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 CENTROAMÉRICA: PUNTOS DE CONFLICTO DESPUÉS DE LA TORMENTA

Resolución y prevención de conflictos

Por Manuel Orozco      

  Parte 2 / 4      

Economía y desarrollo: causas potenciales de conflictos sociales

El desarrollo y el crecimiento económico continúan siendo focos de la agenda nacional en Centroamérica. Es de lamentar, que la capacidad gubernamental para brindarles seguridad social a los pobres haya disminuido debido a la corrupción gubernamental, la implementación de medidas y ajustes estructurales --como la privatización de servicios públicos, reducción de servicios sociales y despidos de funcionarios--, el impacto de desastres naturales –como el huracán Mitch y los terremotos en El Salvador-- y las crecientes presiones de la globalización.

En el plano económico, la región se ha integrado a través de cuatro dinámicas que no necesariamente representan garantías de generación de riqueza en el largo plazo, ni sostenibilidad. Son ellas las exportaciones de productos no tradicionales, la maquila, la migración y el turismo. El resultado ha sido que Centro América dejó de ser la región exclusivamente agro-exportadora conocida como ‘economía postre’ (exportadora de café, azúcar, ron) y se ha diversificado en al menos estas cuatro dinámicas. En algunos casos hay beneficios perceptibles, sin embargo, faltan políticas económicas que incentiven el accionar inversionista, la participación trabajadora y el efecto multiplicador sobre mercados locales que puedan crear oportunidades productivas, además de movilidad social.

El poder de compra e ingresos centroamericanos siguen siendo los mismos que en 1980 --una de las etapas económicas más bajas en la historia de la región. El PIB per cápita continúa siendo el mismo que en 1980, e indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano sólo muestra aumentos muy marginales. Además, la esperanza en el desarrollo económico sigue siendo baja. En el mejor de los casos, el crecimiento económico durante los próximos cinco años no se incrementará en más de un 4 por ciento. Esta realidad se convierte en una advertencia acerca del descontento social por la falta de empleo, la continuidad de la pobreza y las promesas incumplidas, ya que podría degenerar en tensión y violencia.

Uno de los mayores problemas al que tienen que hacer frente los centroamericanos es el significativo tamaño de sus déficit fiscales y deudas externas. Las obligaciones de Nicaragua y Honduras ante la comunidad financiera internacional paralizan su habilidad para invertir en desarrollo social. El aumento en déficit fiscal de Guatemala, El Salvador y Costa Rica les impide apoyar programas sociales.

El Salvador ha tratado de resolver sus problemas usando el dólar como moneda de curso legal. En el 2001 el país dolarizó su economía, como medida preventiva para reducir la inflación, debido al aumento de las reservas extranjeras y el fluir de dólares de los emigrados hacia Estados Unidos y Canadá. Todavía está por probarse si la dolarización ha sido beneficiosa para el país. Un indicador importante, sin embargo, del efecto de la dolarización se refiere al de la caída de las tasas de interés, las cuales cambiaron de un 14 por ciento a un 9 por ciento. El impacto de los terremotos, sin embargo, con pérdidas por casi dos mil millones de dólares, se convirtió en el mayor reto para la reconstrucción económica y la disciplina fiscal.

La liberalización de la economía y el comercio han resaltado la pregunta sobre el impacto de éstas en pequeñas y medianas empresas. Pequeñas y medianas empresas se encuentran con el desafío del control tradicional del capital sobre industrias específicas, como construcción, alimentación, textil y exportaciones agroalimentarias, y de multinacionales que compiten con medianas empresas aprovechándose de industrias no controladas por grandes capitales, como los medios de comunicación y servicios. El resultado ha sido que la supervivencia de pequeñas y medianas empresas se desvanece debido a la liberalización y al aumento de la competencia de grandes multinacionales o de capital local.

Mientras tanto, la región se enfrenta a una seria recesión económica de dos años, causada en parte por la caída de los precios del café que ha afectado a los cinco países principales de la región, por la sequía que ocurrió en 2001 y continuó en 2002, y por la recesión económica mundial. En Guatemala, las pérdidas ascendieron a $250 millones, a $100 millones en Nicaragua y a $350 millones en El Salvador. En este sentido, la estrategia regional de concentrarse en el sector agro-exportador no tiene muchas posibilidades de éxito, debido a la continua fluctuación de precios y al alza de la oferta mundial de estos productos. A esto se suma el problema de la sequía e inundaciones por las que la región está pasando, que produce serios problemas alimentarios, al extremo de que las zonas norte de Honduras y Nicaragua están pasando por hambrunas que afectan a millón y medio de centroamericanos.

