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Parte 1 /4
 La evolución del debate sobre gobernabilidad democrática
en las últimas décadas no ha sido capaz de superar las limitaciones
impuestas por el modelo de democracia representativa, asumido como parámetro
para el rediseño de la institucionalidad. La tesis que se defiende aquí es
que sólo con un nuevo modelo de democracia que asocie la democracia
representativa con la democracia deliberativa se generarán las condiciones
necesarias para la concertación social en una esfera pública ampliada, que
permita la creación de un nuevo pacto político, capaz de dar sustento a las
políticas públicas redistributivas.
Introducción
Se ha descrito a América Latina como la región con el mayor índice de
desigualdad en el mundo, una característica capaz de perdurar en períodos
ascendentes y descendentes del ciclo económico, con Estados
intervencionistas y neoliberales, modelos nacionalistas y globalizados,
culturas arcaicas y posmodernas, pactos corporativos y neocorporativos. Más
que la ausencia de igualdad, que indicaría la existencia de distintos grados
de inserción en la sociedad política y en el mercado, lo que ocurre en la
región es un fenómeno de exclusión, de persistencia de una esfera pública
restringida que no incluye a una gran parte de la población.
Con la introducción del régimen democrático en la región, la experiencia de
las últimas décadas ha demostrado que la mera identificación de la
democracia con el régimen democrático es problemática y pone en evidencia
las limitadas posibilidades de gobernabilidad en contextos donde el régimen
democrático coexiste con altos niveles de exclusión y desigualdad.
La evolución del debate sobre gobernabilidad democrática en este período no
ha sido capaz de superar las limitaciones impuestas por el modelo de
democracia representativa, asumido como parámetro para el rediseño de la
institucionalidad. La tesis que se defiende aquí es que sólo con un nuevo
modelo de democracia que asocie la democracia representativa con la
democracia deliberativa se generarán las condiciones necesarias para la
concertación social en una esfera pública ampliada, que permita la creación
de un nuevo pacto político, capaz de dar sustento a las políticas públicas
redistributivas.
La reconstrucción de la esfera pública debe identificarse claramente como
parte de la lucha por la hegemonía y la constitución de un nuevo bloque en
el poder, que atraviesa al Estado y requiere nuevos aparatos, tecnologías y
procesos para ejercer el poder, que inscriban las nuevas relaciones de poder
en su materialidad organizativa. Este proceso de interacción y
transformación tanto del Estado como de la sociedad puede y debe darse
simultáneamente, impulsado en una u otra dirección, en estos dos polos que
constituyen la esfera pública.
Gobernabilidad y gobernanza
Transcurridos pocos años de intentos de estabilización de las recientes
democracias latinoamericanas, en un contexto económico recesivo e
inflacionario, que subordina las demandas emergentes a los dictámenes de
ajuste estructural y equilibrio fiscal acordados con los organismos
financieros internacionales como condición para el ingreso de estas
economías en el sistema globalizado, existen diferentes manifestaciones
populares que indican el grado de deterioro de los fundamentos de la
autoridad y de las instituciones políticas de la región (Fleury, 2003a).
En estos últimos años, hicieron eclosión diversas manifestaciones
"callejeras" en países como Perú, Ecuador, Bolivia, México y Argentina,
Paraguay, Venezuela, para no mencionar el Movimiento de los Sin Tierra en
Brasil, Chiapas en México y la guerrilla en Colombia. En algunos casos,
estas manifestaciones reivindicatorias se superponen y/o son conducidas por
movimientos sociales organizados a partir de una condición particular de
exclusión; otras veces, parece que surgen de la propia fragmentación social.
En la mayor parte de estos casos, las manifestaciones tienen lugar sin una
forma orgánica desarrollada y/o rechazan a los dirigentes así como las vías
tradicionales de canalización de los conflictos, y el ciudadano y la
ciudadana común -que algunas veces tiene alguna vinculación con movimientos
sociales- son quienes aparecen en las calles, dispuestos a imponer su
voluntad política con la violencia de su expresión.
