Parte 3/3    

La gobernabilidad global y la democracia participativa

Los marcos jurídicos institucionales latinoamericanos aun no reflejan las necesidades de las dinámicas ecológicas que generan las políticas económicas aplicadas en los diferentes países. Si bien casi todos los estados del área se han preocupado por emitir leyes y normativas ambientales sobre todo luego de Río 92, muchas de estas legislaciones solo norman las formas en que la economía se reproduce a sí misma, generando cada vez mayores ganancias a expensas de las diferentes fases de desarrollo del capital y de la actual fase ecológica de reproducción del capitalismo posindustrial.

Las actuales agendas de los nuevos actores emergentes en la arena política latinoamericana, incluyen en muchos casos la transformación de estos marcos jurídicos y la construcción de procesos transparentes junto a la rendición de cuentas necesaria para llevarlos a cabo.

La participación ciudadana consciente es un componente inexcusable dentro de la construcción de gobernabilidad y política de la sustentabilidad, así como la educación ambiental se presenta hoy día como un instrumento eficiente muy importante para la consecución de los objetivos del surgimiento y consolidación de una responsabilidad social ciudadana que contribuya a la transformación necesaria en la actual agenda ambiental de América Latina y el Caribe.

El hecho de que en América latina y el Caribe gran parte de los problemas ambientales afecten a crecientes sectores de las sociedades¹ plantean la posibilidad de un accionar político más plural e inclusivo, para lo cual aún no parecen estar preparados los partidos políticos tradicionales en el subcontinente. Los conflictos actuales (nacionales y regionales) obstaculizan fuertemente la emergencia de escenarios más permisivos para la actuación política de todos los actores posibles, por lo que la expresión de las demandas sectoriales y colectivas resultan aún de un alto nivel de conflictividad en el área.

Dentro de este proceso la urgencia de la participación democrática junto a la construcción de una nueva ciudadanía presenta para Latinoamérica y el Caribe otro de los retos políticos a enfrentar en el nuevo siglo. Desde el punto de vista participativo no es posible soslayar las preguntas de quien participa, sobre qué participa y para qué participa, si como señaló Lechner² todo orden político (incluso el democrático) presupone formas de exclusión, por lo que éticamente deberá siempre permanecer la pregunta ¿quiénes son los excluidos?, sobre todo si se acepta que las comunidades e individuos mas afectados por los conflictos ambientales resultan ser generalmente los más pobres y vulnerables.

Para América Latina y el Caribe la construcción y lucha por la democracia resulta acompañada de la construcción de ciudadanía, para gran cantidad de habitantes de la región los derechos y deberes ciudadanos se van expandiendo más allá de lo individual, para ocupar lugares en lo intra e intergeneracional, en lo colectivo e intercultural y en la amplitud del horizonte de actuación en lo ecológico hacia otras especies vivas.

La incidencia de diferentes actores en la construcción de políticas ambientales para América Latina y el Caribe, ha sido señalada por autores como Gudynas³ y tal como lo expone, más que una construcción de hegemonía nacional o de la preponderancia de un actor específico sobre el resto, como movimientos sociales, partidos políticos o estados, la posibilidad real de construcción de una agenda ambiental efectiva, estriba en las concertaciones plurales que puedan realizarse sobre escenarios de conflicto y que impliquen a todas las partes presentes en las políticas nacionales.

La actual situación latinoamericana indica que junto a los graves problemas ambientales que presenta la región, existen nuevos actores sociales y sistemas políticos que no pueden solucionar los conflictos socioeconómicos y ambientales de la misma, por lo que solo a través de un replanteamiento ético en las relaciones políticas y sociales podrán ser abordadas las posibles soluciones de los mismos.

Aún en la mayor parte de los países latinoamericanos se mantiene como una realidad la afirmación de Gligo a comienzos de la década de los 90´s⁴ respecto a que el problema no es la calidad de vida sino la vida misma.

El hambre que se propaga en Guatemala se relaciona directamente con el desgaste de los suelos, derivado de la explotación y sobreuso y de otros malos manejos de este y otros recursos naturales. Por ejemplo, las tierras del departamento de Chiquimula, ubicado a 100 kilómetros al este de la capital de Guatemala que es el más afectado por la hambruna, eran aptas para la agricultura hace 20 años; La población de Jocotán, Camotán y Olopa es de unas 64.000 personas, la mayoría de las cuales viven por debajo de la línea de pobreza y más de 73 por ciento son descendientes de distintos grupos mayas. A todo el proceso de deterioro ambiental hay que añadir las políticas de contrainsurgencia que hace varios años reubicaron poblaciones enteras en otras zonas del país lo que agrego una presión demográfica adicional a las ya existentes. El proceso de hambruna en los tres municipios ha tomado por sorpresa al resto de Guatemala y a la comunidad internacional, pues se desconocía que allí hubiera problemas severos de producción de alimentos, resulta muy probable que el mismo genere un creciente proceso de migración marcado por este déficit ambiental, creando contingentes de ecorrefugiados en ese país centroamericano.

