Año 2005 Vol.  III

Territorios colectivos de indígenas y afroamericanos y el desarrollo rural

Desarrollo Humano Sustentable

Por Roque Roldán

Parte 2 /4

Se hace referencia aquí a las formas de tenencia y uso tradicionales de la tierra, entendiendo por tales las que han sido asimiladas por los indígenas a sus sistemas de organización y de vida tradicionales, independientemente de que lleven mucho o poco tiempo de uso. También es necesario señalar que, por la infinidad de variables originadas en la diversidad geográfica y condiciones de distinto orden de los entornos donde tienen asiento las comunidades, ha sido preciso reducir el enunciado de estas formas a unas pocas categorías arbitrarias y simplificadas.

Comunidades con tierras colectivas propias y una larga vinculación a la economía de mercado con actividades agropecuarias reducidas. Entrarían en esta categoría, entre otras, comunidades de la Sierra ecuatoriana con familias que trabajan para su manutención y llevan el excedente a los mercados locales; comunidades del Cauca, en Colombia, que tienen una economía similar a los anteriores y habitan en resguardos coloniales; comunidades andinas del Perú; y los pueblos Ngöbe-Buglé de Panamá. En este sector, el sentido de apropiación comunitaria tiene una proyección mayor hacia el exterior, dado que en el interior la tierra está regularmente parcelada y se trabaja y aprovecha en forma familiar. Se mantienen, no obstante, formas de cooperación laboral entre vecinos.

Comunidades con poca tierra o sin ella y una larga vinculación a la economía de mercado. Puede mencionarse en esta categoría a las comunidades de los valles interandinos colombianos, las comunidades ecuatorianas no cobijadas por la reforma agraria, algunas del pueblo Chortí de zonas limítrofes entre Honduras y Guatemala, otras de la región central de Guatemala; y varias comunidades supérstites del Pacífico nicaragüense. En muchas de estas comunidades la tierra es ajena o, cuando es propia, de poca extensión y mala calidad.

Los productos de la tierra, cuando los hay, son regularmente para el consumo familiar. La falta de excedentes lleva a los indígenas a otras actividades como el trabajo asalariado, las labores artesanales, etc.

Comunidades con tierras propias y medianamente articuladas a la economía de mercado, dedicadas a actividades agropecuarias, artesanales, turísticas, y caza y pesca. Se agrupan en esta categoría comunidades que han obtenido la legalización de grandes territorios como los Wayú y los Arhuacos, de Colombia; los Kuna de San Blas y Ngöbe-Buglé (de las así llamadas comarcas) en Panamá; los Shuar de la Amazonía ecuatoriana; y los Miskito que, aunque no han obtenido aún la legalización de sus tierras, ocupan amplias zonas de la costa atlántica centroamericana. En ellas la noción comunitaria de tenencia de la tierra tiene una cierta proyección política hacia afuera, porque al interior suelen estar divididas por familias o clanes. Sin embargo, la amplitud de los territorios les permite mantener áreas de uso comunitario. Aunque comercian con recursos de su territorio o productos de su trabajo, no dependen del mercado para subsistir.

Comunidades de regiones selváticas o periféricas y/o distantes de los grandes centros metropolitanos y polos de desarrollo económico. Pueden mencionarse aquí comunidades de distintos países asentadas en la Amazonia y la Orinoquia, lo mismo que comunidades Embera y Waunan de Colombia y Panamá, y Teribe de este último país, en la frontera con Costa Rica. Este sector comprende comunidades que habitan territorios de difícil acceso, legalmente reconocidos o no. Se mantiene en ellas una noción de dominio colectivo del territorio y, por lo general, sólo una noción de usufructo transitorio sobre el suelo. Aunque mantienen muy débiles relaciones con el mundo externo y se autoabastecen en sus necesidades alimentarias básicas, comercian algunos productos naturales y artesanías para conseguir algunos artículos de los mercados locales (ropa, herramientas, remedios, etc.).

Comunidades indígenas de regiones selváticas periféricas muy afectadas por la colonización o por actividades extractivas. Podrían agruparse aquí distintas comunidades que han visto usurpado su territorio por el avance de la colonización y las actividades extractivas, como lo son las de Koreguaje y Sicuani, en Colombia; Kofán, Inga y Siona, habitantes de la zona limítrofe entre Colombia y Ecuador; Kuna de Madugandí en Panamá y pueblos indígenas de la costa atlántica hondureña. En estas comunidades, el despojo total o parcial de su territorio ha quebrado sus formas de vida y de trabajo y las posibilidades mismas de manutención. Algunos sectores de estas comunidades han decidido emigrar a tierras más distantes, y los que permanecen se ven forzados al trabajo asalariado y, en algunos casos, como en el sur de Colombia, a la siembra y cuidado de cultivos ilícitos.

