Parte 1/3    

A consecuencia de S-11 y de la invasión a Irak, el diseño de la arquitectura de poder global comienza a cambiar significativamente. En este sentido, a los efectos de América Latina y el Caribe son de señalar los siguientes impactos y tendencias.

En primer lugar, la priorización por parte de EEUU de la guerra contra el terrorismo global luego de S-11 se ha articulado con una estrategia previamente elaborada por el equipo de la Administración de George W. Bush en función de promover un rediseño de la arquitectura de poder global. La concepción de esta estrategia responde a las percepciones e intereses de un grupo de funcionarios y asesores fuertemente influenciados por las concepciones prevalecientes durante la Guerra Fría, orientadas a reforzar una presencia hegemónica y una política unilateralista de EEUU, con un significativo componente de alcances estratégico-militares, en el ámbito global. En el marco de esta concepción, el eje del re-diseño global pasa por una re-configuración geopolítica en Medio Oriente, identificado tanto como un foco potencial de amenaza (de actores estatales y no-estatales) a los intereses de los EEUU como el ámbito de significativos recursos petroleros. Por otra parte, la re-configuración geopolítica de la región no involucra significativamente, en la actual coyuntura, a actores más poderosos como Rusia o China, como es el caso del Cáucaso o de Asia.

La concepción unilateralista vigente, se articula tanto con la nueva priorización de los temas estratégicos y de seguridad de la agenda global (que tienden a subordinar los temas económicos y comerciales), como en las nuevas prioridades de carácter regional que, como en el caso de Medio Oriente, desplazan, por lo menos a mediano plazo, otras regiones de la atención prioritaria de los EEUU. En la perspectiva de esta concepción, adicionalmente, en lo inmediato, el peso de las alianzas transatlánticas o la reacción de la opinión pública, tanto de EEUU como de la UE, no ocupan un lugar relevante y son meramente instrumentales a los objetivos prioritarios de esta concepción.

Como consecuencia, se pueden prever tanto transformaciones en la dinámica económica internacional, con la reversión de flujos de inversión y de comercio, y un acotamiento mayor de los flujos de transferencia tecnológica, como en la governanza global, en función del eventual debilitamiento del rol de los organismos y regímenes internacionales, y particularmente de la ONU.

En segundo lugar, en este marco, América Latina y el Caribe pasan, coyunturalmente, a ocupar un lugar secundario o periférico en las prioridades estadounidenses, al punto que, luego del énfasis en los temas comerciales y en la consolidación de la democracia en la década del 90, se produce un retorno parcial a los temas de seguridad estratégica en la región, básicamente vinculados con la lucha contra el terrorismo y el rediseño de la arquitectura de poder global. En este sentido, persiste la iniciativa de promover el ALCA, como uno de los ejes de la política de EEUU en la región, fuertemente condicionada, sin embargo, por las prioridades de seguridad. Los avances en la creación de un área de libre comercio con Centroamérica (CAFTA) de acuerdo al modelo de NAFTA, y el acuerdo con Chile, se ubican en este marco. Sin embargo, el segundo eje de la política norteamericana en la región – el plan Colombia, evidencia cada vez más la priorización de los temas de seguridad y la lucha contra el terrorismo y desplaza a un segundo plano la consolidación de la democracia y de los derechos civiles, y la cooperación para el desarrollo, en una coyuntura regional en dónde, por un lado, se profundizan los efectos sociales y políticos perversos de la implementación de los programas de reforma y ajuste estructural de la década del noventa y, por otro, se revaloriza, pese a la marcada deslegitimación de los actores políticos tradicionales, la importancia de la democracia, de la ciudadanía y del estado.

En relación al ALCA, la posición de los países sudamericanos se orienta a fortalecer la capacidad negociadora, no sólo en el plano técnico, a través de una convergencia de intereses sudamericanos. Evidencia de ello se encuentra en el acuerdo de libre comercio firmado entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y MERCOSUR en diciembre del 2002, y en la realización de las Cumbres Sudamericanas de Brasilia y Guayaquil en los dos primeros años de este siglo, promovidos principalmente por la diplomacia brasileña, como en los actuales intentos de reactivación del MERCOSUR, con una reiterada referencia a la configuración de una Zona de Paz en América del Sur.

En este contexto, se desarrollan crecientes presiones (endógenas y exógenas) para que Brasil asuma un papel de liderazgo regional, a lo cual, gradualmente, este país parece avenirse a pesar de su reticencia histórica a asumir este rol y a ampliar los objetivos de su estrategia de desarrollo industrial nacional a un espacio regional. Mas allá de la figura de Lula da Silva, esta reorientación responde a una estrategia y a objetivos de estado que no tienen visos de revertirse, una vez que Brasil desarrolle y profundice la construcción de un consenso interno acerca de las ventajas políticas y geopolíticas que pueda reportar esta estrategia y que asuma los costos económicos que pueda implicar desempeñar este rol. Eventualmente, este es un proceso en desarrollo sin un desenlace claro, forzado crecientemente, sin embargo, por la preocupación por el efecto de derrame regional del Plan Colombia y la presencia de las FARC en territorio brasileño y de los países andinos, y por la necesidad de profundizar en los acuerdos que puedan conducir a una posición común sudamericana en la negociación del ALCA. En cuanto al primer elemento, baste ver el reciente entredicho entre el canciller colombiano y las autoridades brasileñas, y la invitación extendida por el presidente brasileño para una visita de Uribe a Brasil. En cuanto al segundo, baste citar la posición brasileña de demorar las fechas de implementación del ALCA (a la que coyunturalmente parece adherirse el actual gobierno argentino), y los esfuerzos para promover una posición sudamericana común en las negociaciones hemisféricas.

La preocupación sobre los efectos de derrame regional del plan Colombia se extiende a todos los países andinos, con matices y énfasis diversos, en particular en los casos de Ecuador y Venezuela, que atraviesan asimismo por transiciones políticas complejas que pueden poner en cuestión las democracias establecidas. Si bien esta última aseveración puede ser extendida también a Perú y Bolivia, adquiere especial importancia en el caso de Venezuela, cuya crisis política corre el riesgo potencial de contribuir al desarrollo, en conjunto con los efectos del plan Colombia, de una crisis regional.

Por otra parte, es de señalar que la invasión a Irak ha contribuido, a nivel regional, a un parteaguas significativo entre los países que han criticado abiertamente la decisión unilateral de EEUU (Brasil, Venezuela, Cuba); los que han mantenido distancia de la posición norteamericana, particularmente en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU (Chile y México), y los que han apoyado la posición estadounidense (El Salvador, Honduras, Panamá, República Dominicana, Nicaragua; Costa Rica y Colombia).