Paz, conflicto y violencia
 Antes
de iniciar un diálogo sobre el tema de conflictos se hace necesaria una
breve introducción que nos recuerde la complejidad de los códigos
comunicativos que empleamos en torno a estos temas.
Si realizáramos una encuesta acerca de la simpatía que las
personas sienten por la paz arrojaría casi sin excepción -aún entre muchos
de aquellos que promueven los conflictos y la violencia- un respaldo
universal a su valor como bien público. Si preguntásemos en la misma
encuesta que entienden esas personas por "paz", veríamos que la respuesta
sería en muchos casos "la ausencia de violencia y conflictos". Existe
todavía un amplio sector de la opinión pública que tiene un concepto
negativo de la paz -como ausencia de violencia y conflictos- tal y como
muchos definen erradamente la salud como "ausencia de enfermedades".
Tampoco violencia y conflicto son términos equiparables. Los
conflictos son parte ineludible de la vida social a los niveles micro, meso
y macro. Desde el conflicto familiar hasta el conflicto entre civilizaciones
pasando por los que se manifiestan dentro y entre naciones. Tampoco son algo
negativo per se. La presencia de un conflicto pone sobre la mesa la
necesidad de revisar el tema que lo genera y de esas continuas revisiones a
todos los niveles es que se produce el progreso. El verdadero problema es el
modo en que abordamos nuestros conflictos. Demasiado a menudo intentamos
"resolverlos" empleando la violencia doméstica, la que se ejerce entre
grupos o la que se pone en marcha entre estados.
El conflicto puede ser un hecho positivo en ciertas
circunstancias. La violencia, sin embargo, no es deseable en ninguna,
aun cuando llegue a hacerse supuestamente inevitable y considerarse legítima
bajo la teoría de "guerra justa" en ciertas coyunturas. Es absurdo pretender
"prevenir conflictos" en general, porque ellos son parte sustantiva de la
vida en sociedad. De lo que se trata en realidad es de prevenir, contener,
resolver y transformar los conflictos violentos en procesos no
violentos para darles solución. Pero, ¿qué es la violencia?
Las personas que coincidirían en que se debe en todo caso
intentar evitar la violencia quizás no se pondrían de acuerdo sobre la
existencia de diversas formas de violencia. Para muchos el concepto está
asociado exclusivamente al ejercicio de la violencia física. Sin dudas las
agresiones físicas y las guerras son flagelos que conmueven nuestra
conciencia y se nos hacen más evidentes que otras formas de violencia que se
manifiestan en nuestro entorno cotidiano y que tomamos como "el estado
natural -aunque lamentable- de las cosas". Entre una y otra guerra mueren
millones de personas por enfermedades evitables y curables o desnutrición. A
otros tantos millones se les impide desarrollar su potencial humano al
privarlos de acceso a sistemas de educación o negárseles el derecho a
ejercer su identidad cultural, étnica, racial o reprimir su orientación
sexual.
La paz no puede ser considerada por tanto una situación en
que la violencia directa, física, está ausente. No puede haber paz donde se
ejerce cotidianamente la violencia estructural (negadora de derechos humanos
económicos y sociales) o cultural (negadora de derechos de identidad social)
a vastos grupos de personas aún si ellos constituyen minorías dentro de la
población general.
La "construcción de paz" tiene por ello que ser concebida
como un proceso integral y permanente de examen de los cambiantes conflictos
que nos indican la existencia de problemas que debemos abordar y resolver
así como la contención institucionalizada de toda forma de violencia
directa, estructural o cultural.
Crisis, intervención y soberanía
Tampoco el concepto de "crisis" es siempre bien comprendido.
Tomado prestado de la terminología médica, este concepto no está asociado a
un desenlace letal, como muchos creen. Un aquejado de apendicitis puede
sobrevivir su crisis si se diagnostica de manera adecuada y oportuna y se
interviene quirúrgicamente con un método exitoso. Lo que resultaría fatal
sería desconocer la existencia de la crisis, confundir el diagnostico y
achacar el problema a otras causas, perder tiempo antes de decidirse a
intervenir o emplear un método errado de intervención.
Se está haciendo evidente la existencia de un "arco de
crisis" andino que va de Venezuela a Bolivia, pasando por Colombia, Ecuador,
y Perú. Los gobiernos democráticamente electos en esos países están
sometidos a diferentes procesos y factores de ingobernabilidad. Esta
inestabilidad no deja de provocar lógicas preocupaciones en los países
colindantes y en aquellos otros vinculados a esas zonas de creciente
incertidumbre por vía del comercio y las inversiones. Pero, ¿cuál es la
naturaleza de esas crisis? ¿Cuál es el mejor camino a seguir para abordar
esos problemas y darles solución?
Generalmente en los términos clásicos de las teorías de
relaciones internaciones existen límites al abordarse asuntos que "sólo
competen" a la soberanía interna de los estados.
Pero esas mismas teorías reconocen que la soberanía radica
en la voluntad popular. Es por ello que la libre autodeterminación –dada en
un contexto de opciones informadas y democráticamente seleccionadas por los
ciudadanos sin estar sometidos a coerción alguna- es requisito para poder
establecer cuál es, realmente, la voluntad popular. Los gobiernos, se
supone, apenas tienen la función de representar y defender esa soberana
voluntad popular ante los otros estados. Si bien estas definiciones
mantienen su vigencia a menudo son distorsionadas en las polémicas acerca de
los conflictos y el mejor modo de prevenirlos.