Al analizar el proceso de urbanización de La Paz, Calderón y Szmukler (2000)
identifican la manifestación urbana de un patrón histórico de desigualdades
y discriminación, fruto de la confluencia de tres fenómenos: la urbanización
acelerada, la modernización limitada y la democracia restringida. Para estos
autores, la explicación de por qué los conflictos se manifiestan en las
calles se funda en la persistencia de jerarquías socioculturales, "pues
dichas jerarquías restan sentido al diálogo, a la palabra y a los procesos
de deliberación colectiva, al considerar a los otros como inferiores".
Dicho de otro modo, las calles se transforman en el escenario donde
demuestran el poder justamente aquellos a los que se les ha vedado la
posibilidad de comunicación, merced a una norma que los excluye de poder
participar en la esfera pública. La reapropiación de los espacios públicos y
la depredación de los símbolos de poder u opresión económica es una
manifestación corriente de violencia contra un poder considerado excluyente
e ilegítimo.
¿Qué posibilidades hay de que estas manifestaciones expresen identidades de
resistencia y, más aún, de que se transformen en identidades de proyecto
(Castells, 1999), pasando de ser una comunidad creada en torno a la
resistencia a una identidad proyectada, que potencialmente no sólo puede
reconstruir su lugar sino que, al hacerlo, puede transformar la sociedad?
Son muchos los interrogantes, pero ciertamente esto abarcaría desde la
creación de una comunidad, y no sólo una manifestación de pura violencia,
hasta la posibilidad de trascender la resistencia específica, forjando
identidades políticas y organizaciones con miras a reconstruir la esfera
pública.
Fundamentalmente, la reconstrucción de la esfera pública implica un proceso
que requiere la aceptación de la institucionalización del conflicto y su
negociación, requisitos que no son aceptados fácilmente en las sociedades,
ni por las elites dominantes ni por los manifestantes atomizados. En otras
palabras, el desarrollo de una cultura de la democracia depende de que se
constituyan actores sociales capaces de desarrollar formas de organización y
recursos estratégicos que les permitan ser incluidos en procesos de
negociación y construcción de proyectos hegemónicos. La ausencia de estas
condiciones coloca una vez más la crisis de autoridad y legitimidad en el
escenario regional, lo que genera una recurrente situación de
ingobernabilidad.
En la coyuntura actual, Reis (2001) identifica tres tipos de crisis de
ingobernabilidad, a las que denomina por "sobrecarga", "pretoriana" y "hobbesiana".
La ingobernabilidad por sobrecarga corresponde a la crisis de las
socialdemocracias iniciada hace aproximadamente un cuarto de siglo. La
crisis pretoriana se refiere a la condición de precariedad institucional e
inestabilidad política propia de muchos países de la periferia del
capitalismo mundial en el siglo XX. La crisis hobbesiana, por su parte, es
fruto de las consecuencias políticas que surgen como resultado de la
fragmentación social de la globalización y la reafirmación del mercado, lo
que se suma a la penetración del narcotráfico (violencia urbana, aumento de
la criminalidad, inseguridad). Para este autor, en el tercer caso, lo que
está en juego es el mantenimiento del orden y la seguridad, un problema
constitucional de preservación de la autoridad del que se ocupó Hobbes.
América Latina convive simultáneamente con estas tres diferentes crisis de
gobernabilidad, de tal manera que, en algunas situaciones, como la
colombiana, es difícil comprender cómo, en ambos lados del conflicto, se
interconectan las deficientes políticas públicas que deben responder a las
demandas sociales, la sublevación revolucionaria y la penetración del crimen
organizado. Sin embargo, la mayor parte de las manifestaciones recientes en
la región reclama contra la ilegitimidad de los gobiernos e instituciones,
pero no propone una solución fuera del marco democrático. Al contrario,
propone que se profundice la democracia.
