|
Parte 1 /2
 El proceso de superación del pasado, en las sociedades en
las que se establecieron regímenes totalitarios, comienza en algunos casos
con el trabajo de las Comisiones de la Verdad, encargadas de investigar las
violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario en el período
reciente.
La superación del pasado supone para la sociedad nacional,
el enfrentamiento crítico con los graves hechos de violencia en un período
determinado, a fin de buscar formas de reparar los daños causados y procurar
evitar su repetición en el futuro. Por eso el grito común en los países
donde se han producido violaciones sistemáticas y masivas de los derechos
humanos es el de ¡Nunca Más!
Pero la superación del pasado no se agota con los esfuerzos
de una Comisión de la Verdad, que trabaja durante un tiempo limitado y bajo
un mandato específico, con campos de investigación limitados. La superación
del pasado es un proceso que dura muchos años y que continúa más allá del
periodo de los gobiernos de transición. En Argentina, 18 años después del
fin de la dictadura militar, el tema de la superación del pasado sigue en el
orden del día.
En Chile hubo una situación similar. En Junio del 2001
diversas organizaciones chilenas de Derechos Humanos, entre ellas la
Comisión ética contra la Tortura y la Organización de Defensa Popular,
exigieron a su gobierno la creación de una "Comisión Investigadora de
Verdad, Justicia y Reparación para los sobrevivientes de la tortura en
Chile", que afectó a unas 300,000 personas durante la dictadura de Pinochet.
La ODEP señaló que "el reconocimiento por parte del Estado y la sociedad
chilena de este crimen -de la tortura- es imprescindible para reparar los
traumas físicos, mentales, morales y sociales que constituyen sus secuelas y
lograr la verdad, aplicar la justicia y reparar a las víctimas de tortura".1
Introducción: ¿Qué son las
Comisiones de la Verdad?
Las Comisiones de la Verdad son organismos de investigación
creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones
de violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su
pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la
violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.
A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las
causas de la violencia, identificar a los elementos en conflicto, investigar
los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las
responsabilidades jurídicas correspondientes.
El trabajo de la Comisión de la Verdad permite identificar
las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de
la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial, Iglesia), entre otros
factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la
posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política
de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las
violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones
públicas, burlándose del Estado de derecho.
Entre los aportes fundamentales de las Comisiones de la
Verdad que han existido en América Latina podemos destacar:
1. El Auto-descubrimiento de una
realidad "ignorada", semiocultada
Los graves hechos de violaciones a los Derechos Humanos, los
secuestros, las torturas sistemáticas, las desapariciones forzadas, el
genocidio, pese a su repetición por periodos prolongados, durante mucho
tiempo no merecieron el reconocimiento, por parte del conjunto de la
sociedad civil, como un problema de dimensión nacional.
Muchas veces por la censura de las informaciones,
impulsada o impuesta por las autoridades gubernamentales, amplios sectores
de la población vivían ignorando que a pocos kilómetros de distancia se
estaban produciendo violaciones sistemáticas a los derechos humanos o al
derecho internacional humanitario.
Cuando los hechos de violencia empezaron a repetirse en una
u otra región del país, como pasó en Chile, Perú, Argentina, El Salvador,
Guatemala, amplios sectores de la población optaron por la indiferencia
frente a los hechos, conducta mantenida a lo largo de los años, incluso
durante y después de la transición a la democracia.
"Por algo será" era la reacción de algunas personas, ante
las noticias de detención o desaparición de personas. "Algo habrá hecho"
sostenían otros, ahorrándose el trabajo de analizar la situación política y
el dominio militar impuesto.
Muy pronto se descubriría que también el miedo
paralizaba a una buena parte de la sociedad, que silenciaba su voz.
Ciertamente había razón para este miedo. Los jefes militares proclamaron
abiertamente sus amenazas:
"Primero vamos a matar a todos los subversivos, después a
sus colaboradores; después a los simpatizantes; después a los indiferentes,
y por último, a los tímidos."2
"Para que las Fuerzas policiales puedan tener éxito, tienen
que comenzar a matar senderistas y no senderistas. Matan a 60 personas y a
lo mejor entre ellos hay tres senderistas. Esta es la única forma de ganar a
la subversión".
"Nosotros somos profesionales de la guerra y estamos
preparados para matar. La guerra es así. Yo no le puedo decir a un soldado,
al que se le ha preparado para matar: "ahora no mates", Y si mañana existe
un problema, le vamos a decir, ahora si mata? "3
El miedo también afectó a las autoridades judiciales, que
argumentando posibles amenazas de elementos subversivos o terroristas,
actuaron como "tribunales sin rostro". Ciertamente esta rara figura del
"Juez sin rostro" se prestó para la masificación del abuso y las injusticias
contra los acusados por cualquier mínima sospecha de participación en hechos
de violencia.
En algunos casos, sentimientos fatalistas llevaron a
algunos sectores de la población a aceptar como «normales» los hechos graves
de violencia, torturas, desaparición forzada, masacres. Estos sentimientos
anularon cualquier posibilidad de plantearse oportunamente formas de
resistencia o solución política o jurídica a la problemática.
Los esfuerzos de investigación de la Comisión de la Verdad,
la sistematización y consolidación global de los datos obtenidos, permiten
valorar la real dimensión y gravedad de los hechos de violencia ocurridos, y
pueden ayudar a la sociedad nacional a informarse adecuadamente y
tomar conciencia de los graves casos de violaciones a los derechos
humanos cometidos en el período reciente y reconocer sus traumáticos efectos
para el sector de la población afectada.
