueron
igualmente rápidas, pero notablemente distintas. La oficialidad militar
denunció que los informes eran parciales o, como señalaron varios,
producto de "comisiones de mentiras". Así delineados los frentes de la
batalla política, se produjo más que una guerra de palabras. El obispo
Juan Gerardi fue asesinado brutalmente menos de dos días después de
encabezar la entrega de Guatemala Nunca Mas, del REMHI. El presidente Arzú,
comprensiblemente escarmentado, optó por no aceptar en persona el informe
de la CEH, Memoria del Silencio en febrero de 1999, y desestimó la
necesidad de tomar medidas específicas para implementar las
recomendaciones, que incluían la urgencia del resarcimiento y de reformas
institucionales, además de la exigencia de justicia.
El asesinato de Gerardi fue sólo el primero de una serie
de lúgubres recordatorios del pasado violento de Guatemala. En las
elecciones nacionales que se llevaron a cabo nueve meses después de que la
CEH hubiera completado su trabajo, los guatemaltecos le dieron el poder al
Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado y liderado por el
general Ríos Montt, arquitecto principal de la política genocida
denunciada en particular en Memoria del Silencio. La campaña de violencia
e intimidación se intensificó. Un aparato clandestino de seguridad,
operando en los márgenes y al amparo del poder, inició acciones contra
antropólogos forenses, activistas de DDHH, periodistas, abogados y jueces.
En cada caso, las víctimas eran individuos que buscaban revelar evidencia
de los crímenes o bien enjuiciar a los perpetradores de estos delitos.
Exacerbando aún más las tensiones del clima político, la campaña electoral
del FRG prometió compensar a las patrullas de autodefensa civil (PACS) que
habían proveído gran parte de los efectivos (carne de cañón, en efecto)
durante la campaña militar antisubversiva, y que habían cometido una parte
sustancial de los abusos y crímenes.
En julio de 2004, en parte para desactivar el tema
–política y jurídicamente complicado– de los pagos a ex miembros de las
PAC, y para superar el impasse judicial heredado del FRG, el gobierno de
Portillo estableció la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) en julio
e 2003, cuyo mandato consistía en diseñar un plan de reparaciones
(resarcimiento) para las víctimas del CAI, tal como lo había recomendado
la CEH. Con un presupuesto anual inicial de 13 millones de quetzales, la
CNR estaba a cargo de la respetada directora de la Coordinadora Nacional
de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) y se componía de representantes
gubernamentales y de miembros de organizaciones de víctimas, indígenas y
DDHH. Dos años más tarde, el gobierno intervino, tomando control de una
comisión desprestigiada que había sido incapaz de hacer un solo pago de
resarcimiento
¿Qué causó el fracaso?
Compromiso político y resistencia
Como toda iniciativa política, la efectividad de cualquier
programa de justicia transicional depende del compromiso de los líderes de
ir acompañando y guiando el proyecto a través de sus varias etapas. La
efectividad de estas políticas también refleja el grado de dedicación,
aceptación y resistencia de otros actores, tanto de los involucrados en el
proceso como de los que se verán potencialmente afectados por los
resultados. Se entiende que algunos actores políticos estarán más a la
defensiva que otros, y manifestarán mayor resistencia a ciertas políticas
que a otras. Sin embargo, dado el contexto político de incertidumbre (post
conflicto, post dictadura) en que se impulsan típicamente las
impredecibles iniciativas de justicia transicional, el riesgo político es
especialmente alto. Al estar tanto en juego para tantos actores –miembros
del régimen democrático que se inicia que quieren estabilizar la
democracia y del régimen que se retira, tratando de proteger sus
intereses–, el juego político tiende a ser defensivo.
Esto fue ciertamente así en el caso guatemalteco.
