Comercio y desarrollo humano: fortalecer los vínculos
Al igual que la asistencia, el comercio puede ser un
poderoso catalizador del desarrollo humano. En las condiciones propicias, el
comercio internacional podría generar un poderoso ímpetu para apurar la
consecución de los ODM. El problema es que el potencial de desarrollo humano
inherente al comercio se ve mermado por una combinación de reglas injustas y
desigualdades estructurales dentro de los países y entre ellos.
El comercio internacional ha sido uno de los motores más
poderosos de la globalización. Los patrones de comercio han cambiado: se ha
registrado un crecimiento sostenido de la participación de los países en
desarrollo en las exportaciones manufactureras mundiales y algunos países
incluso están cerrando la brecha tecnológica. Con todo, las desigualdades
estructurales siguen en pie y en algunos casos incluso se han ampliado. Por
ejemplo, África Subsahariana ha ido quedando cada vez más al margen del
proceso y hoy, la participación en las exportaciones mundiales que registra
esta región de 689 millones de habitantes es inferior a la de Bélgica, de
apenas 10 millones. Si África Subsahariana hubiera mantenido la misma
proporción de las exportaciones mundiales que tenía en 1980, las ganancias
en términos de divisas representarían unas ocho veces la ayuda que recibió
en 2003. Otra región que está quedando a la zaga es América Latina. En el
comercio, al igual que en otras áreas, las afirmaciones que sostienen que la
integración global marca el advenimiento de una nueva era de convergencia
entre países ricos y pobres son exageradas.
Desde la perspectiva del desarrollo humano, el comercio es
un medio para impulsar el desarrollo, no un fin en sí mismo. Los indicadores
del crecimiento de las exportaciones, el coeficiente comercio - INB y la
liberalización de las importaciones no son sustitutos del desarrollo humano.
Desafortunadamente, cada vez más se tratan como si lo fueran. La
participación en el comercio genera oportunidades reales de elevar los
estándares de vida; sin embargo, algunos de los mejores exponentes de la
‘apertura’ y el aumento de las exportaciones, como México y Guatemala, no
han registrado los mismos buenos resultados en cuanto a acelerar el
desarrollo humano. El éxito de las exportaciones no siempre ha mejorado el
bienestar humano en términos generales y las pruebas sugieren que es
necesario prestar mayor atención a las condiciones en las cuales los países
se integran a los mercados mundiales.
Contar con normas de comercio más justas sería una gran
contribución, especialmente en lo que se refiere al acceso a los mercados.
En la mayoría de las formas de tributación, se aplica un simple principio de
graduación: a mayores ingresos, más se paga. Las políticas comerciales de
los países ricos invierten completamente este principio.
Las barreras comerciales más altas del mundo se alzan
contra algunos de los países más pobres: en promedio, las barreras
comerciales que enfrentan los países en desarrollo que exportan hacia los
países ricos son tres veces mayores que aquellas que enfrentan los países
ricos en sus relaciones comerciales recíprocas.
Esta graduación perversa en la política comercial se
extiende también a otras áreas. Por ejemplo, la Unión Europea concede mucha
importancia a su compromiso de abrir los mercados a los países más pobres
del mundo, sin embargo, las normas de denominación de origen que aplica, y
que determinan si un país cumple los requisitos para optar a un trato
preferencial en el origen, reducen al mínimo las oportunidades de muchos de
estos países.
La agricultura es un sector de particular preocupación. Dos
terceras partes de todas las personas que sobreviven con menos de un dólar
al día viven y trabajan en zonas rurales y los mercados en los que operan,
su sustento y las perspectivas de salir de la pobreza están directamente
afectados por las normas que rigen el comercio agrícola.
El problema básico que deben abordar las negociaciones
de la OMC sobre la agricultura pueden resumirse en pocas palabras: los
subsidios de los países ricos. En la última ronda de negociaciones sobre
el comercio mundial, los países ricos prometieron disminuir los subsidios
agrícolas.
