Las causas del conflicto violento en el periodo actual
La manifestación del conflicto violento en la región revela
tipos de respuestas sociales a causas más estructurales que siguen sin
resolverse: visto desde una perspectiva más sistémica, los análisis nos
conducen a constatar que en la realidad latinoamericana de inicios del siglo
XXI se conjugan factores determinados por las demandas del mercado en un
medio en el que las formas de democracia arrastran viejos métodos
clientelistas que permean las relaciones de poder, altamente marcadas por la
corrupción, la falta de transparencia y la ausencia de un interés por el
bienestar social general.
Corrupción económica y política
neoliberal
Una de las herencias del modelo político que se implantó en
América Latina ha sido el del ejercicio del poder por grupos pequeños de
privilegiados, que de formas cambiantes, han literalmente expoliado los
recursos de los países de la región. A diferencia de los continentes
asiático y africano, en América Latina se habla de "bolsones de riqueza",
con sectores dominantes que mantienen un nivel de vida igual o semejante al
de los poderosos grupos económicos del Norte, en detrimento de su propia
población.
La opulencia de los más ricos de Latinoamérica sostiene la
costumbre del despilfarro, la corrupción y la coima, y a menudo coincide en
su cercanía con los negocios ilegales, particularmente los mercados de
armamentos y de drogas.
La especulación financiera que respalda sus actuaciones, sin
embargo, tiene un límite y cuando los propios socios en los negocios de
capitales se cansan de los fracasos continuos de las elites de nuestros
países, y es cuando se crean escenarios de aparente fiscalización y
transparencia, pero en donde la banca multilateral y las transnacionales
terminan de nuevo poniendo las condiciones de las reglas del juego.
La crisis de la deuda externa, sin resolverse en América
Latina, cae en la trampa de las negociaciones que se hacen a espaldas de la
población. Las reformas fiscales, el recorte de empleos estatales y
privados, así como las medidas de reestructuración de las entidades públicas
y la privatización de las empresas más rentables de propiedad gubernamental,
partes de los Programas de Ajuste Estructural son una de las principales
causas del conflicto social, económico y político del mundo actual.
Dichos conflictos se expresan igualmente en la región en
recortes salariales, pérdida de poder adquisitivo de la moneda nacional o la
imposición de la dolarización, el desplazamiento de los gustos de los
consumidores, que tienden a desechar las costumbres y los productos
tradicionales y privilegiar artículos procesados, innecesarios o suntuarios;
la quiebra de las empresas nacionales y del capital local, que enfrenta una
competencia imposible de superar de las compañías extranjeras, y la
transferencia de los recursos de la nación a empresas multinacionales que
son las que en últimas deciden el destino de millones de latinoamericanos.
Corrupción política, fraude electoral y
falta de participación política
El estado de cosas en el que la población reclama el respeto
de sus derechos económicos, sociales y culturales está también atravesado
por la continua denuncia de la corrupción del sistema político, en
particular la forma en que se presiona a los electores para definir los
cargos administrativos y políticos de los países latinoamericanos.
Si bien se reconoce que la fuerza de los movimientos
sociales en toda la región han dado por resultado cambios importantes en
muchos escenarios de la política tradicional, desechando viejas costumbres y
clientelas, presionando la creación de espacios de participación popular,
vigilancia ciudadana y control de la cosa pública, lo cierto es que las
decisiones más trascendentales para la vida de la población siguen atadas a
intereses de pequeños grupos de poder.
En especial, nos referimos a los temas del manejo
centralizado del presupuesto nacional y de los criterios y prioridades de la
defensa nacional, dos aspectos cruciales para la autodeterminación y
autonomía comunitaria y la construcción de un nuevo concepto de seguridad,
basado en la responsabilidad por el bienestar de toda la población, con
formas solidarias de relación y comprensión entre los pueblos
latinoamericanos.
Conflictos de género y generaciones
La contradicción existente entre marcos jurídicos
democráticos y la experiencia real de la democracia en América Latina ha
sido puesta en cuestión entre otros, por movimientos juveniles que plantean,
además, la necesidad de reconocer el papel que los y las jóvenes están
jugando en el escenario actual y su necesidad de obtener espacios de
participación política real, más allá de los modelos representativos.
