Más de 30 conflictos armados ocurren anualmente en todo el mundo, con serias y devastadoras consecuencias económicas, políticas, sociales e internacionales. Su naturaleza varía, en dependencia del contexto geográfico (nacional, regional o internacional), del tipo de disputa (política, social o de identidad) y de los mecanismos presentes para resolver las tensiones. Centroamérica fue un punto clave de política exterior y de interés internacional en la década de los años 80, como resultado de la presencia de guerras y de la violencia en la región. La atención disminuyó significativamente, después del período de negociaciones que produjo fórmulas políticas de pacificación en cada uno de los países, orientadas no a reducir la conflictividad sino a eliminarla. Hoy en día la presencia de la guerra pertenece al pasado; sin embargo, existen posibilidades subyacentes de conflicto que no pueden ser ignoradas.

La posibilidad de éxito político en la región ha dependido de al menos cuatro factores. Primero, del realismo del acuerdo político convenido por las partes en disputa; segundo, por el cumplimiento de lo acordado en la negociación y la transición política; tercero, por el manejo de problemas emergentes durante el proceso de reconstrucción y; cuarto, por el cambio de la identidad política de los grupos dirigentes y de la sociedad.

La combinación de estos elementos ilumina la posibilidad de futuros conflictos o experiencias positivas. Parece ser que en Centro América, el surgimiento de nuevas áreas problemáticas, como el aumento de la delincuencia, profundización de la pobreza y la competencia global, así como de la continuación de antiguos problemas, que incluyen la falta de integración regional, desigualdad social y la corrupción, representan serios desafíos para los 35 millones de centroamericanos. En gran parte, esto refleja el hecho de que en Centroamérica las élites políticas aún se resisten a adoptar una identidad política democrática. De ahí que la región se encuentre en un momento clave de su historia, en el cual la atención y el apoyo, así como la carencia de éste, sean factores importantes para determinar su futuro.

Antecedentes

El Plan de Paz de Arias, firmado en 1987, fue la solución a las guerras centroamericanas de finales de los años 70 y 80. Este plan abrió puertas a negociaciones entre gobiernos y fuerzas rebeldes para terminar décadas de largos conflictos. Nicaragua firmó un tratado de paz en 1990, El Salvador en 1991 y finalmente Guatemala en 1996.

Estos tratados de paz, cada uno con una fórmula política nacional, abrieron una nueva era de democratización y estabilidad en la región. La reconstrucción por las guerras, en términos económicos, sociales y políticos, fue clave para Centroamérica. Desde entonces, las elecciones han sido organizadas regularmente sin el miedo al fraude o a la restricción de las libertades, los derechos civiles han sido protegidos y la libertad de expresión ha aumentado. Sin embargo, esta transición ha traído nuevos retos que en algunos casos han generado puntos de conflicto y tensión social.

Primero, las nuevas y frágiles instituciones democráticas han topado con dos retos. Por una parte, están las presiones de grupos tradicionalmente antidemocráticos que quieren retener el antiguo status quo anterior al proceso de democratización. Por otro lado, hay una necesidad de fortalecer las instituciones políticas mediante un proceso de modernización --como es el caso de los partidos políticos y las leyes electorales--, supervisión --inspeccionando la corrupción gubernamental--y finalmente, mediante la educación y el desarrollo. Segundo, el desarrollo económico y las políticas sociales no han solucionado los problemas que afectan a las sociedades de la región y que encauzaron las rebeliones de los años 80. El desarrollo continúa siendo bajo y las políticas sociales no han servido de apoyo a los pobres. Los gobiernos y las sociedades que los componen necesitan dirigirse hacia un cambio social de manera más innovadora y nueva. Tercero, para enfrentar los cambios en la economía global, los gobiernos centroamericanos se encuentran obligados a integrar sus economías y sociedades de forma regional para enfrentar a la demanda globalizadota y a las oportunidades de libre comercio. Sin embargo, la continuidad de tensiones fronterizas y disputas de soberanía amenazan el éxito de la regionalización. Cuarto, en la medida en que el proceso de globalización se intensifica y se forman nuevos bloques comerciales, la relación entre Centroamérica y Estados Unidos necesita volver a ser estudiada.

Democracia y estabilidad política

Sin dudas, el aspecto más problemático en Centroamérica ha sido su dinámica política. Las luchas por la democracia caracterizaron los años 70 y 80. A partir de las negociaciones de paz, los países de la región han celebrado elecciones libres y justas y en todos los países el poder ha sido transferido democráticamente de un gobierno a otro. Sin embargo, cada país se enfrenta a obstáculos importantes que ponen de manifiesto que la democratización es más que elecciones. Uno de los obstáculos, es la incapacidad de los actores políticos clave de adherirse a principios democráticos. Otro, es el fortalecimiento de las instituciones.

