El Capítulo III presenta la sistematización de la experiencia de la presentación de informes alternativos, paralelos o contrainformes de las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales y otras organizaciones de la sociedad civil ante el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de Naciones Unidas.

¿Quiénes lo hacen, con qué objetivos, con qué metodología y qué impacto tienen en la situación de estos derechos?, son algunas de las cuestiones que se analizan, siempre con la finalidad de aportar al mejor uso de este mecanismo del sistema internacional de protección de los derechos humanos por parte de la ciudadanía y de las organizaciones sociales.

Como hemos visto en los dos primeros capítulos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se establece, en los artículos 16 y 17 como mecanismo de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de los Estados Parte, la presentación de Informes periódicos ante el Comité.

Con la finalidad de contar con la mayor diversidad de fuentes de información que le permita tener una visión lo más completa y objetiva del país que comparece y contribuir con recomendaciones viables para la satisfacción de estos derechos por la población que habita bajo su jurisdicción territorial, haciendo un énfasis en de los sectores sociales más vulnerables; el Comité, invita a las ONG nacionales e internacionales a presentar sus propios informes, asimismo consulta a los organismos especializados del sistema de Naciones Unidas.

En los capítulos anteriores, hemos presentado la información necesaria para conocer la normatividad, los mecanismos y los procedimientos establecidos por el Pacto y por las directrices y observaciones generales del Comité para saber cuáles son las obligaciones de los Estados y poder desarrollar estrategias adecuadas de exigibilidad de los derechos reconocidos por el Pacto.

Para la elaboración del capítulo se han considerado los informes alternativos presentados por las organizaciones de la sociedad civil de 10 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Venezuela. Así también se han considerado las entrevistas realizadas a los promotores y expertos del CELS (Argentina), que son parte de los capítulos nacionales de la Plataforma Inrteramericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo de Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela y especialmente Areli Sandoval del Equipo Pueblo de México.

La experiencia en la región de presentar informes alternativos al Comité se inicia el año 1990, principalmente por acción de redes internacionales como FIAN (Red Internacional de Información y Acción por el Derecho Humano a Alimentarse) que en coordinación con organizaciones nacionales de Guatemala y Nicaragua presenta informes referidos al derecho a la alimentación en esos países, como la Coalición Internacional Hábitat que presenta un informe sobre el derecho a la vivienda y los desalojos forzosos en la República Dominicana y como el Frente por el Derecho a la Alimentación en México una red nacional que presenta un informe sobre el derecho a la alimentación.

En una primera fase, entre 1990 y 1996, los informes al Comité son presentados por estas redes internacionales (México en 1993 y Panamá en 1992) y algunas ONG nacionales de carácter jurídico, como la Comisión Colombiana de Juristas, en 1995. De 1997 a la fecha han cobrado importancia y se han multiplicado los informes alternativos, contribuyendo a generalizar en la región, las estrategias de rendición de cuentas, de exigibilidad y vigilancia social de la ciudadanía. Incluso se viene dando, el caso que las ONG elaboran sus propios informes antes que el gobierno logre elaborar el suyo, como ha ocurrido recientemente con Brasil (2000) y Colombia (2001).

La iniciativa de las ONG de recurrir al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales surge cuando diversos elementos y circunstancias aparecen en el escenario nacional y regional, entre ellas:

1. La Declaración y Plan de Acción del Seminario "Los Derechos Humanos como Instrumentos para Combatir la Pobreza" realizado en Santiago de Chile, en el mes de septiembre de 1997 y organizado por ALOP y Terres des Hommes / Francia. En este Seminario, se acordó trabajar desde una perspectiva integral por la promoción y defensa de todos los derechos humanos y la articulación de diversas iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil en una agenda y acciones comunes. La Declaración sostiene que los derechos humanos abarcan necesaria e indisolublemente los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, afirmando que la pobreza es una violación a los derechos humanos.

2. La Declaración de Quito, acerca de la Exigibilidad de los Derechos Sociales y Culturales. Esta Declaración se celebró en el marco de un encuentro latinoamericano realizado en la ciudad de Quito en el mes de julio del año 1998. Contó con la participación de cincuenta organizaciones y cinco redes de 16 países latinoamericanos, así como varios expertos, activistas y representantes de ONG comprometidas con los derechos económicos, sociales y culturales en los países del norte. El contenido de la Declaración y las tareas que allí se acordaron significaron un gran impulso al enfoque de la integralidad de los derechos humanos y a las estrategias de exigibilidad de los derechos reconocidos por el Pacto²³.

3. La experiencia acumulada por las organizaciones de derechos civiles y políticos en el uso del sistema internacional de protección de los derechos humanos, así como la solidaridad internacional desarrollada en situaciones de dictaduras represivas o escenarios de conflicto armado interno. La experiencia más reciente al respecto, parte de organizaciones de promoción del desarrollo y de movimientos de mujeres interesadas en hacer un seguimiento de los compromisos de los Estados acordados en la Cumbre Mundial de Desarrollo Social (Copenhague 1995) y la IV Conferencia Mundial sobre los Derechos de las Mujeres (Beijing 1994); entre estas destaca la Red Social Watch que produce anualmente un Informe mundial sobre el desarrollo social a partir de los informes de sus comités en 54 países. En México, por ejemplo, el Equipo Pueblo y otras organizaciones que han contribuido en el informe anual de Social Watch, fueron también referente para elaborar el Informe Alternativo al Comité DESC ²⁴ .