La capacidad de autodeterminación de los pueblos pasa hoy
por el fortalecimiento y profundización de una democracia participativa. La
defensa de la soberanía pasa a su vez por el respeto por parte de los
gobiernos de las libertades democráticas y los derechos políticos y civiles
de todos los ciudadanos para, libremente, poder autodeterminar su
destino. Pero una ola de violencia y crímenes de lesa humanidad como los
ocurridos bajo el gobierno democráticamente electo de Fujimori en Perú que
dejara un saldo de casi 70,000 muertos es otra cosa. Cada vez resulta menos
aceptable el que un gobierno invoque el respeto a la soberanía nacional para
protegerse de una gestión política multilateral dirigida a cooperar para el
restablecimiento las condiciones mínimas que permiten la libre
autodeterminación y expresión de la voluntad soberana de la ciudadanía.
El mundo ha venido haciéndose más interdependiente. Todos
los pactos e instrumentos internacionales que comprometen a los estados a
seguir ciertas pautas en diferentes esferas son la expresión de un nuevo
enfoque que considera que existen temas que han dejado de ser de exclusiva
incumbencia de los gobiernos de un país dado.
En un mundo interconectado e interdependiente las decisiones
o indecisiones ecológicas, políticas o económicas que toma un gobierno
pueden tener repercusiones medio ambientales o de masas de refugiados o
emigrados ilegales sobre los estados vecinos. Hay conflictos que sólo pueden
verse hoy día como desafíos colectivos en los que la gestión multilateral
debiera ser concebida bajo formas tempranas de cooperación, políticas y
pacificas, previamente consensuadas.
También es cierto que vivimos en un mundo complejo que dista
mucho de ser ideal. Algunas grandes potencias se siguen creyendo en el
derecho de ser ellas –en lugar de los mecanismos multilaterales- quienes
juzguen dónde, cuándo y cómo deben intervenir de manera directa y a menudo
unilateral en los problemas de otras naciones. Los rezagos de viejas
ideologías imperiales y hegemonistas no han sido erradicados aún y tienen
vigencia en el pensamiento de algunos sectores políticos en países
poderosos. Es por ello que muchos ciudadanos latinoamericanos y caribeños,
en países con un traumático pasado de intervención extranjera en su
desarrollo nacional, toman con prudencia y escepticismo los llamados a
fortalecer los mecanismos multilaterales de prevención y solución de
conflictos. No hay que ser cándido y abrir la puerta del intervencionismo
hegemonista en cualquier región. Esa es una reacción comprensible, pero
insuficiente y podría resultar igualmente ingenua.
La sociedad civil latinoamericana y del Caribe tiene que
encontrar sus propias soluciones que, al tiempo que cierren la puerta al
intervencionismo unilateral de potencias con vocación hegemonista, no las
abra simultáneamente al fortalecimiento de todo tipo de regímenes, que aún
habiendo sido democráticamente electos, resulten autoritarios y brutalmente
opresores como fue el de Fujimori.
Transiciones democráticas y construcción de paz
El problema de la gobernabilidad democrática tampoco puede
ser entendido desde la perspectiva del apaciguamiento de la ciudadanía
insatisfecha o de la intervención –política o militar- para apuntalar
gobiernos antipopulares, corruptos e insensibles. Las fuerzas
desestabilizadoras no son las asociaciones populares que claman por sus
legítimos derechos aun cuando en ocasiones puedan ser manipulados por
líderes y caudillos demagógicos como ha ocurrido ocasionalmente en el
pasado. Las raíces de este "arco de crisis" que viene emergiendo yacen en
otra parte y están asociadas con modelos políticos y económicos, promovidos
en las actuales condiciones de globalización, que ya han generado una
abultada deuda social y un déficit democrático significativo.
La gobernabilidad requiere andar el camino de la
construcción de paz que permitirá llevar a feliz termino las inconclusas y
siempre precarias transiciones a la democracia ocurridas en las ultimas dos
décadas. Construir la paz en nuestra región supone la reforma democrática de
los estados, la apertura a formas realmente democráticas –no formales ni
populistas- de consulta y participación ciudadanas, la lucha contra la
corrupción, la creación de mecanismos nacionales, subregionales y regionales
de alerta y prevención muy temprana de conflictos con peligro de escalar
hacia la violencia y la adopción de un paradigma de desarrollo humano
sustentable que sea socialmente inclusivo y ecológicamente responsable.
El problema difícilmente se va a resolver creando en la OEA
una suerte de certificado de buena o mala conducta democrática para los
gobiernos, como al parecer piensan algunos. Sin duda, es deber inexcusable
de esa institución encontrar diversas maneras de promover las buenas
prácticas de gobierno y estar alertas frente a el surgimiento de corrientes
y tendencias autoritarias. Pero es en nuestros actuales modelos de estado y
en las filosofías que se han seguido desde la adopción de las recetas
neoliberales del Consenso de Washington donde radican las peores prácticas
autoritarias que hoy generan la inestabilidad e ingobernabilidad en la
región. Quizás sería más productivo iniciar por allí las reflexiones.
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