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 LOS CONFLICTOS VIOLENTOS EN LA REGIÓN:
RETOS PARA LA SOCIEDAD CIVIL EN EL PRESENTE Y EL FUTURO

Resolución y prevención de conflictos

Por Amanda Romero Medina      

  Parte 2 / 6      

Las causas del conflicto violento en el periodo actual

La manifestación del conflicto violento en la región revela tipos de respuestas sociales a causas más estructurales que siguen sin resolverse: visto desde una perspectiva más sistémica, los análisis nos conducen a constatar que en la realidad latinoamericana de inicios del siglo XXI se conjugan factores determinados por las demandas del mercado en un medio en el que las formas de democracia arrastran viejos métodos clientelistas que permean las relaciones de poder, altamente marcadas por la corrupción, la falta de transparencia y la ausencia de un interés por el bienestar social general.

Corrupción económica y política neoliberal

Una de las herencias del modelo político que se implantó en América Latina ha sido el del ejercicio del poder por grupos pequeños de privilegiados, que de formas cambiantes, han literalmente expoliado los recursos de los países de la región. A diferencia de los continentes asiático y africano, en América Latina se habla de "bolsones de riqueza", con sectores dominantes que mantienen un nivel de vida igual o semejante al de los poderosos grupos económicos del Norte, en detrimento de su propia población.

La opulencia de los más ricos de Latinoamérica sostiene la costumbre del despilfarro, la corrupción y la coima, y a menudo coincide en su cercanía con los negocios ilegales, particularmente los mercados de armamentos y de drogas.

La especulación financiera que respalda sus actuaciones, sin embargo, tiene un límite y cuando los propios socios en los negocios de capitales se cansan de los fracasos continuos de las elites de nuestros países, y es cuando se crean escenarios de aparente fiscalización y transparencia, pero en donde la banca multilateral y las transnacionales terminan de nuevo poniendo las condiciones de las reglas del juego.

La crisis de la deuda externa, sin resolverse en América Latina, cae en la trampa de las negociaciones que se hacen a espaldas de la población. Las reformas fiscales, el recorte de empleos estatales y privados, así como las medidas de reestructuración de las entidades públicas y la privatización de las empresas más rentables de propiedad gubernamental, partes de los Programas de Ajuste Estructural son una de las principales causas del conflicto social, económico y político del mundo actual.

Dichos conflictos se expresan igualmente en la región en recortes salariales, pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional o la imposición de la dolarización, el desplazamiento de los gustos de los consumidores, que tienden a desechar las costumbres y los productos tradicionales y privilegiar artículos procesados, innecesarios o suntuarios; la quiebra de las empresas nacionales y del capital local, que enfrenta una competencia imposible de superar de las compañías extranjeras, y la transferencia de los recursos de la nación a empresas multinacionales que son las que en últimas deciden el destino de millones de latinoamericanos.

Corrupción política, fraude electoral y falta de participación política

El estado de cosas en el que la población reclama el respeto de sus derechos económicos, sociales y culturales está también atravesado por la continua denuncia de la corrupción del sistema político, en particular la forma en que se presiona a los electores para definir los cargos administrativos y políticos de los países latinoamericanos.

Si bien se reconoce que la fuerza de los movimientos sociales en toda la región han dado por resultado cambios importantes en muchos escenarios de la política tradicional, desechando viejas costumbres y clientelas, presionando la creación de espacios de participación popular, vigilancia ciudadana y control de la cosa pública, lo cierto es que las decisiones más trascendentales para la vida de la población siguen atadas a intereses de pequeños grupos de poder.

En especial, nos referimos a los temas del manejo centralizado del presupuesto nacional y de los criterios y prioridades de la defensa nacional, dos aspectos cruciales para la autodeterminación y autonomía comunitaria y la construcción de un nuevo concepto de seguridad, basado en la responsabilidad por el bienestar de toda la población, con formas solidarias de relación y comprensión entre los pueblos latinoamericanos.

