Año 2005 Vol.  III

 América Latina: una región en conflicto

Prevención y resolución de conflictos

Por Óscar del Álamo

Parte 4 /7

Conflictos de identidad. Se conforman a instancias de grupos que buscan la protección de la identidad propia. Sus raíces se hallan en diferencias étnicas, tribales, lingüísticas que provocan disputas entre grupos, o entre un grupo y el poder central³². En este segundo caso, las disputas de raíces étnicas surgen de acciones negativas hacia diferentes tipos de poblaciones y abarcan tanto las acciones discriminatorias expresadas en políticas de exclusión social hacia minorías (que alcanzan en los casos extremos campañas de exterminio), como el no reconocimiento y valoración de la diferencia a través de procesos asimilacionistas.

Estos problemas de integración y exclusión social son la herencia del modo en que se realizó el proceso de formación del Estado-Nación. Muchas de las sociedades de la región no han logrado consolidar dicho proceso puesto que: aún subsisten problemas graves de territorialidad; permanecen fuertes tensiones con relación a la construcción de la unidad nacional bajo parámetros culturales plurales; se mantienen escollos para la inclusión política de las minorías. Al no incorporar a la nación en pie de igualdad a todos los grupos étnicos, quedó incompleto el proceso de integración nacional.

Históricamente, la consolidación de las fronteras nacionales en América Latina ha ido acompañada de políticas sistemáticas de exclusión de los pueblos indígenas que quedaron al margen de los proyectos de unificación nacional. La herencia de este proceso ha provocado que, en la actualidad, el estrato más bajo en todas las dimensiones de la estratificación social esté compuesto por las "minorías". Así, en el caso latinoamericano, la discriminación étnica es a la vez social, económica y política, con muy bajas oportunidades de movilidad social en sentido ascendente³³.

Aquellos países donde las tensiones étnicas resultan más notables son: Guatemala, Bolivia, Brasil, Perú y Ecuador; más alejados pero con relevancia, se ubican México y Chile. Los países de fuerte discriminación se caracterizan por ser sociedades de presencia mayoritaria de población indígena (excepto Brasil – ver Tabla 3) en las que los procesos de segmentación en términos de pertenencia étnica se ven reforzados por factores religiosos, de lenguaje y de clase social. Estas "minorías" son las más perjudicadas en la distribución del ingreso y, por tanto, con una mayor tendencia a las tensiones socio-económicas. En este sentido, como ya apuntábamos, los conflictos políticos, de desarrollo y culturales suelen estar interconectados (ver Recuadro 6).

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes

El factor etnicidad / identidad se ha colocado en el debate desde que cada vez son más frecuentes las movilizaciones de grupos indigenistas que se expresan en marchas masivas, ocupaciones de tierras estatales o privadas e incluso la destrucción de bienes de corporaciones multinacionales. Estos grupos abogan por el derecho a autodeterminarse, por una mayor autonomía y representación política, por el control de territorios, el reconocimiento de su identidad cultural, lingüística y hasta por un sistema de justicia propio (CIIIP-UPAZ, 2000)³⁴.

En Bolivia, Ecuador y Perú, debemos destacar, en los últimos años, la existencia de acciones de las organizaciones indígenas denunciando su situación de empobrecimiento, subordinación y marginación. En Bolivia, desde comienzos de los noventa, se detectan instancias de reivindicación de pueblos y comunidades indígenas con relación a la asignación de sus tierras, la conservación de su hábitat y la enseñanza de sus idiomas nativos. Similares acciones se han registrado en los últimos años en Perú, mientras que Ecuador llama la atención por manifestarse desde 1990 lo que se ha denominado el levantamiento nacional indígena, que comenzó con reclamos de tenencia de tierra y de respeto a los derechos humanos (CIIP-UPAZ, 2000). A finales de 1997 frente a la formación de una nueva Asamblea Constitucional, organizaciones indígenas reclamaron la estipulación en la carta fundamental del carácter pluricultural y pluriétnico de la nación ecuatoriana. Cosecharon un éxito notable con el logro del quechua como lengua oficial y Pachakutik, brazo político de las organizaciones indígenas, ha obtenido éxitos electorales llegando a formar parte de la coalición del actual gobierno.

