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Parte 2 /2
La democracia: de las ideas a la praxis
 Etimológicamente
la palabra democracia significa "poder (kratos) del pueblo (demos)".
En este sentido, el mismo vocablo establece una concepción sobre las
fuentes y sobre la legitimidad del poder en el que se concibe el
principio omnis potestas a populo (todo el poder deriva del pueblo).
Ahora bien, una cosa es conocer el significado literal del término y otra,
bien distinta, definir exactamente qué significa. No cabe duda de que
la democracia ateniense poco tiene que ver con la democracia liberal de
nuestros tiempos. Pero no sólo esto. El concepto de democracia no siempre ha
gozado de tan buena reputación como en la actualidad. Cabe recordar que no
fue hasta la emergencia del liberalismo político, cuando la democracia
dejaría atrás las connotaciones peyorativas que acarreó a sus espaldas
durante siglos.
¿Cuándo podemos afirmar que un país es democrático? La
respuesta a esta pregunta no es pacífica y dependerá, en mayor o menor
medida, de qué entendamos por régimen democrático y de cuáles
son las exigencias mínimas que un determinado país debería reunir. Sin ánimo
de ser exhaustivos y sin voluntad de caer en debates normativos estériles,
en las siguientes líneas se abordan aquellos aspectos que, a nuestro juicio,
todo país debería albergar en su seno para que pudiera ser catalogado como
plenamente democrático haciendo hincapié, más adelante, en el caso concreto
de los países de América Latina.
La democracia, como la define Sartori, debe responder al
principio de mayoría limitada. Esto significa que el futuro de la democracia
y su perdurabilidad en el tiempo dependen de la convertibilidad de las
mayorías en minorías, y viceversa. En este sentido, se requiere que la
mayoría respete en todo momento los derechos y libertades de la minoría. Los
derechos de la mayoría no pueden ser ilimitados, sino, más bien,
restringidos y evitando actitudes arbitrarias e incontrolables. Así pues, no
habrá democracia cuando, por un lado, no haya protección de las minorías y,
por otro, cuando la mayoría pueda autoerigirse permanentemente en ganador
absoluto de todas las contiendas. Anular la oposición significa ir en contra
de los mismos principios democráticos ya que se excluye del juego político a
una parte esencial del demos y, por ende, se vacía de contenido el
concepto de soberanía popular.
La alternancia en un sistema democrático, pues, debe venir
determinada por los distintos procedimientos electorales a través del
sufragio universal e igual. Ahora bien, la celebración de elecciones
regulares y la representación política de la ciudadanía que conlleva, son
una exigencia necesaria pero no suficiente para atorgar la etiqueta de país
democrático. A nadie se le escapa que la convocatoria de unos comicios no
tiene por qué ser necesariamente libre y, por tanto, la transmisión del
poder que supone la representación no tiene por qué ser el reflejo de las
distintas sensibilidades políticas de la sociedad.
La concesión del poder a una elite política encargada de
representar al pueblo debe ser, pues, libremente consentida y, por tanto,
revocable. Si los dirigentes son capaces de sustraerse del control de la
ciudadanía o los mecanismos de control habilitados a tal efecto carecen de
plena eficacia, el sistema democrático está predestinado a su propio
suicidio político. La rendición de cuentas (accountability), tanto
vertical (entre representantes y representados) como horizontal (entre
poderes públicos), son procedimientos ineludibles para la regeneración
democrática. El control permanente a través de las elecciones sobre la
actuación de las autoridades políticas permite que éstos respondan
periódicamente de sus actos. Del mismo modo, la independencia de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial, es decir, la autonomía de los pesos y
contrapesos que ejercen los distintos poderes del Estado, es otra de las
exigencias claves e ineludibles cuando pensamos en cualquier democracia.
Por otro lado, existe cierto consenso en definir a los
partidos políticos como los principales actores del escenario político de
las democracias contemporáneas. No obstante, los partidos políticos ya no
son los únicos actores en la esfera pública capaces de articular y canalizar
los intereses de la sociedad que, dicho sea de paso, son cada vez más
fragmentados y específicos. Los grandes beneficiados de esta situación son
las asociaciones de interés o los movimientos sociales que se han erigido
como importantes estructuras de presión ante el gobierno. Pero la pérdida de
protagonismo absoluto de los partidos también procede de otros derroteros.
La crisis de los partidos provendría también de la tendencia oligárquica que
ha caracterizado su evolución. Hay una percepción generalizada que planea
sobre estas organizaciones al definirlas como maquinarias burocráticas al
servicio de ciertas ambiciones personales de los políticos profesionales que
les aleja de los intereses y preocupaciones reales de la población. Pero hay
más. Los partidos han visto erosionado su propia credibilidad y prestigio
ante la opinión pública como consecuencia de episodios de corrupción y
financiación ilegal.
