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 ¿Es posible iniciar la construcción de un paradigma de
desarrollo humano sustentable en sociedades traumatizadas por profundas
heridas y divisiones heredadas de guerras y regimenes de violencia? La
respuesta es positiva, aunque condicionada a que se alcance un nuevo pacto
de convivencia para la reconciliación nacional, lo que supone, a su vez,
un complejo proceso psicosocial y la puesta en vigor de disposiciones
legales e institucionales dirigidas a alcanzar ese fin.
Las sociedades que han transitado por algún conflicto
violento o han sufrido las consecuencias de un prolongado régimen
autoritario o totalitario se enfrentan, justo al inicio de los procesos de
paz y de cambios hacia la democracia, con un pesado fardo de violaciones
de derechos humanos cuyas víctimas esperan justicia.
Pero a menudo ha sucedido que los procesos de cambio no
han sido el resultado del derrumbe de esos regímenes frente a sus
adversarios, ni la paz se ha impuesto porque la violencia terminase con la
victoria aplastante de uno de los bandos en pugna sobre el otro.
En no escasas ocasiones el inicio de los procesos de paz y
cambios democráticos ha sido el resultado de negociaciones entre las
partes en conflicto quienes acordaron, como condición para poner fin a su
enfrentamiento, la impunidad en favor de aquellos que habían cometido
diferentes tipos de graves abusos y crímenes.
La lógica de priorizar los beneficios de la paz para el
conjunto de la sociedad acelerando el cese del conflicto, no pocas veces
ha tomado prioridad sobre la de satisfacer las legítimas demandas de
justicia de aquel sector social que había sido victimizado. El
razonamiento esencial --no necesariamente mal intencionado-- de quienes
han aceptado esas condiciones es que, de no extenderse algunas garantías
futuras hacia los verdugos, el conflicto podría prorrogarse de manera
indefinida y generar aún más víctimas de las existentes hasta el momento
de producirse las negociaciones. Era imprescindible alcanzar la paz, o al
menos poner fin a la violencia, y llamar a la reconciliación. Ocurre a
menudo que la mayor parte de la población en sociedades post conflicto o
en vías de transición democrática está menos motivada por asistir a un
prolongado juicio contra los verdugos del pasado que por recibir una
inmediata respuesta a los apremiantes problemas del presente: empleo,
comida, vivienda, entre otros.
Sin duda esta lógica encierra una verdad, pero incompleta.
Así lo demuestra el resultado de los diferentes experimentos de
reconciliación nacional impulsados en distintos países al cabo de años de
haberse impuesto el cese de las hostilidades o de haberse iniciado una
transición democrática. Los movimientos de derechos humanos y las
asociaciones de víctimas – apoyados ahora en la globalización de los
sistemas de justicia en lo que concierne a crímenes de lesa humanidad y
violaciones del derecho internacional humanitario- han persistido en sus
reclamos de justicia.
Los expedientes criminales se reactivan hoy en Argentina,
Chile y Uruguay, mientras en España se desempolvan los papeles de la
Guerra Civil y se derriban las estatuas del caudillo a más de tres décadas
del fin de su régimen. En Perú al parecer se sigue la dirección contraria
con el cierre de la posibilidad de encausar a los verdugos del terrorismo
de estado, mientras se aplica la justicia sobre los grupos de actores no
estatales irregulares que ejercieron el terrorismo igualmente. Derechas e
izquierdas se polarizan en torno al tema, desaparecen testigos de cargo en
circunstancias misteriosas y se retoma el lenguaje amenazador de la
violencia. Hay lugares donde voces desde algunas de las iglesias llaman a
la reconciliación, pero carecen de credibilidad si en ese mismo país
guardaron piadoso silencio y pasividad ante los crímenes de pasadas
dictaduras. Hay partidos en el gobierno y la oposición que se aprestan a
retomar las denuncias de los crímenes de sus adversarios, pero continúan
guardando silencio ante los propios, cometidos en una época en que los
fines parecían justificar los medios. No faltan políticos que, también
desde el poder o la oposición, agitan esas aguas de manera conveniente y
oportuna a sus propios fines y no necesariamente movidos por un sentido de
obligación ética hacia las víctimas.
Hay incluso dificultades culturales. En la cultura hispana
hay una forma de codificar el honor que no admite perdones ni
reconciliaciones. El honor –codificado en clave machista- ha de ser lavado
con el sufrimiento y la sangre de aquellos que intentaron ultrajarlo.
Implicados en esa lógica perversa del honor están implícitos otros
mensajes, como aquel de que dialogar, negociar, perdonar y reconciliarse
con el adversario son imperdonables amaneramientos equivalentes a la
capitulación y la traición. La influencia del principio de "ojo por ojo y
diente por diente" no es exclusiva de otras culturas, latitudes y
religiones, sino que permea también hasta el presente la cultura hispana y
latina, e incluso buena parte de la sajona. La lapidaria frase de Gandhi
cuando aseguraba que si cobramos ojo por ojo pronto todos quedaríamos
ciegos, no ha sido todavía asimilada.