A pesar de que en México y Chile los indígenas no alcanzan el 15% de la población total, son dos casos de fuerte tensión entre estos y el Estado. Como precisa CIIPUPAZ (2000), en el caso chileno se han observado en los últimos años las acciones mapuches, ante el Estado y empresas internacionales, vinculadas a reclamos de tierra, eliminación de medidas judiciales contra algunos de sus integrantes, reparaciones económicas y materiales, y modificaciones legales. En México, desde 1994, sobresale la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el Estado de Chiapas (zona con un alto porcentaje de población maya y con índices significativos de analfabetismo y pobreza). Si bien se han firmado acuerdos que dan autonomía a los pueblos indígenas, se han registrado homicidios por parte de fuerzas represivas del Estado así como dificultades de diálogo entre el gobierno y el EZLN.

El problema de la distribución de la tierra es transversal a prácticamente todos los países de la región, en especial en las zonas agrarias habitadas por las poblaciones originarias. Si bien es un problema arraigado en el pasado, ha tenido alguna de sus mayores repercusiones en el presente. Smith (1997) precisa que la mayor parte de los conflictos en América Latina tienen alguna relación con la distribución excepcionalmente injusta de la tierra. Las disputas que estallaron al respecto siguen sin resolverse y, si se han apaciguado, se corre el riesgo de verlas emerger nuevamente. Por ejemplo, en Nicaragua, la guerra entre los "sandinistas" y los "contras", interrumpida en 1990, podría reemprenderse. Los sucesivos gobiernos no han satisfecho la demanda de tierras cultivables de los soldados desmovilizados y algunos de ellos se han ido aliando con los campesinos sin tierra, ocupando cooperativas y granjas del Estado. En Ecuador, la Ley de 1994 sobre el reparto de tierras provocó violencia de todo tipo; los propietarios, beneficiarios de la ley, acabaron organizando grupos paramilitares contra los contestatarios. En Bolivia, con el pretexto de las operaciones contra los traficantes de droga, se han producido ataques militares y policiales contra los campesinos indígenas que han exigido justicia económica y derechos. Las historias se repiten en países como Colombia, El Salvador, Guatemala, Perú, República Dominicana o Chile que ostentan los primeros puestos en distribución desigual de la tierra.

En algunos países de la región, las disputas étnicas – arraigadas en temas como el de la tierra - han motivado que los indígenas se constituyan en actores estratégicos dentro del sistema político (han entrado en la formalidad a través de partidos políticos y de las oportunidades surgidas del proceso legislativo pero manteniendo su actividad en el terreno informal a través de bloqueos, alzamientos y movilizaciones³⁵) y han integrado una multiplicidad de demandas locales y específicas.

Los indígenas han ido cobrando una mayor autoconciencia y reclaman la incorporación a la agenda política de sus intereses y no sólo exponen demandas vinculadas a lo étnico, sino a los derechos humanos, la democracia, el desarrollo y el medio ambiente. Sus logros son cada vez más notables. En Ecuador, la conexión entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) y el Movimiento Pachakutik han logrado que los indígenas lleguen a formar parte del gobierno actual. En Bolivia (a través del Movimiento Al Socialismo -MAS) son la primera fuerza política. En otros países, como Colombia, han llegado a participar en los debates de reformas constitucionales logrando cambios sustanciales en cuanto al respeto de sus tradiciones, costumbres y formas de vida; o el Movimiento Sin Tierra (MST) brasileño que ha pasado de ser un movimiento regional, principalmente asentado en el sur y centro de Brasil, a convertirse en un movimiento nacional, apoyado por la propia Iglesia Católica y, que desde 1993, está presente en 21 Estados. Así, progresivamente han ido obteniendo el reconocimiento de un conjunto de derechos y los diversos Estados de la región se han declarado como pluriétnicos y multiculturales (ver Tabla 4); sin embargo, el reconocimiento constitucional y legal de los pueblos indígenas no significa necesariamente un cambio en su situación histórica de marginación y exclusión. En la mayoría de casos, podemos hablar de una asincronía en cuanto a estos derechos puesto que el reconocimiento en papel no implica el cumplimiento en la práctica.

  Fuente: Elaboración propia a partir de PNUD (2004)

La emergencia de estos movimientos han mostrado los límites del sistema democrático en construcción a partir del ideal Estado Nación y surgen como respuesta a la desatención gubernamental en relación a las aspiraciones, demandas y necesidades de los pueblos indígenas y campesinos sumadas a la negación de los derechos reclamados - en referencia a la tierra, la educación, la salud, la participación en los poderes del Estado y ejercicio en la función pública. De modo más general, puede hablarse de una reacción ante las precarias condiciones de vida y un sistema que se ha mostrado incapaz de ofrecerles igualdad de oportunidades. Ante esta situación afirman la existencia de un conjunto de rasgos que caracterizarían a las sociedades indígenas y que constituyen la base para demandar a los Estados la atribución de un estatuto jurídico particular y un conjunto de derechos de carácter colectivo.

