).
La Agenda o Programa 21 se basaba en el acuerdo libre y
voluntario entre estados para sacar adelante sus compromisos ambientales y
quedó desvalido ante los 26.000 folios de la Ronda de Uruguay en 1994 -
cuando el GATT pasó a llamarse Organización Mundial de Comercio (OMC)-, que
contradecía las propuestas de la Agenda 21. La OMC asegura y pone en
práctica su capacidad sancionadora contra los gobiernos que incumplan sus
normas. He ahí la diferencia. Quizá el pecado estuviera en la propia Agenda
21 que en su Capítulo 2 (Art. 3) recomienda "la promoción del desarrollo
sostenible a través de la liberalización y de hacer comercio y medio
ambiente mutuamente coadyuvantes" y más tarde espera que los gobiernos
"tomen en cuenta los resultados de la Ronda de Uruguay y promuevan un
abierto, no discriminatorio, equitativo y multilateral sistema de comercio
(Art.9) (The Jo'burg Memo, 2002:58).
El "olvido" gubernamental e internacional sobre la Agenda 21
ha sido debido fundamentalmente a la falta de voluntad política y económica
por parte de los países enriquecidos para transferir al Global Environmental
Facility, organismo dependiente del Banco Mundial, los 600.000 millones de
dólares anuales necesarios entre 1993 y el año 2000 para llevar a cabo el
programa convenido. ¿Dónde quedó la promesa firmada una vez más en Rió para
emplear el 0,7 del PIB por la vía de la ayuda internacional a "los países en
desarrollo"? Como ha documentado Hilary French del World Watch Institute
norteamericano, la ayuda no sólo no aumentó sino que bajó de 58.300 millones
de dólares (0,35% del PIB) en 1992 a 53.100 millones (0,22%) en el 2000
(ONU, 2002 y H.French, 2002). Como afirmaba esta autora tras la Cumbre de la
Tierra, el Global Environmental Facility era la única institución encargada
de financiar la Agenda 21, con una alta dependencia del denostado y
criticado Banco Mundial y con una dotación de 5.000 millones de dólares,
suma que aunque insuficiente no ha llegado a gastarse totalmente (H.French,1993:57).
Esto da muestra de la debilidad de las instituciones
ambientales internacionales creadas por la ONU. El Consejo para el
Desarrollo Sostenible, órgano creado para hacer el seguimiento del
cumplimiento de la Agenda 21 ha sido un foro de debate y opinión entre
gobiernos y otros actores institucionales y sociales, pero sin capacidad
ejecutiva o decisional. Ante esta subinstitucionalización ecológica, no
faltan quienes reivindican que se pongan en marcha, una Organización Mundial
del Medio Ambiente, del estilo de la Organización Internacional del Trabajo
y la Organización Mundial de la Salud, que puedan contrarrestar el poder de
las instituciones de Bretton Woods (B.M., FMI y OMC) y sea rodeada por otras
instituciones como la Agencia Internacional de Energía Renovable o la Corte
Permanente de Arbitraje Internacional Ambiental que hagan respetar los más
de 500 acuerdos internacionales ambientales ya existentes. Y además extender
a todo el planeta el derecho a la información, participación y
judicialización ambientales del Convención de Aarhus. (The Jo'burg Memo,
2002:65).
Del legado de Río de Janeiro en lo positivo, ya que todo lo
pretendido no ha caído en saco roto, hemos de resaltar las Agendas 21
Locales. Si bien sólo 18 gobiernos entre los casi 200 del planeta han puesto
en marcha Planes estatales para la Sostenibilidad, 6.416 iniciativas locales
en 113 países han aceptado el reto de Río de Janeiro desarrollando el art.28
de la Agenda 21.