Desde entonces, los han aumentado. Hoy gastan un poco
más de US$1.000 millones anuales en asistencia al sector agrícola de los
países en desarrollo y un poco menos de US$1.000 millones diarios en
subsidios a la sobreproducción agrícola en su propio territorio; es difícil
imaginar un orden más inadecuado de las prioridades. Para empeorar las
cosas, los subsidios que aplican los países ricos están destruyendo los
mercados de los cuales dependen los pequeños agricultores de los países
pobres, pues les bajan los precios de compra y les niegan una proporción
justa en los beneficios del comercio mundial. Por ejemplo, los campesinos de
Burkina Faso compiten con los productores de algodón de EE.UU., quienes
reciben subsidios por más de US$4.000 millones al año, suma que supera el
ingreso nacional total de Burkina Faso. Mientras tanto, la insólita Política
Agrícola Común de la Unión Europea causa estragos en el mercado mundial del
azúcar, al tiempo que niega el acceso de los países en desarrollo a los
mercados europeos. Así, los consumidores y los contribuyentes de los países
desarrollados están obligados a financiar políticas que destruyen los medios
de vida de las personas que viven en los países más pobres del mundo.
En algunas zonas, las normas de la OMC amenazan con
intensificar sistemáticamente las desventajas que enfrentan los países en
desarrollo y con inclinar aún más los beneficios de la integración mundial
hacia los países desarrollados. Un ejemplo de ello es el conjunto de normas
que limitan el espacio de los países pobres para desarrollar las políticas
industriales y tecnológicas activas que necesitan para aumentar la
productividad y triunfar en los mercados mundiales. El actual régimen de la
OMC proscribe muchas de las políticas que ayudaron a los países del Este
Asiático a conseguir rápidos avances. Las normas de la OMC sobre propiedad
intelectual plantean una doble amenaza: elevan el costo de la transferencia
tecnológica y, posiblemente, el precio de los medicamentos, lo que genera
importantes riesgos para la salud pública de los pobres. En las
negociaciones de la OMC respecto de los servicios, los países ricos han
buscado crear oportunidades de inversión para las empresas del sector
bancario y de seguros, al tiempo que restringen las oportunidades de los
países pobres de exportar en un ámbito en el que cuentan con evidentes
ventajas: las transferencias temporales de mano de obra. En este sentido, se
calcula que un pequeño aumento en los flujos de mano de obra calificada y
no-calificada podría generar más de US$157.000 millones anuales, una
ganancia mucho mayor que la que resulta de la liberalización en otros
ámbitos.
La Ronda de Doha de negociaciones de la OMC constituye una
oportunidad para comenzar a alinear las normas multilaterales de comercio
con un compromiso con el desarrollo humano y los ODM. Hasta ahora, esta
oportunidad se ha desperdiciado. Después de cuatro años de conversaciones,
no existe ningún logro concreto, fracaso que se debe fundamentalmente a la
desequilibrada agenda impulsada por los países ricos y a no haber enfrentado
el problema de los subsidios agrícolas.
Sin embargo, ni las mejores normas de comercio eliminarán
algunas de las causas subyacentes a la desigualdad que existen en el
comercio mundial. Es necesario abordar problemas persistentes como las
falencias de infraestructura y la limitada capacidad de oferta. Los países
ricos han elaborado una agenda de ayuda en relación con la "formación de
capacidades". Lamentablemente, se ha puesto un énfasis poco sano en la
formación de capacidades en áreas que los países ricos consideran útiles
desde un punto de vista estratégico. Algunos antiguos problemas ni siquiera
figuran en la agenda del comercio internacional, como, por ejemplo, la aguda
crisis de los mercados de productos básicos, particularmente el café. En
Etiopía, la caída de precios registrada a partir de 1998 ha reducido el
ingreso anual promedio de los hogares productores de café en unos US$200.
El surgimiento de nuevas estructuras comerciales plantea
nuevas amenazas para el logro de un comercio más justo en el sector
agrícola. Por ejemplo, las cadenas de supermercados se han convertido en
guardianes de los mercados agrícolas de los países ricos y vinculan a los
productores de los países en desarrollo con los consumidores de los países
desarrollados. Pero los pequeños agricultores quedan al margen de las
prácticas de compraventa de algunos supermercados, lo cual debilita los
vínculos entre comercio y desarrollo humano. Si se crearan estructuras
destinadas a facilitar el ingreso de los pequeños agricultores a las cadenas
mundiales de comercialización en condiciones más equitativas, el sector
privado podría cumplir una función crucial en la lucha mundial contra la
pobreza.