En Guatemala la esperanza democratizadora aumentó después de los tratados de paz en 1997 y el origen de un nuevo gobierno en 1999. Pero el nuevo gobierno de Alfonso Portilllo, el cual trató de integrar fuerzas reformistas y líderes indígenas en su gabinete, se enfrentó a la oposición del ejército y al líder del Congreso. El general Efraín Ríos-Montt, antiguo dictador de Guatemala bajo el cual ocurrieron las peores violaciones en derechos humanos, fue elegido para el Congreso. Bajo este cargo, no tuvo en cuenta las políticas de desarrollo social y desmilitarización del Presidente Portillo, pero sí logró destacarse y aumentar el control nacional. Además, las fuerzas armadas continúan influyendo en el gobierno, tratan de restringir el poder civil por medio de intimidaciones a autoridades, y amenazan con desobedecer las órdenes gubernamentales. Al mismo tiempo, el país pasa por un conflicto con el sector empresarial y con la sociedad civil, debido a continuos problemas de corrupción que involucran a los sectores más altos del gobierno de Portillo.

Las acusaciones de corrupción gubernamental se han incrementado, particularmente de funcionarios gubernamentales que utilizan fondos públicos para propósitos personales. Todavía más perjudicial ha sido el ataque oficial a la prensa sobre informes de corrupción. Por ejemplo, Luis Rabbe, ex ministro de comunicación y vivienda, fue el centro de atención debido a temas relacionados con corrupción e intimidación; Alfonso Portillo --de quien se alega transfirió fondos a cuentas personales en Panamá-- y oficiales del ejército fueron también implicados en asuntos de corrupción, a lo cual el gobierno respondió con un mayor ataque contra los medios y la sociedad civil.

El problema de la delincuencia es otra amenaza ante la institucionalidad del país. Los secuestros continúan en aumento, los linchamientos no han disminuido y el sistema jurídico está en crisis. Los jueces son amedrentados frente a las amenazas de grupos criminales, o de las mismas turbas populares, que buscan lograr justicia con sus propias manos. En este sentido, la falta seguridad ciudadana en Guatemala es una de las más graves de la región. A esto se suman amenazas de muerte que han acontecido en los últimos meses, vinculadas con sectores del ejército.

El vínculo entre delincuencia, corrupción y política se ha hecho más evidente en el caso del reavivamiento de las patrullas de autodefensa civil (instituciones paramilitares involucradas en violaciones de derechos humanos), las cuales demandaban compensación por su trabajo durante el período del conflicto. A cambio de ello, las patrullas han ofrecido apoyo electoral a grupo de Ríos Montt.

El Salvador, a diferencia de Guatemala, ha experimentado un proceso gradual de democratización con dos partidos políticos que tratan de ganar más poder mediante el electorado. Pero el alto índice de criminalidad, y la incapacidad de reacción de las instituciones nacionales ante este problema, suponen un agravio importante para el país. El Salvador está considerado uno de los países más peligrosos de la región y la inhabilidad gubernamental para detener la criminalidad ha creado descontento en la Alianza Republicana Nacional (ARENA), partido conservador en el gobierno que ha estado en el poder por tres períodos consecutivos. Por otra parte, el descontento también se hace evidente en el aumento de guardias de seguridad privados que protegen a las clases altas del país, generalmente identificadas con ARENA. Los ciudadanos han llegado a asociar la falta de protección gubernamental con el aumento en guardias privados.

Como resultado, el partido del Frente Farabundo Martí (FMLN) recibió apoyo popular en sectores pobres y áreas afectadas por actividades criminales. Sin embargo, este partido se ha divido en dos grupos, los ortodoxos y los renovadores, quienes se encuentran sumidos en debates acerca del liderazgo de esta organización política. Las tensiones políticas dentro del FMLN amenizan la posibilidad de un conflicto potencial interno del partido que promete desarticular su futuro político. Mientras tanto, ARENA, que también enfrentó divisiones internas, eligió a Roberto Murray como presidente del partido. Esta elección coadyuvó a fomentar la unidad del partido. Posteriormente, Murray renunció y abrió paso a una lucha interna por el poder. Esta situación aumenta la posibilidad de una cuarta victoria ante la posible ausencia de una oposición viable en el país por la fragmentación del FMLN.

