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Luego de dejar atrás la Cumbre de Johannesburgo, en la cual se evidenciaron la mayor parte de los conflictos existentes sobre las diversas temáticas ambientales que aquejan hoy la planeta, algunas opiniones críticas han señalado que si algo se ha ganado en estos años y resultó evidente en Johannesburgo, ha sido el crecimiento de la sensibilidad mundial sobre los problemas ecológicos y paradójicamente la reticencia de los gobiernos del mundo desarrollado para adoptar compromisos estables y creíbles respecto a la mejoría de la salud de la Tierra.

Al realizar un balance de la década transcurrida entre 1992 y el 2002, se evidencian una serie de cambios en la situación mundial en relación con el medioambiente. Primeramente se agravó la imposición de la globalización neoliberal que dio por resultado el incremento de las crisis sociales y ambientales en todo el mundo a la vez que en ese contexto, los acuerdos de Río sobre el clima (Kyoto) y biodiversidad (Cartagena), se transformaban en un marco jurídico internacional para comercializar la naturaleza. Con el Protocolo de Kyoto se presenta la oportunidad para los países centrales negociar sus emisiones de CO2 y evitar así tener que cambiar sus patrones de consumo; por su parte, la Convención sobre Biodiversidad facilita más el acceso de las empresas trasnacionales a los recursos genéticos que la garantía de protección de estos y los derechos de los pueblos indígenas al mejor manejo de la biodiversidad, asegurando de paso la negociación de la propiedad intelectual de estos bancos genéticos en el marco de los acuerdos de la OMC.

También en el decenio surgió y se consolidó un sector gerencial de los recursos naturales a nivel mundial, que de hecho aseguran los flujos de recursos del Sur al Norte, es el surgimiento de un nuevo tipo de política nueva derivado de las formas de negociación estrenadas en Río. El surgimiento de una "sociedad civil internacional" implicada en el proceso antiglobalizador tipo Seattle y Porto Alegre, representa una oposición explosiva pero aún poco articulada al peligro expresado en Johannesburgo cuando se trata de reconciliar los procesos de "globalización sustentable" y los grandes procesos movilizadores a nivel mundial, que desconocen las necesidades de las comunidades a nivel local. No es casual que Kofi Annan haya enfatizado que "hacemos la globalización trabajar para el desarrollo sustentable".

Cada vez resulta más evidente que la crisis ambiental es consustancial a la crisis civilizatoria del sistema mundo y que ese iceberg esta compuesto en gran medida por el modelo económico y tecnológico, de patrones de consumo que esta civilización expande, depredando la naturaleza y sojuzgando las culturas autóctonas allí donde se establecen sus patrones de dominación. La construcción de hegemonías se realiza desde hace siglos sobre la base de la dominación de al menos tres elementos: el dominio de la naturaleza, los procesos de aculturación colonizadores y la discriminación de sectores ahora dados en llamar vulnerables (étnicos, mujeres, pobres), esta trilogía ha garantizado durante la historia del capitalismo y especialmente en su fase industrial, los niveles de acumulación necesarios para producir los efectos que hoy se verifican a nivel global.

A esta crisis del sistema mundo, compuesta por la crisis ambiental, la social y la económica se le agrega cada vez con mayor fuerza la crisis de la política, especialmente en lo que respecta a las relaciones internacionales, la construcción de hegemonía en la arena internacional hoy agudiza los conflictos existentes respecto a las tomas de decisiones mas urgentes sobre diversos temas globales en los que el tema ambiental resulta uno de los más relevantes; todas ellas forman parte de la crisis ética de la civilización occidental entendida esta como crisis moral de las instituciones políticas, de los aparatos jurídicos normadores de las relaciones sociales y de la "racionalidad" impuesta a las lógicas de la naturaleza, lo que incorpora un alto por ciento de actividad antrópica a esa crisis de "lo natural".

El actual proceso de globalización impone ritmos diferentes a los hasta ahora conocidos en las relaciones economía-naturaleza-sociedad, cuyas realidades y conductas que afectan a todas las naciones, presentan para Latinoamérica y el Caribe particulares características en las que se reflejan las peculiaridades del proceso global, como las fuertes dinámicas de los flujos financieros y tecnológicos, pero también y muy agudamente las particularidades de la región, tales como las cíclicas reestructuraciones económicas y sus repercusiones sociales y políticas, donde los nuevos agentes económicos y los emergentes actores sociales muestran siempre niveles de conflictividad crecientes, que erosionan los espacios nacionales y generan contradicciones de diversa índole entre ellos y entre su relación con el medioambiente donde se desenvuelven. Una de estas relaciones conflictivas emana de la diferencia sustancial existente entre los intereses empresariales y las responsabilidades estatales, que cuando se subordinan a los primeros vulneran con mucha frecuencia sus obligaciones para con el patrimonio nacional, incluido en primer lugar los recursos y servicios ambientales. Estos conflictos se reflejan primeramente en lo local y en el entorno que afecta directamente a las poblaciones, lo que provoca frecuentes reacciones de parte de esta e implica el surgimiento y desarrollo de nuevas posiciones respecto a conceptos relacionados con la ética de la ciudadanía.

Sin embargo, en un acercamiento al tema en el actual espacio latinoamericano no se puede obviar que esos patrones de consumo en la región han sido construidos históricamente a través del proceso colonial primero y durante la expansión y hegemonía norteamericana durante el siglo XX posteriormente, lo que ha creado el inmenso proceso de transferencia de las riquezas naturales que caracteriza al desarrollo capitalista en la región. La deuda ecológica creada por la ocupación y apropiación del espacio americano primero y por la transferencia de recursos posteriormente, ha sido la antesala de la actual apropiación y exportación de los servicios ambientales.

Por ello una ética de la sustentabilidad deberá incorporar necesariamente la reconciliación entre la razón y la moral en términos históricos, o lo que es lo mismo, reconocer primeramente por los gobiernos latinoamericanos y otros actores políticos como los partidos y los diferentes sujetos sociales, la existencia de una deuda ecológica causada por ese proceso histórico de apropiación de la naturaleza y de sus recursos y servicios desde el "descubrimiento del Nuevo Mundo". Unido a esto la existencia de los estilos de manejo ambiental y cultural derivados de las culturas nacionales urbanas en Latinoamérica, expresan a nivel del estado nación formas de relación y sojuzgamiento en los que no solo se involucran las capas mas desposeídas de la población sino también al entorno natural y a todas las especies que en el habitan.

También la pobreza y la injusticia social son elementos de la vida sociopolítica de América Latina que expresan y se asocian al deterioro ecológico, el ejemplo de Haití, el país mas pobre del continente y quizás el más depredado, nos muestra dicha asociación de manera inequívoca. Los altos índices de deforestación y degradación de los suelos, la perdida de la biodiversidad y la exclusión política, social y cultural, coloca a ese país en situación de clasificar dentro de los territorios que se encuentran bordeando ya una crisis irreversible en lo ambiental y estructural.

También por ello la justicia social es uno de los componentes ineludibles de la ética del medio ambiente en América Latina y el Caribe, al igual que en otros lugares del planeta, sin equidad en la distribución de los bienes y los servicios ambientales no será posible construir sociedades ecológicamente sustentables y socialmente justas.