1.4. Chile 2001- 2003
1.4.1. Situación
socio-económica
El crecimiento económico durante la década del 90 se mantuvo
sostenido en un marco de estabilidad y una creciente integración a la
economía mundial. Este proceso fue interrumpido en 1999 debido a las
repercusiones de la crisis internacional y a la aplicación de una severa
política de ajustes del gasto público. En el año 2000 se retoma aquella
constante al alcanzarse un crecimiento del 5,4%. Pero desde el año 2002
Chile está a la espera de la reactivación.
El Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo/PNUD del año 2002 que se titula "Nosotros los
chilenos un desafío cultural", concluye que Chile se encuentra en un difícil
proceso de reconstrucción de su propia imagen y que existe una "ausencia de
proyecto país"15. Chile se enfrenta al tema de la desigualdad socioeconómica
(al igual que el resto de AL); elemento que frena la salida de la situación
de pobreza de muchos chilenos. Aunque según este Informe los tres países de
la región donde la desigualdad es menos marcada son Uruguay, Chile y Costa
Rica; sigue siendo la pobreza y la concentración del ingreso uno de sus
puntos más vulnerables. No resulta fácil conciliar los procesos de mundialización y transformación tecnológica y la falta de equidad derivada
del propio proceso de desarrollo que vive Chile. Siguiendo esta lógica,
incorporar a sectores discriminados (pueblos indígenas, mujeres) o a
aquellos que el proceso tiende a marginar (sectores de agricultura
tradicional) es una urgencia para Chile. Con el objeto de saldar la
desigualdad de oportunidades, queda planteado el desafío de promover la
participación de la sociedad civil, la existencia de medios de información
imparciales, la educación y la separación de poderes; aunque se reconocen
avances en la materia.
Aunque se trate de un país con buenas perspectivas de
crecimiento, con alto nivel de competitividad, de constante integración con
las mayores economías, con bajo nivel de inflación (3-4%) y moderado nivel
de déficit fiscal (0,7-1,8% del PIB); el desempleo ha alcanzado niveles
preocupantes (entre 7,5% y 10%) en el año 2002. El punto todavía pendiente
para Chile es la reactivación de la economía frente a una desaceleración que
ya lleva cinco años. Más crecimiento, más empleo, más salud y menos pobreza
son los reclamos de su población. La esperanza está puesta en el sector
exportador, a quien se le adjudica la responsabilidad de ser el "gran motor
de la reactivación". Pero el buen desempeño de las exportaciones también
depende del comportamiento de EEUU, Japón y Europa (principales destinos de
las exportaciones chilenas), aunque se critica y responsabiliza a la
política económica agresiva de incentivo a las exportaciones.
1.4.2. Situación socio-política
El actual Presidente, Ricardo Lagos, ejerce sus funciones
desde el 14 de enero del año 2000. Más allá de que el proceso de
descentralización operado desde la vuelta a la democracia es evidente, la
brecha existente entre la sociedad civil y la sociedad en general y la
política es cada vez mas amplia. En este sentido, es ilustrativo el Informe
de Desarrollo Humano del año 2000 titulado "Mas sociedad para gobernar el
futuro", que plantea que la crisis de participación se da en un doble
sentido: las personas no ven sus inquietudes representadas en las
instituciones políticas y la gente pone poca atención a los discursos
políticos. Para los chilenos la política resulta ineficaz y los partidos
políticos parecen influir poco en aspectos importantes de la vida cotidiana.
Por esto la desafección política es muy alta y baja la confianza en
instituciones como el parlamento y los partidos, aunque embargo
instituciones como la Iglesia son las que tienen mayor credibilidad, seguida
por los Carabineros y las Fuerzas Armadas, lo que denota el fuerte peso del
pasado Pinochetista remanente en el imaginario colectivo. Este factor debe
ser considerado como un motor de conflicto en el estudio de los posibles
escenarios para el año 2010.
1.4.3. Situación étnica
El territorio chileno tiene raíz indígena, y ésta
característica se mantiene con plena vigencia y de forma activa –a veces
conflictiva- a través de la participación de éstas comunidades en la vida de
Chile. Los intereses de los pueblos indígenas fueron limitados con el Nuevo
Código de Aguas de 1981 que permitió que particulares ajenos a las
comunidades obtuvieran derechos de aprovechamiento sobre las aguas ubicadas
en territorios indígenas; el gobierno militar asignó en la época tierras
indígenas a particulares y en algunos casos el Fisco se quedó con tierras
que eran de las comunidades. Estas situaciones han producido, movimientos de
reivindicación de los derechos de los indígenas, que son "atendidos"
institucionalmente por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI),
que se propone, según su propia definición, promover, coordinar, ejecutar y
multiplicar la acción del Estado a favor del desarrollo integral de las
personas, comunidades y asociaciones indígenas en sus culturas y
patrimonios, en lo económico y en lo social, impulsando su participación y
aporte en la vida nacional.
Las comunidades mapuches cuentan con aproximadamente 300 mil
personas (se habla de cinco millones originarios), habitan al sur del río
Biobío y su actividad económica es la agricultura. Desde hace años vienen
reclamando contra la depredación de sus tierras, la destrucción de sus
plantaciones y la impunidad con que actúan las empresas privadas forestales
y productoras de energía eléctrica en las 200 mil hectáreas (60% de sus
tierras) que les sustrajeron durante la dictadura militar16 y que actualmente
son explotadas por la forestal Mininco y la hidroeléctrica Endesa
fundamentalmente.
Debido a represiones y enfrentamientos, líderes mapuches han
sido encarcelados y procesados por fiscalías y tribunales militares bajo
cargos de "asociación ilícita". Los litigios por la tenencia de tierras
continúan en los tribunales civiles y las comunidades. El reclamo al estado
chileno se basó en su histórica lucha por la devolución de sus tierras, y la
resistencia a que las empresas se extendieran a sus territorios. La muerte
de un joven mapuche en noviembre del año 2002 en un enfrentamiento con el
cuerpo militar de Carabineros fue seguida de una serie de hechos de
violencia, incluyendo el ataque a predios particulares. Frente a estos
hechos los mapuches manifestaron su descontento por la forma en que los
organismos del Estado chileno "llegan a la irracionalidad y brutalidad para
proteger las inversiones que empresarios chilenos y trasnacionales tienen en
nuestro territorio ancestral...". Llamando por esta razón a la resistencia,
y a la perseverancia en la "lucha por la recuperación de tierras, para
fortalecer el control territorial, seguir resistiendo y avanzando hacia la
Liberación Nacional Mapuche"17. El Coordinador del Programa de Derechos
Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La
Frontera, José Aylwin, expresaba que "si desde la sociedad chilena no
hacemos un esfuerzo mayor por entender las causas que generaron estos
hechos...si respondemos a sus demandas anteponiendo nuestro estado de
derecho y nuestros valores, lo más probable es que el conflicto se agudice y
cobre más vidas". Esta conflictividad lleva a que los líderes mapuches se
planteen la necesidad de un "nuevo proyecto político para Chile, que
resuelva los temas de fondo de la democracia, la participación y la solución
de las demandas mapuches en el plano económico, político y social.
