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Parte 5 /6
Condiciones para la reconciliación
 Está claro que la tarea de la reconciliación es ingente,
difícil y laboriosa, pero no imposible. En ese proceso es factible encontrar
muchos compañeros de viaje, muchas fórmulas para allanar el camino, muchas
puertas abiertas para mantener viva la esperanza. Sabemos que no puede
decretarse, que no puede imponerse, que no es un conjunto de actos
superfluos, sino sometidos a la justicia, al control de una sociedad civil
que clama por su reconstrucción y por encontrar espacios para reconocerse y
evaluarse. En este punto, no obstante, la reconstrucción de las sociedades
dañadas por procesos bélicos, sistemática violación de los derechos humanos,
o sociedades sufrientes de un largo período de dictadura necesitan
establecer un mínimo protocolo para abordar con una cierta garantía de
autenticidad la tan deseada reconciliación. Como todos los protocolos su
virtualidad está en su capacidad de adaptabilidad y flexibilidad en función
de las necesidades, las demandas y la funcionalidad que ha de desempeñar en
cada proceso. Asimismo, este tratamiento pautado y paulatino que combina
debate y acción debe de partir de lo más particular a lo más general, de lo
más simple a lo más complejo, coordinando niveles y escalas secuenciales.
Nuestra observación de algunos de estos procesos de
reconciliación o de intento de reconciliación, especialmente en América
Latina, nos ha hecho interpretarlos según estas pautas o fases:
1º) Reconocer que ha habido víctimas y victimarios: es una
primera llamada de atención general que hace despertar la alarma social,
pero sobre todo moral de la sociedad, que hace aflorar voces silenciadas,
las primeras denuncias, los primeros debates verdaderamente públicos que
reconocen el sufrimiento vivido y producido. Es, también, un trabajo de
recuperación y rescate de la memoria y del recuerdo tan interesante como
necesario puesto que de lo contrario se olvidaría, se apagaría y se trivializaría el sufrimiento producido. Hay sociedades donde este
reconocimiento parece resultar casi inmediato, por ejemplo, durante el
propio proceso de lucha armada o de violación de derechos humanos, pero
puede ser un falso reconocimiento que no ayuda a la reconciliación sino a la
justificación de las violaciones comedidas por cada cual: serían entendidas
como meras pérdidas de guerra. No, no es esto.
En otros casos, han sido necesarios muchos años para que
este reconocimiento se haga real, público y aceptado, muchos años en los que
ha persistido el silencio respaldado por la amenaza de los que violaron para
que sus actos no fuesen conocidos y precisados, en otros porque parecía la
mejor opción para evitar nuevos estallidos de violencia mediante el sistema
de venganzas; sin embargo, silenciar todo lo que ha sufrido una parte de la
sociedad en favor de un supuesto «bien común», es reconocer –como poco– que
la amnesia es mejor que la verdad, o que los fantasmas del pasado nunca
volverán, o que una sociedad que se estime a sí misma puede vivir negándose
su propia dignidad.
Estimamos que, por muy doloroso que resulte, reconocer
que ha habido víctimas y victimarios, perfilar el papel que ha tenido cada
actor durante el conflicto violento, y hacerlo público, es una condición
necesaria para poder abordar fases posteriores con un cierto éxito.
Así como reconocer todos los actores indirectamente
implicados y sufrientes que, en el caso de algunas sociedades, constituyen
un elemento importantísimo de la continuación del reconocimiento del
catálogo de víctimas.79
2º) Catálogo de los horrores (y errores): saber de forma
genérica que ha habido víctimas y torturadores no es suficiente, hay que
saber qué sucedió, hay que cuantificar y cualificar el daño producido y los
responsables directos. Generalmente, este trabajo lo realizan unos
organismos creados a tal efecto, que suelen llevar por título el de
comisiones de la verdad, el perdón, el esclarecimiento o la reconciliación.
Estas actúan investigando y ayudando a las sociedades a enfrentarse
críticamente con su pasado, a fin de superar las crisis y los traumas
generados por la violencia, conociendo sus causas, identificando los
elementos en conflicto, investigando los hechos más graves de violaciones de
derechos humanos y estableciendo (en su caso, si así es su mandato) las
responsabilidades jurídicas correspondientes.