Así pues, aunque los partidos son indiscutiblemente una de
las instituciones fundamentales de cualquier sistema democrático, afrontan
una pérdida de protagonismo en el escenario político. Sea como fuere, la
pluralidad de opciones políticas y la competencia libre interpartidista da
sentido a la misma idea de democracia. Si no podemos escoger, al menos,
entre dos opciones políticas diferentes, parece obvio afirmar que no somos
libres en nuestra decisión. Esto nos conduce a defender, por extensión, la
opción legítima de los ciudadanos de poder asociarse y participar en
organizaciones políticas con el objetivo de difundir y defender los
distintos modus vivendi presentes en una sociedad.
Para que los ciudadanos ejerzan su derecho a voto de un modo
responsable y consciente, requiere que tengan a su disposición todo tipo de
instrumentos que les aporten elementos básicos para que forme su propia
opinión. Necesitan recibir información que sea veraz y lo más ajustada a la
realidad de los hechos. En este sentido, los medios de comunicación son
imprescindibles. Pero éstos deben ser libres, independientes y neutrales y,
por tanto, ajenos a cualquier tipo de injerencia por parte del Estado u
otros actores. La libertad de prensa y la difusión de opiniones es, sin
lugar a dudas, otro de los derechos democráticos a los que no podemos
renunciar.
Hasta aquí que se ha abordado la democracia como medio, es
decir, desde una perspectiva instrumental o procedimental. Esta vertiente de
análisis gira alrededor, como se ha visto, de las distintas reglas del
proceso político que deben imperar en toda democracia. Dicho en otras
palabras, hemos intentado establecer las mínimas reglas del juego para que
la democracia pueda desarrollarse de un modo natural y saludable. Pero, en
nuestra opinión, un país no puede ser calificado como democrático por el
mero hecho de reunir determinados requisitos en el plano formal. Nos vemos
obligados, entonces, a analizar la democracia como fin, es decir, desde la
vertiente del deber ser o de los objetivos políticos que debe
alcanzar. ¿Por qué tanto empeño en la democracia?, ¿Cuál es su valor
sustantivo real?
La democracia es mucho más que un entramado de reglas e
instituciones. La democracia debe funcionar. Y cuando decimos "funcionar"
nos referimos a que proporcione estabilidad política y sea capaz de reducir
las (injustas) desigualdades económicas y sociales que acechan
permanentemente a parte de la población. La democracia debe estar guiada por
un espíritu igualitario dónde fomente la igualdad de oportunidades y la
justicia social. Pero esto no siempre sucede así y la democracia puede
acabar desvirtuándose. América Latina es un triste ejemplo de ello.
Referirse a la región latinoamericana en su conjunto
implica, muy a menudo, desconocer la gran diversidad de situaciones que
engloba esta región. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad endémicas que
afligen esta parte del mundo son unos hechos bastante comunes y preocupantes
en la mayoría de sus países. Durante las dos últimas décadas, América Latina
ha visto como la mayoría de sus países transitaban de un régimen autoritario
a uno que se ajustaba a las exigencias de una democracia liberal. Este es,
sin lugar a dudas, uno de sus principales logros más recientes. Pero, como
se vio más arriba, la democracia no ha sido capaz de dar respuesta a las
expectativas generadas de mejor calidad de vida. El crecimiento económico
que ha experimentado la región no ha sido estable pero, sobretodo, no ha
sido equitativo. Y cuando el poder económico se encuentra concentrado en
pocas manos, la polarización social es su peor consecuencia.
La desafección política de los ciudadanos y la desconfianza
que manifiestan en las principales instituciones políticas, dan fe del
profundo pesimismo en que se encuentra inmerso este subcontinente. Según el
Informe Latinobarómetro 2003 sólo el 28% de los encuestados en América
Latina declara "estar satisfecho" y "algo satisfecho" con el funcionamiento
de la democracia, mientras que sólo el 11% declara tener "mucha" o "algo" de
confianza depositada en los partidos políticos. Igual de sorprendentes son
la tasa de confianza en el Congreso o el Poder Judicial, que sólo obtienen
puntuaciones del 17 y 20%, respectivamente. Estos son sólo algunos datos que
alertan de la animadversión ciudadana con las principales instituciones
democráticas. No obstante, el 64% afirma que "la democracia es el mejor
sistema de gobierno". A la luz de los datos presentados y de esta aparente
contradicción, puede afirmarse que la región latinoamericana no viviría una
crisis democrática sino una crisis del modelo de gobernabilidad que ha
imperado hasta la fecha. Se requiere, para que nos entendamos, un cambio
profundo en el estilo de hacer política.
Otro de los desafíos a los que se enfrentan las democracias
latinoamericanas es la falta de capital social. Por capital social se
entiende aquellas prácticas de conducta informales basadas en la
reciprocidad y la confianza mutua alcanzadas por un conjunto de individuos y
actores, públicos y privados. La fluida comunicación e interrelación entre
los distintos actores presentes en la vida de un país facilita la puesta en
práctica de las distintas políticas gubernamentales y la consolidación de
sus instituciones democráticas al dar respuesta eficazmente a las demandas
sociales. No obstante, América Latina aún se encuentra lejos de este
supuesto ideal. Los datos que arroja el mismo Informe Latinobarómetro en
este sentido no son nada alentadores. Sólo el 17% de los encuestados (menos
de dos de cada diez personas), como media regional, afirma "que se puede
confiar con la mayoría de las personas".