Sin embargo, además del problema de la alta criminalidad, los dos terremotos que asolaron a El Salvador han incrementado los problemas de seguridad pública. El problema de la delincuencia no es la prioridad, la continuidad de la pobreza, a pesar de la existencia de recursos que entran al país, no se ha podido resolver. El terremoto pasado evidenció aun más la urgencia de frenar el aumento de la desigualdad social en El Salvador y, específicamente la incapacidad del gobierno de ARENA para atender más a este sector de la población. Con el problema de la sequía, durante la cual se perdió más del 50 por ciento de la cosecha del año, se pudo apreciar con mayor nitidez la magnitud de la pobreza en el país.

Los problemas políticos en Nicaragua están relacionados con el intento por parte de las élites políticas tradicionales de controlar el poder nacional a largo plazo. Después de una transición democrática, bajo el gobierno de Violeta Chamorro, los dos partidos políticos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Daniel Ortega, y el Partido Liberal Constitucional (PLC) del ex presidente Arnoldo Alemán, en 1999 negociaron un pacto para reformar la Constitución. El objetivo era distribuirse las instituciones más importantes del país y así crear un sistema de doble partido, que a la larga eliminó a importantes grupos políticos y neutralizó la posible oposición política. Esta estrategia se implementó para afectar los futuros resultados electorales de noviembre de 2001. Además de este movimiento político, acusaciones de corrupción redujeron la popularidad de Alemán y su partido. La corrupción se extendió hasta crearse una profunda desigualdad entre los oficiales públicos, debido a su enriquecimiento generalizado, y la población. En un país donde el salario promedio al mes es de menos de 100 dólares, y el de directores ejecutivos del sector privado no asciende a más de 8,000, los ministros y consejeros de Alemán ganaban entre 5,000 y 15,000 dólares al mes.

Con la victoria de Enrique Bolaños, ya implementadas las iniciativas contra la corrupción, Nicaragua se enfrentó entonces al reto histórico de eliminar los abusos de autoridad. Arnoldo Alemán fue encarcelado bajo un juicio pendiente lo cual provocó una división profunda dentro del Partido Liberal, y un alto nivel de tensión política entre el partido y el gobierno de Bolaños. En la actualidad, la agenda nacional para el futuro del país es inexistente. Los líderes y la sociedad nicaragüenses han entablado una batalla acerca de la legitimidad de los participantes en esta agenda y han negado la visión de una Nicaragua democrática.

Mientras tanto, en Honduras se sufría la etapa inicial de lo que pudo haber sido lo contrario a un gobierno democrático. Líderes y oficiales de la clase liberal dirigente intentaron eliminar de la campaña electoral a Ricardo Maduro, el líder de la agrupación de oposición más importante del país, el Partido Nacional. La comisión electoral cuestionó el origen panameño del señor Maduro y alegó su falta de derecho a presentarse como candidato nacional. Pero después de intensas presiones, tanto sociales como de líderes políticos, la decisión fue revocada y Maduro resultó victorioso en las elecciones nacionales.

Honduras también ha sufrido un gran revés en sus instituciones democráticas con la reducción de las libertades de prensa y expresión. Mientras Carlos Flores ostentó la presidencia de la nación fue dueño del periódico de más tiraje en el país, de ahí que ejerciera su autoridad para recurrir a la censura. A pesar de que en la actualidad la inestabilidad en Honduras es poco probable, el problema de la restricción de libertades ha pasado a ser la mayor preocupación de varios sectores de la sociedad civil y de los medios de comunicación en ese país. Periodistas clave han sido destituidos de sus puestos de trabajo debido a presiones gubernamentales sobre directores y jefes de medios de comunicación. Sin embargo, el problema de la delincuencia, especialmente en San Pedro Sula, continúa siendo la prioridad nacional y la problemática más grave. Los ciudadanos están acechados por bandas de criminales y pandillas juveniles, y el gobierno actual de Maduro no ha logrado resolver las oleadas de violencia callejera y robos.

En resumen, los países centroamericanos están pasando por serios problemas políticos relacionados con sistemas de partidos antidemocráticos, sociedades civiles débiles e instituciones políticas frágiles. El sistema judicial centroamericano, en particular, carece de la capacidad para hacer cumplir las leyes. Las cortes son cada día más vulnerables a sobornos, la policía no está bien pagada, ni adiestrada y la sociedad no tiene, o tiene poca confianza en el gobierno. Debido a la creciente corrupción, la desconfianza se refleja en una continua disminución de votos.