La crisis de gobernabilidad que atraviesa la región en los últimos años es
el fruto de dos fenómenos concomitantes: el agotamiento del pacto
corporativo que legitimó el ejercicio del poder político del Estado
desarrollista y, por otra parte, las dificultades de readecuación de las
economías nacionales al proceso de globalización en curso. El pacto
corporativo fue el acuerdo político e institucional que le permitió al
Estado desarrollista construir y mantener una alianza entre intereses
contradictorios sin una nítida hegemonía política, lo que propició las
condiciones para promover el proceso de industrialización sustitutiva.
En el contexto actual, en una sociedad que se ha vuelto cada vez más
compleja y con un régimen democrático en vigencia, la incapacidad
gubernamental de responder a las demandas políticas y sociales de los
actores tradicionales y el surgimiento de nuevos actores, ajenos al pacto
corporativo prevaleciente, agudizaron la crisis de gobernabilidad.
Además, los actores políticos tradicionales -elites económicas,
tecnoburocracia, organizaciones corporativas, partidos políticos- tienen
dificultad para adaptarse a la nueva situación, donde los intereses sociales
dejan de constituirse prioritariamente dentro del Estado, lo que hace
necesario que la sociedad se oponga a ello inicialmente, en un contexto en
el cual prevalece la lógica de mercado y de una economía globalizada.
Forjado por el pacto corporativo, el tejido social se fue alterando con la
transformación de los actores tradicionalmente vinculados a él, que hoy le
reclaman mayor autonomía al Estado, al tiempo que buscan preservar sus
canales tradicionales de representación. Por otro lado, los nuevos
movimientos sociales, la emergencia de una pluralidad de organizaciones no
gubernamentales, las diferentes formas de asociativismo evidencian un nuevo
escenario, donde los que fueron excluidos del pacto corporativo buscan
formas de organización propia, con mayor autonomía y menor control por parte
del Estado. La transición a la democracia permite la movilización de esta
sociedad civil organizada en torno a sus demandas ciudadanas.
Según Diniz (1997), la crisis de gobernabilidad de la década de 1990 puede
explicarse por la brecha entre el Estado y la sociedad: "La brecha entre una
institucionalidad estatal rígida, dotada de un débil potencial de
incorporación política, y una estructura social cada vez más compleja y
diferenciada agudizó las tensiones asociadas con el proceso de
modernización. Se instauró un sistema multifacético y multipolar de
representación de intereses, a través del cual la sociedad sobrepasó al
aparato institucional vigente, con la implosión del antiguo modelo de
control corporativo del Estado sobre ella".
Las transformaciones económicas relacionadas con el agotamiento del modelo
de industrialización sustitutiva se asociaron con la necesidad de
liberalización de la economía, la reducción del intervencionismo estatal, la
interrupción de la espiral inflacionaria, la reducción de las cargas y el
déficit fiscal, el aumento de la productividad de la economía, y se
constituyeron en condiciones para la inserción de las economías regionales
dentro de una economía globalizada. La estabilización económica tuvo como
consecuencia la alteración del marco de actores políticos, con la
introducción de la burocracia de los organismos internacionales como un
actor clave para definir políticas públicas. Al depender de los recursos y
de la aprobación de las medidas económicas por parte de los organismos
internacionales de financiamiento, los Gobiernos democráticamente electos se
ven cada vez más limitados en su capacidad de decisión y más orientados a
buscar una legitimidad "hacia afuera", rompiendo acuerdos con sus aliados
nacionales y frustrando las expectativas de los que los eligieron.
Sin el apoyo político de los actores vinculados al pacto corporativo, los
Gobiernos electos buscan alianzas internas tanto con los sectores de las
elites políticas tradicionales u "oligarquías" como con las nuevas elites,
vinculadas a la reproducción del capital financiero. Contradictoriamente,
como los procesos de privatización disminuyeron los recursos disponibles
para que los gobernantes atendieran a sus clientelas, se redujo su margen de
maniobras. Por otro lado, dada la creciente importancia de los medios en las
elecciones gubernamentales, el costo de las campañas políticas creció
exponencialmente, lo que ha generado un proceso de intercambio de apoyos
financieros en atención a los intereses de los financiadores, y esto ha
provocado que la corrupción y este tipo de clientelismo estén casi
legalizados.
