Año 2005 Vol.  III

 América Latina: una región en conflicto

Prevención y resolución de conflictos

Por Óscar del Álamo

Parte 2 /7

Conflictos de transición: En sentido amplio, son los que aluden a la fragilidad de los sistemas democráticos y aquellos que se refieren a las luchas, entre fuerzas rivales, para hacerse con el poder en procesos de transición y cambio político. Desde esta óptica, a continuación, se analiza brevemente el papel que ciertos actores - a saber: militares y movimientos antisistémicos - pueden jugar en la desestabilización de dichos procesos¹⁰.

Durante los últimos quince años, la región ha experimentado la difusión y generalización de las formas de gobierno democrático en la casi totalidad de los países. América Latina ha dejado de ser una región en la que predominaban los gobiernos dictatoriales de la década de los ochenta para transitar, con mayor o menor éxito según el caso, hacia sistemas de derecho y regímenes pluralistas. La ola democratizadora alcanzó a países como Brasil, Argentina, Uruguay y Chile, acompañada por los efectos de la paz centroamericana, durante la década de los noventa (Nicaragua, El Salvador, Honduras), la primera experiencia democrática de Paraguay o la distensión en Panamá (ver Tabla 2).

Sin embargo, no debe confundirse la instauración de mecanismos propios de democracia representativa con una democracia institucional consolidada. Varios países de la región enfrentan aún graves obstáculos para consolidar este proceso de una manera efectiva y prácticamente toda la región está demostrando una considerable lentitud para evolucionar desde un gobierno electo democráticamente a una democracia institucional consolidada. En otras palabras, las democracias latinoamericanas actuales son aún muy vulnerables y resultan más formales que reales (PNUD, 2004; Arias Calderón, 2004) ¹¹.

Entre otros aspectos, y a nivel de actores, determinar si una democracia está o no consolidada supone: analizar la desaparición del riesgo inminente de nuevos golpes militares, la existencia de movimientos antisistema y tener en cuenta el grado de profundización de las condiciones de estabilidad de la democracia. Estos aspectos son clave en un momento en el que las democracias latinoamericanas empiezan a carecer de legitimidad y apoyo, con un telón de fondo dominado por la desconfianza hacia los partidos políticos y la sombra de la corrupción. En este contexto, el papel que pueden desencadenar ciertos actores puede resultar desestabilizador en los procesos de democratización.

Históricamente la región ha contemplado como el papel de los militares ha sido clave – más que el de otros actores - en las rupturas y continuidades de la democracia. Así mismo, al margen de su papel protagónico, el respaldo de las Fuerzas Armadas también resulta significativo en los diversos episodios que han afectado a la vida democrática latinoamericana¹². Pero a pesar de la relevancia que los militares siguen teniendo en la región, ésta se ha visto alterada durante los últimos diez – quince años por varios motivos que especifica CIIIP-UPAZ (2000)¹³:

• Muchos de los conflictos y disputas territoriales que tuvieron sus raíces en el período de formación de los Estados nacionales y que fueron parte del tradicional enfrentamiento a nivel internacional, lograron alcanzar diversas formas de arbitrio o paz negociada¹⁴.
• A nivel doméstico, se vio reducida la inestabilidad generada por diferentes formas de acción de guerrilla o de guerra civil. Los movimientos insurgentes perdieron importancia relativa con respecto a la década anterior. Así, gran parte de los focos de conflicto que alcanzaron su nivel más alto a principios o mediados de los ochenta fueron total o parcialmente suprimidos o bien fueron neutralizados mediante negociaciones y acuerdos¹⁵.
• Durante la década de los setenta y ya entrada la del ochenta, parte de la región latinoamericana, y en particular el Cono Sur, dejó de estar gobernada por sistemas políticos autoritarios bajo el dominio directo de los militares¹⁶.

Pero a pesar de las transformaciones que ha sufrido, la institución militar continúa teniendo un protagonismo decisivo en la vida política y socio-económica de la región y, en algunos países, su rol sigue siendo básico en el presente y futuro inmediato al seguir protagonizando irrupciones en la vida democrática de los mismos¹⁷. Sin embargo lo que sí es válido para la mayoría de países de la región es el considerable descenso en el número de personas movilizadas por los aparatos militares. Sin embargo, los riesgos y peligros no han desaparecido. Sobretodo en Centroamérica, los procesos de paz han dado lugar, por falta de recursos y a pesar de las medidas previstas en las negociaciones de paz, a una reinserción incierta – tanto a nivel socioeconómico como psicológico - de muchos guerrilleros y soldados desmovilizados¹⁸. Así, muy a menudo, la etapa de post-guerra genera un aumento de la delincuencia, el nivel de violencia se acrecienta por la abundancia de armas de guerra en circulación y la criminalidad constituye la principal preocupación de la práctica totalidad de los gobiernos regionales en materia de orden público (caso de Guatemala, por ejemplo, con la acción de las bandas juveniles – las "maras" - y los casi cuatro-cientos asesinatos de mujeres tan sólo en el pasado año – Del Alamo, 2004).