Temerosos de los resultados, el gobierno, las FFAA e incluso los
representantes de la guerrilla que negociaban los términos de la paz,
asumieron desde el comienzo una postura defensiva, esmerándose en evitar
primero y en diluir luego las demandas de responsabilidad que provenían de
la sociedad civil. La CEH, que no iba a mencionar nombres ni a servir de
preludio a juicios, y que además estaba mal financiada, bajo presión de
tiempo, y sin poderes de exigir la entrega de documentos o la presentación
de testigos, produjo a pesar de todo esto la alarmante revelación de que
el ejército había cometido genocidio. En ese momento, los involucrados
vacilaron. Las víctimas aplaudieron y como espectadores constataron cómo
se cerraba la defensa. El resultado es que se negó la verdad y la
justicia, se pospuso el resarcimiento, y comenzó la resistencia violenta.
¿Despolitización, diálogo y reconciliación?
Quienes abogan por la justicia transicional ponen grandes
esperanzas tanto en el proceso como en los resultados. Desde su punto de
vista, un reconocimiento del pasado, cuidadosamente planeado y ejecutado,
servirá en efecto para estabilizar la democracia. Lo logra por medio de
proveer un espacio neutral para la discusión de temas políticos de alta
sensibilidad: una comisión, o un tribunal, dirigido y compuesto por un
selecto grupo cuyos miembros, individualmente o como equipo, sean
considerados como profesionales e imparciales. Luego se abre para apelar a
antiguos adversarios políticos y a la sociedad en general en un proceso
que fomenta los valores democráticos del diálogo, el acuerdo y la
tolerancia, si no el consenso. También produce conocimiento y
reconocimiento del mal causado y un compromiso para resarcir, resultados
cruciales que promueven la reconciliación necesaria para consolidar la paz
y la democracia.
Algunos mecanismos de justicia transicional cuentan con
una clara preferencia por encima de otros. La verdad, por lo general,
otorga la mayor oportunidad de alcanzar el conjunto de bienes que conducen
tanto a la estabilidad democrática como a la reconciliación, mientras que
los procesos judiciales son los que menos contribuyen en este aspecto. Las
distinciones clave entre los dos mecanismos se encuentran etiquetadas. En
contraste con el tipo de justicia vengativa o retributiva que se dispensa
en los tribunales, la verdad (como las reparaciones) ofrece una forma de
justicia conciliadora o restauradora.
Los guatemaltecos no han tenido ocasión real de evaluar el
impacto de la justicia legal. La legislatura dominada por el FRG,
encabezado (de 2000 a 2004) por Ríos Montt, nombra los jueces de la corte
suprema, garantizando así la continua impunidad favorecida por el FRG. Al
mismo tiempo, la sola amenaza de establecer responsabilidades penales ha
generado una reacción lo suficientemente violenta como para descarrilar el
intento dentro del país, lo que explica la persistencia de la búsqueda de
justicia en cortes internacionales.
Esto presenta un misterio que debe ser resuelto por el
campo de la justicia transicional. En la superficie, los hechos confirman
la sabiduría convencional, que considera que los juicios, como forma de
establecer responsabilidad, son fuentes de división y de inestabilidad,
por lo que es poco probable que conduzcan a la reconciliación; no valdría
por lo tanto la pena arriesgar con ellos la paz y la democracia. Sin
embargo, muchos sobrevivientes guatemaltecos, a menudo los mejor
organizados entre ellos, se mantienen firmes en su continua búsqueda de
justicia. "¿Pero cómo es posible?", explica un dirigente maya, "ellos
viven tranquilos, tienen poder; no es justo, porque ellos son culpables y
algún castigo deben tener". A pesar de los obstáculos, los sobrevivientes
persisten en su conceptualización de la justicia como una forma
fundamental de reconocimiento y resarcimiento, así como en considerar que
la ausencia de justicia es un impedimento tanto para la democracia como
para la reconciliación. Se podría argumentar que las tensiones provocadas
por la lucha por la justicia resultan tan desestabilizadoras como el
castigo que resulte de un juicio.