Fortalecer la conexión entre comercio y desarrollo
humano es un ejercicio de largo y difícil aliento. La Ronda de Doha sigue
representando la oportunidad de iniciar este ejercicio, así como de
trabajar en pro de la credibilidad y la legitimidad del sistema comercial
basado en normas.
Puesto en un contexto más amplio, la Ronda es demasiado
importante para fracasar. Construir prosperidad común exige la presencia de
instituciones multilaterales que no sólo propicien el bien público, sino
que, ante los ojos de la gente, operen de manera justa y equilibrada.
La reunión ministerial de la OMC que se ha planificado para
diciembre de 2005, constituye una oportunidad para abordar algunos de los
desafíos más apremiantes. Mientras muchos de estos temas son de carácter
técnico, lo que se requiere desde un punto de vista práctico es un marco en
el cual las normas de la OMC sean más benéficas y menos dañinas para el
desarrollo humano. No sería realista esperar que la Ronda de Doha corrija la
totalidad de los desequilibrios a los que dan lugar estas normas, pero
podría sentar las bases para futuras rondas que hagan del desarrollo humano
un componente central del sistema multilateral. Algunos de los principales
elementos de referencia para evaluar el resultado de la Ronda de Doha son:
- Recortes profundos en el apoyo de los gobiernos de los países ricos
a la agricultura y prohibición de los subsidios a las exportaciones.
El apoyo agrícola, medido según los cálculos de la OCDE del apoyo a los
productores, no debería superar el 5% ó 10% del valor de la producción y
venir acompañado de una prohibición inmediata de los subsidios directos e
indirectos a las exportaciones.
- Recortes profundos en las barreras a las exportaciones de los
países en desarrollo.
Los países ricos deberían fijar sus
aranceles máximos sobre las importaciones de los países en desarrollo en
no más del doble del nivel de sus aranceles promedio, o un 5% ó 6%.
- Compensación para los países que pierden trato preferencial
.
Si bien, en términos generales, las preferencias que otorgan los países
ricos a algunas importaciones de países en desarrollo arrojan beneficios
limitados, en ciertos casos su eliminación podría causar altos niveles de
desempleo así como crisis en la balanza de pago. Es necesario crear un
fondo para disminuir al mínimo los costos que enfrentan los países
vulnerables.
- Proteger el "espacio" que le corresponde al desarrollo humano en
materia de políticas públicas.
Las normas multilaterales no deben
imponer obligaciones incoherentes con las estrategias nacionales de
reducción de la pobreza. Tales estrategias deben incorporar prácticas
internacionales óptimas adaptadas a las condiciones locales y formuladas a
través de procesos políticos democráticos y participativos. En particular,
las normas de la OMC deben respetar el derecho de los países en desarrollo
de proteger a los productores agrícolas contra la competencia injusta de
exportaciones subsidiadas provenientes de los países ricos.
- Comprometerse a evitar los acuerdos "OMC plus" en los tratados
comerciales regionales.
Algunos acuerdos regionales de comercio
imponen obligaciones que van más allá de las normas de la OMC,
especialmente en áreas como la inversión y la propiedad intelectual. Es
importante que tales acuerdos no anulen las políticas nacionales
formuladas en el contexto de estrategias de reducción de la pobreza.
Volver a centrar las negociaciones sobre los servicios en el movimiento
temporal de mano de obra. En el contexto de una ronda del desarrollo, se
debería poner menos énfasis en liberalizar rápidamente el sector
financiero y más en crear normas que mejoren el acceso de los trabajadores
de países en desarrollo a los mercados laborales de los países ricos.
Conflictos armados: obstáculo para el progreso
En 1945, el Secretario de Estado de los Estados Unidos de
América, Edward R. Stettinius, identificó del siguiente modo los dos
componentes fundamentales de la seguridad humana y su interconexión: "La
batalla por la paz debe ser librada en dos frentes. El primer frente es el
de la seguridad, en el cual vencer significa conquistar la libertad para
vivir sin temor, y el segundo es el frente económico y social, en el cual la
victoria significa conquistar libertad para vivir sin miseria. Sólo la
victoria en ambos frentes puede asegurarle al mundo una paz duradera". Éste
fue el razonamiento que condujo a los Estados Unidos a desempeñar un papel
central en la fundación de las Naciones Unidas.
