Parte 2 / 2
Diagnóstico sobre los conflictos sociopolíticos y
medioambientales de la próxima década
La guerra de Estados Unidos contra Irak abre una fisura
profunda en la estructura del orden internacional gestado a lo largo del
siglo XX. A partir de este hecho, el mundo ya no seguirá siendo como lo
conocimos, pero nos es más difícil predecir cómo será el orden mundial
posmoderno. Esto es particularmente relevante para la seguridad global y
nacional, pues los nuevos factores de riesgo encierran –como bien lo
demostró la tragedia del 11 de Septiembre—una naturaleza incierta, de
perfiles imprecisos, de protagonistas esquivos hasta lo inasible, donde
hasta lo inocuo se transforma en armamento letal.
A contramarcha de tales salvedades, hay que atreverse a
vaticinar. Dentro de lo que parece más predecible, continuarán las
tendencias preexistentes de conflictos por falta de desarrollo y
gobernabilidad. Los cotidianos conflictos sociales de protesta frente a la
pobreza, marginación e ineficacia estatal, tenderán a subsistir como reflejo
de la incapacidad de los gobiernos para transformar sus causas esenciales.
Aunque es previsible el aumento de un capital social, expresado en una mejor
cultura de conflicto, que procurará soluciones constructivas.
Factores propios de la globalización, como son las Organizaciones No
Gubernamentales (ONGs) --mecanismos de exportación de conflictos sociales--
y los medios de comunicación, catalizarán y condicionarán el perfil de los
conflictos. La externalidad de estas variables reducirá la capacidad
de negociación de los actores tradicionales, particularmente los Estados,
facilitando por ende tanto su polarización como el acceso a nuevos
instrumentos para solucionarlos. De modo particular, los movimientos
indígenas consolidarán su protagonismo político en los tres países andinos,
en alianza literalmente global con las ONGs del orbe.
La crisis colombiana va acentuar sus efectos de daño
colateral sobre Ecuador y Perú, antes de mostrar señales de amenguamiento.
El curso previsible del conflicto colombiano será el de empeorar, antes de
llegar a un punto de inflexión. Ecuador y Perú deberán seguir absorbiendo
algunas externalidades de este conflicto, expresadas en flujos de refugiados
(Ecuador) y de desplazamiento de la producción de narcóticos (Perú). Las
FARC aumentarán su presencia en territorio peruano, y eventualmente
procurarán alianzas oportunistas con los rezagos reciclados de Sendero
Luminoso, pero no existen elementos para suponer que esta situación se
convierta en una amenaza de gran escala sobre la seguridad nacional de Perú.
Sin embargo, el maridaje de sectores de las FARC y de Sendero Luminoso con
el narcotráfico impulsará al Estado a la contención militar y no meramente
policial.
Mientras Bolivia, Ecuador y Perú intentan intensificar sus
relaciones comerciales con Estados Unidos para alcanzar acuerdos que
liberalicen el comercio hacia ese destino, la ejecución de políticas contra
el narcotráfico se va a volver más conflictiva. Diversos factores
condicionan ese escenario:
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el contexto de recesión
internacional |
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la gran reducción en los
precios internacionales del café, promovido como cultivo alternativo |
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la afirmación del
unilateralismo y la absoluta hegemonía hemisférica en la política exterior
estadounidense, de modo aún más radical que antes |
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la entronización de liderazgos
políticos seductores entre los campesinos cocaleros.
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La apertura de los mercados en la región a las inversiones
extranjeras ha cambiado radicalmente el perfil de las relaciones entre los
países. Al convertirse Chile en un inversionista importante en Bolivia y
Perú, los nuevos conflictos de aquél con éstos están signados por
consideraciones económicas en sustitución de las tradicionales y mal
definidas cuestiones geopolíticas. Este nuevo perfil de relaciones
bilaterales se erige en garantía contra el riesgo de conflictos armados, al
encarecer para todas las partes los costos de esa opción e imponerse un
lenguaje económico jurídico para expresar las posibles divergencias. Tal
marco facilita la resolución de eventuales conflictos, al proveer referentes
conceptuales y procesales de consenso para abordarlos.
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