La importación de armamento en el total de las importaciones de América Latina también se ha ido reduciendo. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos: en toda la región no cae el presupuesto militar sino que se incrementa ligeramente. Así, es significativo que a pesar de la distensión del conflicto armado en la región, el gasto dedicado a defensa continúa aumentando.

Las mayores reducciones del personal movilizado por las Fuerzas Armadas y el descenso en las importaciones de armas se localizan en Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras. En general, estos procesos han conllevado una reducción del gasto militar. Aunque la reducción del personal militar y del volumen de importación de armamento en América del Sur haya sido importante, su magnitud no guarda ningún paralelismo con el comportamiento de Centroamérica (ver Recuadro 1 para el caso de Guatemala) y se constatan diferencias importantes entre países: el gasto militar ha ido aumentando en algunos mientras que en otros se ha ido reduciendo. Entre los primeros, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay; en el segundo, Perú y Argentina son los casos más extremos de la región sudamericana de la reducción del gasto militar.

Además de las Fuerzas Armadas, los otros actores que históricamente han concentrado una capacidad para sobrepasar los mecanismos preestablecidos han sido los movimientos insurreccionales. El peso de esos movimientos ha ido disminuyendo notoriamente aunque con notables excepciones: Colombia y, en una escala claramente inferior, México. En estos países, al igual que en el resto de la región, existe un respaldo desgastado de las tradicionales reglas de resolución de los conflictos y, por tanto, un debilitamiento en la integración de las tensiones y el procesamiento no partidizado de las diferencias que llevan al conflicto. En estos casos, la política nacional es cuestionada y no existen acuerdos plenos para la aceptación de las reglas procedimentales propiamente democráticas. Esta misma problemática parece haberse agudizado en Ecuador y en Bolivia con los sucesos acaecidos en los últimos años que han demostrado la capacidad de este tipo de movimientos aunque fuertemente cargados de un discurso étnico (esta cuestión se trata más extensamente en los conflictos de identidad).

Al margen de la acción de militares y movimientos insurreccionales, la debilidad de los principios democráticos es palpable en todos los países de la región. Sin embargo, Centroamérica parece la zona en la que dicha debilidad es más notable – quizás porque el proceso de transición es más reciente - y prácticamente todos los países centroamericanos siguen experimentando graves tensiones. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala los procesos de paz se afianzaron y los conflictos fueron suprimidos fundamentalmente en base a acuerdos y negociaciones en los cuales participaron militares y guerrilleros con una multiplicidad de actores sociales que fueron esenciales en los diálogos de paz. Pero si bien estos países han logrado superar sus conflictos armados, todavía aparecen expuestos a la violencia estructural que impide la consolidación de los principios democráticos¹⁹. Estos casos demuestran que la reconstrucción de las sociedades que han experimentado una cultura de la violencia durante décadas es extremadamente compleja y requiere múltiples esfuerzos²⁰.

Debe tenerse en cuenta que la relación democracia – conflicto es una dinámica que se retro-alimenta en la medida en que, por un lado, una institucionalidad democrática arraigada conduce a un mejor desempeño en materia de reducción y solución de los conflictos. Por otro, que en condiciones de baja conflictividad social, buen desempeño económico, y distensión de demandas, los desafíos que enfrenta la etapa de transición disminuyen o son más bajos que los de una configuración opuesta como es aquella que predomina en la mayor parte de los países de la región, marcada por un pasado de inequidad extrema y exclusión. El logro de una transición exitosa dependerá, por tanto, de la capacidad para superar los obstáculos generados por aquellas estructuras que han tenido vigencia en la historia reciente de la región; entre ellas, el papel de los militares o las justificaciones históricas que condicionan el actuar de los movimientos antisistémicos.