Sesenta años después y luego de un decenio desde el término
de la Guerra Fría que parecía haber dado inicio a una nueva era de paz, las
preocupaciones en torno a la seguridad vuelven a dominar la agenda
internacional. Tal como ha aseverado el Secretario General de la ONU en su
informe Un concepto más amplio de libertad, vivimos en una era en que la
interacción letal de la pobreza con los conflictos armados plantea graves
amenazas no sólo para las víctimas inmediatas, sino también para la
seguridad colectiva de la comunidad internacional.
Para mucha gente de los países ricos, el concepto de
inseguridad mundial está relacionado con las amenazas que imponen el
terrorismo y el crimen organizado. Las amenazas no son imaginarias; sin
embargo, la falta de "libertad para vivir sin temor" es mucho más marcada en
los países en desarrollo. La interacción entre pobreza y conflictos armados
en muchos países en desarrollo está cobrando vidas a una escala gigantesca e
impidiendo también el progreso hacia el cumplimiento de los ODM. La
incapacidad de construir seguridad humana poniendo ~ n a esta interacción
tendrá consecuencias para el mundo entero. En un mundo interdependiente, las
amenazas que generan los conflictos armados no se detienen ante las
fronteras nacionales, no importa cuán bien protegidas estén.
El desarrollo de los países pobres es la primera línea en la
batalla a favor de la paz mundial y la seguridad colectiva. El problema con
el actual plan de batalla es que tenemos una estrategia militar
excesivamente desarrollada y una
estrategia subdesarrollada para la seguridad humana.
La naturaleza del conflicto ha cambiado. El siglo XX, el más
sangriento de la historia, ha estado marcado primero por guerras entre
países y luego por el temor, durante la época de la Guerra Fría, a que se
produjeran confrontaciones entre dos superpotencias. Ahora este temor ha
dado lugar a guerras regionales libradas predominantemente en los países
pobres con estados débiles o fracasados y de preferencia con armas pequeñas,
donde la mayoría de las víctimas son civiles. Hoy, en el mundo existen menos
conflictos que en 1990, pero la cantidad de conflictos que estallan en los
países pobres ha aumentado.
No se han sopesado suficientemente los costos que acarrean
los conflictos armados para el desarrollo humano. En la República
Democrática del Congo, las muertes directa o indirectamente atribuibles a
conflictos armados son superiores al total de las pérdidas que sufrió Gran
Bretaña durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la región de
Darfur, en Sudán, más de un millón de personas han sido desplazadas debido
al conflicto. Las víctimas inmediatas de éstos y otros conflictos captan
periódicamente la atención de los medios de comunicación internacionales.
Pero el impacto a largo plazo de los conflictos armados en términos de
desarrollo humano es menos notorio.
Los conflictos armados socavan la nutrición y la salud
pública, destruyen los sistemas educacionales, tienen efectos devastadores
sobre las formas sustento de la población y retardan las perspectivas del
crecimiento económico. De los 32 países incluidos en la categoría de "bajo
desarrollo humano" según el IDH, 22 han experimentado conflictos en algún
momento desde 1990. Los países que han vivido conflictos armados son una
gran mayoría entre las naciones que, según nuestras proyecciones para 2015,
están mal encaminadas para cumplir los ODM. De los 52 países que
experimentan retroceso o estancamiento en relación con sus esfuerzos por
reducir la mortalidad infantil, 30 han sufrido conflictos desde 1990. La
inmensidad de estos costos fundamenta por sí sola la necesidad de que la
prevención y resolución del conflicto, así como la reconstrucción una vez
que éste ha concluido, sean tres requisitos fundamentales para la
construcción de la seguridad humana y el aceleramiento del avance hacia el
cumplimiento de los ODM.
Parte del desafío que impone la seguridad humana y los
conflictos armados tiene su origen en estados débiles, frágiles e
incompetentes.
