Año 2005 Vol.  III

Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos y el desarrollo rural

Desarrollo Humano Sustentable

Por Roque Roldán

Parte 1 /4

Fragmento del ensayo
"Desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe:
manejo sostenible de recursos naturales,
acceso a tierras y finanzas rurales"

La población indígena de América del Sur, Centroamérica y parte del Caribe, perteneciente a unas 600 culturas, supera hoy los 50 millones de personas, esto es, el 10% del total. Y aunque numéricamente varía de un lugar a otro, su presencia se traduce también en el valor de su historia, de su patrimonio cultural, de su dominio del espacio que habita, y del espacio mismo. El viejo modelo de relación de esos pueblos con el Estado, basado en la voluntad de este último de asimilación compulsiva, les ocasionó traumatismos y pérdidas irreparables. Sin embargo, sus esfuerzos organizativos y el avance institucional de las últimas décadas han abierto cada vez más la alternativa de que se articulen en las sociedades nacionales, con el reconocimiento formal y práctico de sus derechos fundamentales —entre los que figura prominentemente el derecho a la tierra— traducido en normas y en programas de gobierno.

Una revisión de las formulaciones y planteamientos de las comunidades indígenas y afroamericanas permite señalar las razones que, a su juicio, han permitido concluir que las modalidades de propiedad y manejo colectivos de las tierras son más eficaces cuando el objetivo es garantizar estabilidad y posibilidades de mejoramiento futuro. Entre dichas razones se mencionan la mayor seguridad en el mantenimiento del dominio territorial; la mayor protección a su integridad social y cultural como comunidades; el acceso al uso fácil y al manejo apropiado de los recursos naturales y a una adecuada base alimentaria; la contribución al desarrollo sostenible preservando su identidad; y el logro de un grado razonable de autonomía en el manejo de sus propios asuntos y de participación en los asuntos nacionales.

En este capítulo se propone una aproximación reflexiva al tema del dominio de la tierra, de particular interés para los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas, así como para las agencias de gobierno y entidades financieras y de apoyo que deben asumir responsabilidades de trabajo con estos sectores de la población. Se describen y analizan las modalidades que distintos países han venido utilizando para reconocerle a comunidades indígenas y afroamericanas el dominio de los territorios que ocupan y la forma en que estas modalidades pueden ser articuladas a las iniciativas de desarrollo con identidad que tales comunidades reclaman.

• el desarrollo del tema se formulan algunas observaciones sobre el recorrido histórico de estas comunidades y su situación política presente, para avanzar luego en la revisión de las formas actuales de tenencia y uso de la tierra, de las modalidades jurídicas bajo las que se les ha reconocido el dominio de sus territorios, y de las limitaciones y alcances de dichas modalidades.
• referencia al tema del desarrollo, se hace mención de las características más marcadas de los agentes que intervienen en los proyectos de mejoramiento de estas comunidades, señalando sus recursos y carencias. El examen de estas materias se orienta a obtener unas pautas que permitan, señalar un derrotero útil para comunidades indígenas y afroamericanas, gobiernos y organismos financieros interesados en alcanzar de manera conjunta los objetivos propuestos en los planes y programas de desarrollo de esta población.
• concluye que para abrir espacios al desarrollo de indígenas y afroamericanos se debe considerar el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales; procurar que los países que no lo han hecho ajusten su modelo de relación con los grupos étnicos a los nuevos lineamientos internacionales sobre la materia; respaldar iniciativas de avance en el reconocimiento territorial en países donde éstas no se han dado; definir políticas flexibles y evitar la réplica mecánica de experiencias, en consideración a la gran diversidad cultural de estos grupos; aceptar y adoptar la modalidad de esfuerzos colaborativos entre indígenas, gobiernos y entidades financieras; y por último, trabajar en la solución de vacíos y ambigüedades institucionales y de políticas de los gobiernos.