Un área totalmente olvidada en política económica es la emigración laboral. Las economías centroamericanas son dependientes del flujo de envíos y otras transacciones que emergen de sus emigrados en Estados Unidos. El valor de los envíos a veces excede el valor total de las exportaciones y es mayor que el valor de inversión extranjera. Los economistas de la región han fallado en implementar políticas que capitalicen la moneda extranjera que viene de fuera. De hecho, Centroamérica ha cambiado de una economía de exportación agroalimentaria, a una economía de exportación de mano de obra, y para dirigir el desarrollo y crecimiento económico este factor productivo debe incorporarse al plan nacional.

Integración regional y cooperación

Los líderes de la región han promovido la integración regional como un factor para lograr la recuperación de sus naciones. Esta idea de integración se materializó de tres maneras. Primero, mediante el apoyo al establecimiento y renovación de instituciones regionales. Segundo, al revitalizar la cooperación regional, particularmente a través del estímulo de una versión moderna del mercado común de 1960. Tercero, al expandir la región como un bloque de comercio en el hemisferio.

Pero los esfuerzos hacia la institucionalización regional han sido lentos e incompletos. Los líderes no le han otorgado poderes a nuevas instituciones, como el Secretariado del Sistema de Integración Regional, SICA --el órgano central que define las orientaciones de desarrollo regional-- o Parlamento Centroamericano. En la reunión consultiva regional con la comunidad donante internacional, celebrada en marzo de 2001, en Madrid, los líderes centroamericanos fueron incapaces de convencer a los donantes de su visión y voluntad de trabajar en proyectos relacionados con la región.

La cooperación regional también ha sido lenta y reacia. A pesar de reconocer que al aumentar el comercio intra regional los países reciben efectos positivos, el comercio regional sólo ha aumentado de un 18 por ciento en 1991 a un 20 por ciento en exportaciones totales en 1999. Incluso, algunas firmas han establecido operaciones regionales, como el grupo Taca, la empresa alimenticia Pollo Campero y grupos bancarios o empresariales como el Grupo Poma, pero faltan esfuerzos para intensificar la comercialización regional.

Finalmente, los intentos de liberación de mercado han seguido pautas desiguales, con algunos países liberalizándose más que otros. Algunos gobiernos han sido más lentos que otros al desregular sus economías o al reducir sus tarifas de comercio. Pero las tarifas han descendido significantemente, desde un promedio de 22 por ciento en 1986 a un 7 por ciento en 1999.

Estas tendencias sugieren que los países carecen de consenso para forjar una visión regional, pero están de acuerdo en liberalizar el comercio. De hecho, mientras que la reunión de Madrid no fue un éxito, los esfuerzos para establecer el libre comercio regional con México y otros países, más el inicio de negociaciones en enero de 2003 con Estados Unidos, implican que hay un interés en continuar la integración de la región en la economía global. Una importante pregunta a responder es si un comercio más libre estimularía la integración regional y el cambio social. En el corto plazo es posible que el comercio con Estados Unidos aumente beneficiosamente, sin embargo, en el largo plazo se desconoce hasta dónde se obtendrían beneficios.

Centro América se enfrenta al menos ante tres problemáticas con el libre comercio. Primero, los subsidios a la agricultura en Estados Unidos tienen un poder que Centro América no puede contrapesar. Segundo, la competitividad centroamericana frente a Estados Unidos en el campo agrícola es limitada, ya que muchos de sus productos no reúnen los requisitos y estándares de comercialización e importación para con este país. Tercero, la apuesta de que el libre comercio promoverá más al sector de maquilados se enfrenta a muchos obstáculos desconocidos, como la eliminación de cuotas y la vulnerabilidad ante la competencia de China.

Pero los conflictos fronterizos es otro de los desafíos e impedimentos para lograr la cooperación regional. Los países centroamericanos tienen ante sí importantes disputas territoriales que amenazan al futuro de la integración. Las tensiones de Nicaragua con Costa Rica sobre el río San Juan empeoran las oportunidades de mejorar sus relaciones. El conflicto marítimo entre Honduras y Nicaragua no sólo amenaza la cooperación, sino ha aumentado el miedo a una carrera de armas, siguiendo las alegaciones de que Honduras está buscando rearmarse. La disputa entre Guatemala y Belice ha sido la única instancia de progreso significativo en la resolución de conflictos y ha probado ser una prueba de cooperación y estabilidad.