En el escenario de una economía globalizada y subordinada a un proceso de
especulación del capital financiero sin precedentes, potenciado por las
tecnologías informáticas, las economías dependientes se vuelven prisioneras
de un ciclo perverso, en el cual las condiciones de gobernabilidad son
evaluadas por agencias financieras privadas, que definen los índices de
riesgo para los inversores internacionales. Crear las condiciones para
atraer la inversión extranjera de capitales, volátiles en su mayoría, pasa a
ser un punto crítico del que dependen los Gobiernos para administrar la
moneda y el déficit, aun cuando esto signifique aumentos especulativos de
intereses, que perjudican principalmente a los productores nacionales y
transforman las economías dependientes en exportadoras de capital bajo la
forma del pago de la deuda contraída para garantizar la estabilidad de la
economía.
En estas circunstancias, surgió una hegemonía sin precedentes y sin
contrapesos: la de los intereses del capital financiero, que condujo a las
economías nacionales hacia procesos de recesión, razón por la cual la década
de 1990 se percibe hoy como un retroceso extraordinario para el desarrollo
nacional, cuyos altos costos sociales fueron sólo aliviados por los
programas para combatir la pobreza. Sin embargo, la concentración de la
riqueza no se alteró: sólo su distribución cambió, lo que perjudicó al
sector productivo y concentró las ganancias en manos del capital financiero.
El debate reciente sobre las condiciones de gobernabilidad en América Latina
intentó disociarse de la matriz conservadora que, en la década de 1960,
produjo una intensa polémica sobre las relaciones entre modernización,
desarrollo y gobernabilidad. En esa oportunidad, la necesidad de orden,
considerado imprescindible para asegurar el desarrollo económico, pasó a ser
el valor que justificaba las soluciones políticas autoritarias (Huntington,
1968; Fiori, 995 y Reis, 1995). El nuevo debate acerca de la gobernabilidad
en la década de 1990 vuelve a concentrarse en la necesidad de construir el
orden, pero en un contexto más complejo, porque se trata de mantener el
orden democrático. Así, el concepto adquiere el adjetivo actual y se
convierte en "gobernabilidad democrática", con lo que procura distanciarse
tanto de las soluciones autoritarias como de la restricción conceptual que
lo limita a la mera capacidad estatal de gobernar.
La gobernabilidad democrática pasa a ser vista como "la actitud de un
sistema democrático para autogobernarse y enfrentar positivamente los
desafíos y las oportunidades que se presentan" (Prats y Català, 1996). El
desafío actual es la construcción de "un orden institucional distinto, que
necesariamente debe ser abierto, conflictivo y plural" (Calderón, 1995a).
La problemática de la gobernabilidad comprende tanto el fortalecimiento de
la capacidad del Gobierno para asegurar los bienes públicos en una sociedad,
como también la existencia de normas y valores compartidos -denominados hoy
"capital social"- que organicen las interacciones colectivas, y generen las
condiciones para una acción cooperativa entre los diferentes actores y
agentes sociales. Las instituciones, ya sea como reglas formales o
informales, y las organizaciones son construcciones sociales creadas para
reducir la incertidumbre en las transacciones humanas (North, 1993). De esta
forma, inducen la cooperación y afectan el desempeño final de la economía y
las instituciones políticas (Putnam, 1996).
La polémica en torno al problema del déficit crónico de gobernabilidad en
América Latina retoma las hipótesis explicativas tradicionales, que lo
atribuyen al exceso de demandas generadas como consecuencia de la
democratización, que crea una desproporción entre aquéllas y los recursos
disponibles.
