El presente artículo trata de los conflictos socio-ambientales relacionados con el petróleo en la Amazonía ecuatoriana y colombiana. Nuestra tesis es que el tratamiento de esos conflictos merece mayor implicación por parte del Estado, que lo que plantean las teorías de resolución de conflictos, que han ido imponiéndose en América Latina en el último decenio.

En la primera parte explicamos por qué los conflictos socio-ambientales se multiplicaron en los años 1990. Salimos del estudio comparativo de los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en ambos países, para luego presentar dos conflictos involucrando a grupos etnicos (los U´wa en Colombia y los Secoya en Ecuador) y las filiales colombiana y ecuatoriana de Occidental Oil & Gaz Corporation. En la segunda parte explicamos lo que está en juego detrás de los conflictos, y es la demanda de participación a la elaboración de un nuevo modelo de desarrollo. Los analizamos en términos de lógicas racionales, alianzas y oposiciones, haciendo hincapié en el papel de la sociedad civil y del Estado. En fin, exponemos el contexto y las modalidades en que las políticas públicas de desarrollo tienen que ser redefinidas para tomar en cuenta las demandas expresadas en los conflictos socio-ambientales y elevarlas a nivel de la gobernabilidad global.

Introducción: ¿resolución o gobernabilidad de conflictos?

Tras la multiplicación de los conflictos relacionados con las actividades extractivas en la década de los años 1990, se ha vuelto un tropo común hablar de los conflictos en términos de manejo y resolución. Entre las principales iniciativas que se han tomado en este ámbito, vale mencionar los proyectos de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO)¹ y del Banco Mundial en la región andina, más una multitud de iniciativas locales como aquellas de las Universidades de Harvard, Berkeley, Florida y la Cooperación Técnica Alemana (GTZ)². Sin prejuzgar la buena fe de los actores al origen de esas iniciativas, cabe preguntarse cuán eficiente es la resolución de conflictos y hasta dónde coincide con las pretensiones de validez de los discursos estatal, empresarial y sociales en torno al manejo sustentable de los recursos naturales. Dicho en otras palabras: ¿Es suficiente que una técnica sea eficiente para asegurar la sostenibilidad de las actividades extractivas?³

Los esquemas propuestos por las teorías de resolución de problemas (por ejemplo Fisher et al., 1991; Axelrod, 1997) son de un interés limitado para nuestro tema, debido a la complejidad de las modalidades de alianza y oposición que caracterizan los conflictos socio-ambientales. Desde luego, sus mecanismos no pueden aplicarse a esos conflictos sin reducirles a su dimensión económica o identitaria. A lo mejor, reducen así el conflicto de valores a una dimensión cultural y hasta esencialista. En otros casos, reducen el conflicto de intereses a una lucha por el control del poder o el acceso a escasos recursos. Además, no encontramos en la realidad los principales postulados que fundamentan los análisis en términos de dilema del prisionero o de elección racional: la similitud de objetivos perseguidos, la igualdad de acceso a la información y los recursos movilizables.

La segunda crítica que va en contra de una aplicación de las teorías de resolución de problemas a los conflictos socio-ambientales es que pretenden hacer tabula rasa de los modelos clásicos de la sociología. La sociología de acción presuponía dos niveles de conflicto: el uno, con un fuerte énfasis funcionalista, los trataba como mal funcionamientos de la sociedad, mientras que el otro, más crítico, trataba los conflictos colectivos como tensiones entre los actores y el sistema institucional. En cambio, las teorías de resolución de conflictos hacen caso omiso de esos antecedentes y pretenden abordar el conflicto en una perspectiva particularista, a nombre de una eficiencia pragmática. Por otra parte, el estrello de los conflictos en una multitud de acciones directas pretende reducir el papel del Estado al de un intendente y la ley a un recurso cuya función es amplificar – si no crear – el conflicto.