El siempre difícil trabajo de estas comisiones ha ayudado a
identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones y conexiones, el
escritor Ernesto Sábato decía –para el caso argentino–«debimos recomponer un
tenebroso rompecabezas, después de muchos años producidos los hechos, cuando
se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda la
documentación y hasta se han demolido edificios».80 Asimismo, su labor
permite reivindicar la memoria de las víctimas, proponer políticas de
compensación de daños, e impide que los que participaron en las violaciones
sistemáticas de derechos humanos puedan seguir ejerciendo en cargos públicos
evitando que desprestigien el estado de derecho.
Las comisiones, por lo general, están formadas por expertos
juristas, historiadores, personas de prestigio social y político reconocido,
y todas ellas ayudadas por agencias gubernativas, organismos internacionales
u organizaciones no gubernamentales, generalmente peritos en la defensa de
los derechos humanos, conocedores de los procesos de pacificación
(mediadores, irenólogos, constructores de paz), junto a otro tipo de
profesionales (abogados, médicos, forenses, etc.); todos ellos profesionales
cualificados y neutrales que emiten un informe veraz y contrastado tras un
período, generalmente menor a dos años, en el que se recogen pruebas
periciales y testimoniales.
Habitualmente estas comisiones no se constituyen
como tribunales, en consecuencia no actúan como tales, aunque suelen tener
un gran poder para solicitar investigaciones paralelas, recopilación de
pruebas, o para hacer recomendaciones al gobierno o a posteriores tribunales
(sean estos nacionales o internacionales).
El nacimiento de estas comisiones
(si exceptuamos las formadas para la postguerra mundial y otras guerras como
las del Vietnam) tienen cerca de veinte años de vida, siendo las primeras
las de Argentina (de mandato oficial) y Brasil (de mandato no oficial)–
presididas por el escritor Sábato y el arzobispo de Sao Paolo Cardeal Arns,
respectivamente–, que publicaron sendos informes con el significativo título
de Nunca más. 81 A estas siguieron, las de Chile, El Salvador y Perú, todas
ellas con carácter de oficial. Así, como en Paraguay con el Comité de
Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) sobre la dictadura de Stroessner;
el Servicio de Paz y Justicia lo hizo con Uruguay; y también otras
organizaciones lo confeccionaron para Bolivia, Colombia y Honduras. Fuera de
América las más conocidas han sido las africanas de Sudáfrica y Rwanda.
3º) Fases del perdón, del reconocimiento y de la justicia:
es uno de los episodios más difíciles de todo el proceso. En ella se acomete
la transición del miedo a la confianza.
Perder el miedo al miedo no es fácil, requiere tiempo y
gestos, es una labor marcada por las cautelas y por la permanente
observación de todos los acontecimientos y de los actores entre sí.
Se comienza, siempre, por un estado de evidente temor,
recelo y desconfianza social y política especialmente hacia aquellos
sectores que habiendo sido victimarios o habiendo sido aparentemente
neutrales en las fases más agudas del conflicto, pretenden ahora ser los
incitadores, iniciadores o continuadores de los cambios políticos que se
están produciendo. También hay temor y desconfianza porque el proceso
iniciado puede parecer endeble y, por tanto, reversible, pudiendo volverse a
etapas anteriores de escalada de la violencia. Sin embargo, si se saben
resolver estos primeros recelos –más o menos temporales–, se comienzan a
producir los primeros encuentros entre los diferentes actores (a una escala
intermedia y menor) que se auto-reconocen como interlocutores válidos.
Posteriormente, comienza a resultar normal que partícipes del conflicto
muestren un análisis de las etapas de violencia acentuando errores propios,
expresando arrepentimiento o, directamente, pidiendo perdón. En esta fase,
que como puede suponerse suele ser coetánea a la anterior, pueden jugar un
gran papel instituciones históricamente estables y muy reconocidas
socialmente, que han podido tener una gran responsabilidad y protagonismo en
las primeras fases del proceso de negociación previo al final de la escalada
de la violencia, como puede ser el caso de la Iglesia, la Universidad, los
intelectuales en general, agencias de mediación internacionales,
organizaciones no gubernamentales de prestigio, etc. En este sentido, la
prensa puede jugar un papel destacadísimo, de carácter pedagógico y moral,
del que nunca debiera de sustraerse, propiciando foros de encuentro,
acercando posiciones encontradas, etc.
Asimismo, la aplicación de la justicia resulta muy
importante para evitar la posibilidad de instalar el olvido o la impunidad
total. Se ha criticado, con razón, la aprobación precipitada de leyes
denominadas de «obediencia debida», de «caducidad» o de «punto final»,
cuando esos mismos gobiernos responsables de delitos contra los derechos
humanos tenían firmados tratados internacionales (de persecución de crímenes
contra la humanidad, sobre Derechos civiles y políticos, sobre Genocidio, o
contra la Tortura, entre otros) que les obligan, política, jurídica y
moralmente a no ceder a la impunidad. Sin embargo, la realidad política
conduce, en ocasiones, a negociar con muchas dificultades este apartado,
pero resulta una condición sine qua non para un futuro esperanzador.
