1.5. Paraguay 2002- 2003
1.5.1. Situación política e
institucional
Inicialmente corresponde destacar que el Presidente Luis
González Macchi asumió en el año 1999 tras una profunda crisis política y
concluye su mandato en agosto de 2003. Al asumir la Presidencia Juan Carlos
Wasmosy a mediados de 1993, se transformaba en el primer presidente civil
electo en los más de 180 años de independencia del Paraguay. Este viraje
institucional histórico no aseguró la legalidad, ni la institucionalidad
democrática, al año siguiente, un general a cargo de la lucha anti-droga es
asesinado cuando debía presentar un informe sobre los ilícitos que
implicaban a la jerarquía militar (incluido el general Oviedo).
En 1994, ocurrieron enfrentamientos violentos entre
campesinos y policías en diferentes regiones, ante las manifestaciones y el
bloqueo de accesos, las fuerzas de seguridad reprimían violentamente. Otros
MS como los sindicatos, algunas organizaciones eclesiásticas, y los partidos
de oposición, apoyaron las movilizaciones campesinas y declararon la huelga
general (mayo 1994). En abril de 1996 el Presidente dio de baja a militares
de alto rango, entre ellos el general Lino Oviedo que resistió la orden
liderando un grupo de oficiales que lo seguían. Ante la amenaza del golpe de
estado, Wasmosy nombró a Oviedo ministro de Defensa como forma de salida a
la crisis. Si bien esta medida fue revocada, en las elecciones de setiembre
de 1997, Oviedo fue elegido candidato presidencial seguido por Luis María
Argaña (por menos de un 2%). Al mes siguiente Oviedo era arrestado por
cargos de sedición, lo que le impidió postularse a la presidencia (pero no
impidió que mantuviera sus seguidores), dando lugar a que Raúl Cubas y
Argaña fueran los candidatos del Partido Colorado, ganando efectivamente las
elecciones presidenciales (mayo 1998). Desde el Poder Ejecutivo se ordenó la
liberación de Oviedo, que a los meses fue contestada por la Suprema Corte de
Justicia, dándose inicio a un enfrentamiento entre los dos poderes del
Estado, que se recrudeció al pasar el tema al Parlamento para la realización
del Juicio político al Presidente. Antes de que se tratara en el Parlamento,
el 23 de marzo de 1999, Argaña fue asesinado, y hubieron mas víctimas
durante los enfrentamientos violentos callejeros que se produjeron durante
la semana siguiente.
En este contexto asume la Presidencia el Presidente del
Consejo, Luis González Macchi, apoyado por la Suprema Corte, pero enfrentado
a huelgas y protestas de campesinos, trabajadores y empresarios y fuertes
presiones de los sindicatos. Un año mas tarde, los conflictos volvieron a
una escalada de violencia en la que varios productores resultaron muertos en
enfrentamientos con las fuerzas policiales. Los productores y granjeros
realizaron manifestaciones en Asunción en reclamo de medidas tales como:
mejoras en el acceso al crédito, mejores precios para sus productos y mayor
apoyo de parte del Estado. Reclamos que podrían ser sugerencias de agencias
de desarrollo pero que por ser realizados por grupos campesinos y en forma
de protesta fueron reprimidos fuertemente. Así en el segundo semestre del
año 2000, Paraguay si bien llevaba pocos años con Presidentes civiles, aun
no había logrado erradicar ni la corrupción, ni el narcotráfico, ni los
conflictos sociales y las formas de represión heredadas de la tradición
dictatorial de medio siglo. Sin embargo, en agosto otro hito político
ocurría, por primera vez en 53 años de historia, un candidato del opositor
Partido Liberal era elegido vicepresidente.
El Senado paraguayo (en febrero 2003) dictó sentencia sobre
el juicio político contra el Presidente, acusado de un desvío ilegal de 16
millones de dólares del Banco Central al Citibank de Nueva York, de
irregularidades en el proceso de privatización de la compañía telefónica
estatal Copaco y de adulterar las inscripciones del Ejército para aumentar
el presupuesto militar. El presidente paraguayo Luis González Macchi
sobrevivió a un intento de juicio político, al no reunir el Senado los 30
votos necesarios para destituirlo, no alcanzándose así los dos tercios
necesarios para dictar fallo en el juicio político en su contra iniciado en
diciembre18. Este es el segundo juicio político contra un jefe de Estado en un
mismo período de gobierno, el anterior fue en marzo de 1999 contra Raúl
Cubas, proceso que quedó interrumpido tras su abrupta renuncia. Por último,
las previsiones para el 2003 no denotan mejorías de la economía nacional ni
de los problemas sociales existentes, en el correr de este año se realizarán
elecciones (27 de abril) que en los hechos están siendo precedidas de una
profundización de la crisis política atada a un cruento proceso pre-electoral.
Paraguay sigue siendo un país que carece de instituciones sólidas, ausencia
de un plan económico explícito, con escasa credibilidad y bajas expectativas
de parte de los agentes económicos, que necesita de pactos de entendimiento
entre los poderes, en especial Ejecutivo y Legislativo para lograr una mejor
gobernabilidad democrática.
