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Parte 1 /2
 La democracia entró a formar parte esencial de la agenda
internacional del desarrollo a comienzos y mediados de la década de los
ochenta. La consecución de gobiernos democráticos y transparentes pasó a
formar parte esencial del desarrollo, no sólo como objetivo, sino también
como medio a través del cual las sociedades deberían definir sus carencias,
y por tanto, los principales problemas a los que hacer frente. El final de
la Guerra Fría -y en consecuencia, de los intereses geoestratégicos que tan
crucialmente habían determinado la política exterior y de ayuda al
desarrollo de las grandes potencias durante el periodo-, y el resurgimiento
de una conceptualización del desarrollo humano mucho más amplia, completa, y
superando la hasta entonces predominante visión economicista, colocaron la
democratización en primera línea de la "guerra contra el subdesarrollo".
Desde entonces, muchos han sido los esfuerzos, tanto humanos
como financieros que, desde las principales instituciones financieras
internacionales y agencias de desarrollo, se han destinado para apoyar a los
países embarcados en jóvenes y frágiles procesos de democratización, y para
persuadir a otros con sistemas autoritarios y dictatoriales a cambiar. A
pesar de estos esfuerzos, los resultados obtenidos durante todo este tiempo
han restado sensiblemente por debajo de las expectativas de los ciudadanos.
El caso latinoamericano es, quizás, el ejemplo más
paradigmático, pues el avance democrático y el desarrollo económico y social
de la región han viajado por senderos distintos durante las últimas tres
décadas, incluso durante largos periodos parecen haberlo hecho en sentidos
opuestos. Así pues, y a pesar de la bonanza económica generalizada durante
el periodo, a mediados de la década de los 70 únicamente tres países de la
región elegían a sus representantes mediante competitivos procesos
electorales libres y justos. A finales de esta década y a comienzos de la
década de 1980, la región prosiguió su avance democrático, experimentando el
inicio de una corriente democrática que afectó a la gran mayoría de países
latinoamericanos. Sin embargo, y de manera simultánea, casi todas estas
jóvenes democracias tuvieron que hacer frente a graves problemas de carácter
económico derivados del elevado nivel de endeudamiento público acumulado y
la repentina interrupción en los flujos de entrada de capital extranjero. La
impronta dejada por esta "década perdida" es aún hoy visible, pues a pesar
del afianzamiento de los procesos de democratización en la región, el tímido
desempeño económico experimentado durante los años 90 y la persistente
desigualdad no han evitado que en el año 2000, muchos latinoamericanos
presenten unas condiciones de vida similares, sino peores, con relación a
las de 1980.
Por todo ello, podemos afirmar que la democracia como
sistema de representación política o como un medio en América Latina parece
no haber satisfecho las expectativas de los ciudadanos entorno a un mejor y
mayor bienestar. Análogamente, la democracia como un fin, es decir, el
avance en los derechos políticos y libertades civiles que hoy disfrutan los
habitantes de la región, se ha visto totalmente anulado por la incapacidad
de traducir estos avances en mayor bienestar económico y social. Como
resultado, y especialmente influenciado por etapas anteriores en las que el
avance social se produjo durante gobiernos o regímenes no democráticos, el
habitante medio de la región se encuentra desencantado con su situación y
comienza a desconfiar en este sistema de representación político como el más
adecuado para satisfacer sus necesidades. Incluso se cuestiona la
coexistencia de ambos aspectos: democracia y desarrollo.
Dos son las cuestiones que, de manera tentativa, se plantean
a lo largo de este artículo: ¿Son la democracia y el desarrollo social y
económico dos objetivos antagónicos en la región? ¿Cuáles son las cualidades
que a nivel institucional requiere el modelo democrático para ser efectivo y
facilitar el desarrollo?
¿Democracia para el desarrollo humano en América Latina?
A pesar de los notables avances que durante las últimas
décadas y a nivel agregado han experimentado ciertos indicadores
estrechamente relacionados con el desarrollo humano, como la esperanza de
vida, la tasa de alfabetismo o el nivel educativo, cerca de la mitad de los
latinoamericanos -un 43,5% en 2002, de acuerdo con las estimaciones de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- no alcanza el
ingreso necesario para satisfacer sus necesidades básicas. Y es que a pesar
de los enormes esfuerzos desplegados por la ciudadanía latinoamericana en su
lucha por la democracia, el tan ansiado "dividendo democrático" no parece
haberse materializado. La gente confiaba en que la caída de regímenes
autoritarios y corruptos, y su sustitución por líderes elegidos de manera
democrática, harían aumentar la sensibilidad del Estado y del sector público
por suplir sus necesidades. La historia de la región ha revelado muchas
veces lo contrario.