Sin embargo, estas expresiones de inconformidad popular caen, muchas veces, en la incertidumbre sobre la eficacia de su acción en la medida en que sus demandas no son atendidas por los Estados y que pocas veces logran convocar al grueso de la población, lo que supone avances con reformas parciales y coyunturales, sin trascender en transformaciones estructurales más duraderas. Este panorama ha provocado que las nuevas formas de protesta pasen de un plano meramente pacífico a estrategias progresivamente más violentas³⁶. Quizás el caso más paradigmático sea el de Chile que, en los últimos años, ha contemplado el recrudecimiento de los ataques violentos por parte de las poblaciones mapuches³⁷.

Con casos como éste, la cuestión no es sólo promover la participación de los pueblos indígenas en el proceso de desarrollo sino lograr su participación en la definición misma de ese desarrollo. Esto requiere una adecuada representación y participación de los pueblos indígenas en el proceso político. La democracia en la región ha sido capaz, en el contexto y con las limitaciones histórico-legales, de dar algunas respuestas aunque insuficientes a las demandas de los pueblos indígenas. Las reformas jurídicas legales junto a los cambios institucionales han sido avances notables para que lograr una mayor garantía para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, requisito fundamental para iniciar procesos de desarrollo económico y cultural. Pero el proceso apenas se ha iniciado.

Notas

[32] Ramonet (1997) menciona la existencia de procesos de fisión; es decir, de dislocación o fragmentación que surgen ante el contexto de fusión (globalización) existente hoy día. Sin embargo, la globalización y los fenómenos que la acompañan (difusión de las nuevas tecnologías, mayor respeto por los derechos humanos, etc.) han sido aprovechados por los actores de estos procesos para obtener una mayor solidez de sus reivindicaciones. Resulta aquí interesante acudir a los planteamientos de Brysk (2000) por ejemplo.

[33] Así mismo, las disputas étnicas en la región se encuentran asociadas a un reclamo al pasado, al deseo de volver a cómo las cosas eran antes. Esto es causa de los desiguales procesos de desarrollo por los que atraviesa América Latina y que, como Newman (1991) indica, han trastocado los modos de vida y los sistemas tradicionales. Aunque no se encuentra centrada exclusivamente en el caso latinoamericano, puede resultar recomendable el acudir a: Balencie & De La Grange (1999).

[34] Este tipo de conflictos viene a enlazar con algunas de las ideas que S. Huntington ha ido expresando en algunas de sus obras. Así, entre sus principales postulados se encuentra el afirmar que los cleavages de enfrentamiento se han desplazado de los conflictos entre Estados a los conflictos entre áreas geopolíticas identificadas a partir de rasgos culturales. Así, Huntington (1997) considera que la mayor parte de las movilizaciones de masas actuales – dentro de las situaciones conflictivas – se producen en relación a la capacidad de identificación colectiva con elementos culturales.

[35] En países como Bolivia, Ecuador, Colombia o Venezuela los movimientos indígenas formaron partidos políticos siguiendo la codificación de derechos constitucionales especiales para comunidades indígenas o los cambios en las leyes electorales que disminuyeron las barreras para entrar al sistema de partidos políticos.

[36] Para una mayor profundización sobre el tema puede acudirse a la extensa obra de Gurr (1993, 1996). Este autor, se ha interesado por los procesos, a menudo de larga duración, a través de los cuales las comunidades nacionales, los colectivos regionalistas que solicitan un mayor nivel de autonomía, las poblaciones indígenas u otras formaciones sociales, pasan de protestas no violentas a estrategias fundamentalmente violenta hasta llegar a rebeliones generalizadas.

[37] Al respecto, Rodolfo Stavenhagen, Relator Especial de la ONU para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, indica que cuando un pueblo sufre represión y violencia por parte del Estado - sobretodo por parte de fuerzas militares, paramilitares o policíacas - durante años no debe extrañar ni sorprender que a veces la reacción también pueda ser violenta. Es una forma de contraviolencia frente a la violencia estructural de la que han sido víctimas durante tantos siglos los pueblos indígenas en muchas partes del mundo.