Opinamos como Bustamante (1999: 259) que este triunfo de la praxis sobre la teoría viene de un triple cambio en la realidad social: la desarticulación de las condiciones de lucha política, la destructuración del marco legal nacional y la desaparición de valores societales comunes. Con la pérdida de discurso político, que se refiere a una globalidad, los conflictos adquieren una tendencia particularista y los discursos se vuelven retóricos. El problema es que tienen poca probabilidad de llevar a soluciones duraderas ya que, cualquiera sea la solución adoptada en la negociación, puede ser cuestionada por una de las partes al rato de entrar en aplicación. Para salir de este callejón sin salida, es preciso el estudio los conflictos socio-ambientales retome una dimensión crítica. Ello implica reconsiderar la naturaleza política del objeto de estudio, para que éste se vuelva un proceso integrador de la ciudadanía, en el cual las partes en presencia tienen la misma legitimidad y, por lo tanto, los mismos derechos y deberes.

Pensamos que lo que está en juego va más allá de una resolución con arreglo hacia fines prácticos y que la multiplicación de esos conflictos no es para nada fortuita. Una hipótesis es que resulta del doble proceso de incremento de las actividades extractivas y de fortalecimiento de las organizaciones sociales en los 1990. Es lo que queremos mostrar en un primer momento (I), con el estudio de dos casos Colombia y Ecuador. De allí deriva una segunda hipótesis, y es que la resolución duradera de esos conflictos pasa por una redefinición del papel del Estado y de la sociedad civil en el diseño de un nuevo modelo de desarrollo. Es lo que queremos mostrar en un segundo momento (II).

I. Las virtudes de los conflictos socio-ambientales

Los estudios de casos que se presentan a continuación suelen dar una muestra de la diversidad de situaciones conflictivas y de los elementos comunes que les caracterizan en la región amazónica. Veremos en un primer momento cuáles han sido los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en Colombia y Ecuador. Luego presentaremos dos conflictos involucrando a comunidades indígenas (los U´wa en Colombia y los Secoya en Ecuador) y a dos filiales de Occidental Oil and Gas Corp. (Occidental de Colombia y Occidental Exploration Petroleum Company, respectivamente Oxy y OEPC).

A. Los efectos positivos de las denuncias de los impactos socio-ambientales

La denuncia de los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras se volvió un tema controvertido de política internacional en los años 1990, mientras se multiplicaban los conflictos socio-ambientales en la región amazónica. En Ecuador, esos impactos son principalmente la herencia de la era Téxaco, que abarca las décadas de los 1970-1980; en Colombia proceden ante todo de la violencia generalizada que afecta este país.

1. Los impactos socio-ambientales en Ecuador

Los mayores impactos socio-ambientales provocados por las actividades petroleras el Ecuador resultan de la “era Téxaco” (1967-1992). Una primera investigación sobre aquellos impactos fue realizada por la abogada estadounidense Judith Kimerling, donde aparece que los 30 derrames más graves del sistema de oleoductos trans-ecuatoriano ocasionaron la pérdida de 403.200 barriles⁴, a los que se suman 456.000 barriles de crudo, 450 millones de barriles de aguas de formación vertidos al medio ambiente y 6.667 millones de metros cúbicos de gas incinerados al aire libre⁵. Pese a la imprecisión de ciertas cifras y su aspecto algo periodístico, en el 2002 esta investigación seguía siendo la principal fuente de información pública sobre los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en el Ecuador. Además, fue el punto de partida de un juicio muy mediatizado, tras una demanda contra Téxaco, presentada ante las cortes estadounidenses por una asociación de comunidades ecuatorianas en noviembre 1993.

Un segundo informe fue realizado por Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES). Se trata de un estudio realizado entre 1.465 personas, de los cuales 1.077 se radicaban en las zonas contaminadas y 388 en áreas sanas. Según esta encuesta, las poblaciones que viven en zonas contaminadas, donde operaba Téxaco hasta 1992, se exponen a concentraciones de hidrocarburos poli-cíclicos aromáticos y de componentes orgánicos volátiles muy por encima de las normas sanitarias estadounidenses y europeas. Esos productos pueden ser absorbidos por el organismo humano por vía oral, táctil o por inhalación, generando así diversas enfermedades que van desde infecciones secundarias de la piel, a cánceres, pasando por las neumonías y abortos espontáneos. (Jochnick, 1994)