En aplicación de la vieja política de integración y asimilación compulsiva de los pueblos indígenas, durante todo el siglo XIX y la primera mitad del XX, los Estados latinoamericanos orientaron medidas legales y acciones a liquidar las formas colectivas tradicionales de propiedad territorial, así como las formas semiautónomas de gobierno que dichos pueblos habían conseguido mantener durante el período colonial. Se alegaba el carácter atrasado y antieconómico de estas instituciones y el obstáculo que representaban para consolidar la unidad nacional (Caro, 1979). ⁵ La aplicación de esta política originó amplios movimientos de resistencia indígena en todos los países, pero el Estado respondió por lo general con medidas de fuerza, llegando así a consolidarse la parcelación de la inmensa mayoría de las tierras comunales indígenas en América Latina (Samper, 1997) ⁶ Sólo bajo una especie de régimen de tolerancia consiguieron mantenerse, en países como México, Ecuador y Perú, algunas comunidades territoriales indígenas. Siguiendo este mismo pensamiento, las leyes sólo contemplaban la titulación individual de tierras baldías para todos los colombianos, sin distinciones étnicas ni de cultura.

A partir de los años sesenta, después de aprobados algunos instrumentos jurídicos internacionales como la Convención de Pátzcuaro y el Convenio 107 de 1957 de la OIT, empezaron a acogerse en la región regímenes que favorecían la entrega legal de tierras colectivas a las comunidades indígenas en el marco de las leyes agrarias auspiciadas por la Alianza para el Progreso. En un comienzo, estos regímenes presentaban ambigüedades y vacíos que poco a poco se han venido corrigiendo. Entre los países de América Central y del Sur que han adoptado regímenes para el reconocimiento de tierras colectivas a indígenas y han avanzado en el cumplimiento de este propósito se encuentran Costa Rica, Panamá, Colombia, Guyana, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay. Y aunque países como Nicaragua, Honduras y Venezuela han acogido ordenamientos, incluso de carácter constitucional, que reconocen los derechos territoriales indígenas, no han realizado acciones significativas para darles cumplimiento. En el Cuadro 6.2 aparecen las cifras de legalización de tierras en favor de grupos indígenas en Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

En la tipología de títulos a través de los cuales los Estados latinoamericanos han venido haciendo entrega legal de tierras colectivas a los indígenas, pueden distinguirse tres grandes modalidades: los títulos que otorgan el dominio colectivo de la tierra bajo un régimen independiente del ordinario de la propiedad civil y que le atribuye a las comunidades algún grado de autonomía para su administración y aprovechamiento; los que otorgan el dominio colectivo pero sin definir para su administración y manejo un régimen propio, y sin esclarecer con precisión la forma de administración; y los títulos en los que se transfiere a las comunidades el simple usufructo de la tierra y el Estado se reserva el dominio de la misma. Por vía de ejemplo de las figuras jurídicas que se han utilizado en la entrega legal de tierras se examinan enseguida, con algún detenimiento, los casos de Colombia, Ecuador y Panamá, y se formulan algunas consideraciones breves en torno a las experiencias de Brasil y Costa Rica.

Notas

[5] Esta unidad nacional, a tono con el pensamiento en boga, debía apuntar a la formación de una sociedad que, en palabras de un dirigente político colombiano de fines del siglo XIX, se identificara con "una sola religión, una sola lengua y una sola estirpe".

[6] Sobre los efectos dejados por estas parcelaciones de tierras comunales han quedado testimonios fehacientes. Hablando de lo ocurrido en Colombia, dice un historiador del siglo XIX: "Los pobres indígenas fueron inducidos a vender sus pequeños lotes de tierra, en los cuales tenían choza propia, gozaban de tierra independiente, y encontraban una base segura para subsistir. En pocos años toda esa propiedad quedó concentrada en pocas manos, el indio pasó a ser arrendatario, la tierra fue destinada a crías o cebas de ganado y el consumo de víveres perdió gran parte de las fuentes que lo alimentaban. Todo esto como resultado de la teoría de la libertad planteada sin previo estudio de los hechos sociales". (Samper, 1997).