La neutralidad política, el diálogo y la reconciliación
son ideales difíciles de alcanzar en cualquier lugar, sin importar el
mecanismo utilizado. Los desafíos son particularmente difíciles en países
como Guatemala, que sale de una dictadura particularmente represiva y de
un conflicto que causó grandes divisiones. No había figuras neutrales o
profesionales irreprochables, a nivel nacional o internacional, que
lideraran las comisiones de verdad. El proceso mismo no fue ni apolítico
ni conducente al diálogo. Los victimarios y las víctimas comprendieron que
había mucho en juego, y reaccionaron de manera acorde. Los militares no
entregaron datos, mientras que los sobrevivientes hicieron sentir el peso
de su número. La exitosa movilización de una fracción de las víctimas de
la contrainsurgencia para dar testimonio fue un gran factor de ayuda para
que la Comisión alcanzara su veredicto de genocidio a manos del ejército.
No debe sorprender que la inesperada dureza del veredicto final, que
aumentó la posibilidad de nuevas formas de responsabilidad penal, generara
más polarización que reconciliación. Surgieron acusaciones cada vez más
destempladas sobre las supuestas "comisiones de mentiras", compuestas de
curas guerrilleros y de izquierdistas irredentos, al mismo tiempo que
surgió una escalada de intimidación y violencia que se enfrentó a las
demandas crecientes de justicia real y merecida hechas por asociaciones de
víctimas y por organizaciones de DDHH.
La decisión gubernamental de establecer una comisión de
resarcimiento fue una maniobra política tomada como medio para librarse
del pantano causado por el continuo debate sobre los pagos a los antiguos
miembros de las PAC y por las insistentes demandas insatisfechas por parte
de los sobrevivientes. El gobierno de Berger esperaba que la CNR le
permitiera desactivar la tensión política al ofrecer compensación a
víctimas del conflicto armado indiscutiblemente calificadas para recibirla
y, en general, le permitiera sustituir la justicia penal con
compensaciones materiales y simbólicas.
Pero el plan del gobierno fracasó. El ejecutivo apenas
logró transferir las disputas desde el congreso y desde los tribunales de
justicia hacia un nuevo campo de confrontación, el cual se convirtió en un
escenario aparte de batallas, nuevas y conocidas, acerca de cómo
enfrentarse al pasado. Hubo mucho diálogo, pero poco acuerdo, poca
tolerancia y poco consenso. Los representantes indígenas, de las víctimas
y de DDHH de la CNR se enfrentaron con los delegados de gobierno acerca de
si la justicia constituía una forma de resarcimiento y acerca de si el
genocidio debería servir de base para determinar una escala compensatoria.
Si bien estaban prácticamente de acuerdo acerca de la justicia y el
genocidio, los representantes de la sociedad civil se pelearon entre ellos
por prioridades programáticas, puntos de vista y la administración de
fondos. Todas estas diferencias se extendieron hasta incluir a actores
externos con interés en el proceso –en esta ocasión no solamente los que
cometieron los abusos de DDHH–. Surgieron también conflictos que
dividieron a las comunidades de sobrevivientes, separando a los que se
beneficiarían de los que temían no ser incluidos entre los recipientes del
PNR. Finalmente, al consolidarse la parálisis programática, los
sobrevivientes se convirtieron en ardientes opositores de una iniciativa
que había levantado expectativas sin lograr nada, victimizándolos de este
modo una vez más.
¿Promesas sin cumplir?
Los mecanismos de justicia transnacionales pueden causar
la mayor decepción, quizá debido a que exceden su alcance. Sus promotores
normalmente se encuentran en una situación de argumentar a favor de
confrontar un pasado que sigue siendo una espina clavada en la vida de los
desposeídos pero que muchos de los actores políticos privilegiados, por
varias razones, preferirían dejar atrás, haciendo "borrón y cuenta nueva".
