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Parte 2 /3
Las negociaciones de paz
 En
los últimos 50 años Colombia ha intentado muchas veces negociaciones de
paz. La negociación de paz más importante que ha tenido Colombia en sus
últimas décadas, fue la que dio origen a una nueva constitución en 1991,
en ella se establece el Estado Social de Derecho como elemento fundante,
este proceso permitió que cuatro grupos guerrilleros (M-19, Ejercito
Popular de Liberación-EPL, Quintin Lame, Partido Revolucionario del
Trabajo-PRT) se incorporaran a la vida civil, muchos de ellos se
convirtieron en partidos políticos, fueron senadores y hoy están en la
legalidad. A partir de la década de los noventa, los movimientos de
izquierda, los movimientos sociales, privilegiamos la lucha política. Al
tiempo que las izquierdas caminaban por la senda de la acción política, el
paramilitarismo iba ganando control territorial, económico y político,
declaran acciones de exterminio a lideres sociales, políticos y
comunitarios en una estrategia de contraguerrilla, con la aquiescencia de
funcionarios del Estado. Estos grupos realizaron las masacres más atroces
y las formas más degradantes de violencia.
De estas negociaciones se marginaron las FARC (Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia) y el ELN (Ejercito de Liberación
Nacional), quienes argumentaron falta de garantías, ante el exterminio de
que era objeto la Unión Patriótica, movimiento político y legal de alta
simpatía entre ellos. Desde los noventas se han realizado encuentros,
conferencias con los grupos armados FARC y ELN, se han creado comisiones
de acercamientos, en fin muchos intentos sin resultados. En 1998 con el
Presidente Andrés Pastrana se da un proceso de paz con las FARC, se
establece el despeje de una amplia zona del territorio colombiano donde
esta fuerza armada tiene su influencia y se inician un proceso de paz que
fracasa, las conversaciones se rompen a finales del 2001. En el 2002 asume
la presidencia el actual presidente Álvaro Uribe Vélez (reelegido 2006),
con el cual este grupo armado ha expresado su negativa de negociación.
De otro lado, desde 2005 se han iniciado conversaciones
con el ELN, el gobierno ha dado salvoconducto a dos de sus máximos
representantes (Francisco Galón y Antonio García), las conversaciones se
han realizado en Cuba como país que ha facilitado ya cuatro encuentros con
el gobierno, con integrantes de la sociedad civil y de países
facilitadores de la comunidad internacional (Noruega, Suiza, España, entre
otros).
A su vez desde 2002, el gobierno de Alvaro Uribe Vélez,
emprende un proceso de Desmovilización, Desarme y Reinserción-DDR, con los
paramilitares (AUC-Autodefensas Unidas de Colombia). Este proceso tiene
hoy un saldo de 30.915 personas desmovilizadas, 29.036 hombres y 1.879
mujeres, 17,540 armas entregadas, 37 bloques desmovilizados
colectivamente.
Este proceso ha adolecido de consenso nacional, lleno de
críticas, por su falta de transparencia y de claridad frente al país.
Nadie duda que es un avance para la paz el que estos grupos se
desmovilicen, pero se han denunciado graves problemas en las
desmovilizaciones y se evidencia la falta de políticas para la
reincorporación a la vida civil de los excombatientes. Muchos de ellos
regresan a las comunidades sin que éstas estén preparadas para recibirlos
y menos ellos para regresar. Ya se cuentan más de 14 nuevos grupos
rearmados, lo constata el 7° informe de la OEA (Organización de Estados
Americanos), quien tiene la misión de apoyo y verificación al proceso de
DDR. A su vez este mismo informe establece como las estructuras
económicas, y de influencia política y sus nexos con el narcotráfico
siguen actuando en las zonas y territorios donde estaban asentados los
bloques.
Con este proceso se dio el debate y aprobación de un marco
jurídico, denominado ley de justicia y paz (Ley 975/2005). Esta ley
resulta aprobada con un bajo nivel de consensos nacionales, en razón a que
era hecha para un proceso que tenía poco respaldo. La ley contempla por
primera vez, los derechos a la verdad, la justicia y la reparación
exigibles a grupos armados que se incorporan a la vida civil. Establece
procesos de juzgamientos a los responsables de delitos de lesa humanidad,
la obligación de reparar, confesar y pagar con cárcel de 5 a 8 años.