   Esta experiencia acumulada permite intercambiar conocimiento e información sobre el sistema internacional de protección de los derechos humanos, desarrollar relaciones institucionales, criterios, metodologías, indicadores, formas de organización y planes para el seguimiento y la vigilancia social. Aspectos importantes de este intercambio son los siguientes:

4. La existencia de ONG y redes nacionales que han incorporado en su pensamiento institucional un enfoque de derechos y de género, el concepto de desarrollo humano sostenible y la perspectiva de la interdependencia de los derechos humanos. A través de estas organizaciones y redes se ha logrado recomponer alianzas con los sectores sociales vulnerables, promoviendo espacios de cooperación y trabajo conjunto entre diversos actores sociales. Estas organizaciones son más receptivas a la evolución de las tendencias mundiales y a la actuación pública conjunta en el escenario internacional.

5. La existencia de expertos que conocen y tienen acceso al complejo sistema de las Naciones Unidas, así como tienen un manejo del derecho internacional de los derechos humanos. En el caso de México, el trabajo de las organizaciones y redes se ha visto fortalecida por la existencia de equipos de profesionales formados en diplomacia ciudadana que desde finales de los años 80, a partir de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hacen un monitoreo sistemático de temas internacionales que tienen un gran impacto en la vida nacional y la población mexicana. Asimismo, se ha contado con la experiencia acumulada por organizaciones que vienen denunciando violaciones ante el sistema de Naciones Unidas de protección a los derechos humanos. En Colombia, en el último lustro se desarrollan iniciativas ciudadanas a nivel internacional para presionar por una solución política del conflicto armado interno.

6. La Secretaría del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales cumple un papel importante, cuando un Estado Parte debe comparecer ante el Comité conforme al calendario establecido, ya que es el Secretario del Comité quien cursa una invitación a las ONG internacionales y nacionales para que presenten un informe de manera paralela al que presenta el Estado. Así ocurrió en 1996 cuando el Perú debía comparecer ante el Comité: el Secretario A. Tikonov hizo llegar una nota y el Informe inicial del Estado peruano, a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú; ésta reaccionó rápidamente y junto con otras redes nacionales convocaron a una Mesa de Trabajo para elaborar el informe alternativo. Este informe, se llegó a presentar en el XVI período de sesiones del Comité (abril / mayo 1997). En el caso del Brasil, es a partir de una entrevista entre A. Tikonov, Secretario del Comité y Romeu Olmar, Coordinador del Movimiento Nacional de Derechos Humanos del Brasil ocurrida en Ginebra en 1998, que surge la idea de presentar un informe alternativo ante el atraso del Estado de presentar el suyo.

7. La influencia de las redes regionales a través de sus capítulos o contrapartes nacionales (las redes regionales) promueven la difusión y el intercambio de experiencias de exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción (ALOP), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), entre otras. Los informes presentados ante el Comité en los dos últimos años (2000 – 2001) por las organizaciones de la sociedad civil de Brasil, Bolivia y Venezuela, así como los esfuerzos que se están realizando en Ecuador y Chile, son resultado de esta influencia. Cabe destacar también el aporte de la cooperación internacional en cuanto a la producción de ideas, establecimiento y ampliación de relaciones internacionales y el aporte financiero que contribuyen al despliegue de las estrategias de exigibilidad en la región.

8. La existencia de casos de grave preocupación o violación masiva y sistemática de derechos económicos, sociales y culturales de sectores vulnerables de la población, que generan la solidaridad nacional e internacional y la urgencia de recurrir al sistema internacional de protección de los derechos humanos como ha sido el caso de los desalojos forzosos en Panamá y República Dominicana. Así como, el interés de las organizaciones internacionales en temas específicos como el derecho a la alimentación, vivienda o los derechos de las mujeres, de la niñez. Destaca, por ejemplo, la preocupación por el derecho a la alimentación y la situación de la población rural organizada en el Movimiento de los Sin Tierra en el Brasil; los derechos laborales, la situación de los pensionistas y el derecho a la salud reproductiva de las mujeres en el Perú; la situación de los pueblos indígenas en México, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia; los derechos de las poblaciones afectadas por el desplazamiento y de las madres comunitarias en Colombia.

Notas

[23] Las entrevistas realizadas en Colombia, México, Brasil y Perú a diversos promotores y responsables de la elaboración de informes al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reconocen que la Declaración de Quito influyo tanto en el mayor conocimiento de estos derechos como en su decisión de hacer uso de los mecanismos establecidos por el Pacto, como es la presentación de informes alternativos al de los Estados Parte.

[24]  “Nos ayudó la metodología de Social Watch de indicadores porque los compromisos de Copenhague están relacionados con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Cruzamos algunos temas” Entrevista a Areli Sandoval, Equipo Pueblo.