Los retos de la sociedad civil en el presente

América Latina se ha ido contagiando de las luchas anti-globalización y éstas han hallado un terreno abonado en la grave crisis por la que atraviesan todos los países de la región, unos más afectados por la deuda externa, y otros, por la guerra y la militarización. De allí que los retos más importantes que debe afrontar la sociedad civil en el momento actual, entre otros, son:

El mantenimiento de espacios de ciudadanía democrática

Los avances logrados en la última década en cuanto al reconocimiento de derechos en la legislación interna, la ratificación de instrumentos de protección de los derechos humanos, entre ellos, el Convenio 169 de la OIT por la mayoría de países latinoamericanos, la creación de formas y mecanismos de participación social han ido sufriendo las presiones de políticas regresivas impuestas por muchos de los gobiernos de la región. Uno de los retos claves, entonces, es el fortalecimiento de las organizaciones sociales existentes, a fin de evitar su desmantelamiento y destrucción tanto por la vía de las reformas legales, como de la represión violenta de sus protestas.

En ese orden de ideas, la situación del pueblo colombiano requiere de un mayor compromiso solidario de parte de las redes y organizaciones latinoamericanas. Es necesario comprender lo que subyace a este conflicto violento y proponer mecanismos de apoyo institucional a personas, grupos y movimientos en alto riesgo, entre ellos, los de las minorías étnicas.

El apoyo a las normas que reglamentan el refugio y el asilo político en concordancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos y del derecho de los refugiados y refugiadas en los países de la región son por ende, urgentes, a fin de no cerrar las puertas al exilio colombiano en momentos en que se precisa la construcción de redes de solidaridad con los que huyen del conflicto.

El fortalecimiento y consolidación de las acciones de carácter regional latinoamericano, se que enlazan con iniciativas mundiales en la lucha contra la pobreza y los impactos negativos de la globalización económica, son otro de los elementos que necesitan ser abordados como un reto del presente. Pasar de las declaraciones conjuntas a la sensibilización y acción con los gobiernos de cada país, mediante el cabildeo y la incidencia con los representantes del Legislativo, la vigilancia ciudadana en los órganos de control del Estado y el seguimiento detallado de las políticas públicas, es un imperativo en este momento para América Latina.

La construcción de una sociedad civil activa, opuesta a la guerra

Al tiempo que las agendas de muchas de las redes y organizaciones regionales se centran en los efectos nocivos del Neoliberalismo y las políticas económicas en curso, entre ellas el ALCA, no deben olvidarse las implicaciones que tienen dichos proyectos para el fortalecimiento de las respuestas militares desde nuestros Estados.

La adhesión de los gobiernos de la región a las políticas anti terroristas de Washington, como recientemente ocurriera con la reunión en Los Cabos, México, plantean que el tema de la guerra no debe movilizar solamente a los grupos pacifistas de los Estados Unidos o de la región latinoamericana en torno de la guerra contra Irak, sino que su mirada deberá volcarse también al conflicto más grave del hemisferio, la guerra en Colombia. En la medida en que se generen espacios de reflexión sobre el contenido y los alcances de lo que se ha denominado el "paquete" de ayuda militar de Estados Unidos a la Región Andina, podremos comenzar a ampliar las formas pacíficas de oposición a la guerra.

Uno de los mecanismos para hacerlo es mediante la diseminación de la información relativa a las valerosas experiencias de las comunidades que en el medio rural y el urbano, resisten en Colombia a los embates del conflicto armado.

Experiencias campesinas, indígenas y Afrodescendientes que logran inclusive rescatar semillas para la producción de alimentos, para la supervivencia de la familia en las zonas rurales, son algunas de las muestras de esta resistencia pacífica.

Organizaciones de derechos humanos que promueven programas de protección a dirigentes sociales, activistas y personas que sufren el hostigamiento mediante la creación de pasantías dentro y fuera de Colombia, son otra manifestación del deseo de construir alternativas al conflicto violento.

En fin, las innumerables actividades que existen nos ayudarán a fortalecer y generar formas creativas de apoyo a esta lucha por la paz en Colombia, a fin de que los pueblos puedan pervivir.

Incidencia con las agencias humanitarias y de cooperación

Los giros en la cooperación internacional al desarrollo en América Latina y el Caribe son un factor importante a considerar al momento de analizar los retos presentes, tanto para la prevención de conflictos violentos como para su atención en aquellos lugares en donde resultan más álgidos.

En primer lugar, las organizaciones civiles de la región han aportado enormemente al establecimiento de un diálogo fluido con dichas agencias en los últimos veinte años, que ha permitido la concertación sobre prioridades y mecanismos de relación que parten de la base del reconocimiento de derechos y deberes iguales entre las partes.