Conflictos de género y generaciones

La contradicción existente entre marcos jurídicos democráticos y la experiencia real de la democracia en América Latina ha sido puesta en cuestión entre otros, por movimientos juveniles que plantean, además, la necesidad de reconocer el papel que los y las jóvenes están jugando en el escenario actual y su necesidad de obtener espacios de participación política real, más allá de los modelos representativos.

La crítica situación de desempleo, falta de educación y oportunidades que enfrentan los sectores juveniles latinoamericanos se ve agravada, al mismo tiempo, por los mecanismos de represión institucional y sistemático que vienen incorporando en los cuerpos legislativos las naciones de la región.

En efecto, una población que sigue siendo en esencia joven, no goza de gobiernos que inviertan en la preparación y apertura de espacios para su pleno desarrollo personal, social y comunitario. Por el contrario, se ha ido paulatinamente estigmatizando a los jóvenes como los responsables de la violencia callejera, de la creación de movimientos violentos y de constituir una amenaza actual para la mayoría de la población. El estereotipo de los y las jóvenes como generadores de conflictos violentos desconoce las causas sociales del delito, la adicción a las drogas y la pérdida de horizontes para esta población, a la que se ofrece a cambio el consumismo de una sociedad donde el fetiche del dinero y del poder se constituyen hoy en día en el paradigma a seguir. La fuerza y capacidad transformadora de las personas jóvenes en América Latina, precisa, entonces, una nueva mirada desde su desarrollo como sujetos de derechos.

La pérdida de valores tradicionales como la reciprocidad, la lealtad, la honestidad y la construcción social de la verdad y la dignidad de los pueblos, pone en alto riesgo las relaciones inter generacionales, en donde se ven comprometidos, como queda dicho, los jóvenes. Pero también este modo de negar la memoria histórica, coloca a las personas adultas mayores en una condición de marginalidad, pérdida de su capacidad de consejera y de modelo para las generaciones más jóvenes. La ruptura social que genera esta contradicción se manifiesta muchas de las veces en conflictos serios que tienen en la violencia doméstica una de sus mayores expresiones.

Indiscutiblemente, no puede hablarse en la región latinoamericana de transformación pacífica de conflictos, cuando las consecuencias sociales de la violencia que golpea principalmente a niños, niñas y mujeres no distingue a sus víctimas en razón a condiciones como la clase, la raza o grupo étnico, la posición social o económica, el origen nacional o la religión.

La mayor parte de la violencia que se genera en toda América Latina ocurre en la esfera de lo privado, sin que los Estados asuman los desarrollos de normas internas y de órganos internacionales que han ido avanzando en el reconocimiento de estos problemas como factores determinantes en la reproducción de conductas violentas y en el manejo de conflictos sociales.

Conflictos interétnicos

Gran parte de los cambios constitucionales que se han llevado a cabo en los últimos 15 años en América Latina han reconocido las características multiétnicas y pluriculturales de nuestras sociedades.

Este reconocimiento se refiere por lo general a la presencia de diversos Pueblos Indígenas que lograron sobrevivir a la dominación española, la explotación y la discriminación sufrida por siglos, y que tras muchas luchas y desencuentros, son finalmente considerados parte de la sociedad nacional y de la población latinoamericana. En muchos países, los pueblos indígenas constituyen todavía una mayoría de la población; pero en otros, representan una minoría, como sucede respecto de la población general en toda la región.

De la misma forma, de manera progresiva en los últimos diez años, se ha venido produciendo la visibilización de los Pueblos Afrodescendientes, que de manera similar a la de los pueblos indígenas, representan para algunas naciones un componente mayoritario de la población, mientras que en otros son una minoría étnica.

En ambos casos, tanto para indígenas como para Afrodescendientes, sin embargo, la progresiva normatividad que protege los derechos y el reconocimiento de estos pueblos étnicamente diferenciados del resto de la población, no se corresponde con la implementación de políticas que les den el lugar que merecen dentro de las sociedades latinoamericanas, que en su gran mayoría siguen considerándose blancas, a pesar de ser fundamentalmente mestizas.

