Parte
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2. Una breve reflexión: el conflicto en ¿positivo?
 En la
actualidad, América Latina vive la herencia de los desafíos no superados
históricamente lo que ha provocado que, en la década de los noventa, la
región se haya consolidado como aquella con las desigualdades sociales más
flagrantes. Esto hace que Latinoamérica se encuentre con una serie de retos
en relación a los conflictos presentados cuyo enfrentamiento puede
significar el crecimiento de oportunidades para prevenir su deterioro,
ampliación u ocurrencia en el futuro cercano. Con lo que hemos visto en las
páginas anteriores, podemos concluir que América Latina ha superado las dos
últimas décadas con avances notables pero no suficientes y quedan aún muchas
asignaturas pendientes a afrontar en el nuevo milenio. Así mismo, las
dinámicas dentro de la región han sido y son bastante desiguales; unas
diferencias que se agravan si establecemos comparaciones por países.
De este modo, la región vive atravesada por disputas y
tensiones que han derivado en la existencia de una conflictividad permanente
y variada - resuelta en arreglos que sólo han procurado una volátil
estabilidad - que debilitan los procesos de democratización en marcha. Por
tanto, América Latina se presenta simplemente como una región prometedora,
con progresos destacados pero con numerosos motivos de preocupación, muchas
reformas pendientes y una democracia que no satisface a sus ciudadanos
afectados por la progresión de las desigualdades (la agitación social
constante, las abstenciones masivas o los constantes votos de castigo hacia
el partido en el poder son muestra de ello). Estos factores constituyen la
semilla para que, lejos de apaciguarse, se consoliden los conflictos ya
existentes o aparezcan nuevos.
Casos como los avances en materia de identidad y género
demuestran que el conflicto no necesariamente debe percibirse negativamente
y que puede conducir a transformaciones que resulten positivas. Y este es un
aspecto muy importante en un momento en que la región atraviesa por un
acentuado incremento, profundización y radicalización de los conflictos que
han evidenciado las debilidades y los límites de los procesos de
democratización. Fundamentalmente, el crecimiento de los niveles de
desigualdad y polarización social dan cuenta de las dificultades de los
regímenes democráticos para incorporar eficazmente el principio de igualdad
en caso de que no se produzcan los cambios institucionales necesarios.
Es así que los conflictos demuestran las limitaciones de la
democracia pero, a la vez, a través de las experiencias positivas que se han
derivado de ellos, indican que existen opciones de mejora a través de la
profundización de los diseños institucionales existentes. Así, los
conflictos no sólo constituyen un factor de perturbación y de
desestructuración, sino que también pueden contribuir a la regulación
social, a la invención de normas y de reglas comunes de convivencia entre
actores enfrentados39. En
consecuencia, el conflicto se ha convertido en palanca de transformación
social y mecanismo a partir del que empezar a modificar situaciones injustas
y desigualitarias.
Los propios mecanismos democráticos (especialmente en casos
como los conflictos identitarios y los de género) han sido capaces de
absorber, gestionar y procesar el conflicto; tras esta fase ha surgido una
reforma institucional que, a pesar de que requiere la aparición y solidez de
otros elementos – actitudes, valores, etc - se constituye en el primer paso
adelante hacia la superación de las complejidades. Por tanto, la
conflictividad es la expresión de las debilidades de la democracia y los
arreglos legales e institucionales las herramientas para superarlas. Por
tanto, la clave del proceso pasa por el diseño de las instituciones
democráticas para que respondan a las auténticas necesidades e intereses de
las partes en conflicto. Es así que no debería hablarse de suprimir el
conflicto sino de gestionarlo para obtener avances "en positivo".
Esta circunstancia está intrínsecamente vinculada a la
visibilidad de los conflictos o, en otras palabras, al grado de
transparencia que tiene la sociedad la cual hace más o menos visibles sus
tensiones40. Es el grado de
visibilidad es lo que permite definir un tipo de conflicto aunque el hecho
de que un conflicto resulte visible no implica que encuentre vías de
solución; aunque la visibilidad ayuda (CIIIP-UPAZ, 2000). En otras palabras,
es más factible que una sociedad pueda construir vías de solución efectivas
en la medida que consiga determinar el conflicto, hasta ese momento
encubierto, de ciertas instituciones y prácticas sociales (por ejemplo como
ha sucedido en los aspectos referentes a la igualdad de género, el respeto
por el medio ambiente o por las diferencias étnicas, entre otros). Por
tanto, el grado de visibilidad o encubrimiento del conflicto depende de cada
sociedad y el resultado final del proceso (situación conflictiva / situación
no conflictiva) dependerá del grado en que dicha sociedad reconozca y
resuelva favorablemente los diferentes conflictos presentes en ella.
Con lo visto en las anteriores páginas podríamos decir que
hay una razón, tal vez la principal, por la cual se han hecho visibles
nuevos tipos de conflicto en América Latina. Según CIIIP-UPAZ (2000) se
trata de la aparición en la esfera pública de grupos, hasta el momento
"subordinados", que han expresado en las últimas décadas su descontento con
el lugar que ocupan en las sociedades contemporáneas (véase el caso de los
indígenas). Por tanto, la visibilidad de algunos tipos de conflicto y su
canalización "positiva" ha sido posible a partir de la acción de aquellos
que se encuentran en el polo que sufre en mayor medida dicho conflicto; en
particular, las "minorías"41
étnicas y las mujeres (así mismo, las acciones de los grupos y colectivos
preocupados por la violencia de género o por aquella asentada en diferencias
étnicas han contribuido también para que los conflictos se vuelvan visibles)42.
Y la acción de los actores se vincula directamente con el
bajo desempeño del Estado para controlar, conciliar o solucionar las
diferencias que surgen entre los diferentes grupos (políticos, religiosos,
etc.) y/o cumplir con su papel en la provisión de bienes y servicios
públicos. Es así que, la mayor parte de los conflictos de carácter político
socio-económico provienen de la insatisfacción de determinados colectivos de
población en relación a las instituciones políticas y al estado.
En consecuencia, en la base de la inmensa mayoría de los
conflictos que se producen en la región nos encontramos con problemas
relacionados con la discriminación política, la pérdida de legitimidad de
las instituciones estatales, la instrumentalización de las diferencias
(étnicas, religiosas, culturales) o las discrepancias y disputas por hacerse
con el poder o mantenerlo. Por tanto, un trasfondo conflictivo marcado por
la existencia de profundas desigualdades.
Proponer soluciones al respecto sería complejo y requeriría
de un análisis detallado por países. Sin embargo, en líneas generales, para
hacer frente a las profundas raíces históricas de la desigualdad (además de
los poderosos intereses que la sustentan y que persisten hasta hoy) y los
conflictos que a partir de ella se generan, se evidencia la necesidad de
construir instituciones políticas y sociales más abiertas, que permitan a
los grupos subordinados lograr mayores niveles de participación en la
sociedad.
Notas
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