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Parte 1 / 2
I. A modo de introducción
[1]
II. Cien años después : la Historia bajo el alero militar
III. De la Historia que se enseña en el proceso
post-autoritario chileno
IV. El olvido en dos
escenas: ‘texto discursivo’ (Ideas Fuerza) y ‘con-texto discursivo’
(Auto-censura y Convocatoria)
V. Balance General
Bibliografía
Fuentes
En Chile, el problema de los
historiadores de la naciente nación fue verse enfrentados a responder
primero a: ¿cómo definir el pasado?; ¿con qué fuentes? Pero en seguida se
presentó aún un mayor problema, en torno a la función de la historia:
¿acaso era una forma romántica de entretener a las masas? o más bien ¿era
competencia de unos "pocos selectos" quienes coleccionaban textos en la
estantería para su placer personal? ¿Sostenía la historia una objetividad
científica o más bien era usada en los debates políticos, como base para
recomendaciones políticas?
I. A modo de introducción [1]
Desde el siglo XIX, y con una fuerza cada vez mayor a
partir de la profesionalización de la historia como una disciplina
académica, el Estado-nación proporcionó el principio narrativo fundamental
para la historia. En un libro de Reba Soffer (Discipline and Power. The
University, history and the making of the English elite, 1870-1930,
Stanford, Stanford University Press, 1994) se muestra cómo las
universidades británicas, y en especial Oxford y Cambridge, elaboraron en
el siglo XIX un sistema de valores para las élites dirigentes de la nación
y del imperio. Una elaboración en que fue sobre todo la Historia la
disciplina encargada de reforzar el consenso en torno a Dios, la patria y
la moral. La historia era de este modo, enseñada, estudiada y contratada
de acuerdo con un conjunto de suposiciones que tenían mucho más que ver
con un consenso patriótico y social que con los métodos de la crítica o el
peso de la evidencia. La enseñanza de esta clase de Historia marcó las
convicciones y con ellas la conducta, de los graduados universitarios
británicos que habían de convertirse en los dirigentes de la política [2].
En Chile, el problema de los historiadores de la naciente
nación fue verse enfrentados a responder primero a: ¿cómo definir el
pasado?; ¿con qué fuentes? Pero en seguida se presentó aún un mayor
problema, en torno a la función de la historia: ¿acaso era una forma
romántica de entretener a las masas? o más bien ¿era competencia de unos
"pocos selectos" quienes coleccionaban textos en la estantería para su
placer personal? ¿Sostenía la historia una objetividad científica o más
bien era usada en los debates políticos, como base para recomendaciones
políticas? [3].
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El libro de texto
de historia para las escuelas se constituía una importante
herramienta de la lucha entre los ideales de liberales y
conservadores |
Las posibilidades eran variadas. Lo cierto es que en aquél
momento existía la creencia que al adquirir conocimiento histórico uno se
convertía en un "excelente patriota", por lo que al sistema educativo le
correspondía una gran cuota de responsabilidad en aquella preparación.
Estaba la idea de que las lecciones del pasado ayudaban en las decisiones
cotidianas del quehacer político del momento. Los periódicos de la época
además, celebraron los esfuerzos de la Universidad de Chile (fundada en
1842) en promover el desarrollo de trabajos históricos, ya que según
expresaban, "nada era más útil para los hombres que querían servir a los
destinos de la nación que el conocimiento de su historia" [4].
Este entusiasmo inicial respondió a la creencia de que la
enseñanza de la historia sería una suerte de "cura para las enfermedades"
de la Joven República. La enseñanza de la Historia se convertiría de este
modo en la panacea para los conflictos entre Liberales y Conservadores, en
donde cada uno era partidario de sistemas educativos diferentes. Los
primeros, demandaron más acción del Estado en el financiamiento de la
educación pública y en los permisos otorgados a las escuelas, profesores y
libros de texto, mientras que los segundos, eran más bien favorables a una
mayor iniciativa privada en la formación del sistema educacional,
argumentando que el número de escuelas crecería si se abolían los
controles regulatorios engorrosos por parte del Estado.
El libro de texto de historia para las escuelas se
constituía así, en una importante herramienta de la lucha entre los
ideales de liberales y conservadores. Liberales como Barros Arana y
Lastarria, pedían mayor intervención estatal en la regulación de éstos,
mientras los conservadores, encabezados en figuras como Abdón Cifuentes,
ministro de educación durante el gobierno conservador de F. J. Errázuriz,
promovían un libro de texto al servicio de la propagación del culto
católico [5].
