Parte 1 / 2
Introducción a los
conflictos sociopolíticos y medioambientales preexistentes
Los regímenes de democracia formal establecidos en la región
durante los años 80, no han resuelto los principales conflictos
sociopolíticos y medioambientales latentes. Por el contrario, la retórica
democrática tiene la potencialidad de ampliarlos. Al limitar el recurso
autoritario de represión incontinente y posibilitar la emergencia de nuevos
actores y propuestas, los regímenes democráticos se convierten en entornos
catalizadores de conflictos, en lugar de promover soluciones socialmente
constructivas.
Después de dos décadas de intensa experimentación
democrática en Latinoamérica, el panorama se muestra desolador. Lo precario
de las condiciones de gobernabilidad resultante de sus débiles
instituciones, la expansión de las expectativas sociales y su concurrente
frustración, la tenacidad de las asimetrías sociales y entre naciones, más
el flagelo de conductas ilícitas, como el narcotráfico, corrupción, y otras,
concurren en la explicación de este escenario.
Los principales conflictos sociopolíticos de las dos ultimas
décadas del pasado siglo fueron expresión de una amalgama formada por la
pobreza, la exclusión y las ideologías socialistas, en la cual esta última
fue la variable que dotó de racionalidad y perfil al conjunto causal. Esta
generalización se aplica al singular conflicto armado interno de Colombia,
que contrasta con la situación actual.
La impronta de la revolución cubana tuvo profundo arraigo en
la región. Durante los años 70 y 80, la imagen de Che Guevara constituyó
acaso el principal símbolo de identidad común entre los jóvenes de la
región. Muchos no se resignaron a vivir en el reino de las imágenes y
persiguieron, de diversos modos, cómo dar sustancia a su rebeldía idealista.
En Latinoamérica, la bipolaridad mundial encontró sus propios referentes en
las asimetrías sociales. Ésta pudo ser una etapa mundial sin gran
continuidad endógena –y así lo fue en países donde las sociedades habían
alcanzado mayores niveles de cohesión basados en la equidad- pero los
propios desgarramientos sociales de la región latinoamericana, sumados a las
estrechas interpretaciones que de ellos hiciera el hegemon
hemisférico, decidieron un curso distinto, más destructivo.
Durante los años 80 y 90, el eje de la conflictividad social
generalmente se desplazó hacia el terreno de la política legal: Las ánforas
del sufragio sustituyeron a los fusiles, aunque dentro de un entorno plagado
por el caudillismo, la falta de convicciones democráticas y la ausencia de
sistemas de partidos sostenibles. Un dato alarmante sobre esta situación es
la entrada recurrente en escena –muchas veces debido a brevísimas
coyunturas— de movimientos políticos explícitamente diferenciados del perfil
partidista, y de caudillos de abierta proclividad autoritaria.
El caso peruano fue singular en su materialización, pero
expresivo de las condiciones y carencias regionales que constituyen factores
potenciales de conflicto. Sendero Luminoso no fue el ejército de los pobres
del campo, ni logró la reivindicación de quienes sufrían profundas
exclusiones étnico-culturales sino, principalmente, un movimiento de la
juventud urbana emergente y pauperizada –frente a la generalizada crisis de
instituciones-, impedida de pertenecer a otras organizaciones partidarias o
sociales. Sendero Luminoso fue causa de opresión, destrucción, mayor
empobrecimiento, violento sojuzgamiento y muerte para los pobres del campo.
De ahí, su radical fracaso en convertirse en ejército campesino. Para sus
jóvenes militantes, la rigidez y beligerancia de esta organización
constituyó una oportunidad de pertenencia y una seductora fuente de
identidad, imposible de encontrar en otras expresiones de socialización,
dentro de las muy escasas opciones ofrecidas por la legalidad burguesa.
Mientras, Fujimori era una expresión exacerbada de la tendencia
antipartidista y caudillista, ya afincada en otras latitudes
latinoamericanas.
En Bolivia –más que en Perú— la lucha contra las políticas
estadounidenses de erradicación de cultivos de coca ha sido un factor
central en el quehacer político-social durante las últimas dos décadas. Los
campesinos cocaleros y sus líderes se han convertido, al calor de la
confrontación con el gobierno nacional y el hegemon al que responden,
en actores políticos de primer orden. Nadie mejor que Evo Morales Ayma,
expresa esta realidad. A sus 43 años, es presidente de la federación de los
productores de la hoja de coca en el Chapare, y símbolo de la lucha contra
la política neoliberal en Bolivia. Entre 1998 y 2002, ha sido diputado en el
parlamento por el Movimiento al Socialismo (MAS). En las elecciones del 30
de junio de 2002 estuvo cerca de lograr la Presidencia de la República, pues
en primera vuelta recibió más del 21 por ciento de los votos.
