III.
Normas y principios.... Continuación
e.
No discriminación
333.
Evidentemente, todas las normas mencionadas deben ser observadas sin
discriminación por razones de “raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”,[794]
conforme a la Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión. En el presente informe también se abordó, en la sección sobre
privacidad, los problemas con diferentes tipos de supervisión de personas,
inclusive en casos en que no existen sospechas razonables de que estén
vinculados a la actividad terrorista. No es necesario a esta altura un
análisis muy prolongado, pero es preciso señalar que este tipo de
actividades también tienen efectos en el goce pleno del derecho a la
libertad de expresión.
Las investigaciones
injustificadas de expresiones políticas y de disidencias pueden tener un
efecto debilitante para nuestro sistema político. Cuando las personas ven
que esto puede ocurrir, se tornan cautelosas de vincularse a grupos que
disienten con el gobierno y más cautelosos de lo que puedan decir o
escribir. El efecto es socavar la eficacia del autogobierno popular. Si
las personas están inhibidas de expresar sus opiniones, el gobierno
nacional se divorcia cada vez más de la voluntad de sus ciudadanos.
F.
La obligación de respetar y garantizar los derechos, la no
discriminación y el derecho a la protección judicial
1.
Derecho internacional de los derechos humanos
334. Al igual
que con todos los compromisos internacionales, los Estados están obligados a
cumplir de buena fe sus obligaciones internacionales en materia de derechos
humanos.[796]
Ello incluye conducirse de modo tal que se respete y garantice el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos a todas las personas sujetas
a su jurisdicción, sin discriminación de tipo alguno.[797]
Como se señala en las secciones anteriores del presente informe, al abordar
el derecho a la libertad y la seguridad personales,[798]
y el derecho al debido proceso y a un juicio justo,[799]
el acceso sencillo y rápido a los tribunales es esencial para
garantizar el respeto por los derechos consagrados en el derecho interno y
el derecho internacional. De acuerdo con la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, el derecho a un recurso
efectivo ante los jueces o tribunales nacionales competentes, constituye uno
de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la
Convención.
335. El principio de no discriminación constituye una protección
especialmente eficaz que está presente en la garantía de otros derechos y
libertades al amparo del derecho interno y del derecho internacional,
conforme a lo estipulado en el artículo II de la Declaración Americana y en
los artículos 1(1) y 24 de la Convención Americana, incluidos los
siguientes:
Declaración Americana
Artículo II. Todas las
personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes
consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma,
credo ni otra alguna.
Convención Americana
Artículo 1.1. Los
Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
Artículo 24. Todas las
personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin
discriminación, a igual protección de la ley.
336. La Corte Interamericana ha sostenido, respecto del derecho a
la no discriminación al amparo de la Convención Americana que, si bien los
artículos 1(1) y 24 son distintos en el plano conceptual,[801]
la noción de igualdad común a ambas disposiciones, se desprende
directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable
de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda
situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a
tratarlo con privilegio; o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo
trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos
que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación de
inferioridad. No es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres
humanos que no se correspondan con su única e idéntica naturaleza.
337. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU
ha definido el término “discriminación” conforme a ICCPR como toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la
religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social,
la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y
que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas.
338. Si bien la doctrina del sistema interamericano de derechos
humanos no prohíbe todas las distinciones en el tratamiento del goce de los
derechos y libertades protegidas, requiere en el fondo que toda distinción
admisible se funde en una justificación objetiva y razonable, que impulse un
objetivo legítimo, habiendo tenido en cuenta los principios que normalmente
prevalecen en las sociedades democráticas, y que los medios sean razonables
y proporcionados con el fin que se persigue.[804]
Como ya se indicó, las distinciones basadas
en los factores mencionados explícitamente en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos, están sujetas a un grado de
escrutinio especialmente estricto, en virtud de lo cual los Estados deben
aportar un interés particularmente importante y una justificación cabal de
la distinción.