A pesar del optimismo inicial en cuanto a que la educación
beneficiaría el progreso chileno, existía una creciente inquietud acerca
de a la amplitud de posibilidades interpretativas acerca de las metas de
la educación pero también acerca de la función de la enseñanza de la
Historia. A propósito de esto, un párroco sacerdote advertía: "la mente de
un niño es incapaz de defenderse del error y la mala fe; es susceptible al
engaño tan bueno como malo". En realidad, el "hombre de fe" quiso decir
que, "un niño podía ser fácilmente educado para convertirse tanto en un
patriota como un traidor", entonces la enseñanza de la Historia podía
convertirse tanto en ‘sabiduría’ pura, como en un verdadero ‘peligro’ para
el Estado chileno [6].
II. Cien años después :
la Historia bajo el alero militar
Casi un siglo más tarde, debió re-fundarse casi por
completo la funcionalidad de la educación pública y la enseñanza de la
Historia. Si para erigir la naciente República se había requerido en forma
explícita de ‘excelentes patriotas’ para la conformación de una élite
consciente de hacia donde llevar los destinos de la Nación, cien años
después también se reclamaba la urgencia de formar nuevos cuadros de
‘excelentes patriotas’ pero no ya para aportar a un proyecto de nación,
sino para cumplir un función ya designada por los arbitrios de la nueva
institucionalidad militar. A partir del Golpe de Estado 1973 no sólo se
requería justificar la irrupción militar en la vida política civil, sino
que debían re-fundarse los valores a los que debía adherirse dado el nuevo
momento histórico inaugurado. Atrás quedarían los valores desarrollistas,
estatales, comunitarios basados en la larga experiencia asociativa de los
grandes sindicatos, confederaciones productivas, asociaciones de dueñas de
casa, y de beneficio estatal. El Estado era ahora el gran responsable de
todas las calamidades y caos reinante hasta el momento del Golpe Militar.
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Las medidas
interventoras desde 1974 habían afectado, básicamente, a los
programas relacionados con las Humanidades, siendo la enseñanza de
la Historia desalojada de sus contenidos vinculados a los problemas
del ‘desarrollismo’ (economía, sociedad, industrialización, etc.)
por contenidos más bien de orden "simbólico" (la bandera, el escudo,
la unidad nacional y los éxitos del Ejército Libertador de Chile) |
El Acta de Constitución de la Junta presentaba a las
Fuerzas Armadas no sólo como las resguardadoras y defensoras de la
integridad física y moral del Estado, sino también de su identidad
histórico-cultural. Se menciona asimismo, la necesidad de crear un
"Proyecto Nacional", mirando su evolución al largo plazo [7].
En tanto, el orden civil daba un importante giro: durante
todo el período 1973-1990, la comunidad escolar quedaría fuera de la
ingerencia y participación en el quehacer educativo nacional y comunal,
respondiendo a los designios de la nueva normatividad impuesta por los
militares ahora al mando del poder público. Los documentos de la política
educacional, los planes y programas de estudio, y por ende, los libros de
texto de Historia, fueron agresivamente intervenidos. Maestros y
funcionarios del Ministerio de Educación fueron despojados de su cargo
asegurando una efectiva "depuración" de los actores educativos vinculados
al gobierno de la Unidad Popular, quien era el principal responsable del
caos reinante hasta el momento del Golpe de Estado. De este modo el
Ministerio de Educación se encargó del control de los aspectos pedagógicos
y técnico-administrativos a través de los directores de establecimientos,
mientras el Comando de Institutos Militares (C.I.M.) tomaba en sus manos
la vigilancia de los aspectos ideológicos, disciplinarios y de aquellos
relativos a la Seguridad Nacional.