Notas

[10] Ello no quiere decir que sea el único aspecto que debe analizarse en los procesos de transición democrática. El abordaje del tema podría y debería ser mucho más amplio; sin embargo, la acción desarrollada por estos actores ha copado el protagonismo en muchos de los países de la región durante los últimos años y por ello se considera prioritaria su consideración en detrimento de otros aspectos que no por ser específicamente mencionados dejan de ser relevantes.

[11] Para obtener una mayor precisión sobre estas consideraciones recomendamos acudir al informe titulado "La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos" elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo durante 2004. En especial, aquellos capítulos en los que se exponen los resultados extraídos de las percepciones de la ciudadanía y de la dirigencia latinoamericana.

[12] Entre diversos casos, podemos recurrir al peruano. El derrocamiento del presidente peruano Fernando Belaúnde, en 1968, se produjo a través del Ejército; el gobierno militar se extendió hasta 1980, momento en que el propio Belaúnde volvió a asumir el poder. Siguiendo en Perú, un caso paradójico lo constituyó el autogolpe del que fuera presidente Alberto Fujimori, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, proclamando la ingobernabilidad provocada por movimientos anti-sistémicos y la corrupción en los poderes judicial y legislativo.

[13] Estos motivos se encuentran profundamente relacionados con aquellos que señalábamos al inicio de este apartado y que determinan el nuevo carácter de los conflictos en América Latina.

[14] Destaca la distensión de diversos focos de conflictos limítrofes de Chile, tanto con Argentina en el sur como con Bolivia y Perú; el resurgimiento del diferendo limítrofe en el Amazonas entre Ecuador y Perú y los acontecimientos subsiguientes, guerra, arbitraje y el armisticio alcanzado; y los acuerdos de Paz logrados en el conflicto bélico centroamericano que involucraron con diferente grado a toda la región y en particular a Nicaragua, Honduras y El Salvador.

[15] En Perú, se redujo la acción de los dos movimientos insurgentes más importantes (Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru; aunque bajo un nuevo formato autoritario); en Guatemala, a finales de 1985 se dio inicio a un proceso de pacificación y acuerdo del gobierno con la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (URNG); la acción del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador transformó el ejército nacional convencional en uno de contrainsurgencia, escindido en dos orientaciones, conservadora y civilista que, a partir del éxito de la segunda, condujo a una negociación y distensión del conflicto armado. Nicaragua, por su parte, transita durante este período hacia un régimen de confrontación pluralista bajo reglas de juego tendientes a la democratización del país. Colombia aparece como la excepción a esta tendencia: los reiterados intentos de negociación y legitimación política de los movimientos guerrilleros no tienen éxito, se prolongan y tienden a agravarse hasta nuestros días.

[16] Sin embargo, podríamos decir que los países afectados todavía no han resuelto plenamente la herencia del régimen militar ni la centralidad histórica de los militares en el espectro político. Quizás aquí el caso paradigmático sea el chileno.

[17] Quizás el caso más actual y reciente sea el de Ecuador, donde los militares gozan de una elevada confianza social (IIG, 2004). Además, en algunos casos, con la finalidad de preservar el volumen de sus efectivos, los militares han creado todo tipo de dificultades y de obstáculos a las negociaciones entre los gobiernos y las guerrillas ya que la persistencia de un nivel de inseguridad tolerable les permitiría legitimarse ante la opinión pública (CIIIP-UPAZ, 2000).

[18] Por ejemplo, en Nicaragua, muchos guerrilleros han retomado las armas o en El Salvador han expresado reiteradamente su descontento en relación a sus condiciones de vida.

[19] El caso paradigmático es el guatemalteco en el que los fuertes procesos de subordinación y exclusión social han derivado en intervenciones etnocidas. La violencia ha supuesto el aniquilamiento de población indígena y el país presenta uno de los mayores índices de discriminación hacía las poblaciones originarias. Este proceso ha consolidado unas estructuras de fuerte desigualdad social, económica y cultural en las que la población indígena ocupa la posición más débil y que son las que están motivando la inestabilidad en la que el país vive en la actualidad.

[20] Resulta imprescindible el fortalecimiento de la cultura democrática dañada apuntalando las bases políticas, sociales y económicas de lo que será una nueva sociedad. Para ello debe prestarse una atención especial al fortalecimiento del sistema judicial, la desmilitarización (la capacitación del ejército y la policía en sus nuevas funciones), el apoyo al retorno de refugiados y desplazados o la rehabilitación de las zonas dañadas. Obvio que el control sobre los Derechos Humanos se convierte en una cuestión fundamental en todo proceso.