Un tercer informe fue realizado por Miguel San Sebastián, en el marco de una tesis doctoral de medicina, y publicado por el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria “Manuel Amunárriz”. Las conclusiones del estudio muestran que la tasa de mujeres embarazadas entre los dos últimos años era mayor en zona no-contaminada (93,5 % contra 88,4 %) y que la tasa de abortos espontáneos a menos de 28 semanas era superior en la zona contaminada (9,8 % contra 4,4 %). En segundo lugar, este equipo se esforzó evidenciar la correlación entre el riesgo de cáncer y la contaminación petrolera, al estudiar la población de San Carlos (Sucumbíos), un municipio de 1.000 habitantes ubicado cerca de la principal estación de producción de la región (Sacha), donde 10 casos de cáncer fueron registrados entre 1989 y 1998. El tamaño reducido de esta muestra prohíbe generalizar las conclusiones del Dr. San Sebastián pero ésta es llamativa sobre dos puntos : la diversidad de los tipos de cáncer diagnosticados (estómago, vesícula, laringe, hígado, sangre, etc.) y la elevación de la tasa de mortalidad entre las personas expuestas, que muestra una fuerte agresividad de los cánceres o de un dramático abandono. (San Sebastián et al., 2000)

Desde 1994, los problemas derivados de la era Téxaco son en su mayor parte tramitados por el Frente de Defensa de la Amazonía, una ONG que agrupa unas veinte organizaciones de las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana. El estudio de esas demandas permite establecer una tipología de los conflictos socio-ambientales en el Nororiente ecuatoriano. Resulta de este análisis que la contaminación vinculada con las prácticas de las empresas originó el 49 % de las demandas, mientras la contaminación provocada por accidentes en el ciclo de producción originó el 30 %. Las violaciones de propiedades privadas son al origen del 9 % de las demandas y las reclamaciones de indemnidades no pagadas o por acuerdos no cumplidos constituyen el 7 % de los casos. Las demás demandas dirigidas al FDA abarcan la asistencia jurídica o el fortalecimiento de las organizaciones de base. La mayoría de las demandas implican a Petroecuador, debido al hecho que ésa es operadora del área desde la salida de Téxaco en 1992, pero también por que sus prácticas originaron muchos accidentes de mantenimiento y postergaron la renovación de los equipos obsoletas. Entre las demás empresas incriminadas, los nombres que vuelven más a menudo son aquellos de City Investing, Oryx y Santa Fe⁶. Vemos entonces que el final de la era Téxaco no puso un término a los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en lo que fue su área de influencia directa. Es más, en la medida que el número de demandas tratadas por el FDA tiende a aumentar, todo nos deja pensar que esos impactos se darán a conocer de manera cada vez más precisa y cuantificable. En efecto, entre 1994 y 1999, el FDA había tratado unas 80 demandas ; entre enero y septiembre 2000, este número había llegado a 100. (Fontaine, 2000)

Cabe agregar que muy pocas de estas demandas habían encontrado una conclusión definitiva en el 2000. Además, el creciente reconocimiento de la organización entre las poblaciones amazónicas ejerce cierto efecto demostrativo y de credibilidad, cuyas mayores consecuencias son, por un lado, concentrar y sistematizar los procedimientos de demandas, por el otro, dar a las poblaciones afectadas una mayor confianza en sus organizaciones e ir en contra del fatalismo que reinaba hasta inicios de los años 1990 en cuanto a las consecuencias y reparaciones de los daños provocados por la actividad petrolera. De tal modo que podemos hablar de una verdadera toma de conciencia ambiental, impulsada por el FDA y de un movimiento colectivo que interpela tanto el Estado cuanto las empresas petroleras – públicas y privadas – para obligarlos a asumir nuevas responsabilidades en la prevención y el tratamiento de la contaminación industrial.

2. Los impactos socio-ambientales en Colombia

Los impactos socio-ambientales de las actividades petroleras en Colombia empezaron a ser denunciados tras el descubrimiento del hallazgo de Caño Limón (Arauca), en 1984, por la frontera venezolana. Entre los pocos informes publicados al respeto, cabe mencionar uno a cargo de la Unión Sindical Obrera (USO), que denuncia la aceleración del proceso de colonización tras la apertura de la vía Arauca – Arauquita, la cual al formar un dique en línea recta de 100 Km, origina sequías e inundaciones regulares. (USO, 05/1997 : 71-85) El segundo informe que nos interesa fue a cargo de Leonor Zubieta (1987) para Ecopetrol. Evidencia que el descubrimiento del hallazgo de Caño Limón y el flujo de recursos en proporciones excepcionales generaron un trastorno en la organización social y las expectativas de la población, que condicionaron desde luego las relaciones entre la población rural y la industria petrolera.

