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Consideraciones
generales
 Al
hablar de transparencia pública necesariamente se hace referencia a la
importancia que el acceso a la información tiene. Sin embargo, y es una de
las reflexiones que se pretende dejar con esta lectura, el acceso a la
información es solo uno de quizás varios usos que se puede hacer con el
cúmulo de datos que producen las dependencias gubernamentales.
Todas las actividades que desarrollan los seres humanos
son susceptibles de producir datos, ya sea por parte de quien las realiza,
por parte de quien las observa o por parte de quien se interesa en ellas.
La diferencia entre que una información exista para que en algún momento
sea hecha pública es si está documentada o no y si no son datos privados
(personales) los que se manejan.
Este es un intento por dar a conocer algunas premisas
sobre lo que trata el acceso a la información y la rendición de cuentas,
como vía para el buen gobierno. De ninguna manera trataré de
conceptualizar los elementos señalados. Más bien a la premisa que se
tratará de hacer alusión en el desarrollo de este texto es que, uno de los
fundamentos de la democracia es la transparencia y los valores que
prevalecen en los actos colectivos. En la medida que hay mejor rendición
de cuentas, claridad de las reglas, disponibilidad y acceso a la
información y participación en los asuntos de interés colectivo hay más
transparencia (1). Si no existe una
combinación adecuada de estos factores no se puede hacer referencia al
pleno goce de la democracia.
En relación al acceso a
la información
Citar tratados internacionales donde la libertad de
expresarse, comunicarse o usar información están reconocidos como derechos
humanos también es usual para justificar que los ciudadanos puedan hacer
uso de la información que producen y almacenan las agencias del gobierno.
En varias sociedades se plantea la urgencia de regular
este derecho a través de leyes específicas, que no solamente expliciten la
información que deban publicar las entidades estatales sino también a
regular aspectos como la intimidad personal, la censura pública o la
seguridad colectiva.
Jaime López, en su artículo Perspectivas sobre la libertad
de información en El Salvador señala que "Varias leyes sobre acceso a la
información gubernamental han sido aprobadas en los años recientes en
diferentes países. Estas leyes, entre otros aspectos, regulan la
información que debe ser proporcionada sin mediar petición, casos de
excepción de la información pública, procedimientos y plazos de acceso,
definición de instancias a donde recurrir en caso de conflictos y, en
algunos casos, sanciones contra quienes afecten el derecho de acceso..." (2)
En general, existe una marcada aceptación de que el libre
acceso a la información gubernamental es una condición clave que permite
una amplia participación ciudadana en los asuntos de interés público,
especialmente en la gestión de las políticas y presupuestos públicos,
entre otros.
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Un ciudadano informado
adecuadamente es un ciudadano más consciente y capaz de exigir y
cumplir de forma certera sus deberes y derechos |
Me referiré en esta oportunidad a la libertad de
información, la cual ha cobrado gran notoriedad en años recientes, y
específicamente el acceso a la información en poder de las oficinas
gubernamentales, a lo que comúnmente se le llama derecho de acceso a la
información pública. Sin embargo, la información pública no es sólo
de la que disponen u ofrecen las oficinas gubernamentales. Es preciso
destacarlo porque generalmente se presta a esta interpretación. En este
sentido, existe información que es producida por gremios, empresas,
sindicatos, organizaciones civiles, etc., la cual en la medida que pueda
afectar la vida de los individuos, se convierte de interés público. De tal
forma, a cualquier persona se le debería de garantizar su libertad de
buscar, recibir y difundir información pública no solo de las oficinas de
gobierno, sino también de las instituciones sociales, como las antes
señaladas.
Al respecto, la declaración de principios sobre libertad
de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
señala en su numeral 4 que "el acceso a la información en poder del Estado
es un derecho fundamental de los individuos". Agrega que "los Estados
están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho". También señala
que "este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar
establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro
real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades
democráticas".
Concretamente, cuando se da en
forma plena la libertad de información, los
individuos actúan con mayor autonomía, pues son conocedores de lo que
acontece en su entorno y saben la forma en la que deben reaccionar frente
a cualquier situación que suscite. Sin lugar a duda, un ciudadano
informado adecuadamente es un ciudadano más consciente y capaz de exigir y
cumplir de forma certera sus deberes y derechos. Las normativas
internacionales destacan el rol del Estado referido a hacer valer el
principio de la libertad de expresión, siendo ésta una de las
obligatoriedades de los gobiernos.