La crítica situación de desempleo, falta de educación y
oportunidades que enfrentan los sectores juveniles latinoamericanos se ve
agravada, al mismo tiempo, por los mecanismos de represión institucional y
sistemático que vienen incorporando en los cuerpos legislativos las naciones
de la región.
En efecto, una población que sigue siendo en esencia joven,
no goza de gobiernos que inviertan en la preparación y apertura de espacios
para su pleno desarrollo personal, social y comunitario. Por el contrario,
se ha ido paulatinamente estigmatizando a los jóvenes como los responsables
de la violencia callejera, de la creación de movimientos violentos y de
constituir una amenaza actual para la mayoría de la población. El
estereotipo de los y las jóvenes como generadores de conflictos violentos
desconoce las causas sociales del delito, la adicción a las drogas y la
pérdida de horizontes para esta población, a la que se ofrece a cambio el
consumismo de una sociedad donde el fetiche del dinero y del poder se
constituyen hoy en día en el paradigma a seguir. La fuerza y capacidad
transformadora de las personas jóvenes en América Latina, precisa, entonces,
una nueva mirada desde su desarrollo como sujetos de derechos.
La pérdida de valores tradicionales como la reciprocidad, la
lealtad, la honestidad y la construcción social de la verdad y la dignidad
de los pueblos, pone en alto riesgo las relaciones inter generacionales, en
donde se ven comprometidos, como queda dicho, los jóvenes. Pero también este
modo de negar la memoria histórica, coloca a las personas adultas mayores en
una condición de marginalidad, pérdida de su capacidad de consejera y de
modelo para las generaciones más jóvenes. La ruptura social que genera esta
contradicción se manifiesta muchas de las veces en conflictos serios que
tienen en la violencia doméstica una de sus mayores expresiones.
Indiscutiblemente, no puede hablarse en la región
latinoamericana de transformación pacífica de conflictos, cuando las
consecuencias sociales de la violencia que golpea principalmente a niños,
niñas y mujeres no distingue a sus víctimas en razón a condiciones como la
clase, la raza o grupo étnico, la posición social o económica, el origen
nacional o la religión.
La mayor parte de la violencia que se genera en toda América
Latina ocurre en la esfera de lo privado, sin que los Estados asuman los
desarrollos de normas internas y de órganos internacionales que han ido
avanzando en el reconocimiento de estos problemas como factores
determinantes en la reproducción de conductas violentas y en el manejo de
conflictos sociales.
Conflictos interétnicos
Gran parte de los cambios constitucionales que se han
llevado a cabo en los últimos 15 años en América Latina han reconocido las
características multiétnicas y pluriculturales de nuestras sociedades.
Este reconocimiento se refiere por lo general a la presencia
de diversos Pueblos Indígenas que lograron sobrevivir a la dominación
española, la explotación y la discriminación sufrida por siglos, y que tras
muchas luchas y desencuentros, son finalmente considerados parte de la
sociedad nacional y de la población latinoamericana. En muchos países, los
pueblos indígenas constituyen todavía una mayoría de la población; pero en
otros, representan una minoría, como sucede respecto de la población general
en toda la región.
De la misma forma, de manera progresiva en los últimos diez
años, se ha venido produciendo la visibilización de los Pueblos
Afrodescendientes, que de manera similar a la de los pueblos indígenas,
representan para algunas naciones un componente mayoritario de la población,
mientras que en otros son una minoría étnica.
En ambos casos, tanto para indígenas como para
Afrodescendientes, sin embargo, la progresiva normatividad que protege los
derechos y el reconocimiento de estos pueblos étnicamente diferenciados del
resto de la población, no se corresponde con la implementación de políticas
que les den el lugar que merecen dentro de las sociedades latinoamericanas,
que en su gran mayoría siguen considerándose blancas, a pesar de ser
fundamentalmente mestizas.