Los datos más confiables sobre la población indígena en América Central y del Sur muestran una cifra cercana a los 52 millones de personas, esto es, un 11% de la población total en esa parte del continente (Cuadro 6.1). Un 88% estaría constituido por las etnias Azteca, Maya, Quechua y Aymará, descendientes de las grandes sociedades mesoamericanas y andinas precolombinas. Se trata de un sector caracterizado hoy por una carencia general de gobierno propio y por una mediana inserción a las economías regionales y locales en las que participan como vendedores de excedentes agropecuarios y productos artesanales, y frecuentemente como mercado de mano de obra disponible para empresarios rurales y urbanos. Su constante interrelación con la población no indígena ha inducido cambios en todas las esferas de la vida comunitaria y de su patrimonio cultural ancestral.

Un segundo sector, que representa el 12% de la población indígena total, se encuentra conformado por una amplia gama de pueblos y comunidades indígenas que, por su relativo aislamiento del resto de la población en áreas selváticas y periféricas o por su resistencia a la asimilación, ha conseguido mantener en forma más acentuada rasgos importantes de sus culturas ancestrales. Este sector agrupa a pueblos que nunca estuvieron articulados a las grandes sociedades políticas precolombinas, y que en muchos casos fueron tardíamente contactados por las sociedades colonial o republicana.

Las acciones de expoliación y sometimiento de los pueblos indígenas durante la Conquista y la Colonia prosiguieron con el nacimiento de las nuevas repúblicas. Al amparo de los principios filosóficos igualitarios que orientaron las luchas de independencia, las formas de autogobierno y dominio comunitario que mantenían los indígenas sobre la tierra fueron vistas generalmente como un obstáculo para la consolidación de los nuevos regímenes. ¹

De ahí que los procesos de reducción, sometimiento, y a veces de exterminio, emprendidos contra los indígenas por el Estado o por los particulares con la tolerancia de aquél, pudieran repetirse durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, ante la indiferencia de la comunidad internacional. ² El botín perseguido con estas operaciones era el de las tierras y la mano de obra de las comunidades. Hubo insurrecciones indígenas en casi todos los países, así como repliegues masivos de comunidades a zonas inhóspitas. Las confrontaciones tuvieron diferentes matices y en algunos casos se prolongaron hasta ya muy avanzado el siglo XX. ³

La lucha de resistencia de los pueblos indígenas, los cambios en las políticas internacionales sobre minorías y los avances de las ciencias sociales han sido factores determinantes en la definición de nuevas formas de relación entre las sociedades nacionales y los primeros. En este proceso pueden mencionarse algunos hitos importantes. La Constitución peruana de 1920 consagró por primera vez en América la existencia legal de las sociedades indígenas y su derecho de dominio imprescriptible sobre la tierra. En México en 1940, el Congreso de Pátzcuaro creó el Instituto Indigenista Interamericano que trazó algunas pautas para la defensa de los indígenas. La OIT, mediante los Convenios 107 de 1957 y 169 de 1989, abrió espacios de respeto a los derechos fundamentales de los indígenas, entre ellos el de tener su propio territorio. En América Central y del Sur, el Estado ha comenzado a avanzar en esta misma dirección en forma progresiva.

El hecho de que más de un 10% en promedio de la población total de América Central y del Sur sea indígena representa para los gobiernos la obligación de responder a las necesidades básicas y de desarrollo de este sector, cuya magnitud en algunos países se acerca o supera al 50%. Pero además de la incidencia numérica de estas comunidades, que cumple su papel en la estabilidad de los sistemas políticos y en las posibilidades y características del desarrollo, se deben considerar otros factores:

• El patrimonio cultural de los pueblos indígenas, preservado contra todas las contingencias, enriquece a las naciones ayudándolas en la búsqueda de su identidad.
• La solidaridad y comunitarismo de las formas de organización indígenas constituyen un elemento de reflexión sobre los modelos de relación de nuestras sociedades.
• El saber acumulado que ha permitido a los indígenas sobrevivir milenariamente en terrenos inhóspitos e insalubres, disponiendo moderadamente de los recursos y especies naturales que conocen bien y que hoy son codiciados por empresas particulares, debe ser defendido por los países como parte esencial de su patrimonio.