Otro efecto indirecto fue el aumento de la violencia armada. En esta zona, poco controlada por el Estado, las guerrillas – en particular el ELN – aprovecharon la construcción del oleoducto para presionar las empresas y conseguir recursos mediante la extorsión y el chantaje a las voladuras. Según Ortíz (1998 a : 64) en las décadas de los 1980-1990, el departamento de Arauca se volvió uno de los más violentos de Colombia. El fuerte aumento de los secuestros en el país es particularmente notorio allá, donde la tasa de secuestros llegó a un máximo de 30 por 100.000 en 1985 y 1995, acompañando el aumento de los homicidios, con máximo de 500 por 100.000 en 1979 y 1987. (Cubides et al., 1998 : 285-316) A los actos de violencia contra las personas, se añaden las voladuras y los saboteos contra la infraestructura petrolera. De hecho, la red de oleoductos y poli-ductos colombianos es un blanco fácil para los atentados, ya que es virtualmente imposible asegurar la vigilancia de sus 5.000 Km de tubos. Entre 1985 (año en que el oleoducto Caño Limón – Coveñas entró a funcionar) y 1999, se registraron 975 atentados, que ocasionaron el derrame de 2 millones de barriles. Este oleoducto fue el más afectado, con 630 atentados (el 65 % de los casos). (Ecopetrol, 03/2000 : 6-8) En ciertos casos, los atentados se traducen directamente en pérdidas de vidas humana, como en el atentado de Segovia y Zaragoza (Antioquia), que resultó en 70 muertos y 45 heridos, el 18 de octubre 1998. A las pérdidas de cosechas, de peces, de ganado y bienes raíces, se agregan impactos ambientales particularmente serios en las cuencas del Arauca, del Catatumbo, del Magdalena y del Caribe, así como en las regiones húmedas de los afluentes y los suelos de uso agrícola. (Defensor del Pueblo, 1997 : 36-38, 70)

Ante tales tragedias, el Defensor del Pueblo (1997: 53) pone explícitamente en cuestión la eficiencia del sistema judicial para indemnizar a los afectados. Aunque mencione cierta mejora en el tratamiento del problema tras la creación del Ministerio del Ambiente, este informe nos muestra que, a finales de los 1990, esta entidad no asumía todavía una postura clara en cuanto al problema de los atentados, al no ser que fuera para responder a la demanda de las empresas petroleras. En particular, el Ministerio no había realizado ninguna gestión para recuperar los suelos y aguas contaminados y rescatar la fauna y la flora afectadas.

B. El fortalecimiento de los actores sociales

De manera significativa, los conflictos socio-ambientales relacionados con el petróleo en la Amazonía surgieron en un contexto de globalización de los intercambios económicos y de las estrategias de los actores sociales. Eso traduce una creciente internacionalización de los problemas socio-ambientales que afectan la Amazonía, especialmente desde la Cumbre de Río en junio 1992. A través de los ejemplos resumidos a continuación queremos mostrar cuan ha evolucionado el trato reservado a los conflictos socio-ambientales en la década de los 1990, al menos cuando implican a comunidades indígenas, protegidas por el Convenio 169 de la OIT⁷.

1. Conflicto y territorio legal entre los U´wa

El origen del conflicto entre los U´wa y Oxy remite al año 1992, cuando Ecopetrol aprobó la cesión parcial a Oxy de un contrato de asociación para el bloque Samoré⁸. Tras el retiro de Shell, en febrero 1997, Oxy quedó la única operadora de este bloque. Al inicio, se trataba de un área de 185.688 has, repartido entre los departamentos de Arauca, Boyacá y Norte Santander. En mayo 1992 se le adicionó un área de 23.246 has. Este bloque incluía 40.711 has propiedad colectiva de los U’wa (un grupo étnico de menos de 5.000 personas) y campesinos colonos, es decir el 40 % del territorio legal u´wa. En agosto 1999, éstos últimos consiguieron la creación de un resguardo unificado y amplificado en unos 220.275 ha, a exclusión del cerro Padilla, un área de 730 ha ubicado en el límite norte del resguardo, donde Oxy había decidido perforar el pozo exploratorio Gibraltar 1. Para lograr este reconocimiento, los U´wa movilizaron todos los recursos legales y humanos posibles. Sin embargo el conflicto no se acabó sino a principios del 2001, cuando Oxy anunció que el pozo resultaba seco. Entre tanto, cientos de artículos de prensa y varias misiones de “expertos internacionales en manejo de conflictos” hicieron de este caso un asunto de conocimiento internacional y estudios académicos.