La hipótesis sostenida por la teoría de la modernización, según la cual una
rápida modernización puede llevar a una revolución en materia de
expectativas crecientes, pondría el desarrollo económico como condición para
poder preservar la democracia política. Las numerosas críticas a la teoría
de la modernización, desarrolladas por diversos autores a partir de la
década de 1970, arribaron a la conclusión de que no hay un nivel particular
deseable de desarrollo económico que constituya un prerrequisito para la
democracia (Altman, 2001), a lo que se suma la afirmación de Amartya Sen
(1999), quien analiza las evidencias de las investigaciones sobre la
relación entre ambos fenómenos: "Si todos los estudios comparativos son
vistos en conjunto, la hipótesis de que no hay una clara relación entre el
crecimiento económico y la democracia en ninguna dirección se mantiene
extremadamente plausible".
Numerosos analistas sostienen que la fragilidad de la arquitectura
político-institucional -en especial, la ausencia del estado de derecho y las
debilidades del sistema partidario junto con el precario funcionamiento del
Parlamento- se origina en el déficit que amenaza la gobernabilidad en la
región. Para estos autores, la gobernabilidad es un derivado de la
institucionalización de la democracia.
La identificación de la democracia con el estado democrático de derecho (democratic
rule of law) es defendida por O'Donnell (2001): "La democracia no es tan
sólo un régimen democrático, sino también un modo particular de relación
entre Estado y ciudadanos, y entre los propios ciudadanos, bajo un tipo de
estado de derecho que, junto con la ciudadanía política, sostiene la
ciudadanía civil y una red completa de rendición de cuentas".
Los derechos civiles y los derechos políticos serían el principal apoyo del
pluralismo, además de ser una condensación de relaciones de poder de los
individuos y asociaciones. Por tanto, su ampliación a todos los ciudadanos
dentro de un estado de derecho en vigencia, sumado a las condiciones
impuestas al ejercicio del poder en materia de rendición de cuentas, serían
los requisitos para considerar a los individuos sujetos jurídicos, o
ciudadanos, con derechos y deberes derivados de su pertenencia política y,
por ende, autonomía personal y responsabilidad por sus acciones.
El corazón de la democracia residiría en la ampliación de los derechos
civiles y en la efectividad de la legalidad estatal para difundirse en forma
igualitaria sobre todo el territorio nacional. Para O'Donnell (2002), en
muchas de las democracias latinoamericanas persisten áreas "marrones", donde
la legalidad del Estado no llega y donde prevalecen las relaciones de poder
personalistas, patrimoniales y mafiosas. En estos casos, el Estado sería
territorialmente evanescente y las burocracias estarían colonizadas por
intereses privados.
Finalmente, algunos autores destacan que la persistencia de un modelo
económico excluyente, caracterizado por índices calamitosos de desigualdad y
exclusión, constituye el factor central para el debilitamiento de las
instituciones democráticas, cuya sustentabilidad debería basarse en un nivel
mínimo de igualdad entre los ciudadanos. A la incapacidad de responder a las
demandas sociales emergentes con el proceso de democratización se suman
medidas cada vez más restrictivas que alteran el nivel de beneficios
sociales anteriormente existente, y los subordinan a una lógica lucrativa,
que excluye a sectores cada vez mayores de la población de las condiciones
de trabajo formal y de las garantías sociales. La inestabilidad, la
inseguridad, la insensibilidad de los gobernantes son los sentimientos que
caracterizan la vida en las grandes metrópolis de la región, lo que aumenta
los riesgos de ingobernabilidad.
En el caso de América Latina, cuyo desarrollo económico y social tiene como
rasgo más notorio precisamente el elevado nivel de desigualdad y exclusión,
la gobernabilidad democrática no puede separarse de la búsqueda de
soluciones para la inclusión social y la reducción de la desigualdad. La
creación de mecanismos de inclusión social -definida por Calderón (1995a)
como "la capacidad que tiene la sociedad para construir una ciudadanía
activa, eliminar las barreras discriminatorias en el mercado y diseminar una
cultura de la solidaridad"- es nuevamente la respuesta desde el punto de
vista político.
