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Parte 1/2
 Una política integral contra el
delito y la delincuencia debe partir de un diagnóstico adecuado, que
contemple los matices y las particularidades de cada situación, y debe
dejar de lado la falsa dicotomía entre coerción (estrategia defendida por
la derecha) y prevención (postulada por los sectores progresistas). Desde
el punto de vista penal y penitenciario, es necesario evitar la
judicialización de cualquier conflicto o acto de violencia, que solo
conduce a desbordar al Poder Judicial y agravar el problema de la
superpoblación en las cárceles. La creación de ciudadanía es el mejor
antídoto para enfrentar la violencia social, cuyo efecto más pernicioso
es, precisamente, la destrucción de la confianza ciudadana.
La importancia de un diagnóstico riguroso y compartido
Una estrategia equilibrada de respuesta
Una política de Estado contra el crimen
Dilemas de los sistemas penal y penitenciario
Un acuerdo nacional (y regional) contra la violencia y la
criminalidad
El debate sobre las respuestas al nuevo escenario de
violencia social que sufre América Latina presenta serias dificultades que
impiden avanzar de una manera constructiva. Este avance lento, a veces
incluso empantanamiento, constituye un grave problema, pues una de las
características del nuevo contexto es el enorme retraso de los poderes
públicos para comprender y enfrentar el aumento rampante de la violencia y
la criminalidad.
Una de las principales razones que explican esta situación
es la polarización entre dos tipos de respuestas: por un lado, aquellas
que ponen el acento en la acción coercitiva, principalmente gubernamental,
planteada en general por los sectores conservadores o de derecha, y, por
el otro, las que enfatizan los aspectos preventivos, independientemente de
las condiciones existentes, que con frecuencia provienen de sectores
políticamente progresistas o de izquierda.
La evidencia demuestra que ninguna de las estrategias está
consiguiendo resultados importantes y que, cuando los obtienen,
constituyen apenas una contención parcial o un mero paliativo. Con la
intención de abandonar esta polarización entre la mano dura y las
políticas centradas en la prevención, algunas fuerzas progresistas
latinoamericanas han propuesto una estrategia que descansa en la
integralidad (Cálix; Escobar; Hillebrand). De acuerdo con estas
concepciones, la característica central de una alternativa progresista
estaría relacionada con una política integral de seguridad ciudadana.
Sin embargo, con frecuencia observamos que detrás del
frontispicio de la integralidad siguen desarrollándose perspectivas
parciales o segmentadas. O, en sentido inverso, que para lograr la
integralidad es necesario un esfuerzo que algunas veces choca con lo
«políticamente correcto». Esto, que puede apreciarse en los distintos
elementos que conforman una política de seguridad ciudadana, se hace
particularmente evidente en el sistema penal.
La importancia de un
diagnóstico riguroso y compartido
Es muy difícil desarrollar una política integral sin
partir de un buen diagnóstico. A pesar de esta evidencia, existe una
tendencia extendida, principalmente entre la clase política, a relativizar
la importancia de los esfuerzos en ese sentido. Es frecuente escuchar que
«lo que sobran son diagnósticos», o simplemente pensar que alcanza con
saber que el tema constituye hoy una preocupación prioritaria de la
ciudadanía. Precisamente porque la gravedad que reviste la problemática
exige algún tipo de solución colectiva, resulta imprescindible generar un
mínimo consenso alrededor de un diagnóstico básico suficientemente
riguroso, tanto en relación con las causas como con el escenario temporal
o la taxonomía del problema.
Respecto de las causas, los sectores progresistas parecen
satisfechos con referirse a las condiciones de pobreza que sufre la
población latinoamericana, en tanto los sectores conservadores aluden a la
pérdida de valores y la crisis de la familia. Estas explicaciones
simplificadoras solo contribuyen a equivocar la elaboración de una
política integral, pues será muy difícil encontrar una solución colectiva
a este grave problema si no se logra incorporar la convicción de que se
necesita un riguroso enfoque multicausal.
| La pobreza es un
factor más entre muchos otros. De hecho, Colombia es uno de los
países más ricos de la región y sufre altos niveles de violencia.