La grave incapacidad de proteger a las personas del riesgo
en cuanto a seguridad, satisfacer sus necesidades básicas o crear una
institucionalidad política considerada legítima es un rasgo permanente de
los estados propensos a conflictos. En algunos casos, las profundas
desigualdades "horizontales" entre regiones o grupos son un catalizador de
la violencia, pero los factores externos también cumplen una función
importante. El "fracaso" de estados como Afganistán y Somalia fue facilitado
por la voluntad de los poderes externos de intervenir en pro de sus propios
objetivos estratégicos. En efecto, la importación de armas y los flujos de
apoyo financiero generados por la venta de recursos naturales y conquistados
por pequeños grupos de interés contribuyen a mantener e intensificar los
conflictos. Y si bien es cierto que el liderazgo político en los estados
propensos a conflictos es una condición necesaria para el cambio, no es
suficiente para lograrlo. También se necesita la capacidad de liderazgo de
los países ricos.
La adopción de nuevos enfoques respecto de la ayuda es un
buen punto de partida. Los estados débiles y frágiles no sólo reciben menos
ayuda de la necesaria en relación con su capacidad de usar con eficacia los
recursos, sino que también son víctimas de una gran imprevisibilidad en
cuanto al flujo. Las pruebas indican que estos flujos son inferiores en un
40% a lo que se justificaría según sus instituciones y el entorno de
políticas. La ordenación cronológica de la ayuda es otro problema. Con
demasiada frecuencia, los donantes se comprometen con grandes montos de
ayuda humanitaria en los períodos inmediatamente posteriores al cese del
conflicto, pero no siguen apoyando la reconstrucción económica en los años
siguientes.
Las exportaciones de minerales y otros recursos naturales no
crean los conflictos armados; tampoco los generan las armas pequeñas. Pero
los mercados de los recursos naturales y de armas pequeñas pueden proveer
los recursos para sustentar tales conflictos. Desde Camboya hasta Afganistán
y los países de África Occidental, las exportaciones de piedras preciosas y
madera han ayudado a financiar conflictos y debilitar la capacidad de los
estados. Los programas de certificación pueden cerrar oportunidades de
exportación, como lo demuestra el proceso de certificación Kimberley en el
caso de los diamantes.
Las armas pequeñas cobran más de 500.000 vidas anuales,
la mayoría de ellas en los países más pobres del mundo. Sin embargo, los
resultados de los esfuerzos internacionales destinados a controlar el mortal
comercio de tales armas han sido magros.
La fiscalización sigue siendo débil, la observación de los
códigos es voluntaria y enormes vacíos permiten que gran parte del comercio
haga caso omiso de las normas.
Existe una manera bastante efectiva en que los países ricos
podrían enfrentar las amenazas que los conflictos armados significan para el
desarrollo humano: respaldar las capacidades regionales. La crisis en Darfur
se podría haber reducido, o incluso evitado, con la presencia de una fuerza
de paz de la Unión Africana suficientemente grande y bien equipada,
particularmente si hubiera contado con el sólido mandato de proteger a los
civiles. Durante el momento más álgido de la crisis había menos de 300
tropas rwandesas y nigerianas vigilando lo que le sucedía a 1,5 millones de
darfuris en una superficie del tamaño de Francia. Construir capacidad
regional, desde la creación de sistemas de alerta temprana eficaces hasta la
intervención, sigue siendo una necesidad urgente para la seguridad humana.
Si la prevención es la vía más eficiente en función de los
costos para abordar las amenazas que imponen los conflictos armados,
aprovechar las oportunidades de reconstrucción es la segunda.
Los acuerdos de paz son con frecuencia el preludio de una
nueva ola de violencia: la mitad de los países que salen de conflictos
armados vuelven a caer en situaciones de guerra dentro del plazo de cinco
años.
Romper este ciclo exige un compromiso político y financiero
que brinde seguridad, vigile la reconstrucción y cree condiciones para el
desarrollo de mercados competitivos y la inversión del sector privado a
largo plazo. Tal compromiso no siempre ha sido explícito.
Si bien los ODM han sido un importante referente para el
avance hacia la "libertad para vivir sin miseria", el mundo aún no tiene un
programa coherente destinado a ampliar "la libertad para vivir sin temor".
Tal como lo ha afirmado el Secretario General de la ONU en su informe Un
concepto más amplio de libertad, la construcción de un marco para la
seguridad colectiva reviste crucial urgencia, un marco que vaya más allá de
las respuestas militares a la amenaza impuesta por el terrorismo y que
reconozca que la pobreza, las crisis sociales y los conflictos civiles
constituyen un componente medular de la amenaza a la seguridad mundial.