Igualmente, el estado de derecho que nace se justifica a
sí mismo impartiendo justicia y ofreciendo a aquellos presuntos violadores
de derechos, las garantías de un proceso justo y honesto que ellos mismos no
otorgaron a sus víctimas.
4º) Definición de los que deben ser los actores (directos)
de la pacificación, rehabilitación y reconciliación: debe estar claro que el
sujeto fundamental de la reconciliación es toda la sociedad, no puede ser de
otra manera, de lo contrario estaríamos asistiendo a una farsa. Sin embargo,
hay algunos apartados más específicos en todo proceso de reconciliación en
que no cabe más remedio que entrar en pasos y tratamientos de negociación y
pacificación, en donde no puede estar toda la sociedad negociando entre sí.
Han de definirse mediadores, árbitros, intervinientes, cómo
realizar las evaluaciones de las negociaciones, cómo tratar la información
que se derive de estos actos para hacerla llegar a toda la sociedad, etc.
Evidentemente esta fase suele ser también bastante coetánea a las anteriores
y, en ella, los actores y actrices más directos y determinantes en la
negociación se van definiendo, en ocasiones, seleccionando paulatinamente en
función de las circunstancias del propio proceso de pacificación.
Debería de quedar claro que los actores directos de
cualquier reconciliación deberían de ser las víctimas (supervivientes y
familiares de éstos) y los victimarios, pero tampoco se pueden olvidar a los
cómplices, a los que nada hicieron pudiendo intervenir, a los muertos, los
que fueron a la vez víctimas y agresores, a los países vecinos y, por
supuesto también, a las generaciones futuras. Todos ellos completarían el
amplio espectro de la reconciliación.
Manifestado así parece claro pero, en la práctica, no
resulta tan fácil saber quiénes son cada uno de estos actores, o quiénes los
van a representar, así como el peso específico que ha de tener cada elemento
en ese proceso negociador, etc.. Asimismo, en esta fase deberían de tratarse
múltiples temas que pueden quedar ajenos al trabajo de las comisiones y que
seguro que llevarán en su agenda aquellos que hayan sido reconocidos como
los actores directos de la pacificación-negociación como parte del proceso
reconciliador. 82
5º) Agendas de reinserción y rehabilitación: esta
etapa tiene mucha relación con el desarrollo y resultado de la número dos y
cuatro (comisiones de la verdad y actores). En las agendas se deben
establecer qué va a ocurrir con aquellas personas que han sido denunciadas
por las comisiones de la verdad y han soportado causas judiciales, o se han
beneficiado de algunas formas de amnistía general, de indulto particular o
de perdón político. Las agendas cuando se confeccionan deben de pensar en un
trabajo a desarrollar durante al menos una generación; que cuenten con un
gran respaldo económico, político y social; asimismo, no sólo deben de
pensar en el reinsertado sino en un plan integral en el que se beneficie la
comunidad donde va a realizar su nueva vida. En algunos casos, donde la
cantidad de reinsertados es muy alta, y no es posible otra solución mejor se
opta por una simple desmilitarización de tropas o de la conversión de éstas
en la futura policía. En otros casos es apoyo económico, psicológico o
social, bien para las víctimas y/o para los victimarios. A tal efecto se
crea todo un aparato burocrático de seguimiento y unos programas específicos
para abordarlos. En este trabajo la labor de personal especializado de
Naciones Unidas, junto a profesionales con una gran experiencia en estos
casos resulta fundamental.
En gran medida, muchos procesos de reconciliación
fracasan total o parcialmente (o resultan insatisfactorios) porque las
agendas y planes de la reinserción no se han planteado bien (por ejemplo
asociados a directrices de quienes prestan el dinero para la reinserción
como el Fondo Monetario Internacional que asocia el préstamo a iniciar
políticas de ajuste), o carecen de recursos económicos, que en muchas
ocasiones quiere decir falta de voluntad política.
Asimismo, no se pueden olvidar de estos planes la
reinserción de población refugiada o desplazada que ha de volver a sus zonas
de origen, generalmente, con grandes dificultades producidas por el
desarraigo, el miedo o la pérdida de familiares y bienes.