Muchas fueron las opiniones en su contra y las organizaciones sociales y
de derechos humanos que demandaron la ley ante la Corte Constitucional. La
ley es sometida a control constitucional y el fallo sale en mayo de este
ano, casi un ano después de haber sido aprobada, el fallo logra mejorar
sustancialmente la ley a favor de las víctimas, ya que las mayores
criticas a la ley era su alto grado de favorabilidad para los victimarios
y las debilidades para el ejercicio de los derechos de las víctimas.
La ley crea la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación (CNRR) que se instaló en octubre del 2005, cuyas funciones
se centran en: i) garantizar a las víctimas la realización de sus derechos
a la verdad, la justicia y la reparación; ii) la elaboración de informes
sobre las razones del surgimiento de los grupos armados; iii) seguimiento
al proceso de DDR; iv) el diseño de políticas de reparación y seguimiento
a las reparaciones producto de procesos judiciales; y v) la realización de
acciones de reconciliación nacional.
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La Comisión
Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR)
enfrenta el reto de ser una Comisión que actúa en medio del
conflicto. Todas las comisiones que se han creado en el mundo se
establecieron en situaciones de post-conflicto |
La CNRR, tiene una composición mixta (13 miembros, 4
representantes del gobierno, 5 integrantes de la sociedad civil, dos
representantes de las victimas, y dos representantes de organismos de
control del Estado). Esta composición es una ventaja en tanto la presencia
del gobierno lo compromete en las definiciones de políticas públicas, y
una desventaja en cuanto la CNRR logre tener la independencia necesaria
para el cumplimiento de sus funciones.
La CNRR enfrenta el reto de ser una Comisión que actúa en
medio del conflicto. Todas las comisiones que se han creado en el mundo se
establecieron en situaciones de post-conflicto. Las dificultades del
proceso revierten en dificultades para la CNRR. Algunas organizaciones
sociales y de derechos humanos han expresado su oposición a la CNRR, como
otras, consideran la CNRR como una oportunidad para actuar en defensa de
la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas.
Una de las grandes dificultades que enfrenta la CNRR, es
la falta de organización de las víctimas. La mayoría de victimas
sobrevivientes son mujeres, mujeres pobres de zonas alejadas, o hacinadas
en las ciudades producto del desplazamiento de la población campesina,
indígenas y población afrodecendiente. La gran mayoría no han denunciado
los delitos de que fueron víctimas, se encuentran en zonas donde actuaron
los grupos armados, tienen temor y desconocen sus derechos.
Actualmente se realiza el mayor proceso de juzgamiento a
miembros de grupos armados al margen de la ley, que se conozca en la
historia de Colombia. Se han presentado 2695 personas para ser juzgadas,
si comparamos con otros procesos en el mundo, 90 en Yugoslavia, 36 en
Ruanda y 13 en Sierra Leona. El sistema judicial tiene grandes
deficiencias institucionales para afrontar esta magnitud de juicios, lo
que genera en el país grandes dudas sobre la efectividad de los procesos.
La Ley también creó el Fondo Nacional de Reparación, a
través del cual los victimarios entregaran los bienes para la reparación.
Se calcula que los grupos armados al margen de la ley se han apropiado de
3 millones de hectáreas y de un sin número de propiedades y bienes. Uno de
los retos políticos más grandes de la CNRR, es que se implemente una
política eficiente de restitución de bienes a las víctimas que sufrieron
despojos. Este es otro inmenso reto que afronta el país por la carencia de
mecanismos judiciales ágiles y expeditos para determinar procedencia y
destino de los bienes.
El proceso de
participación, representación y acción política de las mujeres
El movimiento de mujeres
El movimiento de mujeres en Colombia es diverso, amplio y
hoy tiene expresiones en redes que se han ido agrupando de acuerdo a
aspectos de interés. Entre las redes más destacadas y actuantes que
agrupan cada una organizaciones de base y regionales con cubrimiento
nacional están:
- La Red Nacional de Mujeres
, nació como un proceso de incidencia
política alrededor de la promulgación de la Constitución de 1991, su
mayor interés es de incidencia política. Gracias a esta red en la
Constitución Política de 1991 se logró una normatividad favorable con
los derechos de las mujeres;
- La Ruta Pacifica
de las mujeres por la resolución pacífica de
los conflictos, es una expresión feminista, su énfasis es la
movilización;
- La Mesa Nacional de Concertación
nace como proceso de
articulación de organizaciones de base y mujeres populares;
- La Organización Femenina Popular-OFP
, es una organización de
influencia muy fuerte en lo regional en el Magdalena Medio, ha logrado
expansión a otras regiones y trabaja desde una concepción de autonomía
de todos los actores armados y por reivindicaciones sociales y
populares;
- La Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz-IMP
,
sobre la cual me referiré en detalle más adelante.