1.5.2. Situación socio-económica
La economía paraguaya sufre en el año 2002 uno de los peores
desempeños registrados durante muchas décadas19, enfrentando problemas de
contagio relacionados con la disminución de la inversión en los PVD y la
crisis que afectó a Argentina y Brasil, los principales socios comerciales
del Paraguay.
Cabe destacar que en el transcurso del 2002:
 |
el PBI per
cápita cayó mas de un 6% (quedando en el 2002 en 1.138 U$S per cápita
anuales) |
|
|
la inflación
superó los dos dígitos |
|
|
el sector
financiero se redujo en un 25% |
|
|
el comercio
exterior se redujo en un 28% |
|
|
las reservas
internacionales llegaron a los niveles mas bajos de los últimos años |
|
|
el guaraní se
devaluó con respecto al U$S casi un 50% |
|
|
la inversión
extranjera directa fue prácticamente nula |
A estos problemas económicos se suma un deterioro de la
confianza interna de los principales agentes económicos en las políticas de
gobierno y un aumento del problema del desempleo: en el 2002 se estima que
casi el 50% de la población económicamente activa/PEA tuvo problemas de
empleo, de los cuales un 19% se encuentra desempleado y un 31% subempleado.
Además, el nivel educativo de la fuerza laboral es relativamente bajo, poco
mas del 40% de la PEA ha recibido educación mas allá del nivel primario.
El índice de pobreza ha aumentado, alcanzando el 34% en
el 2002, con alta concentración en las zonas rurales donde la pobreza supera
el 40%. Estas cifras denotan una grave recesión económica que se plasma en
un aumento del desempleo y de la desigualdad social con respecto a la década
de los 90’, lo que se visualiza en el Indice de Gini que para el 2002 es de
53.320.
En el Informe global de derechos humanos (2001) de la
Organización de las Naciones Unidas/ONU, arroja conclusiones contundentes
para el caso de Paraguay "se caracteriza por una estructura productiva
inadecuada para enfrentar cambios en el orden económico, relacionados con
los procesos de globalización e integral regional; por la desigualdad de
oportunidades entre la población para acceder a los recursos productivos y a
los servicios sociales y por un limitado alcance del Estado democrático de
derecho que se refleja, entre otras cosas en una gestión ineficiente, en un
uso deficitario de los recursos y capacidades del estado para respetar y
garantizar los derechos humanos y en una participación social débil y
desarticulada. A ello se suma una gestión inadecuada de los recursos
naturales y el descuido del medio ambiente".
1.5.3. Situación étnica
Los paraguayos son en su mayoría mestizos, descendientes
de españoles e indígenas, y se estima que un 90% de la población tiene esa
característica. Los indígenas pertenecen al tronco guaraní, y sus
descendientes actuales representan 5% de la población, según el último Censo
de Pueblos Indígenas del Paraguay21, la población indígena aumentó
significativamente en las últimas dos décadas, eran 38.703 en 1981, mientras
que en el año 2002 se relevaron 85.674 habitantes agrupados en 496
comunidades. Esta población se dedica mayormente a actividades tales como la
cacería, la recolección de alimentos del bosque y la elaboración de
artesanías, y más de un 30% no cuenta con locales escolares, lo que frena la
incorporación de nuevas actividades en la comunidad, ya que el aprendizaje
de muchos de los niños está en el acompañamiento a sus padres a las
actividades de caza y recolección.
Los pueblos indígenas de mayor población son
fundamentalmente: los guaraníes occidentales, los Ava Guaraníes, los Pái
Tavylerá, los Mbya, Ayoreo, Enhlet y Nivaclé. Estas comunidades mantienen
sus organizaciones originarias, y cuando se les pregunta sobre ¿a dónde
recurren cuando se comete algún delito?. Entre el 75 y el 100% (según las
comunidades de que se trate) recurre a los líderes comunitarios. Esta
característica denota la independencia de los centros de poder
institucionalizados de las poblaciones indígenas cuyos referentes no son los
gobernantes nacionales sino sus propias autoridades, esto denota también la
dificultad para gobernar a la que se enfrentan los políticos al asumir el
Gobierno.
Estudios recientes llevados a cabo por órganos de
supervisión internacional en materia de derechos fundamentales de los
Pueblos Indígenas, nos presentan un cuadro general de las condiciones
sociales en que éstos subsisten a inicios de un nuevo siglo. En el ámbito de
la Organización de los Estados Americanos/OEA, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos/CIDH, en su informe del año 2002 sobre Paraguay señala que
"a partir de los gobiernos elegidos democráticamente, la política del Estado
hacia los indígenas ha mejorado (...) sin embargo, la población indígena,
que aún mantiene sus tradiciones y organización ancestral, sigue marginada y
padeciendo las peores condiciones de vida en el Paraguay, en situación
precaria y atentatoria contra la dignidad de la persona humana". Se destaca
que el impacto socio ambiental de la sequía en el Chaco, la frustración de
las reivindicaciones territoriales indígenas en el Parlamento, la intención
de adoptar medidas de carácter regresivo y un menoscabo generalizado en el
disfrute de estándares mínimos, señalan un cuadro de denegación estructural
de derechos de los pueblos originarios en el 200322.
