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"El objetivo primordial de la OIT es promover
oportunidades
para que mujeres y hombres puedan obtener un trabajo decente y productivo
en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana".
Juan Somavía,
Director General de la OIT
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha acuñado un nuevo
concepto: trabajo decente. ¿Tiene relevancia o utilidad el empleo
de ese término en las actuales circunstancias?
El concepto de "trabajo" pretende ir mas allá del simple
empleo asalariado para abarcar la diversidad ocupacional desde el trabajo
por cuenta propia hasta el doméstico que realiza un ama de casa sin
recibir pago por sus servicios a la familia. Por otro lado la ambigua
definición de "decente" es tomada del inglés donde la palabra se relaciona
con razonable o suficiente. En ese sentido, trabajo decente querría
expresar un trabajo que se realiza en condiciones razonables y por el que
se percibe un beneficio suficiente.
El trabajo decente tiene cuatro dimensiones:
- Las características del trabajo y empleo del que se trate.
- La capacidad de poder ejercer los derechos laborales.
- La capacidad de representación y diálogo con los empleadores.
El esfuerzo conceptual de la OIT esta relacionado con el
movimiento universal a favor de la normatividad de los derechos humanos
que siguió a la II Guerra Mundial y que ha ido avanzando en la definición
de nuevas categorías de derechos individuales y colectivos. El ámbito de
la economía y el trabajo no han quedado al margen de esa creciente
normatividad que aun dista mucho de estar acompañada de procesos
nacionales para su codificación legal y su implementación real. No
obstante la claridad conceptual y la normatividad internacional ayudan a
distinguir lo aceptable de lo que no lo es.
En la historia moderna ha abundado el trabajo que no reúne
las características que permitirían definirlo como "decente". En las
décadas recientes, sin embargo, se han conjugado tres procesos que han
empeorado la situación laboral:
- La globalización de los procesos productivos.
- La "flexibilización" y correspondiente precarización del empleo.
- El incremento de los flujos migratorios masivos bien sean
documentados y controlados o aquellos no controlados por los estados.
La Globalización conlleva nuevas dinámicas de movimiento
de capital y tecnología, que conjuntamente con avances en transportes de
mercancía abre nuevas posibilidades de ubicar la producción donde los
salarios y el poder organizativo de trabajadores son menores. Aunque el
resultado para algunos es el acceso a nueva s fuentes de empleo, lo que es
bueno en si, se acompaña por el deterioro en las condiciones de trabajo y
seguridad de empleo; otros pierden sus empleos y son generalmente
inadecuados los programas de recapacitación o compensación.
Esta rápida movilidad de capital y medios productivos
tiene un impacto sobre la capacidad de organizar libremente la
representación sindical. En nombre de flexibilización y "eficiencia" son
debilitados los regímenes legales protectores de derechos básicos
laborales. Además, en ciertos países, donde hay falta de seguridad y
sistemas judiciales débiles, es un peligro a la vida involucrarse en la
organización sindical.
Otro factor que merece más atención ahora es el fenómeno
migratorio global. En un mundo de producción globalizada pero
circunstancias de trabajo muy diferentes, y en el que las mercancías se
mueven libremente pero no las personas, las migraciones incontroladas y el
tráfico humano han crecido notablemente.
La OIT ha propuesto cinco elementos fundamentales a estar
presentes en una política migratoria:
- Un sistema, informado y transparente, de categorías migratorias con
fines de empleo elaborado para dar respuesta a la demanda laboral
nacional.
- Un enfoque de la gestión migratoria basado en las normas nacionales
e internacionales y el Estado de derecho.
- La aplicación de normas mínimas y condiciones de empleo nacionales
para todos los sectores de actividad.
- Contar con un plan de acción para oponerse a la discriminación
racial y la xenofobia.
- Tener mecanismos institucionales de consulta y coordinación con los
interlocutores sociales para la elaboración de políticas y su ejecución.
Adicionalmente a estos cinco elementos claves la gestión
de los trabajadores migrantes requiere también, entre otras, la lucha
contra la trata, contrabando y explotación de personas por el crimen
organizado, la cooperación internacional al desarrollo para reducir la
necesidad migratoria de los trabajadores, motivar a los migrantes para que
voluntariamente retornen a sus países de origen. Por último, pero no menos
importante: poner en marcha políticas antidiscriminatorias por razón de
género, raza, etnia u otras.
El fenómeno migratorio ha sido sujeto de una nueva serie
de consultas urgentes a alto nivel, como también lo fue la Comisión Global
sobre la Migración Internacional (GCIM) nombrado por Kofi Annan, el
entonces Secretario General de la ONU. (www.gcim.org)
Con un enfoque balanceado del respeto para los derechos
humanos y el reconocimiento de los beneficios económicos de la migración
en general, se intenta ahora construir consensos internacionales sobre
políticas que reduzcan el peligro y aumentan la seguridad de este mundo
precario de migrantes. Una de las propuestas es tratar con migrantes bajo
régimen del OMC, considerándolos como elementos del comercio mundial que
se muevan con contratos fijos de trabajo. Esto puede dar más seguridad al
trabajador que emigra por 2 o 3 años, pero ha levantado también mucha
oposición no sólo por tratar seres humanos como algún bien del comercio
internacional, sino porque no ofrece respuesta a los negativos regímenes y
prácticas reales de explotación al trabajador y su falta de protección
legal real.