Como consecuencia, no deja de sorprender que una gran parte
de los latinoamericanos vea la democracia y el desarrollo económico y social
como dos aspectos no compatibles e incluso antagónicos. Sus detractores
sostienen que la democracia desemboca, con suma facilidad, en desorden y
confusión, dificultando el consenso en áreas clave como el desarrollo
económico y social; o la introducción de políticas impopulares. Incluso sus
más acérrimos enemigos argumentan que los estados no democráticos,
dirigistas o autoritarios obtienen mejores réditos en el ámbito económico.
¿Cómo encaja el concepto y la práctica de la democracia en
la mejora del bienestar de los individuos? ¿Es el sistema democrático el
mejor aliado para el desarrollo humano? Para conocer la respuesta a estas
preguntas conviene que primero clarifiquemos y ahondemos en el concepto de
desarrollo humano, para así conocer sus principales características.
El desarrollo humano, y su conceptualización en aras de
obtener unos objetivos claros que perseguir, así como un baremo sobre el que
medir la efectividad de las políticas o acciones emprendidas, ha sido un
término ampliamente debatido y analizado. Afortunadamente, y tras largos
periodos de hegemonía de la aproximación "utilitarista y economicista" al
bienestar, a día de hoy, existe un consenso generalizado entre la comunidad
internacional entorno al contenido del concepto de desarrollo humano, sus
principales características e implicaciones.
Este consenso gira entorno a la teoría de las capacidades
desarrollada por el economista hindú y premio Nóbel, Amartya K. Sen, a
finales de la década de 1980. De acuerdo con este autor, y huyendo de las
tesis utilitaristas, el bienestar de los individuos se debe redefinir como
la capacidad que tiene cada persona para elegir el modo de vida que más
valora y desea llevar a cabo. De este modo, el bienestar ya no hace
referencia únicamente a niveles de ingresos o al bienestar económico que
disfruta el individuo, sino que va más allá. El bienestar viene determinado
por el abanico de oportunidades de elección, o el conjunto de libertades
que, de manera efectiva, dispone el individuo. Como resultado, el desarrollo
de las sociedades debe consistir en el incremento de estas capacidades y la
ampliación de estas libertades, sólo de esta manera el individuo será dueño
de su propio destino.
De este modo, incrementos en el nivel de ingresos, que en el
pasado constituían un fin en si mismos, pasan a constituir un medio, un
instrumento mediante el cuál las personas consiguen satisfacer su
realización personal. El desarrollo, por tanto, es un concepto caracterizado
por la multidimensionalidad, pues debe considerar las diferentes dimensiones
que conforman la vida de los individuos, a grosso modo: la dimensión
económica, la política, la social y la cultural.
Así pues, la democracia y el desarrollo humano parecen
predestinados a ser buenos compañeros de viaje. Efectivamente, si el
desarrollo humano coloca a los individuos en el centro del bienestar, la
democracia supone el mejor de los sistemas de representación política, pues
también considera a los individuos y a la sociedad como fuente originaria de
legitimidad y poder. Asimismo, y siguiendo la lógica Seniana, la
democracia y especialmente, la libertad política inherente en sus
fundamentos, supone un pilar básico sobre el que se sustenta el desarrollo
humano. En su teoría de las capacidades, la democracia adopta tres
importantes papeles, tanto como medio y como fin.
Como medio, la contribución de la libertad política y la
extensión de los derechos civiles es doble. Por un lado, la democracia
facilita y potencia la atención política sobre las necesidades y
preocupaciones de los individuos. Por el otro, la democracia establece un
adecuado escenario de diálogo en el que los diferentes agentes e individuos
de la sociedad puedan construir y conceptualizar sus propias necesidades.