De la misma manera, uno de los aspectos singulares del proceso de
consolidación democrática en América Latina es el resurgimiento de la
disyuntiva entre los diferentes elementos que componen la ciudadanía, lo que
abre cursos articulares, contaminados de contradicciones. Mientras que los
derechos políticos se encuentran prácticamente universalizados, los derechos
civiles todavía no están garantizados, y los derechos sociales, en muchos
casos, sufren retrocesos como consecuencia de los planes recesivos de ajuste
económico.
El hecho de que los derechos civiles hayan antecedido a los derechos
políticos en los países desarrollados, mientras que en América Latina se
vive el proceso inverso, llevó a O'Donnell (1998) a identificar las
democracias latinoamericanas como no cívicas, con predominio de una
ciudadanía de baja densidad. Los derechos civiles y las libertades políticas
son los principales soportes del pluralismo y de la diversidad, además de
crear las condiciones para el ejercicio de una autoridad burocrática que
rinda cuentas de sus actos. Por estas razones, la propuesta de O'Donnell se
orienta hacia la conquista de los derechos civiles como una cuestión
estratégica para consolidar la democracia en la región, admitiendo que la
desigualdad también es producto de la ausencia del estado de derecho.
No obstante, la distinción entre las reformas legales y el fortalecimiento
del estado de derecho permite demostrar que el problema no reside en la
falta de un marco legal, sino en los usos y abusos del sistema legal, que
permite la impunidad de los poderosos, la corrupción de los funcionarios y
la aplicación de la ley como forma de castigo para los políticamente
desprotegidos. Da Mata (1983) discurre sobre la preponderancia de esta
institucionalidad oculta, que opera como norma, pues organiza las
interacciones sociales a partir de la desigualdad cristalizada en la
jerarquía vigente de poder y no a partir de la igualdad entronizada en la
ley.
Más allá de la construcción de un marco institucional fortalecido, lo que se
pone de manifiesto es la extrema segmentación de la sociedad civil, que
lleva a Oxhorn (1998) a afirmar que, a diferencia del círculo virtuoso de
incorporación de los derechos ciudadanos descrito por Marshall (1967) al
analizar el caso inglés, la democracia en América Latina continúa
restringiendo el potencial de la sociedad civil. Sin ninguna duda, no hay
evidencias consistentes, ya sean teóricas o históricas, que indiquen que la
construcción de la ciudadanía en la región deberá, en primera instancia,
asegurar los derechos civiles mediante la construcción de democracias
formales y luego enfrentar el problema distributivo, asegurando los derechos
sociales.
En cambio, la cuestión social fue y continúa siendo el lugar donde se
constituyen los actores sociales que buscan introducir en el terreno
político sus necesidades, transformadas políticamente en demandas. De la
misma manera, a través de las políticas sociales es como el Estado interpela
a los ciudadanos, resignificando así los contenidos conflictivos mediante
tecnologías apropiadas, despolitizando las demandas que a él se dirigen y,
finalmente, redefiniendo el significado de la ciudadanía.
En los últimos años, los aparatos de política social construidos durante la
vigencia del pacto corporativo -el período de las reformas sociales- se
desmontaron en América Latina con una aceptación sin precedentes en otras
sociedades. Este fenómeno se debe a diversos factores: por ejemplo, la
identificación de los beneficios como privilegios, la burocratización y el
clientelismo como prácticas predominantes, para no mencionar la corrupción y
la incapacidad de responder con estos aparatos a las nuevas demandas
ciudadanas.
