Año 2005 Vol.  III

 América Latina: una región en conflicto

Prevención y resolución de conflictos

Por Óscar del Álamo

Parte 3 /7

Conflictos de desarrollo. Son los que se gestan como consecuencia de la distribución desigual de recursos y que generan brechas al interior de las poblaciones. En la región, podemos hablar de un conflicto estructural resultante de un sistema social que ofrece oportunidades desiguales a sus miembros. Esto implica oportunidades de vida distintas que suponen un acceso diferente a los beneficios del desarrollo, una distribución desigual de recursos y un poder e influencia variable en las instancias de decisión en la asignación de los mismos. En la medida que una sociedad posee valores altos de distribución negativa de la riqueza y limita la participación de los individuos en las decisiones, principalmente aunque no exclusivamente en términos de recursos económicos, es mayor el conflicto. Así mismo, hay que tener en cuenta que no todos los conflictos son desencadenados por motivos económicos aunque los factores económicos resultan determinantes: en casi todos los conflictos es posible detectar razones económicas como causas principales o secundarias y que juegan un rol en la explicación de un conflicto social; además, todos los conflictos tienen repercusiones económicas muy importantes²¹.

América Latina es la región del mundo en donde el sector más enriquecido de la población concentra una mayor proporción del ingreso. El decil más rico de la población de América Latina y el Caribe retiene el 48% del ingreso total mientras que el decil más pobre sólo recibe el 1,6%; en las naciones industrializadas el decil superior recibe el 29,1% mientras que el decil inferior recibe el 2,5%. Además, desde la década de los setenta hasta la de los noventa, la desigualdad en América Latina y el Caribe fue superior en 10 puntos respecto de Asia; en 17,5 puntos respecto de los 30 países de la OCDE y en 20,4 puntos respecto de Europa oriental (Banco Mundial, 2004). La inequidad en el país menos desigual de la región, Uruguay, es superior respecto al país más desigual de Europa oriental y los países industrializados. En promedio, la desigualdad del ingreso ha tendido a empeorar en la región aunque las experiencias son variadas²². Pero, en general, puede afirmarse que esta desigualdad puede incrementar la desintegración social, disminuir las formas de acción solidarias o cooperativas, aumentar la desconfianza mutua, y dificultar los procesos de gobernabilidad y de acuerdos políticos.

El origen de esta situación está asociado a las pautas de desarrollo seguidas por las respectivas sociedades y con la influencia del legado colonial²³. América Latina achaca la disparidad asociada al desarrollo desigual entre las regiones de un mismo estado (el eje campo / ciudad refleja esta situación)²⁴ y las tensiones derivadas de las repercusiones de los modelos de ajuste implementados en toda la región²⁵. Esta tendencia ha provocado que no solamente queden al margen determinados países de las dinámicas económicas regionales sino también ciertas regiones al interior de los Estados. América Latina se ha convertido en el paradigma de esta situación en el momento que se detecta, de manera generalizada, la progresiva concentración económica en los núcleos urbanos en detrimento de las zonas rurales, lo que ha producido una brecha cada vez más pronunciada. La región se caracteriza por la presencia creciente de poblaciones de excluidos que quedan al margen del empleo y de las necesidades básicas. Es así como se reproduce una cultura del conflicto asociada a las grandes ciudades, cada vez más superpobladas, tras la desestructuración de las bases agrícolas-familiares y las migraciones de las zonas rurales a los circuitos urbanos²⁶ (ver Recuadro 2). De este modo, se experimenta un proceso que es económico pero que también afecta a los sistemas socio-culturales de los países²⁷.