Ante un sistema autoritario en el que los individuos viesen limitada su
libertad de expresión y acceso al poder político, nadie nos asegura que las
medidas tomadas desde el sector público vayan a atender las necesidades de
los más pobres. Como fin, la democracia, indudablemente, se ajusta
perfectamente al concepto de desarrollo humano satisfaciendo su dimensión
política y social. Si el bienestar de los individuos supone la eliminación
de todas las formas de constricción a la libertad del individuo -lo que Sen
denomina como fuentes de no-libertad-, la democracia supone la consecución
de este ideal en el ámbito político, facilitando la capacidad de todos los
individuos para gobernar su propio destino.
En definitiva, si consideramos que el desarrollo es mucho
más que el crecimiento económico y su objetivo último es que todos los
individuos tengan las mismas oportunidades para satisfacer sus necesidades,
sus anhelos… en definitiva, desarrollar su potencial, entonces la democracia
no sólo supone la representación de este ideal, sino también la
materialización de estos anhelos. Del mismo modo, también se ha de
considerar el hecho que la relación entre democracia y desarrollo humano no
es unidireccional, sino que se mueve en ambas direcciones. Así por ejemplo,
situaciones de extrema carencia limitan el libre y efectivo ejercicio por
parte de los individuos de sus derechos y obligaciones democráticas.
Análogamente, el libre acceso a los activos y las oportunidades económicas
resulta extremadamente difícil de concebir en un entorno no democrático.
Sin embargo, y a pesar de lo argumentado, la teoría y la
intuición, por muy consolidadas que parezcan, muchas veces no han acabado de
materializarse. Numerosos han sido los países que aún disfrutando de un
sistema de representación política de carácter competitivo y universal, han
sido incapaces de atender las demandas de los individuos y se han
caracterizado por un errático desempeño económico y social. Y es que la
democracia no puede considerarse el remedio para todos los males que aquejan
a las sociedades en desarrollo. Constituye parte del remedio, pero no es el
único, ni por si solo suficiente. Algunos reconocidos autores señalan los
diferentes efectos opuestos que la democracia puede tener en el desempeño
económico general. Así por ejemplo, en entornos de gran desigualdad y altos
niveles de pobreza -dos aspectos que, desafortunadamente, caracterizan la
realidad latinoamericana-, las democracias son susceptibles de no ofrecer
los resultados esperados. No es descabellado pensar que como consecuencia de
las importantes presiones redistributivas a que estarán sometidas estas
democracias, se generen unos incentivos perversos por los cuales los ricos
no lleven a cabo ciertas decisiones de inversión como resultado de la mayor
presión fiscal.
¿Cuál ha sido la relación entre democracia y prosperidad a
lo largo de la historia? Por un lado, encontramos la experiencia de varios
países como Chile, Hong Kong (ahora parte de la República Popular China),
Taiwán, Singapur, y Corea del Sur, que padeciendo graves carencias a nivel
social y económico, experimentaron un avance espectacular en estos ámbitos
bajo el amparo de regímenes políticos no democráticos. Sin embargo, por el
otro, podemos afirmar sin lugar a dudas, que a largo plazo, los países que
gozan de un mayor nivel de bienestar y desarrollo humano, de mayores y más
sostenidas tasas de crecimiento económico son también los que poseen una
mayor tradición democrática en su haber. Sólo hace falta fijarnos en los
países que ocupan los primeros puestos del ránking que sobre el Índice de
Desarrollo Humano elabora el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Todos ellos (Noruega, Islandia, Suecia, Australia,
Holanda,…) son sociedades que disfrutan de una alta transparencia y
participación en sus procesos de elección, y de una amplia "experiencia
democrática" a sus espaldas.
Así pues, la evidencia empírica no permite establecer un
nexo causal directo y claro entre democracia y desarrollo; o lo que es lo
mismo, no podemos afirmar que la democracia sea una condición suficiente
para conseguir crecimiento económico y desarrollo social. Sin embargo, lo
que sí podemos afirmar con rotundidad, es que no hace falta sacrificar las
libertades políticas y civiles para conseguir un mayor nivel de rentas y que
gozar de un sistema democrático sustentado en un adecuado entramado
institucional capaz de empoderar de manera igualitaria a los individuos en
la sociedad a todos los niveles -social, económico y por supuesto político-,
aumenta, de manera crítica, la probabilidad de conseguir mayores niveles de
bienestar.
Notas
Tomado del
Instituto Internacional de Gobernabilidad deCatalunya
"Gobernanza", Revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo
humano
ISSN 1697-5669
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