Entre los requisitos fundamentales para reducir esta amenaza se cuentan:
- Nuevo trato respecto de la asistencia.
No se justifica negar ayuda
a los estados propensos a conflictos o en situación de post-conflicto,
pues tal medida resulta perjudicial para la seguridad humana de los países
en cuestión, pero también para la seguridad mundial. Como parte del
requisito más amplio de alcanzar la meta de 0,7% del INB, los donantes se
deberían comprometer a un mayor esfuerzo asistencial y una mejor
previsibilidad de la ayuda mediante compromisos de financiación a largo
plazo. También deberían ser más transparentes respecto de las condiciones
para la asignación de asistencia y de sus razones para restringir las
inversiones en países propensos a sufrir conflictos.
- Mayor transparencia en la gestión de recursos.
Como integrantes de
los mercados de recursos naturales que ayudan a financiar los conflictos
y, en ciertos casos, socavan la responsabilidad de los gobiernos, las
compañías transnacionales que participan de la exportación de minerales
deberían ser más transparentes. En este sentido, el desarrollo del marco
legal internacional propuesto por la Comisión para África patrocinada por
el Reino Unido debería ser una prioridad, para permitir que se investiguen
las prácticas de corrupción en las que incurren las compañías en ultramar,
tal como se hace ya según la ley estadounidense.
- Terminar con el flujo de armas pequeñas.
La Conferencia de
Revisión de 2006 sobre comercio ilegal de armas pequeñas constituye una
oportunidad para acordar un Tratado de Comercio de Armas integral que
permita reglamentar los mercados y restringir el abastecimiento de las
zonas involucradas en conflictos armados.
- Construir capacidad regional.
Una prioridad inmediata y urgente en
África Subsahariana es crear, mediante apoyo financiero, técnico y
logístico, una fuerza de paz de la Unión Africana que funcione a
cabalidad.
- Construir coherencia internacional.
En su informe, el Secretario
General de la ONU pidió crear una Comisión Internacional para la
Construcción de la Paz, con el objeto de elaborar un marco que ofrezca un
enfoque integral para la seguridad colectiva. Como parte de este enfoque,
se debería crear un fondo mundial para financiar, a largo plazo y de
manera predecible, tanto la asistencia inmediata en los momentos de
post-conflicto como la transición hacia una reconstrucción de largo plazo.
Cuando los historiadores del desarrollo humano vuelvan su
mirada atrás hacia el año 2005, lo considerarán un momento crucial de la
historia. La comunidad internacional tiene la oportunidad nunca antes vista
de generar políticas y recursos que podrían transformar los próximos 10 años
en un genuino decenio en pro del desarrollo. Habiendo fijado un referente en
la Declaración del Milenio, los gobiernos del mundo podrían determinar un
rumbo que cambie el perfil de la globalización, provea renovadas esperanzas
a millones de personas pobres y vulnerables del mundo y cree las condiciones
para generar prosperidad y seguridad compartidas.
La alternativa de seguir
con la rutina nos llevará a un mundo dominado por el flagelo de la pobreza
masiva, dividido por profundas desigualdades y amenazado por inseguridades
compartidas. En países ricos y pobres por igual, las generaciones futuras
pagarán un alto precio por el fracaso de los líderes políticos en este
momento histórico, al inicio del siglo XXI.
Este Informe constituye la base para entender la magnitud
del desafío. Centrándose en tres pilares de la cooperación internacional,
destaca algunos de los problemas que deben abordarse y algunos ingredientes
que son cruciales para conseguir resultados positivos. Lo que no está en
duda es que como comunidad mundial tenemos los medios para erradicar la
pobreza y superar las profundas desigualdades que dividen a los países y a
las personas. La pregunta fundamental que a cinco años de la firma de la
Declaración del Milenio aún requiere respuesta, es si los gobiernos del
mundo están resueltos a dejar de lado antiguas prácticas y cumplir la
promesa que hicieran a los pobres del mundo. Si existe un momento oportuno
para ejercer liderazgo político decidido y promover los intereses comunes de
la humanidad, ese momento es hoy.