Entre las materias que debían denunciarse a las
autoridades militares se encontraban "comentarios sobre política
contingente; propagación de chistes relativos a la gestión de la Junta o
de sus miembros; distorsión de los conceptos y valores patrios; distorsión
de las ideas contenidas en los libros de textos de estudio, dándoles
interpretaciones antojadizas o parciales..." [8]. Entre las atribuciones
que tenían los miembros del Ejército dependientes de los C.I.M. - que
tenían bajo su responsabilidad el Control del Área Educacional del Gran
Santiago - estaba "visitar el colegio o escuela a cualquier hora; pedir
los horarios de clases y controlar su cumplimiento; citar al Director a la
Unidad Militar a que pertenece; proponer al C.I.M. suspender a un
profesor, auxiliar o administrativo mientras se efectúa una determinada
investigación; proponer al C.I.M. suspender a un Director de colegio...;
asistir, sin previo aviso, a reuniones del Centro de Padres o reuniones de
carácter docente...; controlar imprevistamente ... el izamiento de la
bandera nacional los días lunes de cada semana..." [9].
El lapso 1973-1978 así, por controlar directamente la
educación del país en el contexto de lo que ellos mismos denominaron una
"cruzada ideológica". Se impuso una drástica modificación de la estructura
del sistema y de los contenidos de la enseñanza de acuerdo a una
orientación nacionalista, individualista y anti-marxista. Las medidas
interventoras desde 1974 habían afectado, básicamente, a los programas
relacionados con las Humanidades, siendo la enseñanza de la Historia
desalojada de sus contenidos vinculados a los problemas del
‘desarrollismo’ (economía, sociedad, industrialización, etc.) por
contenidos más bien de orden "simbólico" (la bandera, el escudo, la unidad
nacional y los éxitos del Ejército Libertador de Chile).
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El proceso de
re-estructuración curricular de Historia durante la dictadura tuvo,
en definitiva, la función no sólo de justificar un nuevo Orden
Autoritario sino dar coherencia a todo un engranaje social,
económico y cultural que se iba consolidando al alero de la Junta |
En suma, los militares a través del C.I.M. controlaron
toda la política educacional hasta 1979. Una vez determinado que la Junta
continuaría con su gobierno por un nuevo período acreditado
constitucionalmente, el proyecto educacional se vuelca por completo a la
modernización económica basada en la doctrina neo-liberal. De un lado, la
Enseñanza General Básica (y poco más tarde, también la Enseñanza Media) se
hace cargo explícita y planificadamente del criterio central de división
en la sociedad: entre aquellos destinados al trabajo intelectual y
aquellos destinados al trabajo manual [10]. De otro lado -aunque los
primeros procedimientos de descentralización venían dándose desde 1974-,
ahora se concretizaba en toda su magnitud la descentralización de la
educación, proceso también llamado "municipalización". Junto a ello se
concretaba la apertura del sistema educativo al mercado, como regulador de
la actividad social.
En relación a lo primero, el propio General Pinochet
señalaba que la Enseñanza Básica constituye el período en que los niños
debían ser entrenados "y así queden capacitados para ser buenos
trabajadores, buenos ciudadanos y buenos patriotas." [11] Ejemplo de ello
es lo que se señala en los nuevos planes y programas:
"es de la mayor importancia que el profesor está
convencido profundamente de que la persona es más o menos valiosa, o más
o menos feliz por lo que es y no por lo que hace ni por lo que tiene.
Sólo de este modo es posible orientar a muchos niños de nuestras
escuelas hacia situaciones modestas, reales, evitando de esta manera
crear expectativas brillantes pero falsas". [12]
Hombres y mujeres jóvenes son los llamados por excelencia
a contribuir al crecimiento del país. Es así como pronto se hace necesario
visualizar una preparación más "coherente", que durara a lo menos 12 años,
que cubriera la parte más importante del territorio Nacional, para que no
quedara ninguna duda de sus funciones, tareas y deberes. Como lo señala el
propio J.J. Brunner:
"el carácter de la enseñanza se vuelve así
primordialmente instrumental, pues prepara para ocupaciones adultas que
presuponen habilidades y actitudes técnicas íntimamente ligadas a la
organización, división y jerarquización de la división social del
trabajo".
Lo anterior se asoció a la adquisición de ciertas nociones
de Historia y Geografía y al aprendizaje de los comportamientos
funcionales al desempeño de ocupaciones subordinadas [13] . El proceso de
re-estructuración curricular de Historia durante la dictadura tuvo, en
definitiva, la función no sólo de justificar un nuevo Orden Autoritario
sino dar coherencia a todo un engranaje social, económico y cultural que
se iba consolidando al alero de la Junta.
Notas
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