Varios observadores hicieron hincapié en la dimensión intercultural del conflicto. Es así como, para Serje (1999) y Eraso Jurado (1997), ese conflicto no era sino la continuación de una larga historia colonial, donde lo que estaba en juego era ante todo el poder. En todo caso, la idea según la cual presenciamos un “conflicto étnico” (Bermúdez, 1997), no parece fundamentada por los hechos. Por lo contrario parece que, por su amplitud y duración, el conflicto superó la simple confrontación entre un grupo étnico y una multinacional estadounidense, no sólo porque los U’wa manejaron a la opinión internacional a su favor, sino también porque supieron articular su acción en el marco legal colombiano. Ello demuestra que la disputa en torno a valores o intereses no presenta un concepto explicativo suficiente como para entender este conflicto. El conocido Informe de Harvard-OEA (1997) fue lo suficiente claro en sus conclusiones, al destacar la falta de coherencia política por parte del gobierno y la falta de voluntad por parte de las empresas al emprender una consulta en buena forma.

Empecemos entonces por preguntarnos si el actor al que se enfrentó Oxy era sólo el pueblo U’wa. Dicha pregunta parece haber sido olvidada en muchos análisis, al menos que sea para denunciar en la prensa la supuesta manipulación de los U’wa por el ELN. No obstante, la presencia de diversos grupos de activistas en el campo de batalla que conformaba el bloque Samoré incita a pensar que ellos, lejos de ser un protagonista aislado del conflicto, tuvieron muchas relaciones de asesoramiento o de alianza estratégica con actores exógenos. Entre aquellos movimientos, cabe señalar la RAN⁹, que encabezó el “Proyecto de Defensa U’wa” con una amplia red de defensores de derechos humanos, universitarios e indigenistas colombianos. Otro sector es el propiamente indígena, encarnado por la ONIC¹⁰, que tuvo un papel clave en la constitución del resguardo unido u’wa. Así mismo, la presencia de un sector campesino bien organizado en la región del Sarare ejerció una influencia determinante en las movilizaciones en defensa de la causa u’wa.

El identificar este conjunto de actores y sus relaciones en un marco estratégico indica que la apuesta del conflicto no era tan homogénea como para definir claramente un espacio de negociación en el cual los actores pudieran sentarse a una mesa e intercambiar puntos de vista sobre la situación. Serje (1999: 78) tiene razón al destacar que lo importante para los U’wa era “la práctica cotidiana, su experiencia concreta”, mientras que para Oxy y el gobierno colombiano se expresaba en términos de “un orden y una racionalidad ideales” que buscaban regular las actividades sociales para que coincidan con las líneas sísmicas. Pero más allá de esa oposición, lo más llamativo del conflicto fue la constitución de un movimiento social alrededor de los U’wa, es decir, siguiendo a Touraine (1997: 118), un tipo muy particular de acción colectiva, por el cual una categoría social cuestiona una forma de dominación social y hace una llamada en contra de ésta a unas valores, orientaciones generales de la sociedad que comparte con su adversario, para privarle de legitimidad. Finalmente, las denuncias de mal manejo del medio ambiente en el Arauca muestran que las condiciones de la actividad petrolera no sólo preocupan a los habitantes del área involucrado, sino que forman parte de los mayores retos que enfrenta el país, para conciliar las necesidades económicas, el proyecto político de desarrollo sostenible y el deseo de participación ciudadana. En este sentido, el sujeto del conflicto Sarare no es que el ciudadano colombiano, cuya voz ha sido la de los U’wa.