Al intentar convencer a los escépticos, por lo tanto, tienden a prometer
más de lo que pueden entregar, insistiendo que el proceso de
reconocimiento del pasado tendrá beneficios tangibles y casi inmediatos,
no sólo para la víctima o superviviente, sino para la sociedad en general.
Esto ha quedado especialmente claro en el caso del
mecanismo más frecuente y más estudiado: la comisión de la verdad. Sus
defensores hacen notar el beneficio psicológico que decir la verdad les
trae a los supervivientes de violencia masiva, al ser oídos y escuchados y
recibir validación. Los expertos hablan de víctimas que rompen una
"conspiración de silencio", superando su "aislamiento, soledad y
desconfianza", "derrotando su miedo" y "recuperando su dignidad humana".
También insisten en que las comisiones de la verdad ayudan tanto a los
supervivientes como a la sociedad en general a enfrentar, procesar y
superar el pasado por medio del conocimiento conciliatorio, o de la
comprensión que adquieren en el proceso. Todos se benefician, más aún,
porque la verdad así recogida pasa a constituir un registro histórico que
informa el futuro político de la nación, prometiendo que se impedirán así
las repeticiones de la violencia en masa: "nunca más".
Cada una de estas aspiraciones estaba contenida en las
comisiones de la verdad guatemaltecas. Sin embargo, la experiencia real
fue muy diferente. Aunque algunos sobrevivientes "sacaron lo que tenían
dentro" por primera vez, como decían, lo cierto es que muchos ya habían
contado su historia antes, mientras que la gran mayoría de los que no lo
habían hecho se contenían por miedo, por tristeza o porque nadie les había
pedido que contaran. Los que hablaron sabían que se iban a sentir más
tristes después de hacerlo. Pero dieron su testimonio de todas maneras,
porque querían que otros supieran lo que les había sucedido a ellos y
porque esperaban recuperar su dignidad por medio del resarcimiento
prometido. Como sabemos, sin embargo, la verdad que se recopiló apenas fue
reconocida y ha llevado más a la violencia que a la paz y la
reconciliación.
La comisión de resarcimiento, que se comprometió a
dignificar a las víctimas por medio de compensaciones, tampoco cumplió con
las expectativas que había levantado. El PNR nunca entregó resarcimiento
alguno, en parte porque su proceso no contribuyó a aumentar la
dignificación de las víctimas. Las disputas entre los delegados indígenas
y no-indígenas al PNR iban más allá de desacuerdos sobre tácticas y
estrategias. La insistencia indígena en que se diera resarcimiento
apropiado a la cultura maya, además, atrajo la resistencia y el desprecio
de los miembros ladinos que los acusaron de querer "indianizar el
proceso". "Sí, queríamos restaurar las prácticas de nuestros ancianos, de
los guías espirituales, y como memoriales queríamos que se restauren
nuestros lugares sagrados que fueron destruidos por los militares",
explicaba un delegado maya, "pero ellos insistían en la terapia
occidental, y para ellos un memorial quería decir poner una cruz o un
letrero en el parque, que diga algo como ‘llamamos a la reconciliación’.
Pero para nosotros eso no significa gran cosa." En tanto el PNR fuera un
reflejo fiel de una sociedad guatemalteca discriminatoria, sería incapaz
de cumplir su cometido de dignificar individuos, comunidades y una cultura
históricamente denigrada.
Conclusiones
¿Qué hacer?
A estas alturas, puede parecer inevitable que la verdad,
la justicia y el resarcimiento en Guatemala produzcan más desilusión. Los
proponentes de estos mecanismos excedieron su verdadero alcance
–exageraron su potencial de afianzar la reconciliación y la democracia en
una sociedad que había conocido demasiado poco de reconciliación y
demasiado poco de democracia, un país en el que las heridas estaban
todavía abiertas, y un país donde no había incentivos para que cooperaran
en el proceso los que podrían haber hecho una verdadera diferencia.