Finalmente, la misma magnitud de los territorios que, con título o sin él, ocupan los pueblos indígenas, hace que el reconocimiento legal de sus derechos sea una forma de defender el país, puesto que las tierras ocupadas coinciden muchas veces con zonas limítrofes o con reservas naturales que comprenden valiosos recursos. ⁴

En las últimas tres décadas los indígenas han alcanzado resultados notables en diversos campos de su interés, como son la formación y consolidación de sus organizaciones, el respeto ganado ante las sociedades nacionales, el reconocimiento institucional, la legalización de tierras, y la obtención de algún grado de autonomía en el manejo de sus asuntos internos y en la capacidad de intervenir en los asuntos de la vida política de su país. Pese a estos avances, las sociedades indígenas buscan la concreción de muchos de los derechos ya mencionados y de otros, entre los cuales figuran el desarrollo legal de las garantías acogidas en las constituciones y los convenios internacionales; la consolidación de los procesos de entrega de tierras; una mayor autonomía para el manejo de sus asuntos internos; medidas que les permitan erigirse en entes político administrativos en aquellos casos en que las constituciones les han concedido esa opción; libertad de intervención en la explotación y usufructo de recursos naturales renovables y poder de participación en la explotación y manejo de los no renovables; y el derecho a acceder al desarrollo político y económico sin sacrificar su pensamiento, sus valores ni su forma de relacionarse con el medio natural en que habitan, elementos éstos constitutivos de su identidad cultural.

El mantenimiento de los avances y la satisfacción de las expectativas dependerán sin duda de la fuerza y coherencia que consigan mantener los indígenas en su organización, así como de la actitud de cada Estado frente a estos grupos, y de la labor de las organizaciones y entidades interesadas en la defensa de sus derechos. Sin embargo, parece necesaria una revisión crítica constante de aquellas actitudes y acciones de cada uno de estos sectores que pudieran incidir negativamente en el desarrollo del proceso. Conviene hacer hincapié en el hecho de que los avances logrados por los indígenas se han limitado a unos pocos países centro y suramericanos, pues son muchos los que todavía no han realizado esfuerzos significativos en la revisión del viejo modelo de relación con sus poblaciones indígenas.

Notas

[1] En un estudio sobre el desarrollo del movimiento indígena mexicano, Mejía Piñeros y Sarmiento Silva (1987) dicen que "con la independencia se estableció la igualdad formal de todos los habitantes de la república, figura jurídica que nunca correspondió a la realidad. Los sectores dominantes que emergieron del triunfo en la guerra de independencia se dieron a la tarea de construir la nación. Con ciertos matices entre conservadores y liberales, en el proyecto de nación que éstos impulsaban no tenían cabida los indios debido, entre otras cosas, a que eran considerados un obstáculo para el desarrollo. Hacerlos desaparecer, a través del despojo sistemático de sus tierras y acabar con sus formas de vida y cultura, se volvió un imperativo para los artífices de la nueva patria".

[2] Salvo casos excepcionales como el de la explotación del caucho en la Amazonía a costa de la vida de millares de indígenas.

[3] Así sucedió, al parecer, en las campañas militares adelantadas en el siglo XIX por los gobiernos de Argentina y Chile para conseguir el sometimiento de los indígenas que poblaban las regiones del sur. Lo propio ocurrió en Colombia, para mencionar sólo un caso de este país, con las reiteradas operaciones militares contra el pueblo Motilón-Bari de la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela.

[4] Un estudio realizado por el Tratado de Cooperación Amazónica (1997) señala un total de 386 pueblos indígenas como ocupantes de tierras en la región amazónica, cuyo dominio comparten ocho países. Este mismo estudio da cuenta de cómo, hasta el año 1996, en sus programas de legalización territorial a estas agrupaciones, los gobiernos involucrados habían atendido a un 56% de esta población con una superficie que alcanzaba los 109 millones de ha.