En Río 92 se expreso también el despegue de las reformas neoliberales, las cuales se incluyeron en muchas de las percepciones sobre el ambivalente "desarrollo sostenible" allí expuesto por diversos jefes de gobierno y autoridades empresariales, el fin de los conflictos bélicos en Centroamérica, originó cambios políticos, que propiciaron el avance del TLC primero hacia México, del ALCA luego hacia el resto de la región y más recientemente del Plan Puebla Panamá; las secuelas de la guerra y el impacto de las políticas asociadas a estos planes, han facilitado que Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador estuvieran el año pasado en la lista de la FAO de los treinta países que necesitaban ayuda del extranjero, el desenvolvimiento de estos países en los últimos años y su ausencia de cumplimiento de los acuerdos de Río, son un punto de referencia importante para hacer ver la insustentabilidad del modelo económico y político de nuestra región, así como las limitantes ecológicas y sociales que sesgan el rumbo de la sustentabilidad.

En septiembre del 2001 se realizó un foro de información sobre el Plan Puebla Panamá y sus implicaciones sociales, políticas, económicas y ecológicas. En él participaron decenas de organizaciones de México y Centro América, como

En el foro se puso en tela de juicio la versión oficial de este Plan de parte del gobierno mexicano y se comenzó una indagación sobre los reales intereses del gobierno federal mexicano al promover los grandes programas de desarrollo para la región sur-sureste de México.

Durante el foro se evidenció la falta de transparencia y consulta entre las organizaciones y pueblos que serían afectados por dicho plan con la ejecución de los megaproyectos comprendidos en el mismo para el istmo de Tehuantepec. La construcción de maquilas, la expansión de los viales y la construcción de una vía ferroviaria de alta velocidad que funcione como un "canal seco" para el transporte de mercancías, además de promover inversiones de empresas papeleras y forestales relacionadas con el cultivo del eucalipto y otras especies de rápido crecimiento, lo cual amenaza a los suelos, al agua y a los bosques autóctonos.

En el evento se discutieron estrategias para fortalecer las comunidades campesinas y organizar un frente de resistencia capaz de construir alternativas a los proyectos gubernamentales. En este sentido se mencionó la importancia de hacer un rescate cultural de la medicina tradicional, de la milpa, del cafetal y valorar el trabajo femenino insustituible en la reproducción simple a nivel de las familias campesinas. Mas de 350 asistentes de comunidades y regiones como los Tuxtlas, Uxpanapa, la Sierra de Santa Martha, Jalapa, Villahermosa, Palenque, Juchitán, Matías Romero, la Sierra Juárez y la costa Huave, se comprometieron en dar continuidad a este esfuerzo y hacer resistencia al PPP.

Por su parte, El Salvador es uno de los países más afectados ambientalmente por las transformaciones económicas y políticas en la subregión centroamericana, causadas por la guerra y la expansión del ALCA., sin embargo, ha generado un fuerte proceso de convocatorias y acciones ambientales promovidos por organizaciones vecinales, sindicatos y organizaciones campesinas, junto a ONG's ecologistas, lo que ha creado un intenso proceso de consulta, de concientización educacional en el interior de El Salvador que culminaron con el II Congreso Ambientalista en el país con delegados de comunidades y de diversas organizaciones sectoriales, uno de sus pronunciamientos abordó la importancia de ver lo global en nuestras realidades, toda la problemática de los transgénicos y la de los acuerdos comerciales han sido discutidas en las comunidades. También por ejemplo grandes obras de la infraestructura que no benefician para nada a la población, como por ejemplo el Anillo Periférico de San Salvador, han desatado crecientes protestas por las comunidades afectadas, agrupadas en organizaciones de base y apoyadas por la Unión Ecológica Salvadoreña, quienes han desplegado protestas y tomas de espacios para evitar la construcción del referido anillo en el tramo de Puente de Mulas. Las afectaciones a las comunidades y al medio ambiente catalizaron las protestas he hicieron que el Consejo Municipal de la Alcaldía de Ciudad Delgado, periférica a San Salvador, acordara el 8 de agosto del 2002 ordenar al Ministro de Obras Públicas la suspensión del proyecto "hasta que no se establezcan acuerdos que favorezcan a las diferentes comunidades afectadas y que garanticen la conservación de los recursos naturales"⁶, lo cual ha sido desoído por el Ministro de Obras Públicas. Actualmente la UNES y el Foro de la Sociedad Civil para la Reconstrucción y el Desarrollo (FSC) recolectan cien mil firmas para presentarla ante el BID en Washington, que es la instancia financiadora del proyecto para frenar dichas acciones. La batalla que están enfrentando las organizaciones de base en El Salvador tiene mucho que ver con el fortalecimiento del papel de las comunidades para la toma de decisiones en lo que se refiere a su vida y al manejo de los recursos naturales, con la descentralización de la política ambiental y social, con el aumento de presupuestos en educación y salud, o sea en resumen, con la aplicación de cambios éticos en las relaciones estado-sociedad-naturaleza.