Las Agendas 21 locales, a pesar de su variedad y
diferencias, son una interesante experiencia de participación democrática,
integradora de asuntos sociales, económicos y ambientales. En su 2º informe
para la ONU, el ICLEI resalta que en el 73% de los municipios con Agendas
Local 21 existen consejos de participación social, en un 59% de casos la
Agenda 21 local esta integrada en el sistema municipal. En cuanto a sus
contenidos es de remarcar que el suministro y gestión del agua y la falta de
medios financieros y de ayuda por parte de los gobiernos centrales son el
común denominador de las problemáticas expresadas por estos nuevos entes
locales, sea cual sea la región o situación económica. (ICLEI, 2002)
El Convenio sobre Diversidad ha sido firmado por más de 180
estados y está en vigor desde 1993, sin embargo es interesante destacar que
no ha sido ratificado por los EEUU de Norteamérica. Este acuerdo que se
dirige fundamentalmente a los gobiernos del hemisferio Sur, allá donde se
encuentran las reservas naturales que sustentan la mayor parte de la
biodiversidad conocida, garantiza la soberanía de los estados sobre tales
territorios y especies.
Desde la Cumbre de Río se ha realizado 6 conferencias de las
partes para dar contenido específico a los acuerdos tomados en Brasil. La
última de ellas, la celebrada en La Haya en Abril del 2002 hizo hincapié en
cuatro temas centrales como son la explotación sostenible de los bosques
primarios donde reside el 80% de la biodiversidad, el prevenir y mitigar la
introducción de especies exóticas en otros ecosistemas, abordó el reparto de
los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos así como las
importaciones ilegales de maderas. No obstante, a pesar de los notables
avances observados desde 1992 todavía quedan muchas asignaturas pendientes.
Brasil, Canadá y Malasia, por ejemplo, bloquearon y vaciaron de contenido en
La Haya el programa de acción para los bosques primarios. Otro ejemplo, el
Estado Español que es el que presume de guardar casi el 50% de las especies
terrestres europeas, no ha llegado a aprobar su "Estrategia Nacional de
Biodiversidad" elaborada en 1998 y ninguno de sus 12 planes sectoriales han
sido redactados por lo que en temas agrícolas, energéticos, forestales, de
transporte o de planificación hidrológica el Gobierno español hace
prevalecer sus anti-ecológicos planes como el Hidrológico, el Energético o
el de Infraestructuras, al no haber una legislación ambiental a que poder
recurrir para salvaguardar la tan cacareada riqueza en biodiversidad.
En lo que respecta al acuerdo para los países del Norte, es
decir el Convenio sobre el Cambio Climático, también ha sido firmado por 170
países y su intención era estabilizar para el año 2000 las emisiones de
gases de efecto invernadero ( los G.I. son el CO2 muy principalmente pero
además CH4, N2O, HCF, CFC y SF6) a los niveles de 1990. Asumiendo los
trabajos anteriores aportados por el International Pannel for Climate Change
a partir de 1992, los gobiernos se han venido reuniendo anualmente (B.
Aires, Berlín, Bonn, La Haya, Marrakech...) hasta alcanzar el famoso
Protocolo de Kyoto en Diciembre de 1997, por el que las partes se
comprometen a reducir sus emisiones de G.I. hasta un 5% por debajo de las
emisiones globales de 1990, en un plazo abierto desde el 2008 al 2012. La
Unión Europea, uno de sus principales valedores se compromete a reducir su
cuota hasta un 8%, aunque algunos de sus miembros podrán seguir emitiendo
por encima de los valores de 1990, hasta un 15% más en el caso del Estado
Español. En el años 2001 España ha sobrepasado este límite, habiendo llegado
al 33% respecto a 1990.
A pesar de que este acuerdo internacional es el que mayores
descontentos públicos ha generado en el gobierno estadounidense y las
multinacionales de la energía y el petróleo, desde las filas ecologistas se
ha criticado duramente este acuerdo de Kyoto por llevar en su interior una
lógica "perversa", como es la compraventa de emisiones sobre la base de los
llamados "Mecanismos de Desarrollo Limpio", que significa que la atmósfera
terrestre de alguna manera se privatiza y aquellos estados industriales que
han generado mayores emisiones de G.I. se convierten en portadores de
derechos de emisión (Larry Lohmann, 2001).