Gobierno en línea o
gobierno electrónico
Otro de los factores que ha influido para que algunos
gobiernos, preocupados por garantizar una participación y transparencia en
la gestión pública es el que de la mano de la globalización se ha venido
incorporando en los últimos años y es el de gobiernos en línea.
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Gobierno en línea o gobierno electrónico: una
alternativa más de acceso a la información y rendición de cuentas
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La temática surgida con la globalización y la brecha
digital, han iniciado su propia dinámica buscando iniciativas y elaborando
estrategias nacionales que les ayuden a quienes producen información de
interés público a crear una sociedad basada en el conocimiento, y un
crecimiento económico y social para un desarrollo eficiente, equitativo, y
sostenible.
Se trata de un nuevo estilo de gobierno, distinto del
modelo de control jerárquico actual y caracterizado por un mayor grado de
cooperación y por la interacción entre el Estado y los actores no
estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo
privado al que se ha denominado "governance".
Independientemente de que la información se pretenda hacer
pública o no, para los gobiernos es un elemento fundamental que sus
mandatos sean transparentes y una de las principales razones por las
cuales podrían ser considerado todo lo contrario es por no rendir cuentas
a la ciudadanía.
Actualmente, el uso masivo de recursos a través de la
Internet ha provocado altas expectativas respecto al impacto en el
ejercicio de la política y la democracia, pues ésta ha sido vendida como
una de las promesas del aumento de la eficiencia y la generación de
ahorros, mayor transparencia en la gestión y mayor cercanía a la
ciudadanía. Las expectativas apuntan a que se puede acceder a más y mejor
información, se pueda ejercer control a las autoridades, aumentar los
espacios de influencia y, en general, incrementar la eficiencia en el uso
del tiempo y los recursos.
Existen marcados intentos por consolidar el verdadero
acceso a la información y que la gestión pública sea más transparente. Sin
embargo, el acceso a la información trasciende a
encontrarse en un portal electrónico la información de periódicos
anteriores de un gobierno o información que no clarifica la demanda de
cualquier ciudadano, ya que para satisfacer las necesidades de quien
demanda la información ésta debe ser oportuna, verificable y comprensible
para todos.
Cuando la información no responde a las necesidades del
solicitante, ésta no puede ser considerada como tal en términos prácticos,
pero en términos teóricos el requerimiento se cumple.
El rol ciudadano y el
uso de nuevas tecnologías
En forma paulatina, las instituciones públicas y políticas
están siendo presionadas por una ciudadanía que ya ha comenzado a
cuestionar la forma tradicional de hacer las cosas. Antes que Internet lo
permitiera, nadie habría imaginado acceder a todos los archivos con la
votación de cada parlamentario, o hacer trámites en línea, reclamar por un
mal servicio desde la casa u oficina, conocer los presupuestos y la
asignación de los recursos en estas instancias.
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La creciente
comunicación entre Estado y ciudadanía por medios electrónicos es
uno de los componentes novedosos del proceso de Modernización del
Estado |
Esta creciente comunicación entre Estado y ciudadanía por
medios electrónicos es uno de los componentes novedosos del proceso de
Modernización del Estado. Lo nuevo, sin embargo, no es el uso de la
tecnología en sí, sino la posibilidad de abrir canales de comunicación
cada día más directos para acercar a autoridades y ciudadanos. Es una
nueva forma de mediación que afecta, sin duda alguna, los esquemas
tradicionales de representación. Por ejemplo,
cuando una municipalidad publica en sus portales
electrónicos el presupuesto anual con detalles que sean comprensibles para
todos y mejor aún cuando éste ha sido elaborado de forma participada,
permite que los pobladores en un primer plano se sientan parte y vena
reflejados sus intereses en él y por otro que puedan acceder sin ningún
inconveniente a la información facilitando el proceso comunicacional
informativo.