Los conflictos interétnicos en América Latina no han sido tampoco objeto de un análisis que ayude a estudiar las raíces de otros conflictos violentos. El racismo y la discriminación racial que viven los pueblos étnicos son una explicación clave para la comprensión de la situación de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad en que han sido colocados a lo largo y ancho de la región.

No solamente los conflictos que se originan del manejo autoritario y excluyente de la noción de minoría – mayoría, contribuyen a la existencia de graves problemas sin resolver en muchos países latinoamericanos.

Al lado de ello, políticas equívocas de los gobiernos nacionales han producido en algunos casos diferencias anteriormente inexistentes entre pueblos indígenas y Afrodescendientes, colocando muchas de las veces a los pueblos indígenas con un nivel superior de acceso a servicios y reconocimiento legal, en detrimento de los pueblos Afrodescendientes y viceversa.

Falta mucho camino por recorrer en materia de políticas públicas que les reconozcan en pie de igualdad sus derechos y que les ofrezcan alternativas mediante decisiones de acción afirmativa, la implementación de programas y proyectos que valoren sus aportes a la cultura nacional, así como la puesta en marcha de mecanismos de prevención, educación, sensibilización y sanción a actos de racismo y discriminación racial aún prevalentes en el conjunto social.

Conflictos por los recursos naturales y la biodiversidad

Quizás uno de los elementos que se ponen más en evidencia en la medida en que surgen los conflictos violentos en América Latina tienen que ver con la disputa de las grandes empresas transnacionales, los gobiernos de los países del Norte y las elites que dominan las naciones de la región en torno a la disponibilidad, extracción y uso de los recursos naturales.

Agotados y usados de manera irracional los recursos del suelo, del subsuelo y de la biosfera por las naciones más poderosas económicamente, se vuelcan las miradas sobre los países el Sur, en donde las prácticas y el conocimiento tradicional de las comunidades sobre todo las rurales, han logrado preservar el ecosistema.

América Latina ofrece no solamente las riquezas inconmensurables de la cuenca Amazónica, sino sus yacimientos petrolíferos y mineros, sus fuentes de agua, su diversidad biológica - útil para industrias farmacéuticas y de otro tipo-, sus riquezas marinas y la capacidad de supervivencia de sus pueblos indígenas y Afrodescendientes en zonas aún conservadas de bosques tropicales húmedos, en los extensos valles, llanuras y sistemas montañosos.

Gran parte de los conflictos que se tornan violentos tienen que ver con los intereses en disputa entre pueblos indígenas y Afrodescendientes y compañías extranjeras o nacionales que desconocen los principios de consulta previa informada y otros mecanismos de participación y respeto de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la extracción de sus recursos, la contaminación, el desalojo y la pérdida de la soberanía cultural, social y territorial.

Los sectores populares latinoamericanos están enfrentados a sus propios gobiernos, que buscan ante todo la obtención de recursos económicos a cambio de la concesión de permisos, licencias de exploración, explotación y exportación de importantes fuentes de energía; la construcción de grandes proyectos de infraestructura, como represas, carreteras, vías férreas, complejos turísticos, y la introducción de empresas agroindustriales, que quiebran la economía campesina, deterioran el medio ambiente y frustran sus esperanzas.

El tratamiento a estos conflictos es cada vez más violento, pues los representantes gubernamentales y los de las compañías involucradas acuden a procedimientos engañosos para simplemente informar a las comunidades acerca de decisiones ya tomadas, sobre hechos consumados, en los cuales se alegan normatividades y argumentos de seguridad nacional para llevar a cabo programas y proyectos en los que se emplean términos como "desarrollo sustentable" y "construcción del desarrollo con un perfil humano".

La pérdida de credibilidad de las comunidades afectadas por estos proyectos y programas es una de las causas que conduce a la ruptura del diálogo entre las partes, a la realización de acciones de hecho que llamen la atención de la opinión pública nacional e internacional y a la constitución de sistemas de oposición civil a estas expresiones de la denominada Globalización económica o mundialización del modelo Neoliberal.


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