Así las cosas, la Cumbre de Johannesburgo celebrada diez
años después de la cita brasileña, ha venido a llamarse Río+10 y ha sido a
los ojos de muchos, como por ejemplo de la comisaria europea de Medio
Ambiente Margot Wallström, el momento de pasar de las palabras a los hechos
(WSSD, Challenges and Partnerships,2002:146)
El camino a Johannesburgo
La segunda Cumbre de la Tierra a celebrar en Johannesburgo
se planteó en la prensa internacional como la cita donde los gobiernos de
todo el mundo debían realizar sus balances post-Río y negociar sus nuevas
propuestas "sobre el desarrollo sostenible".
El proceso de discusión preparativo de la conferencia de
Johannesburgo se producía con una situación internacional caliente y
conflictiva y hacia dentro con unos métodos de trabajo distintos a los de
anteriores eventos y cumbres ambientales. La conferencia se celebraba en
Africa, continente olvidado, con lo que la pobreza y el desarrollo eran los
ejes centrales. No está mal que la equidad se sume a la sostenibilidad
ambiental, pero debemos ser conscientes que si la pasada década fue mala
para la ecología, lo fue aún peor para el desarrollo, sobretodo en Africa.
No está mal hablar de la pobreza, pero nos sumamos a ese coro internacional
que pregunta cuando hablaremos de la riqueza y de las desigualdades
crecientes entre despilfarradores y marginados. En esta tesitura, las
categorías Norte-Sur son engañosas, zombies como dice Ulrich Beck. Sudáfrica
es la evidencia de que las elites del Sur son parte del problema y de que el
crecimiento económico no trae consigo la redistribución de los beneficios y
las rentas, ni en el Norte, ni en el Sur. Quizás mejor que de
redistribución, empezáramos a hablar de restricción de apropiamiento de los
recursos comunes en agua, tierra y aire, para poner freno al verdadero motor
de la crisis socio-ambiental. Los pobres no son los responsables de la
devastación de los ecosistemas, sino los paganos de la crisis ambientales
sobre todo en las megaciudades del sur, aunque también en el Norte.
Tratar de traspasar al Sur el modelo industrial obsoleto
occidental es uno de los riesgos de este proceso de conferencias
ambientales. Y pensar que los múltiples "accionistas"- stakeholders en el
original inglés- que debaten al lado de los gobiernos en foros como el
Consejo de Desarrollo Sostenible, esto es, sindicatos, grupos indígenas,
organizaciones ecologistas, agricultores y empresas transnacionales, lo
hacen en pie de igualdad es una falacia. El poder negociador de unos y otros
es muy distinto y sus recursos también.
El Global Deal o contrato entre Norte y Sur que volvía a
proponer la ONU, incurría en los mismos errores de Río, donde las compañías
transnacionales consiguieron hacer desaparecer toda mención a su
responsabilidad en la crisis socio-ambiental. No puede asumirse que el Norte
va bien y el Sur es un desastre, que la negociación es entre intereses
estatales y no entre pueblos y que lo que se necesita es dinero para apoyar
a los pobres en vez de cambios estructurales en la economía global. Los
pobres lo son por no tener poder, no por la falta de dinero. Si el Norte es
insostenible por su modelo de producción y consumo y el Sur por su miseria,
el primero debe reducir su huella ambiental y el segundo asegurar el derecho
a una vida digna de sus habitantes. Condonar la deuda externa, pagando la
deuda ecológica y colonial sería un primer paso, pero este punto como otros
anteriormente mencionados no aparecían en el orden del día de la Cumbre. (The
Jo'burg Memo, 2002:65).