Nicaragua, uno de los más pobres, se ve mucho menos afectada por el
problema de las maras que sus vecinos menos pobres, como El Salvador
y Honduras |
Para ello hay que aceptar que la pobreza es un factor más
entre muchos otros. De hecho, Colombia es uno de los países más ricos de
la región y sufre altos niveles de violencia. Nicaragua, uno de los más
pobres, se ve mucho menos afectada por el problema de las maras que sus
vecinos menos pobres, como El Salvador y Honduras. La violencia social
actual es un fenómeno complejo que guarda relación con los distintos
aspectos de la crisis epocal, tanto en el plano instrumental como en el
simbólico; lo que hace más necesario afinar el diagnóstico en cada país.
En todo caso, conviene reconocer los rasgos generales de
este nuevo escenario violento. Es cierto, por supuesto, que América Latina
es hoy una de las regiones con menos conflictos bélicos internacionales y,
al mismo tiempo, una de las que más sufren la violencia social, con la
tasa promedio de homicidios por esta causa más alta del mundo. Pero esta
imagen cierta es insuficiente. Para captar adecuadamente los rasgos
centrales del actual escenario conviene reconocer las diferencias con el
anterior, el de los años 60 y 70.
En aquella época América Latina ya mostraba apreciables
niveles de violencia social y criminalidad, aunque con notables
diferencias en cada país. Algunos países arrastraban graves condiciones
históricas de inseguridad –como Brasil, algunos países andinos y la
mayoría de los centroamericanos–, mientras que otros –como Uruguay, Chile,
Costa Rica o Panamá– presentaban un bajo nivel de criminalidad. Pero este
factor se articulaba y muchas veces se subordinaba a una fuerte presencia
de la violencia política, que afectó tanto a los países que sufrían una
apreciable violencia social (Brasil) como a aquellos que no la padecían
(Uruguay). Fue este segundo factor el que determinó la respuesta desde el
Estado. En general, los regímenes de seguridad nacional de aquellos años
plantearon que el enemigo interno estaba formado por las fuerzas
subversivas y el crimen. Es importante consignar que en ese entonces la
sociedad ya mostraba una apreciable permisividad hacia las actitudes
violentas, ya fueran revolucionarias o antisubversivas.
El nuevo escenario que se conforma a mediados de los 80 se
caracteriza por la disminución de la violencia política y la transición a
la democracia. Sin embargo, como se ha dicho, ese tránsito hacia el Estado
de derecho se produce en el contexto de una crisis epocal y de un severo
ajuste económico. Así, por diversas causas, comienza a manifestarse la
tendencia general al aumento de la violencia social y la criminalidad.
Esto ha hecho que los países que tradicionalmente sufrieron este problema
–como Brasil o los integrantes del triángulo norte de Centroamérica:
Guatemala, Honduras y El Salvador– sufran un incremento rampante y
difícilmente controlable de la criminalidad. La tendencia es general y,
por lo tanto, afecta también a los países con bajos niveles de violencia
social, donde se registra un ligero incremento de los delitos contra la
vida y un considerable aumento de la delincuencia común y de la sensación
de inseguridad.
Un problema importante es que las reacciones a este nuevo
escenario han sido puntuales y, sobre todo, lentas. En Centroamérica, por
ejemplo, las primeras respuestas articuladas llegaron recién diez años
después de que los datos mostraran claramente la tendencia. Y, cuando
finalmente llega, la respuesta en general se basa en estrategias de mano
dura y se articula como una política estrictamente gubernamental. Esto ha
sido así sobre todo en los países donde la violencia social es más grave.