Dichas relaciones han avanzado al punto de existir en la actualidad un conjunto valioso de Redes y Plataformas promovidas y acompañadas por las agencias internacionales de cooperación al desarrollo, que han posibilitado el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de una perspectiva más regional y global y la construcción de parámetros de diseño, implementación y evaluación de los proyectos de desarrollo social y económico.

En segundo lugar, la intervención de muchas de dichas agencias en los conflictos violentos de la región también dieron lugar a actividades claves para la protección de comunidades victimizadas o amenazadas por la guerra, a la supervivencia de grupos étnicos, a la sensibilización y la incidencia en el plano nacional, regional e internacional respecto de la necesidad de hallar soluciones duraderas a procesos de diálogo y negociación política.

Sin dichos recursos, y en cooperación con agencias del Sistema de las Naciones Unidas, quizás las comunidades no habrían podido adelantar acciones pacíficas de resistencia.

Sin embargo, quedan aún muchos retos pendientes de resolver, en la medida en que algunas de dichas agencias han abandonado, en cierto sentido, a las comunidades en donde los conflictos violentos terminaron con procesos de paz, sin que se hubiera mantenido una mirada más de largo alcance que perfilara las condiciones para la construcción de bases sólidas de entendimiento sobre las causas que sobrevinieron en conflictos armados.

Su actividad se encamina ahora a la región andina como área geográfica prioritaria, en especial hacia Colombia, en desmedro de los conflictos latentes o en evolución actual que se siguen registrando en la región Latinoamericana y del Caribe.

Además de no registrarse muchos avances en materia de coordinación de esfuerzos y prioridades o destinatarios comunes, los efectos de los cambios en la economía y los gobiernos de los países de donde provienen los fondos de las agencias internacionales de cooperación, así como el paulatino debilitamiento de los órganos intergubernamentales que se ha registrado por el papel negativo de los Estados Unidos y de otros países en temas como el racismo, la discriminación racial, la protección del medio ambiente o el control del comercio mundial, han dado por resultado una disminución considerable de la ayuda al desarrollo o, en el caso de los conflictos armados, de la ayuda humanitaria y para los derechos humanos.

De allí que un reto importante que se deben plantear las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que acompañan los procesos sociales de la región es incidir de manera más contundente en un enfoque mucho más coordinado, eficaz y de largo plazo para construir relaciones que, evitando la dependencia, fortalezcan las capacidades ganadas por las organizaciones populares de la región y contribuyan a asegurar que se produzca una redistribución de los fondos que a nivel mundial genera la riqueza que se origina en los países del Sur, o con el trabajo de pueblos como los emigrantes, en los países del Norte.

Esto último plantea la necesidad de estrechar los lazos de amistad, coordinación y diálogo entre las ONG de América Latina y el Caribe con las agencias de cooperación al desarrollo en Europa y Norteamérica, a fin de poder contribuir también a la configuración de escenarios en los que el respaldo a políticas democráticas cuente con nuestra comprensión y solidaridad recíproca.

Empujando un papel más protagónico de la ONU

En el mismo sentido, hay varios temas a discutir desde las organizaciones de la sociedad civil respecto del papel que actualmente están jugando diferentes órganos de las Naciones Unidas.

Comenzando por el conocimiento y difusión de herramientas como las Resoluciones del Consejo de Seguridad o las Recomendaciones del Secretario General de la ONU que dan lugar a la protección de los niños y niñas, las mujeres y en general, la población civil en los conflictos armados, se debe potenciar los esfuerzos hasta ahora realizados en la divulgación, promoción y utilización de los instrumentos y mecanismos de derechos humanos que ofrece el Sistema ONU.

Estas actividades hacen que las tareas de cabildeo e incidencia que las ONG y organizaciones sociales efectúan con los Países Miembros de la ONU, tengan como prioridad la ampliación y el fortalecimiento de las redes existentes, para que además de su trabajo alrededor de temas, regiones geográficas o problemas particulares, puedan tener un impacto mayor.

Aún hace falta tener un marco jurídico común, basado en la Carta de Derechos Humanos y otros instrumentos derivados de los más de cincuenta años de lucha por el reconocimiento de los derechos iguales e inalienables de todas las personas, que incorporen los principios de indivisibilidad, interdependencia y universalidad que hace ya casi diez años ratificaron tanto los Estados como las organizaciones de la sociedad civil en Viena.

Por ejemplo, las luchas por los derechos de las mujeres en la región Latinoamericana y del Caribe deben prestar más atención a las críticas relaciones inter-étnicas y la forma en que la militarización y los conflictos violentos afectan y agravan problemas no resueltos, como la violencia doméstica, el abuso sexual o los derechos reproductivos, usando para ello una mirada que trascienda la Convención (CEDAW) y los protocolos suscritos tanto en el plano regional como el internacional, para articularla a otros instrumentos de derechos humanos, como la Convención contra la Discriminación Racial, la Convención de los Derechos del Niño, el Estatuto de Roma o el Derecho Internacional de los Refugiados, entre otros.