En este sentido, un sistema educativo de calidad puede
contribuir a la conformación de capital social como importante agente
de socialización política. Una educación basada en la cooperación y el
diálogo, contribuye a desarrollar actitudes más dirigidas a la comunidad y,
por tanto, en beneficio del bienestar colectivo. Pero la educación también
desempeña un rol importantísimo para el sustento de las democracias desde
otra óptica. El acceso a una educación de calidad ofrece las herramientas a
los futuros ciudadanos para estar mejor informados sobre los asuntos
públicos que les afecten, para votar el día de mañana con elementos de
juicio más completos y, por tanto, para "rendir cuentas" o "castigar" a los
representantes políticos que hayan sido incompetentes en el desempeño de sus
cargos y responsabilidades. Esto, a su vez, incentiva a los decisores
políticos a satisfacer las demandas de esos votantes y gobernantes de
acuerdo con las preferencias mayoritarias de la sociedad. La principal
consecuencia de una educación digna y de calidad, es que contribuye
decididamente a convertir a los ciudadanos en "consumidores sofisticados de
política" y, por tanto, individuos más participativos de los asuntos
públicos.
Pero no debemos olvidar que familias con altísimas carencias
de manutención y salud no tienen incentivos para realizar inversiones a
largo plazo y, por tanto, condicionan a los menores a abandonar los estudios
e incorporarse tempranamente en el mercado de trabajo para que contribuyan a
la subsistencia económica del hogar. Los beneficios de llevar a los niños a
la escuela solamente aparecen en el futuro, mientras que los costes que
representa para estas familias la escolarización y la consiguiente pérdida
del salario de los menores son inmediatos. América Latina es, una vez más,
un claro exponente de este panorama. La obsesión por dar cobertura universal
en educación ha hecho descuidar, demasiado a menudo, los procesos para
lograrlo. La democracia debe, ante todo, garantizar unas condiciones de vida
mínimas en bienestar personal que permita a sus ciudadanos realizar
perspectivas de futuro que incluya, por extensión, su propia educación.
Llegados a este punto, conviene poner de relieve la
importancia de las instituciones como factor clave en la traducción de la
democracia en crecimiento económico y equidad social. Las instituciones son
las reglas del juego -formales e informales- de interacción social que
pautan el comportamiento e interacción entre los actores estratégicos y, en
consecuencia, determinan el tipo de relaciones que se establece entre el
poder político, por un lado, y la esfera económica y social, por otra. En
este sentido, si por parte del Estado y de dichos actores se fomenta el
clientelismo, el patrimonialismo, el corporativismo exacerbado, el tráfico
de influencias y la corrupción, por encima de la eficiencia económica y la
redistribución de las rentas, se hipoteca el desarrollo del país y la
inmoral distribución de la riqueza del país. Las elites políticas deben ser
muy conscientes de que es mucho más rentable, no sólo en términos económicos
sino también institucionales y de estabilidad, una política de prevención
basada en la protección social que tener que intervenir en la contención de
problemas de toda índole.
Una democracia letárgica dónde las desigualdades, la pobreza
y la falta de movilidad social se perpetúen lustro tras lustro, está
predestinada al fracaso. Excelente caldo de cultivo, tarde o temprano, de
populismos e involuciones democráticas. América latina se la juega, pero aún
está a tiempo.
A modo de conclusión
A lo largo de estas líneas hemos querido dejar patente que
democracia y desarrollo humano se necesitan y refuerzan mutuamente como si
de una relación simbiótica se tratara. El caso de América Latina es el de
una democracia débilmente institucionalizada dónde la pobreza, las
desigualdades y la inestabilidad política son sus principales rasgos
definitorios. He aquí su gran talón de Aquiles. A pesar de que los gobiernos
en esta región son escogidos mediante un proceso electoral libre y
competitivo, la democracia latinoamericana no ha sido capaz de proporcionar
a sus ciudadanos un mayor y más equitativo acceso a las nuevas oportunidades
económicas y sociales.
La universalización de los derechos y libertades políticas
no son suficientes para la consolidación de la democracia. La nueva
conceptualización del desarrollo humano, más centrado en el bienestar de los
individuos y de su realización personal, es primordial para avanzar hacia la
esencia misma de la democracia. Un sistema democrático es mucho más que una
amalgama de reglas y procedimientos formales. Ninguna democracia será
sustentable si no es capaz de proporcionar a todos sus ciudadanos una
igualdad de oportunidades efectiva para que pueda desarrollar su propia
personalidad. Pero también puede hacerse una lectura en sentido opuesto, es
decir, el desarrollo humano, en los términos aquí planteados, sólo podrá
alcanzarse en un sistema plenamente democrático. Sólo en este contexto, el
desarrollo humano podrá desplegar todas sus potencialidades y virtudes.
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