Esta descripción no pretende desconocer muchas otras
organizaciones que actúan en diversos intereses, pero me atrevo a decir
que estas son las redes más significativas. Muchas de las organizaciones
actúan en una u otra de las redes o alianzas.
La alianza Iniciativa de Mujeres por la paz-IMP, de la
cual soy su directora, surge en el año 2001, como una alianza de mujeres
de organizaciones sociales mixtas, mujeres de ONG's, feministas y
académicas. Es impulsada por las mujeres del Sindicato de Trabajadores de
Suecia, que desde el sindicalismo nos acompañaban y que expresaron su
preocupación por la ausencia de las mujeres en los procesos de negociación
de paz, que en ese momento se desarrollaban con las FARC y las mujeres
éramos las grandes ausentes.
 Nos
proponemos la disminución de los efectos del conflicto en las mujeres y
lograr la participación directa, decisoria y autónoma de las mujeres en
los procesos de construcción de la paz. Trabajamos con 7 sectores
(sindicalistas, jóvenes, afrodescendientes, indígenas, académicas,
campesinas, feministas), estamos en 23 departamentos y en 54
municipalidades. Tenemos una estrategia de incidencia política en los
escenarios de construcción de la paz. Nos reconocemos como actoras
políticas colectivas y referentes de opinión sobre las mujeres y la paz.
Nuestro accionar ha estado marcado por la utilización de la Resolución
1325/2000 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exhorta a
los Estados miembros a garantizar la participación de las mujeres en la
construcción de la paz y exige prevención y protección para las mujeres en
medio del conflicto. Pactamos una alianza para la paz, las organizaciones
pertenecientes no han perdido sus otras actuaciones o intereses
particulares.
Las actuaciones del movimiento de mujeres
- Ser visibles
La actuación de las mujeres por la paz en Colombia es un
proceso que se inicia con el esfuerzo por visibilizar a las mujeres y
sus afectaciones en el conflicto. Las graves violaciones contra las
mujeres eran desconocidas, no se nos nombraba. En ello se inicia un
proceso fuerte de hacer informes públicos, la Mesa Muier y Conflicto
especialista en la elaboración de estos informes logra poner el tema.
También la Ruta Pacifica en 1998 impulsa una marcha al Urabá Antioqueño en
que participamos muchas organizaciones de mujeres identificadas con el
objetivo de poner en la calle el tema de las mujeres y el conflicto,
igualmente se lleva la marcha de mujeres a Barrancabermeja –Magdalena
medio.
Los informes y las marchas en la calle, en las carreteras
de Colombia, dieron valor público a la exigencia de las mujeres de
considerar las mujeres y sus afectaciones por el conflicto.
En junio del 2001 las cinco organizaciones mencionadas
anteriormente vimos la necesidad de juntarnos para realizar una gran
marcha nacional por la paz. Convocamos a más de 40.000 mujeres, recorrimos
todo el país, en buses, con pancartas, en todos los pueblos por los que
pasábamos hacíamos un pequeño acto y el país se entero de la presencia de
las mujeres por la paz. Nuestra consigna: "No a la guerra si a la paz,
negociación ya, las mujeres paz-haran".
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Aprendimos el poder
político que genera la acción colectiva, la necesidad de colocar
mensajes claros a la opinión pública |
Esta marcha coloca a las mujeres en el escenario nacional,
por primera vez reseñan los periódicos la acción de las mujeres en las
primeras páginas. Logramos que todos vieran en esta marcha un movimiento
de mujeres autónomo de todos los actores armados y del gobierno,
trasmitimos un mensaje claro por la paz y contra la guerra. A esta marcha
se unieron mujeres de todas las condiciones, mujeres organizadas y no
organizadas.
A partir de allí creo que las mujeres empezamos a tomar
fuerza y poder colectivo, sentimos que éramos actor político por la paz.
Este proceso fue largo para lograr la concertación entre las
organizaciones de mujeres, 6 meses de preparación, de pactar una
declaración, de preparar a las mujeres para la movilización desde los
lugares más lejanos, dos, tres y hasta cuatro días de viaje. La marcha fue
respetada, no hubo ninguna agresión por parte de los actores armados en
las regiones. Aprendimos el poder político que genera la acción
colectiva, la necesidad de colocar mensajes claros a la opinión pública,
no sólo a las mujeres, pero también valoramos que perdimos la
posibilidad de incidir en las reclamaciones, nuestra exigencia era ser
reconocidas, nos quedamos allí.
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