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ISSN 1913-6196

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 Prevención de conflictos: decodificando el debate

Prevención y resolución de conflictos

Por Revista Futuros

Paz, conflicto y violencia

Antes de iniciar un diálogo sobre el tema de conflictos se hace necesaria una breve introducción que nos recuerde la complejidad de los códigos comunicativos que empleamos en torno a estos temas.

Si realizáramos una encuesta acerca de la simpatía que las personas sienten por la paz arrojaría casi sin excepción -aún entre muchos de aquellos que promueven los conflictos y la violencia- un respaldo universal a su valor como bien público. Si preguntásemos en la misma encuesta que entienden esas personas por "paz", veríamos que la respuesta sería en muchos casos "la ausencia de violencia y conflictos". Existe todavía un amplio sector de la opinión pública que tiene un concepto negativo de la paz -como ausencia de violencia y conflictos- tal y como muchos definen erradamente la salud como "ausencia de enfermedades".

Tampoco violencia y conflicto son términos equiparables. Los conflictos son parte ineludible de la vida social a los niveles micro, meso y macro. Desde el conflicto familiar hasta el conflicto entre civilizaciones pasando por los que se manifiestan dentro y entre naciones. Tampoco son algo negativo per se. La presencia de un conflicto pone sobre la mesa la necesidad de revisar el tema que lo genera y de esas continuas revisiones a todos los niveles es que se produce el progreso. El verdadero problema es el modo en que abordamos nuestros conflictos. Demasiado a menudo intentamos "resolverlos" empleando la violencia doméstica, la que se ejerce entre grupos o la que se pone en marcha entre estados.

El conflicto puede ser un hecho positivo en ciertas circunstancias. La violencia, sin embargo, no es deseable en ninguna, aun cuando llegue a hacerse supuestamente inevitable y considerarse legítima bajo la teoría de "guerra justa" en ciertas coyunturas. Es absurdo pretender "prevenir conflictos" en general, porque ellos son parte sustantiva de la vida en sociedad. De lo que se trata en realidad es de prevenir, contener, resolver y transformar los conflictos violentos en procesos no violentos para darles solución. Pero, ¿qué es la violencia?

Las personas que coincidirían en que se debe en todo caso intentar evitar la violencia quizás no se pondrían de acuerdo sobre la existencia de diversas formas de violencia. Para muchos el concepto está asociado exclusivamente al ejercicio de la violencia física. Sin dudas las agresiones físicas y las guerras son flagelos que conmueven nuestra conciencia y se nos hacen más evidentes que otras formas de violencia que se manifiestan en nuestro entorno cotidiano y que tomamos como "el estado natural -aunque lamentable- de las cosas". Entre una y otra guerra mueren millones de personas por enfermedades evitables y curables o desnutrición. A otros tantos millones se les impide desarrollar su potencial humano al privarlos de acceso a sistemas de educación o negárseles el derecho a ejercer su identidad cultural, étnica, racial o reprimir su orientación sexual.

La paz no puede ser considerada por tanto una situación en que la violencia directa, física, está ausente. No puede haber paz donde se ejerce cotidianamente la violencia estructural (negadora de derechos humanos económicos y sociales) o cultural (negadora de derechos de identidad social) a vastos grupos de personas aún si ellos constituyen minorías dentro de la población general.

La "construcción de paz" tiene por ello que ser concebida como un proceso integral y permanente de examen de los cambiantes conflictos que nos indican la existencia de problemas que debemos abordar y resolver así como la contención institucionalizada de toda forma de violencia directa, estructural o cultural.

Crisis, intervención y soberanía

Tampoco el concepto de "crisis" es siempre bien comprendido. Tomado prestado de la terminología médica, este concepto no está asociado a un desenlace letal, como muchos creen. Un aquejado de apendicitis puede sobrevivir su crisis si se diagnostica de manera adecuada y oportuna y se interviene quirúrgicamente con un método exitoso. Lo que resultaría fatal sería desconocer la existencia de la crisis, confundir el diagnostico y achacar el problema a otras causas, perder tiempo antes de decidirse a intervenir o emplear un método errado de intervención.

Se está haciendo evidente la existencia de un "arco de crisis" andino que va de Venezuela a Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador, y Perú. Los gobiernos democráticamente electos en esos países están sometidos a diferentes procesos y factores de ingobernabilidad. Esta inestabilidad no deja de provocar lógicas preocupaciones en los países colindantes y en aquellos otros vinculados a esas zonas de creciente incertidumbre por vía del comercio y las inversiones. Pero, ¿cuál es la naturaleza de esas crisis? ¿Cuál es el mejor camino a seguir para abordar esos problemas y darles solución?

Generalmente en los términos clásicos de las teorías de relaciones internaciones existen límites al abordarse asuntos que "sólo competen" a la soberanía interna de los estados.

Pero esas mismas teorías reconocen que la soberanía radica en la voluntad popular. Es por ello que la libre autodeterminación –dada en un contexto de opciones informadas y democráticamente seleccionadas por los ciudadanos sin estar sometidos a coerción alguna- es requisito para poder establecer cuál es, realmente, la voluntad popular. Los gobiernos, se supone, apenas tienen la función de representar y defender esa soberana voluntad popular ante los otros estados. Si bien estas definiciones mantienen su vigencia a menudo son distorsionadas en las polémicas acerca de los conflictos y el mejor modo de prevenirlos.