Estas pautas de desarrollo se encuentran arraigadas al pasado colonial de la región y, sobretodo, a las situaciones de dependencia creadas entre los colonos y la población local. A pesar de los cambios políticos, sociales y económicos que tuvieron lugar durante el siglo pasado, las fuentes de desigualdad provinentes de la colonia se mantienen en la actualidad aunque con modalidades institucionales diferentes. Así, como en el antiguo período colonial, hoy también se detecta la influencia de las élites sobre las instituciones y las políticas públicas para favorecer sus intereses; estas instituciones se caracterizan hoy, al igual que ayer, por su debilidad. Si bien la transición a regímenes democráticos vivida por muchos países ha impulsado importantes avances, los patrones de influencia siguen siendo altamente desiguales y aún existe una tradición de clientelismo y patronazgo y un protagonismo arraigado de ciertos actores, a pesar de las prácticas electorales a nivel nacional y local²⁸.

El fruto de estas tendencias son notables sectores de la sociedad caracterizados por su vulnerabilidad al estar expuestos a la pobreza y próximos a la desafiliación social por carecer de empleo y de soportes de otra naturaleza. En líneas generales, una pobreza que afecta a niños, adolescentes, mujeres e indígenas; así en países como Bolivia o Perú, por ejemplo, se detecta una creciente pobreza que podría calificarse como femenina, urbana e indígena (Banco Mundial, 2004) y vinculada a la consolidación o no del status de ciudadanía. Por tanto, la pobreza no se reduce únicamente a factores exclusivamente económicos sino también sociales y políticos.

Prácticamente todos los países de la región podrían entrar en este tipo de conflictos aunque quizás las repercusiones políticas de esta circunstancia han sido mucho más visibles en unos que en otros. Por ejemplo, la caída del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia fue motivada por sectores que se reconocen como excluidos y víctimas de un sistema al que juzgan como "corrupto" porque no les asegura un acceso igualitario a las oportunidades. Esta interacción permite contemplar, en casos como los precisados, conflictos de transición democrática asociados a los conflictos de desarrollo. Así, los países en los que la distribución de los recursos materiales consagra una inequidad significativa, parecen estar más expuestos a la inestabilidad y al conflicto político (ver Recuadro 3 para ver el caso de Bolivia). Smith (1997) precisa que en el momento en que las poblaciones son prósperas y tienen una seguridad mínima para poder conservar su nivel de vida, y en especial cuando la riqueza está bien repartida, la democracia tiene mayores posibilidades de funcionar a largo plazo. Es así que las poblaciones requieren algo más que derechos y consultas electorales puntuales; es indispensable una cultura política democrática, pero esto se consigue mejor cuando los problemas de redistribución son menores²⁹. De este modo, Prats (2004) afirma que no basta con iniciar un proceso de democratización para que se generen las fuerzas capaces de construir las instituciones y las políticas requeridas para el desarrollo humano. La situación actual de la región no parece la más propicia para que el proceso se produzca fácilmente^30.

De lo visto aquí se desprende que la desigualdad en la distribución de los ingresos, por sí sola, provoca conflictos, violencia y genera debilidad del tejido institucional. Sin embargo, la clave para solventar el problema no es sólo económica aunque este factor resulta clave. México y Chile descubrieron que el incremento salarial no disminuyó los índices de desigualdad; estos casos indican que cuando un crecimiento prolongado no consigue reducir la desigualdad, ésta tiene un trasfondo estructural y nos encontramos con una desigualdad que va más allá de rentas y riqueza. Es, por tanto, una desigualdad de capacidades y oportunidades; como precisa Prats (2004) esto se traduce en el aumento de la pobreza, el deterioro de la calidad del empleo, el mantenimiento de la informalidad, el deterioro medioambiental, la falta de mejora en los derechos - civiles, económicos y sociales, la persistencia de las discriminaciones de género y étnicas, el escaso avance del estado de derecho, la intensificación de las redes de tráficos ilegales y delincuenciales...dicho de otro modo, los rendimientos de la democracia en términos de desarrollo humano han sido por lo general decepcionantes.