- Perú 1980-2000: un estimado de 30,000 víctimas, entre ellos mas de
4,000 personas detenidas-desaparecidas.
- Guatemala 1962-1994: 200,000 muertos y desaparecidos
- Argentina, 1976-1983: 30,000 muertos y desaparecidos
- El Salvador: 1980-1991, 75,000 muertos y desaparecidos
- Chile 1973-1990, mas de 3,197 muertos y detenidos desaparecidos.
Tal como lo reconoció en Argentina la CONADEP en el prólogo
de su informe: "…después de haber recibido varios miles de declaraciones y
testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de
lugares clandestinos de detención y de acumular mas de cincuenta mil páginas
documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo
la mas grande tragedia de nuestra historia, y la mas salvaje. Y, si bien
debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante
lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho mas allá de lo
que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría
de crímenes de lesa humanidad". 4
En Chile, por su parte, el ex Presidente Patricio Aylwin
señaló que « La publicación del Informe, de la Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación (que su gobierno creó en 1990) tuvo gran trascendencia en el
país y aún en el exterior. La opinión pública tomó conciencia de lo ocurrido
y valoró su gravedad. Quienes no creían hasta entonces que las acusaciones
sobre violaciones a los derechos humanos y, especialmente sobre
desaparecimientos de personas detenidas fueran fundadas, tuvieron que
admitirlas." 5
Luego, la difusión de las informaciones sistematizadas por
la Comisión de la Verdad ayuda al despertar de la sociedad a una atroz
realidad que no se quiso ver o reconocer en su momento debido. Esta toma de
conciencia acerca del pasado de violaciones a los derechos humanos es
importante para avanzar en la reconstrucción de la democracia y del estado
de derecho, que no se podrán alcanzar mientras persistan las heridas de los
tiempos de violencia. Así pues, el reconocimiento de la verdad total, dura,
compleja, libre de maquillajes, es la tarea fundamental de una Comisión de
la Verdad.
2. La identificación de los sectores
involucrados en el desarrollo de las violaciones a los derechos humanos
La verdad global que logra descubrir la Comisión de la
Verdad, sobre las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho
Internacional Humanitario, tiene que ir acompañada de verdades concretas,
específicas, detalladas, que identifiquen a las personas, grupos y
organizaciones involucradas en los graves hechos de violencia. Así se evita
que las sospechas y acusaciones de graves hechos de violencia se atribuyan a
la totalidad de los miembros de las organizaciones militares, policiales,
paramilitares o guerrilleras. La culpa individual no debe diluirse en la
culpa colectiva. Los inocentes no deben pagar por los culpables.
A partir de esta identificación de los diferentes actores en
la violencia, en Guatemala y El Salvador se logró reconstruir el perfil de
formación de los agentes militares y policiales, en los que se constató la
predominancia de cursos de entrenamiento orientados a perfeccionar las
técnicas de tortura, secuestros, fingimiento de hechos para atribuírselo a
los "enemigos". etc. Más tarde se propuso la depuración de los "elementos
podridos" de las Fuerzas militares y policiales, y la creación de nuevos
cuerpos de la policía civil.
También se logró establecer las diferencias existentes entre
las organizaciones subversivas, sus conflictos internos, y las violaciones a
los derechos humanos que se cometían en su interior, contra sus propios
militantes o simpatizantes.
En el Perú se han conocido también diversos grupos que
adoptaron los métodos de los escuadrones de la muerte, como el
autodenominando "Comando Rodrigo Franco", el "Grupo Colina", etc.
Entre otros ejemplos de grupos paramilitares o de
escuadrones de la muerte se pueden mencionar: El G2 y "los Kaibiles" en
Guatemala, los "Novios de la muerte en Bolivia", La Triple "A" y el "Batallon
601" en Argentina.
Igualmente hay otros sectores involucrados en delitos de
derechos humanos. Los jueces que no aplicaron el derecho, rechazando los
recursos jurídicos o «habeas corpus», los funcionarios universitarios que
facilitaron informaciones sobre "estudiantes sospechosos", los responsables
de los medios de comunicación, los empresarios que financiaron a los grupos
paramilitares, entre otros.
Con respecto a los agentes del estado involucrados en
violaciones a los Derechos Humanos, la Comisión de la Verdad de El Salvador
exigió "el retiro de la Fuerza Armada de aquellos oficiales en servicio
activo que hubieran cometido o encubierto graves hechos de violencia."6
La Comisión de El Salvador recomendó también "la destitución
de aquellos funcionarios gubernamentales civiles y miembros del poder
judicial que hubieran cometido, encubierto, o dejado de investigar graves
hechos de violencia como los que la Comisión ha investigado".
La Comisión recomendó la promulgación de leyes apropiadas
que garantizaran que todas las personas implicadas por la Comisión en graves
hechos de violencia, sea oficiales militares en servicio activo o en retiro,
funcionarios civiles, miembros o comandantes militares del FMLN, jueces o
civiles, quedaran inhabilitadas para el ejercicio de cualquier cargo o
función pública por un lapso no menor de diez años".
La misma Comisión agregó que esas personas también
"...deberían quedar inhabilitadas....para siempre de toda actividad
vinculada con la seguridad pública o la defensa nacional". Esto es algo
sumamente importante para evitar mantener situaciones que sigan agrediendo y
ofendiendo a los familiares de las víctimas.
Lamentablemente esto solo se ha podido aplicar muy
parcialmente en El Salvador.
En Argentina, muchos criminales de la dictadura militar
siguen en el servicio activo, y hasta ocupan cargos políticos.
Notas
|