El efectivo aprovechamiento de los recursos y avances
tecnológicos son una de las estrategias para lograr que el aparato público
esté siempre presente en función del servicio en forma general. Por ello,
el argumento central es repensar la estructura que ofrece la sociedad de
la información o sociedad del conocimiento como instrumento estratégico
para garantizar una participación ciudadana a nivel de gobierno. El uso de
nuevas tecnologías, como el de la Internet, que es uno de los más
recurrentes recursos por parte de los funcionarios públicos, en el afán de
que su desenvolvimiento no sea mal visto es uno de los grandes retos de
los gobiernos actuales.
Por otra parte, está surgiendo lo que algunos denominan el
Empoderamiento Ciudadano (Santiestevan, 2004) a través de:
- Participación y vigilancia ciudadana de los servicios prestados por
las administraciones públicas
- La sociedad civil su organización, su papel y su rol vigilante de la
marcha del Estado
- El papel de la opinión pública en materia de transparencia y
probidad
- La libertad de expresión y el periodismo de investigación (3)
El empoderamiento esta referido directamente a una
oportunidad para establecer y consolidar redes de ciudadanos o actores de
diferentes sectores, ya que es evidente que para articular procesos, en
donde es necesario contar con una pluralidad de actores que operan a nivel
internacional, regional y local es preciso que los directamente implicados
cuenten con los conocimientos básicos como el de un flujo efectivo de
información.
Auditoria social como
vía para el buen gobierno
Las diferentes redes ciudadanas, las cuales se encuentran
constituidas y organizadas en los sectores, ya sea a manera local,
nacional o internacional son un elemento clave para desarrollar procesos
de auditoría social que desde sus posibilidades tratan de efectuarla.
Los Comités de Desarrollo Local por ejemplo, que son los
representantes de las diferentes asociaciones comunales en los municipios;
dentro de sus funciones tienen velar por los intereses de lo población en
general de su municipio. En este sentido se vuelven entes contralores y
vigilantes de que los bienes públicos sean distribuidos de forma tal que
los procesos sean transparentes, equitativos y participativos.
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Entre las
condiciones básicas para implementar cualquier ejercicio de
auditoría social se encuentra contar con un libre acceso a la
información de la materia sobre la cual se pretende influir |
Entre las condiciones básicas para implementar cualquier
ejercicio de auditoría social se encuentra contar con un libre acceso a la
información de la materia sobre la cual se pretende influir. Si no se
cumple esta condición, simplemente no se podrá realizar la auditoría, pues
como se citaba anteriormente la ciudadanía necesita estar debidamente
informada para reaccionar de forma oportuna ante cualquier situación que
de alguna manera le afecte.
Los presupuestos participativos son otro de los claros
ejemplos en donde es preciso desarrollar mecanismos de auditoría social,
en donde tanto funcionarios públicos como ciudadanos conocen claramente
las reglas, las normas, los recursos y participan activamente en la
planificación, ejecución y evaluación del proceso del presupuesto.
Es así que la auditoría social no es más que la actividad
ciudadana para acompañar, vigilar, monitorear, dar seguimiento, verificar
y evaluar cuantitativa y cualitativamente a quienes toman decisiones que
afectan intereses públicos o tienen vinculación con recursos públicos.
De tal modo que es de aceptación general que la auditoría
social constituya un medio clave para el fortalecimiento de la democracia,
la promoción de la transparencia, la lucha contra la corrupción y
facilitación de la gobernabilidad democrática en cualquier sector y desde
cualquier ámbito.
A manera de reflexión
Lo expuesto en este ensayo entre otras cosas destaca que
la elaboración de políticas, basadas en la colaboración, consenso y
participación de distintos actores críticos, a que se mejoren los
resultados y rendimientos de las políticas, y en definitiva se garantice
la gobernabilidad del sistema político y público permitiría acercarse a la
consolidación de un buen gobierno.
Un buen gobierno que responda y actúe conforme a su
verdadero rol de canalizador de las necesidades de los ciudadanos y gestor
de políticas públicas que conlleven implícito el elemento de participación
ciudadana, debe hacer uso de cada uno de los medios con los que cuenta
para que exista mayor credibilidad en él y que los individuos se vean
representados de forma oportuna.
Nota
editorial
Preparado para el simposio internacional "Hacia el buen
gobierno: tareas aún pendientes..." San José, 11 y 12 de octubre de 2006.
Organizado por la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano.
Publicado originalmente en Revista Probidad
http://revistaprobidad.info/
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