6º) Plan general y planes específicos para la reconstrucción
económica, social y psicológica: se trata de un programa paralelo y más
ambicioso que las agendas de reinserción (que están pensadas sólo para los
reinsertados y su comunidad). Consiste en la reconstrucción de la economía
nacional y el inicio de los primeros pasos para ubicar la economía dañada
por el conflicto en una mejor disposición para insertarse en el concierto
económico internacional. Se tratará de un plan general de estabilización que
reconduzca la macroeconomía, permita establecer análisis de resultados y
planes anuales (o de otro período de tiempo) con objetivos posibles y
deseables. También lo es de apertura al exterior, con entrada de capitales y
de préstamos para la reconstrucción. Aquí tiene mucho sentido advertir que
la generosidad de los gobiernos extranjeros que ayudan al proceso de
pacificación, reconstrucción y, por fin, de reconciliación, resulta
esencial, dicho de otro modo si la reconstrucción se aprovecha para mantener
un intercambio desigual, un comercio injusto, y una dependencia política del
país en reconstrucción mal camino y difícil, sino imposible será aquélla. Es
fundamental que estos planes reconozcan las causas y los fundamentos
primigenios que originaron la violencia desatada: sea el mal reparto de la
riqueza, el peso de ciertos sectores sociales y económicos en la dirección
del país, o una negativa dependencia del exterior, entre otras muchas. Sean
las que sean debe de abordarse con sinceridad para poner en marcha reformas
estructurales que permitan no repetir errores del pasado.
En otro orden de cosas también resultan muy importantes las
formas de reconstrucción psicológica de los tejidos sociales dañados,
especialmente de aquellos sectores más débiles: víctimas y torturados,
niños, mujeres, excombatientes, refugiados, desplazados, etc., que pueden
requerir de ayuda psicológica específica, atención médica especializada o
tratamientos de por vida de secuelas y enfermedades contraídas en los
períodos de violencia. En este terreno es utilísimo el trabajo que realiza
la diplomacia popular no violenta a través del peacemaking y peacebuilding.83
Asimismo, la reconstrucción social pasa por fortalecer a la
sociedad civil generalmente muy maltrecha, así como vivificar y robustecer
todos los mecanismos de alerta y prevención de futuros conflictos, creando
las instancias e instituciones, así como los hábitos de la negociación y de
la resolución de conflictos por medios pacíficos como una tarea fundamental.
Esto nos conduce a la última etapa del proceso de reconciliación.
7º) Modelo de democracia: la aspiración última debe ser
siempre la instauración de un régimen democrático, social y de derecho, que
permita la participación, el pluralismo y el ejercicio de las libertades.
Pero aquí tampoco vale generalizar, cada sociedad debe buscar, mediante un
debate sincero y abierto, sus propias fórmulas, alimentándolas con sus
propias experiencias del pasado, conociendo también sus limitaciones y sus
verdaderas posibilidades. Se puede, también, buscar modelos que ya han
tenido éxito pero sin caer en la pura imitación. Se debe tener presente,
también, que el establecimiento de un régimen democrático es una sabia
combinación de imperfecciones, de pactos y formas de consenso donde todos
han de dosificar sus apetencias y donde hay que priorizar y jerarquizar en función de elementos básicos para la convivencia en paz, como son la
solidaridad, el principio de justicia social y de igualdad de oportunidades.
La democracia que se construya debe traer consigo aquellos elementos que
permitan evitar la vuelta a las violencias del pasado.
La reconciliación
social o nacional (como a algunos les gusta llamar) de alguna manera se
cierra cuando la democracia se ha consolidado como régimen en el que todas
las aspiraciones razonables son posibles y donde ninguna causa política o
social es olvidada. Una democracia se precia no tanto porque sea el gobierno
de las mayorías sino porque se respeta escrupulosamente a las minorías,
porque existen unas reglas de juego claras y respetadas por todos y porque
hay verdadera alternancia política, con propuestas diferenciadas y diferenciadoras. La democracia alimentará la paz y ésta a aquélla. Asimismo,
una democracia fuerte y consolidada podrá amortiguar mejor las futuras
tensiones, crisis y conflictos de los que ninguna sociedad está exenta,
porque un régimen de libertades sólo puede verse e interpretarse como salud
mental para sus ciudadanos, donde la palabra, la confianza, el respeto y la
convivencia presiden los actos sociales. Para todo ello hay que sembrar,
desde la escuela, la función pública, la acción política, la judicatura, la
milicia, el mundo empresarial, etc., una ética pública fundamentada en los
derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones públicas y el
respeto a las libertades.
Notas
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