Pero el fracaso nunca fue inevitable. Se hizo inevitable
porque faltó el mecanismo transicional crucial: la reforma de las
instituciones y de las actitudes necesarias para preceder la búsqueda de
la verdad, la justicia y el resarcimiento, o necesarias por lo menos para
acompañar esos esfuerzos. Después de todo, los sobrevivientes entregarán
su testimonio solamente en circunstancias en que no teman las represalias
de algún vecino que haya perpetrado el daño. Así mismo, los juicios
solamente pueden llevarse a cabo cuando existe de verdad el imperio de la
ley, dentro de un Estado de Derecho. Por último, el resarcimiento sólo
puede brindar dignidad a una cultura que ya cuente con un grado básico de
respeto. La reforma del aparato de seguridad, la reestructuración del
sistema judicial y la introducción de un marco legal y educativo que
combata el racismo tan profundamente entrozizado eran tres elementos
necesarios para que funcionara la justicia de la transición. Sin embargo,
al estar los obstáculos tan profundamente enraizados, y al carecer los
esfuerzos del apoyo político necesario, la verdad y el resarcimiento se
transformaron en meros sucedáneos o sustitutos de un cambio más
fundamental, con la esperanza mal concebida de que producirían los
fundamentos y el impulso para reformas cruciales. Como dicen los
guatemaltecos con frecuencia: "¿cómo nos vamos a reconciliar si nunca
hemos estado conciliados?".
Algunos sucesos ocurridos durante el verano pasado les han
recordado a los guatemaltecos que es imposible hacer borrón y cuenta
nueva. En el mes de julio, bomberos que fueron a investigar una supuesta
fuga de gas en una fábrica de municiones, se encontraron inesperadamente
con un gran archivo policial perdido. Varias habitaciones de la planta,
infestadas de roedores e insectos, contenían montones de documentos
empaquetados, tirados en bolsas de plástico u ordenados meticulosamente en
archiveros cuyas etiquetas indicaban el contenido: "asesinatos",
"desapariciones". Los bomberos habían dado, sin querer, con la historia
oficial de la contrainsurgencia guatemalteca, información cuya existencia
las fuerzas de seguridad se habían empeñado en negar. Un mes más tarde,
inmensos aluviones causados por el huracán Stan sepultaron varias
comunidades indígenas en las montañas occidentales. Stan destruyó la vida
y los medios de supervivencia de quienes ya lo habían perdido todo una
vez, o a veces dos, antes, ya sea a causa del conflicto armado o del gran
terremoto que arrasó la zona en 1976. Fue en medio de las ruinas de ese
terremoto que los militares perdieron la batalla por la conciencia de los
indígenas frente a un movimiento guerrillero que aprovechó la total
indiferencia del Estado hacia el sufrimiento soportado por la gente.
Aun antes de estos recientes eventos que remecieron el
país, Guatemala había comenzado a mostrar señales esperanzadoras de
cambio. La reforma militar estaba tomando fuerza, se contemplaba una
modernización del aparato judicial, se promulgaron leyes para castigar la
discriminación y se introdujeron reformas educativas que tomaban en cuenta
la pluralidad cultural de Guatemala. El Estado ahora tiene una nueva
oportunidad de llevar a cabo un esfuerzo cabal de justicia transicional, y
no puede darse el lujo de desperdiciarla. Mucho depende del apoyo
gubernamental para catalogar y diseminar el contenido de los archivos, que
seguramente va a entregar nuevas verdades y demandas intensificadas de
justicia y reforma de los servicios de seguridad. Si va en ayuda de los
sobrevivientes del huracán de forma tal que se reafirme la dignidad humana
de las víctimas, el gobierno podrá pasar la página de una importante época
de la historia. Si bien es cierto que nunca podrá sacar la espina del
dolor causado, podrá tal vez comenzar a fomentar un nuevo modelo de
relación entre las elites del país y la mayoría indígena, basado en un
compromiso con el respeto, la tolerancia y la igualdad. Acaso esto pueda
ser el comienzo de un proceso de conciliación.
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