El conflicto del bloque Samoré ilustra en parte la tesis de Brysk (1994: 30 y 43), según la cual las organizaciones indígenas en América Latina “surfan” sobre la ola de fuerzas transnacionales emergentes, que funcionan como un gobierno invisible. Es en este contexto que ha podido emerger la figura de un líder carismático como Roberto Cobaría, presidente del Cabildo Mayor hasta el 2000. Esta figura se aproxima a aquella de Rigoberta Menchú o de Davi Yanomani, en la que se impone como la garantía del poder de la palabra para las comunidades en el campo del poder que constituye el sistema internacional. Esta palabra, Roberto Cobaría la llevó más allá de las fronteras, conforme al principio fundamental de la acción global según el cual es más fácil suscitar una toma de conciencia al multiplicar los contactos directos con las elites internacionales y un pequeño número de responsables carismáticos, que por los miembros de los movimientos representativos o delegados al azar.

Sin embargo, esa tesis está en parte menoscabada en el caso de la explotación de los recursos naturales. En efecto, hacía falta otros elementos para garantizar el éxito de un movimiento del tipo que se creó alrededor de los U’wa. En el ámbito nacional, la Constitución de 1991 constituyó el marco indispensable para llevar a cabo estrategias transnacionales o globales, induciendo la puesta en relación de los conocimientos y la sinergia de competencias como para explotar cualquier recurso legal. En el ámbito local, los U’wa tuvieron que operar una reconstrucción identitaria, dando a sus autoridades tradicionales una nueva legitimidad y a sus miembros una mayor solidaridad orgánica. Para elaborar su estratégia etnicista, tuvieron entonces que superar la degradación de las relaciones endógenas, debido en parte a las divergencias entre las autoridades tradicionales y el aislamiento de las comunidades, que denunciaban los estudios soco-económicos realizados al final de los años 1980. (Aguablanca et al., 1993 b)

2. Conflicto y organización política entre los Secoya

El conflicto entre la OEPC y los Secoya (un grupo éntico de menos de 300 personas) gira en torno a la negociación de indemnidades por la fase de exploración del bloque 15 (ubicado en la actual provincia del Sucumbíos, por la frontera colombiana), que fue atribuido a la filial ecuatoriana de Occidental en enero 1985. En 1993, OEPC empezó a producir petróleo en dos sectores del bloque y por lo tanto decidió expandir la exploración a su conjunto. Según los términos del contrato, debía iniciar la exploración de un área de 20.000 ha entre los Secoya, es decir la mitad del territorio que les había sido legalmente reconocido bajo el mandato del Presidente Rodrigo Borja. Inicialmente, OEPC aplicó una táctica de negociación clásica, que consistía en firmar un acuerdo general con la comunidad indígena, para tener el campo libre, en contra de indemnidades irrisorias. Este acuerdo reglamentaba “las actividades de hidrocarburíferas” sin mayor precisión, en cambio de motores fuera de borde, bombas de agua, tanques metálicos, cocinas y medicina, acompañados de algunos empleos temporarios para la población local. Obviamente, fue criticado por Acción Ecológica y RAN, que lanzaron una campaña en contra de la OEPC, del mismo tipo que la campaña en defensa de los U´wa. De esa forma empezó un conflicto que había de acabar en marzo 2000, con la firma de un acuerdo entre la OISE¹¹ y OEPC, que otorgaba a los Secoya unos 700.000 dólares de indemnizaciones para las obras de exploración. (OISE, OEPC, 03/2000)

Para evitar actos de corrupción y divisiones entre los miembros de la comunidad, la OISE había redactado un “Código de conducta de las negociaciones entre Occidental y la OISE”, editado en octubre 1999 en versión bilingüe español / paï coca. El primer objetivo de este Código era asegurar la transparencia del proceso de diálogo con la empresa, tras conferir a la OISE el papel de interlocutor exclusivo para los Secoya y obligar la empresa a entregar todas las informaciones respecto de sus operaciones en esta parte del bloque. (OISE, 1999 : 8-10) Por otra parte, instauraba una comisión de seguimiento, integrada por los presidentes de cada comunidad secoya y dos delegados más de Si’ecoya Remolino, mientras previendo las modalidades de amparo en caso de desacuerdo entre las partes, en particular a través de una mesa de diálogo. En fin, este documento estipulaba que los Secoya debían disponer de un plazo de reflexión para estudiar los documentos necesarios, y hasta recibir una formación antes que de tomar cualquiera decisión. (OISE, 1999 :18)