El principio de igualdad también puede, a veces, obligar a los Estados a
tomar una acción afirmativa, con carácter temporal, con objeto de atenuar o
eliminar condiciones que causen o ayuden a perpetuar la discriminación,
incluyendo las vulnerabilidades o desventajas que padecen grupos
particulares, como las minorías y las mujeres.[806]
339. La
obligación de respetar y garantizar los derechos humanos sin discriminación
y el derecho a la protección judicial están reflejados en varias
disposiciones de la Declaración Americana y de la Convención Americana,
incluidos los siguientes:
Declaración Americana
Artículo XVIII. Toda persona
puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe
disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo
ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de
los derechos fundamentales consagrado constitucionalmente.
Artículo XXIV. Toda persona
tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad
competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular,
y el de obtener pronta resolución.
Convención Americana
Artículo 1.1. Los Estados
partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social.
2. Para
los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.
Artículo 2. Si en el ejercicio
de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados
partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos
tales derechos y libertades.
Artículo 3. Toda persona tiene
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 25.1. Toda persona
tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución,
la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados partes se
comprometen:
a. a garantizar que la
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre
los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b. a desarrollar las
posibilidades de recurso judicial, y
c. a garantizar el
cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso.
340. De acuerdo con estas disposiciones, no sólo sigue siendo
responsabilidad primordial de los Estados garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos,[807]
sino que ello implica su deber de organizar el aparato gubernamental y todas
las estructuras a través de las cuales se ejerce el poder público de manera
que sean capaces de garantizar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de
esos derechos humanos.[808]
En este sentido, la disponibilidad de un recurso en un sistema
jurídico efectivo e independiente para examinar y hacer valer estas
obligaciones sirve como refuerzo vital para la protección de los derechos
humanos. Estos compromisos también requieren que los Estados utilicen los
medios a su alcance para evitar las violaciones de derechos humanos y
ofrezcan reparaciones efectivas por toda violación que pueda ocurrir,
incluyendo la realización de investigaciones exhaustivas y efectivas capaces
de identificar y sancionar a las personas responsables de las violaciones de
los derechos humanos.[809]
A este respecto, la Corte Interamericana ha reconocido una conexión
intrínseca entre los deberes de los Estados miembros de respetar, garantizar
y hacer efectivos los derechos humanos y el otorgamiento de una protección
judicial efectiva para los derechos, de acuerdo con los requisitos del
debido proceso, según lo dispuesto en los artículos 1(1), 8 y 25 de la
Convención Americana.[810]
341. La
posibilidad de una acceso rápido y efectivo a los tribunales requiere a su
vez el reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica y el derecho a
ser reconocido como persona ante la ley. Además, el requisito de la
protección judicial, tomado conjuntamente con el derecho al debido proceso y
a un juicio justo, puede requerir la prestación de asistencia legal gratuita
para interponer tales recursos cuando el interés de la justicia así lo
exija. Factores pertinentes para esta determinación son la disponibilidad
de recursos por parte de la persona afectada, la complejidad de las
cuestiones involucradas en el caso y la importancia de los derechos
afectados.[811]
342. La
obligación de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los
derechos humanos también debe ser cumplida sin discriminaciones de tipo
alguno, conforme a la definición anterior.[812]
343.
También es necesario subrayar que el requisito de que los Estados respeten y
garanticen los derechos humanos fundamentales a través de la protección
judicial, sin discriminación, tampoco es derogable. Como se analiza en la
Sección II(B) del presente informe, la declaración de un estado de
emergencia, cualquiera sea su alcance o denominación en el derecho
internacional, no puede comportar la eliminación o invalidación de las
garantías judiciales que los Estados están obligados a establecer para la
protección de los derechos no sujetos a derogación o suspensión en un estado
de emergencia.[813]
Además, el derecho a la personalidad jurídica es uno de los derechos
que el artículo 27(2) de la Convención Americana no admite derogar y la
autoridad de los Estados para suspender las garantías consagradas en el
artículo 27(1) de la Convención está expresamente limitada por la
prohibición de toda discriminación. Esto quiere decir que aun si el Estado
toma medidas de derogación de acuerdo con el artículo 27(1) de la
Convención, por las razones mencionadas en dicha disposición tales medidas
no pueden ser discriminatorias. En virtud de lo expuesto, el derecho a la
protección judicial, y con él, la obligación de respetar y garantizar los
derechos humanos fundamentales sin discriminación, no puede ser suspendidos
bajo ninguna circunstancia. |