Estados Unidos y Centroamérica

El papel que desempeña Estados Unidos en Centroamérica ha sido siempre significativo y dominante. La relación con Estados Unidos ha sido históricamente de tipo conflictivo debido a la promoción que este país hiciera de dictaduras y regímenes militares antes, y durante la guerra fría. En los años 80 este enfoque prevaleció mediante el apoyo abierto a gobiernos conservadores, con un abandono en la evitación de violaciones de los derechos humanos y carencia de instituciones democráticas.

En la década de los 90, Estados Unidos mantuvo una política poco prominente. La cooperación americana con Centroamérica se centró en la poca ayuda, comercio y control anti-narcótico. La ayuda externa puso atención en la construcción de instituciones democráticas y también en tratar problemas sociales. Sin embargo, todavía falta que la ayuda alcance niveles más significativos. Ésta ha descendido considerablemente en Centroamérica, de varios miles de millones en la década de los 80, a sólo menos de dos mil millones de dólares en 1998 para toda la región.

La ley de Asociación Comercial de la Cuenca del Caribe, que permite el libre acceso de cuotas e impuestos a textiles tejidos con materiales de la región, así como camisetas, aumentó la perspectiva de desarrollar un comercio regional. Por otra parte, la inversión en la industria de maquila --zonas de impuestos libres dedicadas a la producción de exportación-- ha incrementado las ventas de Centroamérica a Estados Unidos superando los dos mil millones de dólares en 1999. Debido a que en la actualidad Estados Unidos es el mayor destinatario de exportaciones centroamericanas --recibe un promedio que supera el 60 por ciento de las exportaciones regionales— mejorar la posición comercial es de significativa importancia. Sin embargo, la negociación comercial de apertura completa amenazaría la posibilidad de mayor atracción de inversión económica.

Estados Unidos también ha tratado de parar el tráfico de narcóticos en la región a través de la formación tanto de fuerzas policiales, como de agencias de seguridad del estado. Estos esfuerzos han sido beneficiosos para ambas partes. Los países centroamericanos han sido capaces de identificar áreas donde existen redes de comunicación y transporte para el tráfico de drogas.

Estos esfuerzos implican que la cooperación es significativa. Sin embargo, Estados Unidos no ha respondido activamente a los problemas políticos regionales. Los esfuerzos diplomáticos se han quedado cortos al movilizar recursos e influencias para mejorar, o construir, un proceso de democratización. Además, la disminución de ayuda exterior afecta a programas de desarrollo social que podrían aliviar los efectos de las políticas de ajuste estructural. Estados Unidos necesita implementar una estrategia de desarrollo a largo plazo, centrada en el comercio y también en el desarrollo social y la gobernabilidad.

Opciones políticas para la región: construir eslabones perdidos y evitar conflictos

¿Cuáles son las futuras opciones políticas para la región que pudieran contribuir a la prevención de potenciales conflictos? Una doble estrategia necesita ser implementada, una, que apunte hacia la regionalización; y otra, que apunte hacia el desarrollo nacional. En el primer caso, los gobiernos y sociedades centroamericanos necesitan reconsiderar el estado de integración reconociendo el significado de mercados a largo plazo y el incremento de actividades sociales, tales como aquellas que surgen del transnacionalismo o la emigración. En el segundo caso, cada gobierno necesita atender el revés político y económico sufrido en los últimos cinco años. Los líderes de la región continuamente buscan oportunísticamente una solución para reconciliar la política de caudillo con la política de instituciones democráticas. El resultado final ha generalizado el estancamiento político y el retroceso democrático. Las organizaciones de la sociedad civil son, a largo plazo, los actores sobre los que recae la mayor responsabilidad, pero a su vez son las que tienen menos recursos y, en muchos casos, carecen de la capacidad idónea para promover agendas políticas.

Además de que la comunidad internacional debata la agenda de desarrollo y democracia, es importante que Estados Unidos, en particular, establezca una agenda a largo plazo para la región. Específicamente, debe generarse un programa de crecimiento económico equilibrado centrado en el desarrollo, emigración e integración regional. Favorecer el apoyo a una gobernabilidad democrática debe incluir modernización de partidos políticos, estrategias anti-corrupción, responsabilidad ejecutiva y legislativa, reforma judicial y apoyo a la sociedad civil.


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