Sin embargo, en Perú, esa misma lucha contra las políticas
estadounidenses de erradicación de cultivos de coca quedó mediatizada por la
presencia de los protagonistas del conflicto armado interno: Sendero
Luminoso, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaro (MRTA) y las Fuerzas
Armadas. Todos convergieron en corrupta coincidencia hacia la preservación
del status quo. Entre 1980 y 1995, cada uno medró del narcotráfico y
garantizó un precario equilibrio, que resultó funcional a la propagación de
ese comercio ilícito transnacional.
En el plano regional, las luchas continuaron hasta encontrar
solución el conflicto fronterizo entre Ecuador y Perú, que a lo largo del
siglo XX –en 1941, 1985 y 1995-- llevó a ambas naciones a enfrentarse
militarmente. En 1996, la presión internacional de los países garantes,
principalmente la de Estados Unidos, condujo a un cambio en el esquema de
negociación definido por el Protocolo de Río de Janeiro, de 1942. En virtud
de ello, los cuatro países garantes se transformaron en una suerte de
árbitro; es decir, este nuevo marco negociador impuso a ambos países una
fórmula de solución, previa aceptación por parte de sus gobiernos. El 26 de
octubre de 1998 se firmó el tratado de paz con la propuesta íntegra de los
garantes. Gracias a ello, la relación bilateral entre Ecuador y Perú ha
experimentado una muy positiva transformación y se han disipado por completo
los riesgos de nuevos conflictos en sus fronteras. Ecuador ha enfrentado
diversos conflictos socio-ambientales en las últimas décadas. En junio de
1990, las poblaciones indígenas --que constituyen alrededor del 35 por
ciento de la población nacional-- bloquearon carreteras y paralizaron el
país para reclamar acceso a las tierras, educación, desarrollo y mayor
atención gubernamental. En enero de 2000, las protestas indígenas bloquearon
el acceso al Congreso Nacional y fueron decisivas para forzar la renuncia
del presidente Jamil Mahuad.
Como en muchos otros países latinoamericanos --Bolivia y
Perú entre ellos--, en Ecuador se ha producido una ostensible evolución en
la actuación de los movimientos indígenas, en tanto actores políticos
conscientes que reclaman el reconocimiento constitucional de una realidad
multicultural y plurinacional en el país. La Confederación de Nacionalidades
Indígenas del Ecuador (CONAIE) fue organizada en 1986 con el propósito de
representar a todos los grupos indígenas de la costa, sierra y amazonía bajo
una común bandera pan-india.
En Bolivia, el protagonismo político de los grupos indígenas
ha seguido un curso creciente, desde que en 1990 alrededor de 700 indígenas
marcharon desde Trinidad hacia La Paz, durante 35 días, para reivindicar su
dignidad y el derecho a la tierra. La Confederación Sindical Unitaria de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y la
Confederación Indígena del Oriente, Amazonas y El Chaco (CIDOB) se han
consolidado como las entidades gremiales que dirigen al movimiento indígena
en el país. En Perú, la pesada herencia de los grupos campesinos de
izquierda marxistas, y luego la irrupción de la violencia política de
Sendero Luminoso, retrasaron el surgimiento de los grupos indígenas, como
protagonistas políticos, hasta finales de la década de los años 90.
Reseña sobre los actuales conflictos sociopolíticos y
medioambientales
El hito trágico del 11 de Septiembre ha empezado a alterar
el perfil de la conflictividad sociopolítica y medioambiental en la región,
al agudizar algunas de las condiciones preexistentes. Esto se evidencia en
dos asuntos centrales de la proyección de Estados Unidos hacia la región: el
narcotráfico y la crisis colombiana.
La política estadounidense para enfrentar el primer peldaño
del narcotráfico –los cultivos de coca— empieza a mostrar signos de
radicalización con la adopción de la noción de tolerancia cero en
materia de sustitución de cultivos. Queda por discutirse cuáles son las
vinculaciones que existen entre ese giro y el 11 de Septiembre, o si se
trata de una mera coincidencia temporal. Es cierto que Estados Unidos se ha
vuelto más intolerante hacia los riesgos de su seguridad nacional luego del
11 de Septiembre, y que dolorosamente ha tenido que reconocer que los
grandes desafíos posmodernos a la seguridad nacional tienen una naturaleza
incierta. En su presentación de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional,
en septiembre de 2002, el presidente George Bush señaló: "Ahora, oscuras
redes de individuos pueden traer gran caos y sufrimiento a nuestras costas
por menos de lo que cuesta comprar un solo tanque. Los terroristas están
organizados para penetrar sociedades abiertas y pueden revertir el poder de
tecnologías modernas en contra nuestra. Para derrotar esta amenaza debemos
hacer uso de cada herramienta en nuestro arsenal –poderío militar, mejores
defensas del territorio patrio, ley y orden, inteligencia y esfuerzos
vigorosos para cortar el financiamiento terrorista. La guerra contra
terroristas de alcance global es una empresa global de duración incierta."