En aquellos con menor violencia social también comprobamos una apreciable
lentitud en la respuesta, que sigue siendo principalmente gubernamental,
aunque se haya producido alguna convocatoria a la participación social,
como sucedió en Costa Rica o Panamá. En estos países se ha mantenido el
tradicional reparto de tareas entre los poderes públicos: prevención y
respuesta (Poder Ejecutivo), reforma normativa (Poder Legislativo) y
actuación contra el delito (sistema penal en su conjunto).
Estos datos nos permiten dividir a los países
latinoamericanos en tres grupos. El primero está conformado por aquellas
naciones en las que la violencia social y el crimen provocan una situación
nacional de emergencia, como Brasil, Colombia y los integrantes del
triángulo norte de Centroamérica. El segundo grupo incluye a los países
con bajos niveles de delitos contra la vida, en los que el aumento de la
delincuencia común ha creado cierto clima de inseguridad: Chile, Costa
Rica y Uruguay. Finalmente, un tercer grupo de países sufre niveles
intermedios de violencia social y criminalidad y mezcla componentes
diferentes según el caso: países con un alto nivel de crimen organizado
pero bajas tasas de violencia interpersonal, como México, y otros, como
Nicaragua, que viven la situación inversa.
Es evidente, pues, que un análisis riguroso de la
composición de los factores y tipos de violencia debe constituir la base
de un diagnóstico que sustente las políticas públicas. En ese sentido, uno
de los mayores enemigos a la hora de realizar un diagnóstico adecuado es
el uso y abuso de las imágenes mediáticas, donde intervienen tanto los
medios como los actores sociales que luchan contra determinado tipo de
violencia.
Un ejemplo interesante de esta cuestión es el tema de la
violencia de género en los países con altas tasas de criminalidad. El año
2005 estuvo marcado en Guatemala por el tema del femicidio, apoyado en el
hecho de que se mantenía la tendencia, en números absolutos, al aumento de
los asesinatos de mujeres. Aunque correcto, el argumento ignoraba que, si
se examinaba el conjunto de los homicidios nacionales, la proporción de
asesinatos de mujeres no había crecido, sino que se mantenía en torno de
11%. Un estudio realizado por la Fundación Género y Sociedad demostró que,
al cruzar las variables de género y edad, la verdadera masacre se está
produciendo entre los jóvenes varones de 15 a 29 años. En efecto, como
puede apreciarse en el gráfico, la tasa de homicidios en mujeres de
cualquier rango etario no supera los 18 por cada 100.000 habitantes,
mientras que en los jóvenes varones de entre 18 y 29 años se eleva a 150.
Si recordamos que el estándar internacional para declarar la existencia de
una guerra civil se sitúa en torno de los 80 homicidios por cada 100.000
habitantes, puede concluirse que los jóvenes varones en los países con
alta violencia social están viviendo una guerra especialmente cruenta. Su
desventaja es doble y deriva tanto de su debilidad como actores
sociopolíticos como de la relativa falta de atención que generan en los
medios de comunicación. Todo ello hace que ni la población ni la clase
política logren percibir adecuadamente este verdadero genocidio, que ya
tiene efectos perceptibles en la composición demográfica de esos países.
Fuente: Fundación
Género y Sociedad (GESO). Con base de datos del Instituto de Medicina
Legal y la Policía Civil para el Salvador y la Policía Nacional Civil
(PNC), la Procuradoría de los Derechos Humanos (PDH) y el Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade)
Un diagnóstico riguroso debe priorizar los datos duros por
encima de las imágenes mediáticas, entre otras razones porque debe ser la
base para la construcción de una perspectiva integral en materia de
seguridad. Por eso, es necesario reconocer que hay diferentes tipos de
violencia, sin negar su especificidad y sin colocarlas al margen del
cuadro general. Por ejemplo, la violencia de género se caracteriza por
poseer una baja mortalidad comparada, pero una alta morbilidad.
Constituye, además, un factor activador importante para otros tipos de
violencia. Debe por lo tanto encararse, con sus características
específicas, en el contexto general de una política integral de seguridad
ciudadana.
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