La capacidad de autodeterminación de los pueblos pasa hoy por el fortalecimiento y profundización de una democracia participativa. La defensa de la soberanía pasa a su vez por el respeto por parte de los gobiernos de las libertades democráticas y los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos para, libremente, poder autodeterminar su destino. Pero una ola de violencia y crímenes de lesa humanidad como los ocurridos bajo el gobierno democráticamente electo de Fujimori en Perú que dejara un saldo de casi 70,000 muertos es otra cosa. Cada vez resulta menos aceptable el que un gobierno invoque el respeto a la soberanía nacional para protegerse de una gestión política multilateral dirigida a cooperar para el restablecimiento las condiciones mínimas que permiten la libre autodeterminación y expresión de la voluntad soberana de la ciudadanía.

El mundo ha venido haciéndose más interdependiente. Todos los pactos e instrumentos internacionales que comprometen a los estados a seguir ciertas pautas en diferentes esferas son la expresión de un nuevo enfoque que considera que existen temas que han dejado de ser de exclusiva incumbencia de los gobiernos de un país dado.

En un mundo interconectado e interdependiente las decisiones o indecisiones ecológicas, políticas o económicas que toma un gobierno pueden tener repercusiones medio ambientales o de masas de refugiados o emigrados ilegales sobre los estados vecinos. Hay conflictos que sólo pueden verse hoy día como desafíos colectivos en los que la gestión multilateral debiera ser concebida bajo formas tempranas de cooperación, políticas y pacificas, previamente consensuadas.

También es cierto que vivimos en un mundo complejo que dista mucho de ser ideal. Algunas grandes potencias se siguen creyendo en el derecho de ser ellas –en lugar de los mecanismos multilaterales- quienes juzguen dónde, cuándo y cómo deben intervenir de manera directa y a menudo unilateral en los problemas de otras naciones. Los rezagos de viejas ideologías imperiales y hegemonistas no han sido erradicados aún y tienen vigencia en el pensamiento de algunos sectores políticos en países poderosos. Es por ello que muchos ciudadanos latinoamericanos y caribeños, en países con un traumático pasado de intervención extranjera en su desarrollo nacional, toman con prudencia y escepticismo los llamados a fortalecer los mecanismos multilaterales de prevención y solución de conflictos. No hay que ser cándido y abrir la puerta del intervencionismo hegemonista en cualquier región. Esa es una reacción comprensible, pero insuficiente y podría resultar igualmente ingenua.

La sociedad civil latinoamericana y del Caribe tiene que encontrar sus propias soluciones que, al tiempo que cierren la puerta al intervencionismo unilateral de potencias con vocación hegemonista, no las abra simultáneamente al fortalecimiento de todo tipo de regímenes, que aún habiendo sido democráticamente electos, resulten autoritarios y brutalmente opresores como fue el de Fujimori.

Transiciones democráticas y construcción de paz

El problema de la gobernabilidad democrática tampoco puede ser entendido desde la perspectiva del apaciguamiento de la ciudadanía insatisfecha o de la intervención –política o militar- para apuntalar gobiernos antipopulares, corruptos e insensibles. Las fuerzas desestabilizadoras no son las asociaciones populares que claman por sus legítimos derechos aun cuando en ocasiones puedan ser manipulados por líderes y caudillos demagógicos como ha ocurrido ocasionalmente en el pasado. Las raíces de este "arco de crisis" que viene emergiendo yacen en otra parte y están asociadas con modelos políticos y económicos, promovidos en las actuales condiciones de globalización, que ya han generado una abultada deuda social y un déficit democrático significativo.

La gobernabilidad requiere andar el camino de la construcción de paz que permitirá llevar a feliz termino las inconclusas y siempre precarias transiciones a la democracia ocurridas en las ultimas dos décadas. Construir la paz en nuestra región supone la reforma democrática de los estados, la apertura a formas realmente democráticas –no formales ni populistas- de consulta y participación ciudadanas, la lucha contra la corrupción, la creación de mecanismos nacionales, subregionales y regionales de alerta y prevención muy temprana de conflictos con peligro de escalar hacia la violencia y la adopción de un paradigma de desarrollo humano sustentable que sea socialmente inclusivo y ecológicamente responsable.

El problema difícilmente se va a resolver creando en la OEA una suerte de certificado de buena o mala conducta democrática para los gobiernos, como al parecer piensan algunos. Sin duda, es deber inexcusable de esa institución encontrar diversas maneras de promover las buenas prácticas de gobierno y estar alertas frente a el surgimiento de corrientes y tendencias autoritarias. Pero es en nuestros actuales modelos de estado y en las filosofías que se han seguido desde la adopción de las recetas neoliberales del Consenso de Washington donde radican las peores prácticas autoritarias que hoy generan la inestabilidad e ingobernabilidad en la región. Quizás sería más productivo iniciar por allí las reflexiones.

   

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