Todo parece indicar que el reclamo de verdad y justicia
puede ser pospuesto pero no abandonado. La marea de demandas de paz puede
sobrepasarlo en un momento dado, pero siempre retorna, como resaca
inevitable, para recordarnos que hay cosas que no pueden borrarse de la
memoria y hay daños que reclaman ser reparados.
Las reconciliaciones no se decretan. Es La sociedad quien
debe facilitarlas de diversas maneras Aunque perdonar es potestad de las
víctimas. El perdón no puede decretarse como las amnistías. Perdón y
absolución legal no son equivalentes. Del mismo modo que amnistía no
significa amnesia.
Todo intento de imponer la reconciliación cuando no han
existido procesos concomitantes de verdad, memoria y justicia termina en
el fracaso.
La reconciliación nunca puede fundarse sobre la base de la
impunidad y el olvido. Ese camino puede conducir al reinicio del conflicto
que se creía superado. Pero la reconciliación es tan necesaria como lo son
la verdad, la memoria sobre lo ocurrido -para aprender las lecciones que
de ello se derivan- y el ejercicio de múltiples fórmulas de justicia en
favor de las víctimas. Conocer la verdad puede resultar perjudicial si
luego se abandonan los procesos de justicia y reconciliación. En esos
casos, limitarse a develar la verdad puede servir para atizar el rencor y
el deseo de venganza de aquellos que esperaron justicia inútilmente.
Las sociedades que han pasado por procesos traumáticos
como los mencionados requieren sanar sus heridas y aprender de su pasado,
para no repetir los mismos errores en el futuro. Eso no es posible sin
establecer con la mayor objetividad posible lo que realmente sucedió y sin
comprender –que no significa aprobar- los motivos que llevaron
a cada persona e institución a actuar del modo en que lo hicieron. Dejar
pasar el tiempo puede ser útil en ciertas circunstancias para calmar los
ánimos, pero no para cicatrizar heridas. A mediano o largo plazo el
reclamo de verdad y justicia vuelve a tomar el centro de las discusiones
y, en ocasiones, podría hacerlo retornando a la violencia.
Al parecer, la reconciliación puede ser un ardid, una
quimera y una posibilidad real según el modo en que se aborde. Fue
invocada como ardid por quienes deliberadamente quisieron proteger a
cómplices y verdugos de toda incriminación e impusieron leyes de Punto
Final, basados en una interpretación de la obediencia debida dentro de los
cuerpos militares que fuera abandonada desde los juicios celebrados en
Nuremberg contra los criminales de guerra nazis, sus jueces y otros
acólitos de aquel régimen de horror. La consideran una quimera aquellos
que han visto arraigarse su rencor como respuesta a la insensibilidad
oficial frente a sus reclamos de verdad y justicia. La reconciliación, sin
embargo, es viable cuando se le aborda con realismo, acompañada de
procesos complementarios de verdad y justicia.
Un conjunto de mitos y falsas definiciones han contribuido
a enturbiar el entendimiento acerca del significado y alcance de la
reconciliación, por lo que se hace necesario puntualizar algunas
clarificaciones sobre el tema:
- La reconciliación no puede ser el primer proceso que se convoque, ni
puede ser decretada. Las víctimas esperan que se les haga justicia y
esta puede tomar diversas formas: sancionar a los culpables, compensar a
las víctimas, reconocer socialmente lo ocurrido y el dolor que les fue
causado. Las autoridades –con mayor o menor consenso ciudadano- pueden
optar por formas de justicia compensatoria, en aras de asegurar la
estabilidad y paz social al corto plazo, y amnistiar a los culpables en
el marco de la legislación nacional. Pero ya no puede extenderles una
amnistía con respecto al derecho internacional y la actual globalización
de la justicia, por lo que los verdugos podrían ser posteriormente
extraditados a otros tribunales extranjeros o internacionales que los
reclamasen en otras latitudes, si existen convenios para ello, o
tendrían que permanecer en territorio nacional donde único la amnistía
decretada puede protegerlos.
- Amnistía no es amnesia. La verdad casi nunca es unívoca, pero
los hechos sí lo son. Los distintos protagonistas poseen diferentes
verdades sobre las cuales intentan explicar su actuación. Los hechos son
unívocos, aunque su reconstrucción requiera de la revisión seria y
sosegada de las versiones diferentes que existan sobre ellos. La
reconstrucción más exacta posible de los hechos es la esencia del
proceso de búsqueda de la verdad. Los procesos de reconciliación han de
seguir o mezclarse con la búsqueda y establecimiento de la verdad, la
reflexión colectiva sobre el pasado reciente, las lecciones aprendidas y
las medidas que se recomienden para eternizar los "nunca más" en la
memoria histórica nacional.
- Empatía no es simpatía. La reconciliación no exige la amistad
con los antiguos verdugos. Lo que demanda un proceso de reconciliación
es la comprensión del contexto donde todos actuaron –de uno y otro lado-
y de los métodos inaceptables que ambos pudieran haber empleado para
alcanzar sus objetivos, por legítimos que fuesen algunos de ellos.