Las demandas democráticas canalizaron las reivindicaciones para construir un
nuevo patrón de políticas sociales, libre de la tutela de la condición de
trabajo, para asociarse universalmente a la condición de ciudadanía. En
algunos países, estas demandas se plasmaron en la legislación constitucional
de las democracias emergentes, en sistemas universales, descentralizados y
participativos de políticas sociales. Sin embargo, la crisis fiscal del
Estado, el predominio del pensamiento liberal y de la orientación de los
organismos internacionales en pro de políticas sociales focalizadas, y el
reflujo de los movimientos sociales reivindicativos fueron suficientes para
que en los últimos años se conformara un nuevo patrón de política social
para la región.
Este patrón se caracteriza por la segmentación de las políticas sociales de
acuerdo con el poder adquisitivo de cada grupo, de modo que se diseñan
sistemas duales de servicios sociales, o sea, públicos para los pobres y de
mercado para quienes los pueden pagar. La inexistencia de mecanismos de
solidaridad entre ricos y pobres acarrea un enorme peso al Estado, que tiene
que soportar los costos de la pobreza.
Como consecuencia, se asiste a la ruptura de la solidaridad forjada en el
período populista entre los estratos medios y la población más pobre. Al
mismo tiempo, esta segmentación de las políticas sociales se traduce en
condiciones diferenciadas de ciudadanía e implica la cosificación de la
separación entre los derechos sociales para los que tienen recursos (en el
populismo los recursos eran sobre todo políticos y ahora son financieros) y
los beneficios sociales para los pobres, a quienes no se les atribuyen
derechos.
El deterioro de las condiciones de vida de las capas medias, la
inestabilidad del mercado laboral, la incapacidad de las políticas
asistenciales dirigidas a combatir la pobreza, la ineficiencia y precariedad
de los sistemas de atención universalizados generan constantemente nuevas
formas de articulación de la población alrededor de la cuestión social. La
constitución de actores políticos, formas organizativas, articulaciones
innovadoras entre el Estado, el mercado y la comunidad demuestran que la
conciencia y la participación de la ciudadanía se están procesando en el
ámbito de las políticas y los derechos sociales, y reafirman que éste sigue
siendo el curso particular de construcción de la democracia.
Para Genro (1997), "la reivindicación ciudadana comienza como un proceso de
construcción de miles de organizaciones que promueven la autoorganización de
la comunidad en torno a sus intereses particulares, predominantemente
situados en la esfera de la reproducción, creando una esfera pública no
estatal que genera nuevas formas de autonomía e inclusión alternativas".
Estas organizaciones son mediadoras de la acción política directa de los
ciudadanos y, a su vez, crean las condiciones para instalar sus intereses y
reformar el ejercicio del poder político en el ámbito local.
La tesis que se presenta aquí es que la construcción de la democracia en la
región introduce la reivindicación ciudadana de un derecho de quinta
generación -más allá de los derechos civiles, políticos, sociales y
difusos-, que equivale a demandar una gestión deliberativa de las políticas
públicas, en especial, de las políticas sociales.
Hasta el momento, se desconoce cuáles son los mecanismos requeridos para que
se construya un nuevo diseño institucional del Estado que permita la
articulación de esta nueva realidad del poder local en un pacto político que
no sólo garantice la gobernabilidad del Estado nacional, sino que fortalezca
su posición en los foros supranacionales. Sin embargo, ésta no es una
hipótesis que deba ser excluida, dada la capacidad de innovación social y
transformación de la esfera pública a la que se asiste a escala local y
micro social; en consecuencia, hoy lo local es un laboratorio de
transformaciones políticas y administrativas, muchas de las cuales se
generalizan posteriormente en el ámbito nacional.
No obstante, la generación de las condiciones de gobernabilidad local e
incluso la transformación del Estado a este nivel no pueden opacar la
problemática de la gobernabilidad presente a escala nacional. La propuesta
que se defiende aquí implica que la gobernabilidad democrática en el plano
nacional depende de la capacidad de introducir, también a este nivel, los
mecanismos de democracia deliberativa que permitan la inclusión social y la
construcción de un nuevo bloque dirigente.
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