Crece el fenómeno
El 3% de la población mundial –unos 170
millones de personas- viven en un país diferente a aquel en que nacieron.
Se estima que 120 millones son trabajadores migrantes y sus familiares. De
ellos casi 20 millones están en África, 30 millones en Europa (del Este y
Oeste), 18 millones en América del Norte, 12 millones en América Latina, 9
millones en el Oriente Medio y 7 millones en Asia.
| El problema ahora es que no pocos
gobiernos emisores de migrantes se han adaptado a la actual
situación y no ejercen su obligación de crear condiciones de vida y
trabajo que desalienten la migración y fomenten la riqueza nacional |
La casi totalidad de países en este planeta permiten de
alguna forma la migración, entre otras cosas, porque ven en ella una manera
de librarse de tensiones sociales internas y por la sustantiva cantidad de
recursos y remesas monetarias que envían a familiares y amigos en sus
países de origen. Estas remesas se constituyen en un colchón de soporte
social y en una fuente de inversión para pequeños negocios que permiten a
sus receptores depender cada vez menos de su envío y a quienes las remiten
ser coasociados en los negocios que con ellas se montan.
En varios países se debaten políticas migratorias más
duras, – a veces entre los propios intereses comerciales y financieros
contra sectores tradicionales y hasta xenofóbicos-, y los migrantes sufren
del jaque político. Donde por el contrario se llega a un consenso sobre
políticas sobre la base de los criterios de la OIT citados arriba, se
benefician los residentes y los migrantes del crecimiento económico así
como los familiares en los países de origen En el otro extremo, quedan en
el mundo unas pocas sociedades cerradas – apenas una en Asia y otra en
América Latina- en las que se pone un estigma social a todo potencial
emigrante, se les expulsa de sus trabajos y viviendas mientras aguardan
autorización para su salida y se les confiscan los bienes para luego
desterrarlos de hecho, permitiendo su retorno sólo bajo permisos de visita
temporales. Sus guardias fronterizos incluso emplean fuerza letal contra
los propios nacionales si los sorprenden en un intento migratorio no
autorizado.
El problema ahora es que no pocos gobiernos emisores de
migrantes se han adaptado a la actual situación y no ejercen su obligación
de crear condiciones de vida y trabajo que desalienten la migración y
fomenten la riqueza nacional. Las personas si bien tienen derecho a migrar
también tienen derecho a no hacerlo, pero el ejercicio de ese segundo
derecho supone que los gobiernos tengan políticas responsables de
desarrollo social que hagan de la migración una opción pero ya no por
necesidades de supervivencia o en busca de libertades y derechos humanos
que les son negados en su país.
Pero no sólo los gobiernos, sino que el sector privado
debe también comportarse de manera socialmente responsable y adherirse a
los principios del trabajo decente que promueve la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Hacer inversiones en países que no haya
leyes que permitan la sindicalización o en que los llamados sindicatos
sean instrumentos de los gobiernos en coalición con el capital extranjero
es reprobable. También lo es el sacar provecho de la existencia de
gobiernos corruptos y autoritarios en esos países para pagar salarios de
miseria, explotar mano de obra infantil, discriminar por razones de
género, raza u otras. Dar como excusa la hipócrita frase de que "hay que
respetar las leyes existentes en el país" es inaceptable. Esas leyes
carecen de legitimidad porque niegan los estándares universalmente
aceptados de la normatividad internacional. También hay un fenómeno
creciente por parte de movimientos de consumidores, quienes quieren saber
que lo que compran no viene de mano de obra explotada ilegalmente, o que
viene de países con regimenes que niegan derechos fundamentales a los
trabajadores. La gente, cada vez más, quiere saber si el producto que
adquieren fue elaborado con trabajo decente y buscan que así se
certifique.
El problema no reside en el alegado derecho o ausencia de
él que tiene una persona para ingresar al territorio de otro país y
radicarse a trabajar en éste sin haber realizado los trámites migratorios
establecidos para ello. Esa es una pregunta falsa.
El tema central es si conceptos como los del trabajo
decente pueden convertirse en elementos legales operativos que obliguen al
empresariado de todo país a brindar ciertas condiciones laborales mínimas,
si los gobiernos estarán decididos a legislar políticas públicas de
desarrollo social y si la comunidad internacional terminará finalmente
percatándose de que la cooperación al desarrollo es más barata que
perseguir a mafiosos que trafican con seres humanos, cazar emigrantes en
calles y fronteras o intervenir en conflictos armados que estallan en
diversos lugares.
Estas son algunas de nuestras asignaturas pendientes como
civilización al cruzar el umbral del siglo XXI.
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