Al lado de la causalidad posterior al 11 de Septiembre, hay
factores inherentes al signo ideológico de la actual administración de
Estados Unidos. El conservadurismo de Bush –y notoriamente de su secretario
de Justicia— implica también creciente intolerancia frente al lado débil de
la ecuación del narcotráfico. Cabe resaltar que en este contexto, mientras
se han hecho más restrictivas las leyes estadounidenses sobre el lavado de
dinero vinculado al terrorismo, ningún resultado se ha evidenciado sobre el
masivo lavado de dinero proveniente del narcotráfico en bancos de Estados
Unidos.
En el otro extremo del conflicto empiezan también a
radicalizarse las posturas. En Bolivia, Evo Morales sigue consolidándose
como personalidad política de primer orden, frente a un gobierno
tambaleante. En Perú, las tensiones con los agricultores cocaleros de la
selva peruana, en febrero y marzo de 2003, han significado protestas
violentas, con saldos negativos de muertos y heridos, cierre de carreteras,
destrucción de edificios públicos y negociaciones de los agricultores con
las autoridades gubernamentales. El fenómeno Evo Morales empieza a
vislumbrarse en Perú con rasgos propios, a través del caudillo cocalero
Nelson Palomino La Serna, vinculado a la expresión radical y corrupta de
"Patria Roja".
La crisis colombiana también amenaza con desbordarse hacia
Ecuador y Perú, más de lo que ya ha ocurrido. En Ecuador esa amenaza se hace
tangible en los flujos de víctimas de la violencia que cruzan la frontera en
busca de asilo. En el caso de Perú, esa amenaza se expresa en el crecimiento
de la producción, procesamiento y embarque de cocaína, debido al relativo
desplazamiento de esas actividades fuera de Colombia, así como en el
surgimiento de nuevas modalidades de narcotráfico, como la producción y
procesamiento de amapola. Aunque no hay evidencias empíricas suficientes,
puede estimarse que el desbordamiento del conflicto colombiano se expresa
también en el incremento del lavado de dinero. Aunque sí existe certeza
sobre la presencia de guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) en territorio peruano. Existen informes que colocan a esos
guerrilleros portando armas de guerra en zonas cocaleras peruanas, pero no
se conoce de acciones bélicas, o violencia, que hayan desplegado fuera de
sus fronteras tradicionales. Eso corrobora cómo la insurgencia
desideologizada, en Colombia, y ahora en Perú, se desplaza en estrecho
maridaje con el narcotráfico. La versión aceptada –acaso en peligrosa
complacencia— por funcionarios de inteligencia peruanos es que las FARC sólo
actúan en territorio peruano buscando santuario para reposar y luego
retornar a Colombia.
En Perú, como ya ocurre desde antes en Ecuador, están
adquiriendo impacto político nacional e internacional los conflictos entre
comunidades nativas y transnacionales extranjeras dedicadas a la explotación
de recursos naturales, a partir de factores ambientales y desarrollistas. Es
particularmente paradigmático el caso de la comunidad de Tambogrande, en la
costa norte del país, enfrentada con la transnacional Manhattan Minerals.
Esta compañía ha desarrollado un proyecto minero de explotación aurífera,
cuya inversión total bordea los US$ 350 millones, bajo un plan que implica
la división del pueblo y el desplazamiento de alrededor de la tercera parte
de su población. La resistencia contra la mina ha sido fuerte desde el
principio. El 27 y 28 de febrero de 2001, un paro general y una movilización
masiva en Tambogrande exhortaron a la corporación minera a retirarse;
posteriormente, fueron destruidos las instalaciones y campamentos de la
empresa. Un mes después, el agrónomo y líder de la resistencia fue asesinado
en circunstancias sospechosas. Los ciudadanos organizaron una "consulta"
para poner en claro que no quieren una mina en medio de su pueblo. De un
total de 36,000 personas, el 77 por ciento de la población de Tambogrande
ejerció el voto en la consulta, y un 98 por ciento de los votantes dijo "no"
a la propuesta de explotación minera.
En Ecuador se prolonga el conflicto provocado por la
construcción de un oleoducto por el Consorcio OCP --con un crédito de US$
900 millones otorgados por el Westdeutsche Landesbank (WestLB). La
controversia ha llegado hasta Westphalia, Alemania, localidad sede del
Consorcio y de la entidad prestamista, pues se ha demostrado que el proyecto
no cumple con las normas de impacto medioambiental que exige el Banco
Mundial para aprobar una operación semejante.
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