Los conflictos interétnicos en América Latina no han sido
tampoco objeto de un análisis que ayude a estudiar las raíces de otros
conflictos violentos. El racismo y la discriminación racial que viven los
pueblos étnicos son una explicación clave para la comprensión de la
situación de marginalidad, pobreza y vulnerabilidad en que han sido
colocados a lo largo y ancho de la región.
No solamente los conflictos que se originan del manejo
autoritario y excluyente de la noción de minoría – mayoría, contribuyen a la
existencia de graves problemas sin resolver en muchos países
latinoamericanos.
Al lado de ello, políticas equívocas de los gobiernos
nacionales han producido en algunos casos diferencias anteriormente
inexistentes entre pueblos indígenas y Afrodescendientes, colocando muchas
de las veces a los pueblos indígenas con un nivel superior de acceso a
servicios y reconocimiento legal, en detrimento de los pueblos
Afrodescendientes y viceversa.
Falta mucho camino por recorrer en materia de políticas
públicas que les reconozcan en pie de igualdad sus derechos y que les
ofrezcan alternativas mediante decisiones de acción afirmativa, la
implementación de programas y proyectos que valoren sus aportes a la cultura
nacional, así como la puesta en marcha de mecanismos de prevención,
educación, sensibilización y sanción a actos de racismo y discriminación
racial aún prevalentes en el conjunto social.
Conflictos por los recursos naturales y
la biodiversidad
Quizás uno de los elementos que se ponen más en evidencia en
la medida en que surgen los conflictos violentos en América Latina tienen
que ver con la disputa de las grandes empresas transnacionales, los
gobiernos de los países del Norte y las elites que dominan las naciones de
la región en torno a la disponibilidad, extracción y uso de los recursos
naturales.
Agotados y usados de manera irracional los recursos del
suelo, del subsuelo y de la biosfera por las naciones más poderosas
económicamente, se vuelcan las miradas sobre los países el Sur, en donde las
prácticas y el conocimiento tradicional de las comunidades sobre todo las
rurales, han logrado preservar el ecosistema.
América Latina ofrece no solamente las riquezas
inconmensurables de la cuenca Amazónica, sino sus yacimientos petrolíferos y
mineros, sus fuentes de agua, su diversidad biológica - útil para industrias
farmacéuticas y de otro tipo-, sus riquezas marinas y la capacidad de
supervivencia de sus pueblos indígenas y Afrodescendientes en zonas aún
conservadas de bosques tropicales húmedos, en los extensos valles, llanuras
y sistemas montañosos.
Gran parte de los conflictos que se tornan violentos tienen
que ver con los intereses en disputa entre pueblos indígenas y
Afrodescendientes y compañías extranjeras o nacionales que desconocen los
principios de consulta previa informada y otros mecanismos de participación
y respeto de los derechos humanos de las poblaciones afectadas por la
extracción de sus recursos, la contaminación, el desalojo y la pérdida de la
soberanía cultural, social y territorial.
Los sectores populares latinoamericanos están enfrentados a
sus propios gobiernos, que buscan ante todo la obtención de recursos
económicos a cambio de la concesión de permisos, licencias de exploración,
explotación y exportación de importantes fuentes de energía; la construcción
de grandes proyectos de infraestructura, como represas, carreteras, vías
férreas, complejos turísticos, y la introducción de empresas
agroindustriales, que quiebran la economía campesina, deterioran el medio
ambiente y frustran sus esperanzas.
El tratamiento a estos conflictos es cada vez más violento,
pues los representantes gubernamentales y los de las compañías involucradas
acuden a procedimientos engañosos para simplemente informar a las
comunidades acerca de decisiones ya tomadas, sobre hechos consumados, en los
cuales se alegan normatividades y argumentos de seguridad nacional para
llevar a cabo programas y proyectos en los que se emplean términos como
"desarrollo sustentable" y "construcción del desarrollo con un perfil
humano".
La pérdida de credibilidad de las comunidades afectadas por
estos proyectos y programas es una de las causas que conduce a la ruptura
del diálogo entre las partes, a la realización de acciones de hecho que
llamen la atención de la opinión pública nacional e internacional y a la
constitución de sistemas de oposición civil a estas expresiones de la
denominada Globalización económica o mundialización del modelo Neoliberal.