No falta tampoco la presencia de la violencia en todas sus manifestaciones, incluso la eliminación física de quien se oponga consecuentemente a determinados proyectos. En Olancho, Honduras, el sábado 30 de junio del 2001, fue ultimado a balazos por guardias de la empresa, el líder ambientalista de 28 años Carlos Roberto Flores, quien se oponía a las acciones que llevaba la empresa Energisa S.A. en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, parte del cual comprende el Municipio de Gualaco, departamento de Olancho, en el caserío El Ocotal, perteneciente a la aldea de La Venta.

Este Parque, protegido a perpetuidad y que forma parte del Corredor Biológico Centroamericano, presenta un alto índice de biodiversidad en la nación y el movimiento lidereado por Flores se oponía a la expansión de los proyectos energéticos de la referida compañía.

El 16 de octubre del 2001 se llevo a efecto en Ciudad Panamá la tercera vigilia campesina por la Vida y la Tierra, que tenía por objeto protestar contra la construcción de represas que afectarían la "vida en todas sus expresiones" según las palabras de los líderes de esta acción. Dichas represas resultaban una demanda de la Administración del Canal de Panamá (ACP) para contar con mayores volúmenes de agua en las operaciones canaleras.

La construcción de las represas dañaría la fauna y la flora de la región del istmo provocando la desaparición de áreas de gran valor para la alimentación, la reproducción y en fin la biodiversidad de Panamá a la vez que desplazaría a cientos de campesinos de cinco distritos y decenas de corregimientos, de sus tierras de labor tradicionales; por ello la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), organizada en cuatro sectores: Río Indio Centro, Río Indio Lago, Caño Sucio y Coclé del Norte, e integrada por uniones campesinas, cooperativas, sindicatos, delegados de la palabra, grupos de mujeres, asentamientos campesinos, asociaciones de padres y madres de familia, estudiantes, entre otras, movilizan y accionan en diversas ciudades del país y en la capital.

En la nueva Geopolítica de América Latina y el Caribe la cuestión ambiental se presenta cada vez con mayor importancia, tanto en la resolución de los conflictos ecológicos, como en las construcciones de nuevos paradigmas por las sociedades.

El establecimiento de plataformas de negociación entre los diferentes actores sociopolíticos es una realidad que se construye día a día en el espacio americano en la cual los principios éticos del desarrollo sustentable resultan un referente operativo que no se puede soslayar por ninguno de los actores involucrados. La necesidad de trabajar en diversas escalas como lo local, lo nacional y lo internacional imponen un nivel de información y conocimientos que redunde en la toma de decisiones conscientes por quienes forman parte de las sociedades de la región para lograr las articulaciones necesarias y los puntos de encuentro y de resolución de los conflictos. Parece necesario superar los maniqueos binarios que convencionalmente hemos establecido entre Norte y Sur, Estado y Sociedad Civil, Esfera Pública y Esfera Privada, etc. Para lograr realizar un ploteo de elementos e intereses sobre los que se pueda actuar asignando responsabilidades iguales pero diferenciadas de acuerdo a las condiciones de los actores involucrados.

Por otra parte los sistemas políticos tendrán que resultar más participativos, transparentes y controlados por la ciudadanía, con mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidad social sobre estas rendiciones. O sea, deberán comprender no solo los problemas de la transparencia en lo local, sino también en aquellos aspectos que la transnacionalidad de lo ecológico implique negociaciones internacionales y acuerdos binacionales o multinacionales. En este sentido no solo será necesario el logro de acuerdos, sino también el reconocimiento de los disensos, la viabilización de los conflictos, el reconocimiento de los ausentes y los excluidos en caso de que no se haya podido incorporarlos. El desafío es comenzar la construcción de otra racionalidad alternativa, que incorpore en el mundo deseable a los 300 millones de excluidos de América latina y el Caribe en el que un proyecto de construcción de justicia social, equidad y armonía ecológica resulte posible.

Notas

[1] Los procesos de empobrecimiento y colapsos económicos (Argentina, Uruguay, etc.) están reduciendo las clases medias de varios países y agudizando el gap existente entre los empobrecidos y los enriquecidos, en otras naciones los sectores pobres urbanos y los campesinos son empujados a la miseria por las políticas nacionales (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Haití), ello señala una característica actual de las crisis económicas, pero también expresan la posibilidad de alianzas más amplias sobre temas que incluyan los problemas ambientales.

[2] Lechner, Norbert. “Cultura Política y Democratización”  En David y Goliat. Boletín CLACSO. Año XIV. No. 46. 1984.

[3] Eduardo Gudynas. “Actores sociales y ámbitos de construcción de políticas ambientales” En: Ambiente & Sociedade. Año IV, No. 8, 1er Semetres del 2001, pags. 5-17.

[4] Gligo, Nicolo. “Medio ambiente y recursos naturales en el desarrollo latinoamericano”. En Sunkel (ed.) El desarrollo desde dentro. Ed. Trimestre Económico, México 1991

[5] Emmanuel Gómez. “Plan Puebla Panama: impacto social y ecológico”. Servicio ALAI –América Latina- 9/10/01.

[6] Revista Ecotopía (on line) No. 73