La participación en las actividades informales como aquellas vinculadas al narcotráfico – como por ejemplo el cultivo de la hoja de coca - se ha ido consolidando progresivamente como una de las vías de escape a la pobreza, en especial de la zona andina. La situación particular de Colombia es a menudo citada como el ejemplo de la desestabilización que puede crear el narcotráfico aunque éste se manifiesta en muchos otros países de la región, en especial en Bolivia y Perú. Durante los últimos años, los conflictos para los pequeños y medianos cultivadores de coca en esos países y en Colombia no se han resuelto de manera pacífica, y por el contrario, se han develado como factores de alta inestabilidad para la región Andina (ver cuadro 4).

De otro lado, cabe destacar que las tensiones medioambientales forman parte de los conflictos de desarrollo³¹. América Latina ha logrado preservar gran parte de sus recursos naturales: las riquezas de la cuenca Amazónica, sus yacimientos petrolíferos y mineros, sus fuentes de agua, su diversidad biológica - útil para industrias farmacéuticas y de otro tipo- o sus riquezas marinas que son la esencia de la capacidad de supervivencia de sus pueblos indígenas pero, a la vez, fuente de ingresos para los gobiernos nacionales y las grandes empresas. La importancia de los recursos naturales en la región es patente ya que éstos no sólo dan identidad sino que también son fundamentales para su sistema productivo. Pero a pesar de los esfuerzos por la preservación, la progresiva escasez de estos recursos naturales es el factor que ha marcado la proliferación de los conflictos por la disputa de los mismos.

En este sentido, una de las realidades más evidentes en la América Latina actual son las disputas entre las grandes empresas transnacionales, los gobiernos de los países, las elites que dominan las naciones de la región y las poblaciones autóctonas en torno a la disponibilidad, extracción y uso de los recursos naturales.

Las compañías extranjeras o nacionales tienden a desconocer los principios de consulta previa informada así como otros mecanismos de participación y respeto de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la extracción de sus recursos, la contaminación, el desalojo o la pérdida de la soberanía cultural, social y territorial. Por su parte, los gobiernos nacionales buscan la obtención de ingresos a cambio de la concesión de permisos, licencias de exploración, explotación y exportación de importantes fuentes de energía; la construcción de grandes proyectos de infraestructura - como represas, carreteras, vías férreas, complejos turísticos; y la introducción de empresas agroindustriales. Estos procesos quiebran la economía campesina, deterioran el medio ambiente y frustran las esperanzas de las poblaciones afectadas.

No es algo extraño encontrarse con casos en los que los representantes gubernamentales y los de las compañías involucradas acudan a procedimientos engañosos para simplemente informar a las comunidades acerca de decisiones ya tomadas, sobre hechos consumados, en los cuales se alegan normatividades y argumentos de seguridad nacional para llevar a cabo programas y proyectos. Si bien los colectivos indígenas se han visto respaldados por un creciente reconocimiento de sus derechos, el propio derecho internacional o por la acción de actores como las ONGs, siguen las disputas y, salvo contadas excepciones, se encuentran en el peor lado de la balanza.

La pérdida de credibilidad de las comunidades afectadas por los proyectos y programas vinculados a los recursos naturales se ha convertido en una de las causas principales que conduce a la ruptura del diálogo entre las partes, a la realización de acciones de hecho que llamen la atención de la opinión pública nacional e internacional y a la constitución de sistemas de oposición civil (ver Recuadro 5).

En los últimos años, y en líneas generales, estos conflictos se han intensificado en la zona amazónica (Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú) y afectando de manera más directa a las poblaciones indígenas (también en países como Chile, Colombia o Paraguay en el que el peso de la población indígena no es tan relevante) por su particular relación con el medio ambiente asociada a su cosmovisión y forma de vida.

Notas

[21] Para una mayor profundización sobre el tema puede acudirse a Piris (1996), Sáez (1997) o Deriennic (2001).

[22] El Banco Mundial (2004) precisa que Algunos países con relativa igualdad, como Argentina, Uruguay y Venezuela, han experimentado aumentos en la desigualdad; el primero en forma drástica. Por el contrario, Brasil, históricamente el país con mayor desigualdad de la región, experimentó una leve pero significativa mejora, al igual que México, país que parece haber mejorado un poco su situación.