Se puede vislumbrar en ese documento un primer intento de conciliar las lógicas de acción de los actores en una perspectiva ética. En febrero 1997, la casa matriz de OEPC había publicado su “Código de conducta de los negocios”, en el cual veía la consagración de las normas más elevadas de conducta ética. (Occidental Oil & Gaz, 1997 : 3) En mayo 1998, su filial ecuatoriana recibió la certificación ISO 14001, una norma de calidad atribuida a empresas que obedecen a un estricto pliego de condiciones y un procedimiento de gestión industrial, administrativa y comercial bastante riguroso, que queda sometido al control de expertos internacionales y puede ser retirado en cualquier momento. Ello recompensaba de hecho las prácticas de OEPC en el ámbito de la gestión, la protección del medio ambiente y las relaciones comunitarias en el bloque 15. En el ámbito de las relaciones comunitarias, las grandes líneas de acción de la empresa están descritas en el Plan de Desarrollo Comunitario, en el cual OEPC asume la misión de servir de vínculo entre el gobierno central y las comunidades locales, por ejemplo a través de proyectos educativos y productivos autogestionados o aún por la constitución de un “fondo de capital social”. (OEPC & Walsh, 1999 : 110-111)

No cabe duda que estas medidas reflejan una imagen “políticamente correcta” de la empresa. Sin embargo, uno no puede sino asombrarse de que el papel asumido por el Estado aparezca totalmente secundario, a diferencia de aquel asumido por el Estado colombiano a través de Ecopetrol, en el conflicto Samoré. Además, el costo de esa política de relaciones públicas tiene evidentemente que ser soportado por el Estado ecuatoriano, como ello fue el caso para el “plan modelo” elaborado por Maxus en relación con los Huaorani y el parque nacional Yasuní. (Y. Narváez, 1996) No obstante, cabe destacar que la táctica aplicada por OEPC en Ecuador difiere radicalmente de aquella que fue puesta en marcha por su homologa colombiana.

Por supuesto, ello tiene que ver con la actitud fundamentalmente abierta de la OISE hacia una actividad petrolera por la cual los Secoya hubieran sido afectados, sea lo que fuere. Esta actitud fue abiertamente criticada por los ecologistas, que intentaron relacionar ambas comunidades en su “campaña contra el petróleo”. Organizaron una visita de los U’wa a los Secoya y publicaron un “Mensaje de los U´wa a los Secoya”, donde insinuaban que la OISE había cedido a la negociación bajo presión y malos avisos de sus asesores (es decir, el CDES, ISIS y la Universidad de Florida). (Aso U´wa et al., 08/1999) Pero en realidad la gran diferencia entre los Secoya y los U´wa queda en la relación que cada grupo étnico estableció entre cultura tradicional y modernidad. Mientras que los U´wa se habían relativamente protegido de la colonización y de la industria petrolera hasta la llegada de Oxy en el Sarare, los Secoya habían entrado en un proceso acelerado de cambio social desde dos decenios. (Osborn, 1985; Vickers, 1989)

Hemos visto que lo que estaba en juego en el conflicto entre la OISE y Oxy en Ecuador, lo que estaba en juego era más negociar a lo mejor los intereses de cada uno, en términos de indemnidades o compensaciones. En cambio, el conflicto entre los U´wa y Oxy en Colombia tenía como apuesta central la defensa de valores incompatibles con los intereses de las empresas y del Estado. Los U´wa aprovecharon de un marco normativo que les era favorable, para conseguir la delimitación territorial que aseguraría su protección física y cultural. En cambio los Secoya trataron de controlar a lo mejor los impactos socio-ambientales que provocaría en todos casos la actividad petrolera en su área de habitat. Los primeros optaron por una estrategia de presión y lucha jurídica, mientras que los otros optaron a favor de una estrategia de negociación. Ambos grupos gozaron del apoyo de numerosos actores exógenos, sin los cuales no hubiera sido posible presionar al Estado.

Notas