- Para recibir perdón hay que pedirlo de manera clara y sincera a las
víctimas, las únicas que pueden extenderlo. La amnistía legal es la
exoneración por parte del poder judicial de la sanción debida por los
crímenes cometidos. Las amnistías no representan un reconocimiento de
que la persona era inocente, sino constituyen un acto de clemencia por
razones de estado ante un culpable a quien se libera de tener que
cumplir la sanción merecida. El perdón que puede llegar a extender una
víctima tampoco supone concederle al verdugo un reconocimiento de
inocencia, sino la decisión de la víctima de hacer dejación de sus
legítimos reclamos de justicia punitiva contra aquel en el futuro. El
estado tiene la prerrogativa de amnistiar cancelando las sanciones
legales, pero sólo los afectados tienen el derecho de perdonar por el
sufrimiento que les fuera inflingido. Los políticos pueden intentar
persuadir a las víctimas de la alta conveniencia social de avanzar
rápidamente hacia una nueva convivencia social y de la contribución que
a ese válido fin se haría extendiendo el perdón a los victimarios. Pero
son pocos quienes pueden dejarse persuadir a ese arreglo sin ver
previamente a su verdugo reconocer sus faltas y sin pedirles perdón, de
manera clara y sincera.
- La solicitud de perdón de parte del victimario supone la inclusión
de ciertos elementos, sin los cuales tal reclamo es apenas un cínico
ardid para evitar las consecuencias de sus actos pasados en las nuevas
circunstancias. Una solicitud de perdón formulada ante aquellos que
han sufrido en el pasado a manos de la persona, institución o gobierno
que ahora se la reclama supone, como mínimo, cuatro elementos:
-
El claro reconocimiento de que se causó un mal y de
la magnitud del sufrimiento inflingido.
-
Resultar convincente acerca del arrepentimiento por
el daño provocado.
-
La clara disposición individual a remediar o a
compensar de algún modo a sus víctimas.
-
Una explicación –no una justificación- de las
razones que cree lo indujeron a actuar de manera tan ignominiosa y
aborrecible.
A partir de las anteriores precisiones resulta claro que
declaraciones tales como "Si alguna de mis acciones llegaron a causar daño
a personas inocentes lo deploro sinceramente", carecen de los elementos
esenciales que nos permitirían considerar que estamos en presencia de una
auténtica solicitud de perdón.
Más allá de estas precisiones generales es necesario hacer
una adicional, quizás la más importante: la forma de abordar los procesos
de reconciliación en diferentes sociedades está claramente determinada por
las singularidades culturales e históricas del caso en cuestión. Pretender
universalizar una fórmula determinada porque resultó exitosa en otro
contexto es un craso error.
Pero esa particularidad no resta un ápice de valor a otra
verdad universal. Sin procesos complementarios de verdad, memoria,
justicia y reconciliación –cualesquiera que sean las adaptaciones de forma
y espacios de tiempo que se introduzcan para ajustarlos a las diferentes
realidades- y la puesta en marcha de medidas políticas, económicas y
culturales para superar las causas del anterior enfrentamiento, la paz no
estará definitivamente asegurada.
Por último, pero no menos importante, en los procesos de
conflicto y violencia sucede a menudo que coinciden en una misma persona u
organización la condición de víctima y de victimario. No se trata solo de
aquellos niños que después de asesinar a sus padres, fueron reclutados a
la fuerza, para transformarlos en crueles soldados de alguno de los bandos
en pugna.
Una constante de casi todos estos conflictos violentos ha
sido el empleo por los protagonistas de bandos opuestos del terrorismo
contra civiles y sus propiedades, la tortura, el maltrato de prisioneros
de guerra, las desapariciones, secuestros, los asesinatos extrajudiciales,
y otras atrocidades.
La creencia de que existen fines absolutos ante los cuales
el empleo de cualquier método para alcanzarlos resulta relativo, ha venido
permeando hasta el presente la cultura política y social de demasiadas
instituciones estatales y organizaciones ciudadanas. Sin devolver a la
política su significado pleno, como espacio de diálogo y negociación no
violenta de los conflictos de intereses y opiniones, tampoco podremos
poner coto definitivo a la violencia política y social que todavía hoy nos
acecha.
La comprensión de cómo han de enfrentarse los conflictos
antes de que lleguen a adquirir formas violentas es tan relevante al
desarrollo humano sustentable como lo es el aprender las formas para
darles una salida pacífica. Pero igual importancia adquieren para aquellas
sociedades traumatizadas por sus recientes conflictos el aprender las
diferentes maneras de abordar los procesos para la búsqueda de la verdad,
el establecimiento de la memoria histórica, el ejercicio de diferentes
fórmulas de justicia transicional y la construcción de procesos de
reconciliación nacional sobre esas bases. Del éxito que se alcance en esas
tareas dependerán sus posibilidades de abordar exitosamente en el futuro
las tareas del desarrollo humano sustentable.
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