De los primeros informes alternativos que se presentaron en el año 1990 a la fecha, se puede apreciar dos cuestiones en su proceso de elaboración: una es la mayor participación de actores nacionales respecto a las ONG internacionales y la otra es la constitución de colectivos o equipos de trabajo para la elaboración de un informe plural en vez de la labor no coordinada de varias instituciones con la consecuente presentación de varios informes al Comité y los riesgos de datos contradictorios entre ellos. Sin duda el agravamiento de la crisis económica y social en los países de la región y la urgencia de unir fuerzas ante el deterioro de los derechos humanos han facilitado este encuentro. A continuación presentamos las características de este encuentro de actores:

1. Articulación de actores: Participan en la elaboración del informe organizaciones dedicadas a la promoción de los derechos humanos y al desarrollo social, movimientos de mujeres, organizaciones representativas de sectores vulnerables de la población, minorías y discriminados, gremios de trabajadores, campesinos, poblaciones urbanas e iglesias. Sin duda la mayor participación y diversidad de actores permite una visión de país, asegura la sostenibilidad social de las estrategias de exigibilidad, legitima el informe y lo convierte en una causa social así como realza la calidad de la elaboración del mismo.

   De esta manera, se ha facilitado el encuentro de esta diversidad de actores, la visión de compartir las mismas finalidades, el aporte recíproco de enfoques y metodologías de trabajo y el sentimiento de cooperación para acciones conjuntas de mayor envergadura e impacto en el escenario nacional e internacional. El desafío es incorporar a la academia y a los medios de comunicación.

   El debate pendiente es la participación de los actores políticos. En general hay una resistencia para incorporar a los partidos políticos en estos espacios, aunque la experiencia del Brasil con el Partido de los Trabajadores y la constitución de nuevos movimientos políticos interesados en estrategias de acciones ciudadanas en Colombia y Perú, puede señalar algunas rutas al respecto. En México fue claro cómo esta complementariedad de actores, permitió que los organismos de derechos humanos aportaran con el rigor jurídico y las organizaciones de desarrollo con el análisis de políticas públicas .

    

2. Articulación de enfoques: El encuentro de diversos actores en espacios de trabajo conjunto no es fácil, no obstante existen aportes recíprocos. El uso de las normas e instancias legales nacionales e internacionales como aporte del movimiento de los derechos humanos, el uso de indicadores para medir el progreso de las metas del desarrollo social y la movilización social como recurso de las organizaciones sociales y gremiales para ser escuchados en sus demandas; resultan siendo una síntesis que enriquece la concepción de justiciabilidad, exigibilidad y vigilancia social de los derechos económicos, sociales y culturales; facilitando de esta manera, la cooperación y la acción conjunta de los diversos actores, fortaleciendo a su vez, una cultura de derechos y ciudadana.

   Dos experiencias son muestras de cómo se llevó a cabo la cooperación entre los distintos actores: La Plataforma Peruana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, integra a ONGs de derechos humanos y de desarrollo, a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), a la Federación Metropolitana de Mujeres Organizadas en Comedores Populares Autónomos y Afines (FEMOCCPALC) y a una diversidad de actores que se vincularon a raíz del reconocimiento de que la lucha contra el régimen de Fujimori tenía un componente de justicia económica y social. Justicia que podía reivindicarse desde los derechos económicos, sociales y culturales y a partir de la consideración de que los derechos laborales o de las mujeres no son un asunto sectorial, es decir, sólo de los trabajadores o sólo de las mujeres, sino que corresponde a la aspiración de todos por alcanzar una sociedad justa y que el goce de los derechos laborales corresponde al ejercicio ciudadano de los trabajadores.

   La otra experiencia es la de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo que llegó a convocar a la Universidad Nacional para participar en la elaboración del informe alternativo sobre el convencimiento mutuo de tejer redes sociales que impidan el aislamiento del movimiento de derechos humanos y de la universidad, así como se profundice la desestructuración institucional y social frente al conflicto armado.

3. Articulación de espacios de trabajo: La acción conjunta de esta diversidad de actores para un fin común como es la vigilancia social de los derechos económicos, sociales y culturales, requiere dotarse de formas organizativas que promuevan la participación, el consenso y la acción pública en el escenario nacional e internacional. La experiencia que se viene desarrollando en la región, muestra una combinación de formas que posibilitan tanto el aporte individual de los expertos y de las instituciones, como los mecanismos de consulta interinstitucional y multidisciplinaria, la participación amplia y plural de líderes y sectores de la población, especialmente de los sectores vulnerables y discriminados en eventos locales y nacionales, como audiencias públicas y el trabajo de equipos profesionales para la elaboración de metodologías, la sistematización, redacción, sustentación y divulgación del informe. En Colombia se hicieron eventos locales y regionales. Brasil tuvo una cobertura nacional, de 21 Estados y en 17 de ellos se hicieron audiencias públicas.

4. Concertación con el Estado: No existe experiencia en el sentido de que el Estado Parte coordine con las ONGs la elaboración de su informe al Comité. Salvo el ofrecimiento que hizo el gobierno de Chile, al Capítulo Ciudadanía (PIDHDD / Chile) pero que no se concretó. Por lo general las ONG lo obtiene vía la Secretaría del Comité o por medios informales. El debate señala, que tanto las organizaciones de la sociedad civil pueden concertar políticas nacionales de derechos humanos con el Estado y que por tanto, si puede darse el caso de presentar un informe preparado conjuntamente ante el Comité, sin perder autonomía. Dos experiencias nos pueden dar luces al respecto.

   El Movimiento Nacional de Derechos Humanos, FASE y otras organizaciones que integran la Plataforma Brasileña, encontraron desde años atrás la posibilidad de concertar con el Estado un plan y política nacional de derechos humanos; ello facilitó el trabajo con organismos del Estado como la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Federal de Diputados y la Procuraduría Federal para la elaboración y presentación del informe alternativo. Algo parecido viene ocurriendo en Bolivia; en particular en la relación del Capítulo Boliviano con la Defensoría del Pueblo, el Parlamento Nacional y los gobiernos locales

5. Articulación con las ONG y la cooperación internacional: A partir de la identificación de causas comunes concretas a raíz de la globalización, se ha modificado la relación entre las ONG internacionales y la cooperación con los actores nacionales, dejando de ser una relación meramente financiera por una relación más política y ciudadana, haciéndolas mas horizontales. La acción conjunta de ambas, no sólo ha sido para aprovechar los mecanismos del sistema internacional de protección de los derechos humanos, sino también, para desbaratar la acción de los poderes fácticos en el mundo que imponen términos desiguales de intercambio comercial, financiero, científico, tecnológico, informativo y de protección. No obstante, los diversos actores de carácter internacional y nacional tienen sus intereses políticos propios y ello exige un esfuerzo mayor para concertarlos, teniendo en cuenta que lo fundamental en la relación, es el informe nacional y, por tanto, los intereses de los movimientos y luchas nacionales.