[23] Para un mayor desarrollo de la cuestión ver Jongman (1995) y Jongman & Schmid (1998).

[24] Woodward (1995) indica que incluso cuando todo un país participa de un proceso de desarrollo de amplio alcance, el conflicto puede emerger por el hecho de algunas regiones o colectivos consideren que la distribución de los beneficios que este desarrollo genera no son redistribuidos de manera equitativa. Si bien lo que Woodward considera "desarrollo de amplio alcance" puede ser una noción un tanto ambigua, lo cierto es que la conflictividad latinoamericana se encuentra altamente correlacionada a la escasa redistribución de los posibles beneficios del proceso de desarrollo.

[25] Estos modelos han provocado que la emergencia de enfrentamientos, descontento social, etc. dependa de aspectos como la evolución de la inflación, el nivel de precios de los productos alimenticios básicos, las variaciones en los niveles de coste de vida, etc.

[26] Como precisa Newman (1991), los procesos de urbanización excesivamente rápidos pueden espolear la conflictividad. En su obra expone con detalle el fenómeno peruano.

[27] Lake & Rotchild (1998) han señalado que los cambios demográficos y los movimientos de población pueden desequilibrar la correlación de fuerzas entre las colectividades que integran un Estado. Levy (1996) y Suhrke (1996) han precisado que los movimientos de población pueden contribuir a crear o aumentar los conflictos dentro de los Estados de diversa manera: pueden aumentar la presión sobre los recursos escasos; pueden modificar las relaciones económicas y el equilibrio del poder político entre los diferentes grupos sociales; pueden generar sentimientos de amenaza de la identidad cultural; pueden dar lugar a reacciones violentas por parte de las poblaciones locales cuando perciben que su seguridad económica y su identidad social se sienten amenazadas por los recién llegados. Aunque no siempre los movimientos de población derivan en conflictos sociales, existe una mayor propensión a que estos sucedan cuando el movimiento de población no es gradual sino repentino (por causa de conflictos étnicos, desastres naturales, etc.). La región parece inscribirse en esta última tendencia.

[28] Joan Prats (2004) considera que en países de gran desigualdad y pobreza, que carecen además de Estados institucionalizados y fuertes, el proceso político democrático tiende a ser capturado por las élites o coaliciones de diversa naturaleza que sólo impulsarán aquellas reformas que no alteren en su contra los equilibrios socio -políticos. La combinación de pobreza, desigualdad y debilidad institucional de los Estados tiende a generar una institucionalidad política informal, que dobla y pervierte la institucionalidad democrática formal y que se expresa en clientelismo, patrimonialización, prebendalismo, corporativismo, arbitrariedad y ausencia de transparencia y responsabilidad.

[29] En uno de sus artículos más recientes, Joan Prats (2004) señala que las democracias exigentes, las democracias de calidad, son las que presentan mayores niveles de desarrollo humano. Por tanto, no hablamos sólo de PIB per cápita sino de también de estabilidad política, estado de derecho, oportunidades económicas, expectativa de vida, educación y salud, cultura e innovación, libertades e igualdad... Por eso la lucha por el desarrollo se encuentra íntimamente vinculada a la lucha por la conquista y el avance hacia democracias de calidad.

[30] Como indica Prats (2004) en el mismo trabajo, las sociedades latinoamericanas presentan un alto grado de apoyo a la democracia como régimen político en general pero con bajos niveles de satisfacción con el concreto régimen democrático vivido en cada país y con una inquietante disposición casi mayoritaria a aceptar un atajo autoritario capaz de resolver los graves temas de seguridad y de desarrollo económico. Tal y cómo precisa O´Donnell (1997), la consolidación de las democracias latinoamericanas resulta difícil en un contexto donde la pobreza y la exclusión se encuentran en expansión.

[31] Klare (1994) ya ofrece un primer esbozo teórico de estos conflictos al reflexionar sobre las "guerras por los recursos naturales", fundamentalmente en lo que respecta al control del agua y petróleo.